«El conflicto que hoy enfrentamos tiene profundas raíces, deviene de años, de siglos, de resistencia (…) Pero sobretodo deviene de la forma en que se construyó el Estado colombiano, a través de la guerra, del exterminio, del despojo (…) por eso decimos que en Colombia existe un conflicto social y armado, social por las causas […]
«El conflicto que hoy enfrentamos tiene profundas raíces, deviene de años, de siglos, de resistencia (…) Pero sobretodo deviene de la forma en que se construyó el Estado colombiano, a través de la guerra, del exterminio, del despojo (…) por eso decimos que en Colombia existe un conflicto social y armado, social por las causas estructurales y armado porque la guerra es la forma específica en que en los últimos 40 años se construyó, al menos hegemónicamente, la política (…) El conflicto armado no es ajeno a las causas por las cuales luchamos; y aunque la degradación del mismo ha hecho que una parte de la expresión insurgente se rija por las lógicas militaristas y autoritarias, es más perversa la lógica del Estado que ha ubicado en la guerra la justificación de su estrategia para continuar excluyendo la población y arrebatando hoy más que nunca nuestros recursos naturales»
(«Memorias de la Tercera Mesa Nacional Indígena de Paz y Derechos Humanos«, CNIP, 2006, pp.71-72.)
Referirse a la historia del conflicto social y armado es algo a lo que la oligarquía colombiana tiene verdadera repugnancia. Esta discusión ha sido erradicada de los curriculums escolares y los medios reproducen una visión según la cual el presente no tiene relación alguna con el pasado. Las insurgencias «alguna vez» tuvieron ideología o respondieron a las dinámicas de la lucha del campesinado; ahora es diferente, son «bandoleros», «narcoterroristas». Afirmaciones que son dadas de antemano como ciertas, incuestionables, machacadas hasta la saciedad. Así vivimos en un presente sin pasado, en una realidad de «generación espontánea»; o en el mejor de los casos, vivimos en un presente, que, curiosamente, no se explica por su pasado, el cual sería ajeno y distante.
¿Puede abordarse la discusión del conflicto (y consecuentemente de la paz) de manera ahistórica? Pues lo vemos muy difícil. Porque al centrarse en un presente sin pasado desconectamos la violencia política y social de Colombia de sus raíces. Lo cual obstaculiza la identificación de las causas estructurales que la ocasionaron -acto totalmente necesario para identificar, a su vez, las transformaciones estructurales que se precisan para poder superarlas. La paradoja que tenemos es que hay un proceso de paz andando, lo cual de por sí debería ser un reconocimiento de que hay cosas que andan muy mal en el país de hace mucho tiempo, pero en el cual no se toca en el discurso de la oligarquía ni de los medios, las «causas» de la rebelión de los insurgentes. La discusión de la agenda de paz se pretende mantener en temas meramente técnicos, para lograr así lo que se llama una paz exprés. Como si un conflicto de seis décadas se solucionara con formulitas mágicas sacadas de la manga.
Desde el punto de vista popular, el conflicto tiene un origen, tiene causas estructurales, y tiene una trayectoria. Su pasado se concatena necesariamente con el presente. En el pueblo de Macondo, son elementos del pueblo, irreductibles, los que recuerdan las insurrecciones del coronel Aureliano Buendía y la masacre de los trabajadores bananeros, mientras desde la institucionalidad se inocula la plaga de la amnesia.
Es fundamental traer al debate dos elementos cuando se trata de hablar del conflicto social y armado, y consecuentemente, de las posibilidades de superarlo. El primero, son los orígenes sociales del conflicto en la lucha agraria y en la dinámica concreta de acumulación por despojo violento por parte de los poderosos. El segundo elemento, es la tradición secular de exclusión y represión como respuesta privilegiada (casi exclusiva) a las demandas populares desde el aparato del Estado. Estos dos elementos son claves a la hora de explorar las posibilidades de terminar el conflicto armado y no es casual que se hayan convertido en ejes centrales dentro de la agenda de La Habana (los ejes agrario y de participación política). Estos elementos, conjuntamente con el de las garantías para la insurgencia una vez desmovilizada, deben ser abordados con sentido histórico y no desde una óptica puramente voluntarista. Es decir, no se trata de que la oligarquía asuma «compromisos» sino de desmontar las estructuras sociales que producen y reproducen la violencia oligárquica en Colombia.
