No cesan las atrocidades y montajes en las diferentes regiones de Colombia. La instauración de laboratorios de guerra que desde la tétrica seguridad democrática agencia la corte narcoparamilitar, con Álvaro Uribe Vélez a la cabeza, viene de manera sistemática desangrando el diario vivir de una patria saqueada y asesinada por los que se reclaman dueños […]
No cesan las atrocidades y montajes en las diferentes regiones de Colombia. La instauración de laboratorios de guerra que desde la tétrica seguridad democrática agencia la corte narcoparamilitar, con Álvaro Uribe Vélez a la cabeza, viene de manera sistemática desangrando el diario vivir de una patria saqueada y asesinada por los que se reclaman dueños de la nación.
Es así como al departamento de Arauca, al oriente del país, lo siguen convirtiendo en un territorio presa del terrorismo de Estado. El pasado 6 de agosto, unidades del Batallón Mecanizado Revéis Pizarro asesinaron a tres reconocidos líderes sindicales que se habían caracterizado por su entrega permanente a la defensa de su región y de los derechos humanos.
En el municipio de Saravena, vereda Caño Seco (Arauca), los dirigentes sindicales LEONEL COYONECHE de la Dirección Regional de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), JORGE EDUARDO PRIETO CHAMUSERO presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios (ANTOHC) y HECTOR ALIRIO MARTINEZ, Presidente del Sindicato Agrario, fueron ultrajados y masacrados.
En el mismo hecho fueron también detenidos los líderes sindicales SAMUEL MORALES FLOREZ, presidente de la CUT, subdirectiva de Arauca y RAQUEL CASTRO CAICEDO, dirigente sindical del magisterio.
A pesar de que estos destacados dirigentes ya habían denunciado en meses anteriores la iniciación de un «plan pistola», diseñado por el ejército y los paramilitares contra el movimiento sindical y popular de Arauca, el gobierno nacional fue, una vez más, indiferente ante las denuncias para permitir dar rienda suelta a su estrategia fascista.
Los tres líderes sindicales asesinados contaban con medidas cautelares de protección, expedidas en el año 2002 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Sus vidas fueron amenazadas desde el momento que comenzaron a denunciar, nacional e internacionalmente, el bombardeo de la aviación militar que mató a 18 campesinos en diciembre de 1998, por el cual el Estado fue condenado en mayo del año en curso.
Ya unos meses atrás los paramilitares habían asesinado a 11 personas, desparecieron a otra, produjeron el desplazamiento de 100 familias, hurtaron innumerables bienes materiales y cometieron otros actos de terrorismo contra los habitantes de la zona rural de Tame.
El pueblo araucano se ha caracterizado por un gran nivel de organización comunitaria. El empuje por ver a su región próspera lo ha llevado a exigir ante el gobierno nacional el cumplimiento de sus justos derechos, como por ejemplo la inversión social que por concepto de regalías genera la producción del petróleo, recursos estos que siguen quedando en el bolsillo de los politiqueros corruptos.
Además, esta región es la gran despensa agropecuaria que alimenta a Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga y Venezuela. Por la inmensa variedad de recursos naturales del departamento, es que sus pobladores se organizan y reclaman lo que les pertenece.
La respuesta del gobierno ha sido de represión e ir convirtiendo a Arauca en un laboratorio de guerra que le permita capitalizar toda la riqueza de la región, otorgando jugosos contratos a conocidos paramilitares, como el caso del exgeneral Rito Alejo Del Río.
Por otro lado se ha continuado el saqueo a manos de empresas extranjeras como la OXY y la Repsol, quienes vienen también perjudicando y exterminando las culturas indígenas U´was y Sikuanis.
Recordemos que desde el año 2001 la administración de Arauca pasó a manos directas del presidente de la república, primero a través de un gobernador militar y ahora con gobernador paramilitar. De ahí que la situación que viven los araucanos es de continua guerra. Arauca es el departamento más militarizado del país y, por si fuera poco, tiene una base militar gringa.
