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Apuntes sobre la reforma laboral y los fijos discontinuos

Fuentes: Ctxt

Rajoy cerró su presidencia con una tasa de desempleo del 14,55% y un SMI de 735,9€, mientras que el Gobierno de coalición, tras una pandemia y una guerra, despidió 2022 con un paro del 12,4% y un SMI de 1.000€

“Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”, decía el acuerdo de coalición progresista entre el PSOE y Unidas Podemos firmado el 30 de diciembre de 2019. Sin embargo, y a pesar de esa promesa de quienes hoy están en el Gobierno, la reforma laboral no ha sido derogada. Porque “una cosa es el fetiche político y otra lo que vamos a hacer”, tal y como afirmó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en alguna ocasión. Para que lo entendamos todos y todas, “derogar la reforma laboral” suena muy bien y está revestido con varias capas de marketing político, pero técnicamente, y a corto plazo, es imposible.

Ante esta realidad, los esfuerzos del Gobierno se han dirigido a intentar revertir algunos de los problemas estructurales del mercado laboral español y parte de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012. Sobre todo, en lo relativo a la altísima temporalidad y el reequilibrio en la capacidad de negociación entre empresarios y sindicatos. Fueron meses de intensas negociaciones con el objetivo de cerrar un acuerdo tripartito entre Gobierno, sindicatos y patronal, lo que llevó a una rebaja de las pretensiones iniciales que tenían tanto el Ministerio de Trabajo como los sindicatos. La meta era clara: crear un marco que, aunque avanzara con un pasos más cortitos, lo hiciera de manera firme y consensuada para que, a su vez, evitara las huelgas generales tradicionalmente tan vinculadas a las reformas laborales. Bien lo saben Felipe González (1988), José María Aznar (2002), José Luís Rodríguez Zapatero (2010) y Mariano Rajoy (2012). Ninguno se libró.

Finalmente, y tras varios tiras y aflojas, el 28 de diciembre de 2021 se aprobó la nueva reforma laboral en el Consejo de Ministros, y el Congreso de los Diputados la convalidó el 3 de febrero de 2022. La votación no estuvo exenta de polémica. Los dos diputados de UPN –que, por cierto, esta misma semana se han integrado en las filas del Partido Popular– rompieron la disciplina de partido y votaron en contra, mientras que el voto emitido telemáticamente por el diputado del PP Alberto Casero permitió la aprobación de la reforma. Quién le iba a decir al Gobierno de coalición que sería un error de un diputado popular el que permitiría la convalidación de uno de los buques insignia de la legislatura.

Cuando se habla del mercado laboral y su evolución, no podemos obviar las políticas de subida de salario mínimo interprofesional (SMI) que afectan de lleno a los bolsillos de más de un millón y medio de trabajadores. Para poner en perspectiva la subida del SMI, cabe recordar que cuando Mariano Rajoy fue nombrado presidente del Gobierno en 2011, el SMI se situaba en 641,1€ mensuales; y para cuando la moción de censura salió adelante, es decir, siete años después, tan solo se había incrementado en 94,8€, hasta los 735,9€ –13,5€ anuales de media. Tras Rajoy, en tan solo cuatro años, entre 2018 y 2022, el SMI se ha incrementado 264,1€, hasta los 1.000€ mensuales –66,03€ anuales de media. Dicho de otra manera: Rajoy incrementó el SMI un 14,8% a lo largo de siete años, mientras que Sánchez y el Gobierno de coalición lo han incrementado un 35,9% en tan solo cuatro años.

Pero a lo que íbamos. La nueva reforma laboral lleva poco más de un año en vigor y ya se pueden observar algunos de los resultados en la creación de más empleo y de mayor calidad. Es tiempo suficiente para poder realizar balances interesantes que nos ofrezcan datos sobre su efectividad y sobre cómo se ha comportado el mercado laboral. De momento, la reforma laboral ha conseguido, en tan solo un año, tener 515.000 personas empleadas más y 435.000 personas paradas menos. La temporalidad, también en el punto de mira, ha evolucionado increíblemente bien. La tasa de temporalidad en el sector privado ha obtenido su mejor dato de la serie histórica, al reducirse 7 puntos en 2022, hasta el 17,5%. También el número de contratos indefinidos se ha situado en la cota más alta de toda la serie histórica, mientras que los contratos temporales han disminuido un 30%. Así, al finalizar 2022, el número de personas paradas ha sido el más bajo desde el año 2007 (2.837.653), el número de personas ocupadas se situó por encima de los veinte millones (20.296.271) y la afiliación a la Seguridad Social fue la más alta de la historia. Todo esto en tan solo un año. Y vaya año.

La realidad española nos muestra, en línea con diversos estudios nacionales e internacionales, que el efecto del SMI en el empleo tiene un impacto marginal y que la reforma laboral, al contrario de lo que decían las derechas, no ha destrozado ni la economía ni el mercado. Bien es cierto que Feijóo ya no sabe dónde meterse cuando le toca hablar de la situación económica. Sánchez es consciente, y por eso le ha tendido una nueva emboscada que ha provocado otro debate económico en el Senado. La última del Partido Popular ha sido decir que los datos del paro están distorsionados, tras acusar al Gobierno de una “doble contabilidad” en lo relativo a los fijos discontinuos. Si no fuéramos conocedores de la buena fe de los populares, cualquiera diría que están intentando embarrar el debate, porque:

  1. Los datos de empleo se contabilizan de la misma manera desde la aprobación de la Orden del 11 de marzo de 1985, por la que se establecen criterios estadísticos para la medición del paro registrado. 37 años que incluyen los gobiernos de Aznar y Rajoy.
  2. La administración encargada de contabilizar los datos de empleo no es el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), sino los servicios públicos de las Comunidades Autónomas. El SEPE tan solo se encarga de recoger y publicar los datos obtenidos previamente por las Comunidades Autónomas.

Eso sí, bien es cierto que no es oro todo lo que reluce. El mercado laboral español sigue siendo altamente precario y frágil, y continúa maltratando a las personas paradas de larga duración y a las personas jóvenes. Además, la tasa de desempleo español –12,4%– sigue siendo casi el doble que la media de la Unión Europa –6,5%– y las series temporales de los datos de empleo también evidencian la fragilidad del tejido productivo español, de escasas dimensiones y muy centrado en determinados sectores, incapaces de aportar al crecimiento del empleo y de la productividad.

En conclusión, Rajoy fue censurado y terminó su presidencia con una tasa de desempleo del 14,55% y un SMI de 735,9€ mensuales, mientras que el Gobierno de coalición, tras una pandemia, una guerra y una crisis de materias primas y de energía, despidió 2022 con una tasa de desempleo del 12,4% y un SMI de 1.000€ mensuales. Se están haciendo las cosas bien en materia laboral, los datos así lo evidencian. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer. Manifestar que Yolanda Díaz es una buena ministra de Trabajo no debería privarnos de denunciar la precariedad laboral que todavía sigue impregnando gran parte del mercado laboral español. Necesitamos, de una vez por todas, sentarnos y reflexionar. Reflexionar y dibujar una estrategia a largo plazo que nos permita reorientar nuestra economía más allá de los ciclos electorales.

Fuente: https://ctxt.es/es/20230101/Politica/41881/Julen-Bollain-reforma-labora-Yolanda-Diaz-salario-minimo.htm