Paz ¿con justicia social? Lucha de clases y despojo
Es importante precisar que cuando hablamos de paz con justicia social, no queremos decir que estos dos son elementos que existen en paralelo. No queremos decir que, aparte de querer la paz, también sería chévere tener justicia social. Ni tampoco queremos decir que una vez alcanzada la paz, la justicia social caerá mágicamente como maná del cielo. Lo que queremos decir es algo muy diferente: es que para que haya paz, debe haber justicia social, es decir una transformación profunda de las estructuras de la sociedad en beneficio de los sectores tradicionalmente marginados, explotados, oprimidos y violentados. Esta concepción de la paz no es una particularidad del izquierdismo criollo sino que se asienta en una larga tradición filosófica y política. El mismo Ghandi decía que la pobreza es la peor forma de violencia, una violencia de carácter estructural. Sin embargo, en Colombia esta definición de paz no tiene asiento exclusivamente en preferencias de corte filosófico sino que en la realidad concreta de la lucha de clases.
Desde luego, los socialbacanos de todos los pelajes nos dirán que una cosa no lleva a la otra. Que la existencia de pobreza, desigualdad y miseria no significa mecánicamente que haya conflicto armado. ¿No se cansan de señalarnos que en toda América Latina hay miseria y que solamente en Colombia persiste, tan intensamente, el conflicto armado?
Y tienen razón; en nuestra sociedad nada es mecánico. Pero la socialbacanería revela, en la manera en que formula su argumentación, su falta de sentido histórico así como su nula consideración de las realidades concretas de Colombia, las que ignoran olímpicamente, prefiriendo basar sus juicios en generalidades jurídico-legales. Más allá de lo cuestionable que puede ser disociar tajantemente (contra toda evidencia empírica) desigualdad y pobreza de violencia (la cual no es reducible al componente armado), lo preocupante es su ignorancia deliberada sobre las causas estructurales del conflicto armado: particularmente, sobre la dinámica del despojo.
No hay excusas para esta ignorancia deliberada y consciente. No la hay, porque no estamos ante un fenómeno ignoto, oculto, sino a una dinámica que ha sido suficientemente estudiada y analizada por múltiples académicos e investigadores. Se ha escrito volumen tras volumen sobre este proceso de acumulación por despojo, incluidos trabajos magistrales por parte de Alfredo Molano, Catherine Legrand, Nazih Richani y muchos más, que han analizado esta dinámica a nivel tanto nacional como regional. Es bien conocido el ciclo de despojo de tierras propiciado mediante la violencia hacendada, que utilizó para tal fin las fuerzas del Estado, tropas paramilitares y el enfrentamiento entre campesinos mediante la agitación de la confrontación interpartidista liberal-conservadora. Es bien conocido que este proceso implicó que millones de personas fueron expulsadas de sus tierras, las cuales se desvalorizaron y luego re-valorizaron, mientras que, a la vez, otros tantos ampliaron la frontera agrícola como colonos. Después como continuación del ciclo permanente de despojo, los grandes propietarios y ganaderos les arrebataron las tierras a los colonos, mediante artimañas legales o mediante la violencia directa.
En la fase de la globalización neoliberal, esta misma lógica del despojo va de la mano de la agroindustria y de los megaproyectos, sobre todo los minero-energéticos-
La violencia como respuesta privilegiada del Estado a las demandas populares
El poder de esta clase latifundista y la dinámica de acumulación por despojo han dado origen a un determinado tipo de Estado, cuya marca es la exclusión. Por esta razón, se ha establecido como pauta el rechazo a cualquier demanda popular, las que en lugar de ser solucionadas o acomodadas, son respondidas con una violencia extrema, en la que actúan fuerzas oficiales o paraestatales. Bien es cierto que todo Estado es un aparato de dominación de clase y no fruto de un idílico pacto social, como lo afirma engañosamente la teoría liberal del derecho; como tal, todo Estado reprime y representa el punto nodal de las fuerzas represivas al servicio de la clase dominante. En el caso colombiano, la represión, sin embargo, se ha vuelto rutinaria y ha bloqueado incluso el desarrollo de reformas que en la mayor parte del mundo han sido logradas por medios pacíficos, precisamente, porque no ponen en riesgo la existencia del modelo económico capitalista. El Estado colombiano, hecho a imagen y semejanza de la oligarquía que lo parió, es manejado como una hacienda, donde el patrón manda fusta en mano y gruñe cuando escucha algo que no es de su agrado. Por ello, la violencia en Colombia (en su dimensión tanto real como simbólica) no es un factor excepcional sino cotidiano que atraviesa todas las esferas de la vida social.