La beligerancia justa de sus líderes y organizaciones la han estigmatizado calificándola de delincuencial y terrorista, tal como en este último crimen lo aseveró Francisco Santos, vicepresidente de Colombia, al señalar que los tres líderes sindicales además de ser delincuentes, estaban vinculados al ELN.
El asesinato de 574 dirigentes sindicales entre el año 2000 y lo corrido del 2004, evidencia el plan de exterminio que en las últimas décadas se ha venido perpetrando, de manera impune, contra el movimiento sindical colombiano. Estos hechos ratifican lastimosamente que Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer esa actividad.
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sigue descansando sobre la estructura de guerra sucia y otorga beneficios de protección a las transnacionales y a la oligarquía narcoparamilitar, que no cesa de enriquecerse. Es así como funciona la «seguridad democrática».
Por otro lado, no olvidemos que la incidencia del ejecutivo en la rama judicial es cada vez más descarada. Por eso, no solo estigmatiza al dirigente sindical, sino que también permite que el ejército manipule las pruebas y haga montajes, tal como pretende hacer con los tres dirigentes asesinados, al decir que «ellos eran miembros de la guerrilla y murieron en combate», cuando en realidad fueron sacados de la casa y fusilados.
La estrategia del terrorismo de Estado sigue materializando su obra. Arauca es ahora su punta de lanza. Paramilitarizan la administración departamental, incrementan el pie de fuerza en combinación y complacencia con los paramilitares, ejecutan crímenes selectivos y masacres, ocasionan grandes desplazamientos para adueñarse por la vía de la violencia de la propiedades que con sudor ha logrado construir la población, adelantan periódicamente allanamientos y detenciones masivas, penalizan la protesta social y sindical.
Con todo esto Uribe Vélez quiere seguir consolidando su proyecto de exterminio en Arauca para después desarrollarlo en todo el país.
Este gobierno necesita mostrar resultados al imperialismo, por eso se desborda salvajemente en complacerlo, para no perder las prebendas que recoge a costa de la sangre de los colombianos. De paso garantiza al gobierno de los EEUU para que, desde Arauca, se siga conspirando contra el legítimo gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Creemos que la gran respuesta de masas que viene haciendo la comunidad de Arauca, a raíz del crimen perpetrado contra los tres dirigentes sindicales, debe reproducirse a nivel nacional. El movimiento social colombiano tiene el derecho a revelarse contra todo tipo de opresión, a movilizarse, denunciar y desenmascarar la estructura terrorista del Estado colombiano.
El pueblo está obligado a no dejarse matar. A no permitir el flagelo del exilio dentro de su mismo país. Mantenernos en resistencia beligerante ha de ser siempre nuestra actitud progresista y revolucionaria.
El terrorismo del imperio, desdoblado hoy por hoy en Álvaro Uribe Vélez, sus Generales y los capos del narcoparamilitarismo, habrán de caer gracias a la acción decidida de un pueblo que viene levantándose, haciendo conciencia de su historia, de su valentía y de su coherencia en el diseño político, social y humano de un nuevo país.
El EJÉRCITO DE LIBERACION NACIONAL, siempre mantendrá su compromiso revolucionario y contribuirá a aportar sus ideas al lado de las otras organizaciones hermanas, para que junto al movimiento social colombiano, logremos derrotar a los que pretenden acabar la esperanza de los araucanos y de las demás regiones del país.
La impunidad, el genocidio, la seguridad democrática, el Plan Colombia y el Plan Patriota, el paramilitarismo y la ofensiva mediática, son hijos de un sistema que pretende globalizar a su antojo el futuro de nuestro país y del mundo.
Por eso, nuestro pueblo se levanta y se organiza. Nosotros, con las otras guerrillas revolucionarias acompañamos, desde todos los espacios posibles, la materialización de los sueños realizables: una Colombia libre, digna de ser vivida por una nueva generación de colombianos dispuestos a recuperar y defender lo que nos pertenece.
El asesinato de estos tres líderes sindicales, que pagaron con sus vidas el precio de la lucha por la conquista de los derechos, señala la necesidad de crear y fortalecer un gran movimiento social y político que sea capaz de generar un nuevo escenario para poner fin al conflicto social y armado en Colombia.