Las negociaciones programáticas que actualmente están en curso en parte de la oposición amenazan con resucitar en la sociedad un debate antiguo en el movimiento estudiantil universitario: la disyuntiva entre arancel diferenciado y educación gratuita como principal medida de reversión del proceso de privatización de la educación superior chilena. Durante la mayor parte de los […]
Las negociaciones programáticas que actualmente están en curso en parte de la oposición amenazan con resucitar en la sociedad un debate antiguo en el movimiento estudiantil universitario: la disyuntiva entre arancel diferenciado y educación gratuita como principal medida de reversión del proceso de privatización de la educación superior chilena.
Durante la mayor parte de los años ’90 y la primera década del SXXI, en un movimiento social poco dado a consensos, primó casi sin contrapeso la bandera del arancel diferenciado. No sólo sus principales impulsores, las Juventudes Comunistas, contribuyeron a ello, también lo hicieron aquellos sectores de la izquierda que, cada tanto, le disputaban la hegemonía del movimiento estudiantil.
Las movilizaciones del 2011 resolvieron ese debate a favor de la educación gratuita, siendo incorporada de manera casi unánime por el movimiento estudiantil e, incluso más allá, ganando la simpatía de la propia ciudadanía. Las masivas movilizaciones ampliaron el horizonte de posibilidad del movimiento permitiendo el tránsito de una gramática de derechos parciales (Arancel Diferenciado) para una gramática de derechos universales (Educación Gratuita).
¿Qué sentido tiene proponer actualmente una medida que, por ejemplo, implique gratuidad para un 70% de la población y un cobro para el 30% de los que estudien en universidades públicas? Con apoyo en las teorías de la reproducción de la educación, es decir aquellas perspectivas que consideran que el sistema educacional reproduce las desigualdades sociales, la respuesta es simple: con la educación gratuita se subsidia al sector más favorecido de la población chilena que está en condiciones de pagar por su educación. En cambio, con el arancel diferenciado, se genera, en la práctica, una forma de redistribución de la riqueza, pues, al pagar, los sectores favorecidos contribuyen al financiamiento del sistema y, por ende, al subsidio de la educación de quienes no pueden pagar.
Sin duda, considerando el actual estado de crisis de la educación pública chilena una propuesta como el arancel diferenciado, por asegurarle gratuidad a una parte significativa de la población, es un avance. Sin embargo, para usar una expresión del vernáculo de izquierda, sería un paso adelante, pero, al mismo tiempo, dos pasos para atrás.
Optar por el Arancel Diferenciado implica reconocer en la práctica que es justo que algunas personas paguen por estudiar en instituciones públicas. Se niega, por lo tanto, la idea de la educación como un derecho universal al cual cualquier ciudadano puede acceder independiente de su condición social. Paradojalmente, roto el consenso neoliberal en materia educacional, la lógica del arancel diferenciado potencialmente podría revitalizar algunos de sus principios fundamentales: la educación no se mide por su «valor de uso» en tanto derecho, sino como «valor de cambio», o sea como «bien de consumo» – según la conocida expresión de Sebastián Piñera – intercambiable por otros en el mercado.
Tradicionalmente las Universidades Públicas aspiraron a ser un espacio democrático y de inclusión, en donde sus estudiantes, provenientes de diferentes capas de la sociedad, podrían encontrarse en condición de igualdad, dependiendo sólo de sus capacidades para progresar. En estos momentos, cuando la comunidad universitaria nacional se ha dado la tarea de repensarse a sí misma, qué avance sería una universidad con estudiantes de primera (los que pagan) y de segunda categoría (los que estudian gracias a los que pagan). En vez de contribuir a la superación de una desigualdad, se crearía una nueva distinción gracias al Arancel Diferenciado.
Al mismo tiempo, al dejar una parcela del financiamiento de las Universidades Públicas dependiente del pago de sus estudiantes, se reproduce la noción de «autofinanciamiento» de las universidades actualmente en vigencia y, con ella, se mantiene el desentendimiento que actualmente el Estado practica en relación al financiamiento de sus universidades. Sinceramente, en Chile, hablar de Universidades Públicas es un contrasentido, pues el Estado las financia mínimamente y para estudiar en ellas sus estudiantes deben pagar cifras parecidas o incluso superiores a las del mundo privado.
Ahora bien, no es a través del Arancel Diferenciado que necesariamente se van a resolver los problemas de desigualdad en el ingreso. Hay suficiente evidencia para creer que una reforma a nuestro regresivo sistema tributario sería bastante más eficaz para alcanzar las aspiraciones redistributivas que los partidarios del Arancel Diferenciado cultivan.
Reiterando, ¿es justo que los que pueden pagar su educación en el sector público no lo hagan, tal como se pregunta Michelle Bachelet ? Con una adecuada reforma tributaria, lo es. Por lo demás, voces incluso cercanas a su comando han contribuido a la desmitificación de la Educación Gratuita como una medida regresiva. Finalmente, responder a la crisis actual de la educación, mediante el cumplimiento de una demanda estudiantil de los años ’90, difícilmente satisfará a una sociedad civil que hoy en día exige derechos para todos.