El bloqueo de los canales para la reforma social y el privilegio al uso la fuerza en el ejercicio del poder lo constatamos a diario, en cada protesta social, por inofensiva que ésta sea. Esta dinámica represiva es un elemento fundamental para entender el surgimiento de la resistencia armada en Colombia, a partir de grupos de autodefensa campesina que se organizaron para enfrentar los atropellos constantes del régimen y de los hacendados. Dentro del revisionismo histórico propiciado por los grupos en el poder, esta historia -necesaria para entender el presente- es puesta de cabeza y a los grupos paramilitares (al servicio del régimen y de los hacendados) se les ha investido maliciosamente con el título de «autodefensas»: el victimario ha terminado haciéndose pasar por víctima. En realidad son los actuales movimientos guerrilleros los que tienen su origen firmemente clavado en los grupos de autodefensa campesinos de los ’40 y ’50.
Sin ir más lejos, en estos momentos se puede constatar la respuesta brutal del ESMAD y del Ejército a la protesta legal, pacífica y constitucional de los campesinos del Catatumbo. Este hecho nos da una lección clarísima de las fuerzas sociales y de la dinámica de violencia oficial que ha impulsado a sectores del campesinado a la violencia revolucionaria, sea espontáneamente o mediante la vinculación a las filas insurgentes. ¿Qué puede ser más legítimo que el pliego petitorio de los campesinos de Catatumbo? ¿Cómo justificar ese ejercicio cruel y desmedido de la violencia del Estado, sino mediante temerarios e infundados señalamientos? El padre Javier Giraldo relata un diálogo que sostuvo en Santander, cerca de Barrancabermeja, con un campesino, quien le confesaba que después de sistemáticos abusos y vejaciones del ejército, y ante la inacción de las autoridades, «había tomado la decisión irreversible se sumarse a la guerrilla«. Relata Giraldo de manera reflexiva:
«Me encontraba ante un hombre que había pagado elevadas cuotas de sacrificio para demostrar el valor de las luchas no violentas pero ahora su esperanza estaba destrozada. ¿Qué alternativa presentarle de lucha, que él ya no hubiera intentado con resultados frustrantes? Quise hacerle ver que tampoco en la guerrilla iba a experimentar éxito alguno y más bien le esperarían profundos sufrimientos y sinsabores. Él me respondió que eso bien lo sabía, pero que sólo buscaba morir con dignidad, pues de todas maneras lo iban a matar» [1].
No es saludable, más aún en medio de una negociación de paz, ignorar la violencia institucional que impulsa al campesinado a la respuesta violenta, primero como mera autodefensa, después (ante la persecución por parte del Estado hacia sus refugios en Riochiquito, El Pato, Guayabero y Marquetalia), con el fin estratégico de presionar transformaciones sociales. Ello sólo beneficia a los que usufructúan del ejercicio exclusivo del poder a la vez que esgrimen el argumento falaz de la «democracia» asediada. Mientras tanto, desde los medios de comunicación condenan la supuesta «irracionalidad» de unos alzados en armas que no tienen de su lado, supuestamente, ninguna razón, ni más motivación que su maldad congénita o una inclinación criminal innata. Lo cierto es que no hay tal irracionalidad: la razón de los alzados en armas es la racionalidad maquiavélica de quienes detentan el poder mediante el ejercicio casi exclusivo de la fuerza.
La cuestión de las garantías (o el cuento del sapito y el escorpión)
Un elemento clave que ronda las negociaciones es el tema de las garantías para la participación política de la insurgencia. ¿Es suficiente un compromiso del Estado de no eliminar a los insurgentes o a los miembros de la oposición? ¿De qué sirvió ese compromiso en 1986 cuando se desencadenó el genocidio de la Unión Patriótica mediante la operación «Baile Rojo», orquestada desde las altas cúpulas de las fuerzas represivas del Estado? ¿De qué sirvieron las garantías cuando se consumó, por parte del Ejército y las AUC, la matanza espantosa contra organizaciones y personas que participaron, de buena fe, en las audiencias públicas del Caguán durante el proceso de paz de 1998-2002? ¿De qué sirven hoy las promesas del gobierno nacional cuando desde ya estamos viendo que a las organizaciones y personas participantes en los Foros Agrario y de Participación Política, auspiciados por la mesa de negociaciones de la Habana y el PNUD, se les ataca, persigue, estigmatiza, asesina y desaparece?
La discusión de las garantías debe ser sacada de esa matriz voluntarista según la cual basta que el Estado más criminal del hemisferio, sencillamente, prometa, cruz pa’l cielo, que ahora sí, ya no matará más opositores ni ex guerrilleros, como lo hicieron en los ’50, en los ’90, es decir, en todos los procesos de negociación previos.
Entender el problema de las garantías de esta manera, es una burla porque se parte de la base de que en Colombia existe una «democracia», con defectos, pero democracia a fin de cuentas. Una democracia en la que las estructuras están bien, pero la gente ha hecho «vainas malucas» sólo porque estamos en guerra. En una democracia no existen leyes que criminalizan la protesta social, ni semejante despropósito como el fuero militar que permite la agresión letal e indiscriminada contra la población, ni mucho menos, se exterminan partidos, sindicatos y movimientos completos. En una democracia, no se espía, vigila y controla a los ciudadanos con una red de informantes de cerca de dos millones y medio de personas, red que hasta tiene alcance internacional. En Colombia, aún en presencia de ciertos formalismos democráticos, no hay tal cosa, ni siquiera en el sentido más conservador y burgués del término. Lo que existe es un régimen excluyente, de fuerza, que ha privilegiado históricamente la violencia como respuesta única a la menor protesta. Un régimen inflexible, incapaz de asumir la menor reforma, y cuyo cambio más significativo en las últimas décadas fue su mutación de una república oligárquica tradicional en un régimen mafioso y paramilitarizado.
Teniendo esta perspectiva, ¿puede considerarse el tema de las garantías para la participación política, como un asunto de mera voluntad de la clase dominante? ¡Como si la cuestión fuera un asunto de voluntad! No me cabe la menor duda que aún entre lo más rancio de esta oligarquía genocida, hay personas de buena voluntad. El carácter criminal de esta oligarquía no depende de las inclinaciones más o menos psicopáticas de tal o cual oligarca matón. Depende de la misma dinámica de la acumulación por despojo que ya hemos descrito. Por ello discutir las «garantías» es una cuestión hasta casi que superflua. Lo que se debe discutir es la apertura de espacios políticos, transformaciones profundas al ejercicio y las estructuras de poder, el desmonte del latifundio -base material del paramilitarismo y de la república oligárquica-, etc.
Si no es así, aunque tengamos todas las garantías, compromisos y actas de buena fe por parte del Estado colombiano, se volverá a repetir el ciclo de genocidio que ya conocemos. Es como el cuento del sapito y del escorpión: se trata de la naturaleza de los actores en este proceso. Es por ello que los cambios de fondo no son algo que, algún día en un lejano futuro, se producirá cuando haya paz y la insurgencia se haya incorporado al actual sistema «democrático». El momento de los cambios es y debe ser ahora, y el pueblo movilizado debe ser la columna vertebral que articule este proyecto de transformación radical que necesita el pueblo colombiano. Y que si no es radical, servirá de bien poco. Pues como se dice en criollo, el cáncer no se cura con aspirinas.
NOTAS:
[1] Javier Giraldo sj. «Colombia, esta democracia genocida», 1994, Ed. Cristianisme i Justícia, p.38.
(*) José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario residente en Irlanda, donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional www.anarkismo.net. Autor de «Problemas e Possibilidades do Anarquismo» (en portugués, Faisca ed., 2011) y coordinador del libro «Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América
Latina» (Quimantú ed. 2010).
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