A partir de la implementación de la política de «seguridad democrática» del gobierno de Uribe Vélez, en Arauca se ha disparado la violación de los derechos humanos, vulnerando el derecho a la vida, a la libertad, a la libre asociación, a la locomoción y a tener una posición política distinta de la del gobierno
En los últimos años, Arauca ha vivido un ataque frontal contra sus organizaciones campesinas, comunales, de derechos humanos, juveniles y sindicales. La situación que viven los araucanos es una muestra de la política de criminalización y de guerra implementada por el gobierno de Uribe contra esta región. Desde la creación de las «Zonas de rehabilitación y consolidación», auténticos laboratorios de guerra, se han venido ejerciendo acciones sistemáticas desde el establecimiento con el propósito de implantar el paramilitarismo en el departamento. El Ejército Nacional hace apología de las AUC, e intimida a la población con el argumento de que «atrás vienen los paras, asesinando y mochando cabezas». En muchos sitios donde acampan patrullas del Ejército aparecen luego consignas del Bloque Vencedores de Arauca, BVA, de las AUC, y en otros lugares hacen presencia efectiva a nombre de las autodefensas.
Desde el inicio del gobierno de AUV, es habitual que las organizaciones sociales y las comunidades sean hostigadas al ser interrumpidas en sus asambleas y cualquier tipo de acto público. Los participantes son filmados, fotografiados y obligados a presentarse a las bases militares o batallones. Si incumplen son buscados en sus casas u oficinas y tildados públicamente de guerrilleros. A su vez, los líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos de la región vienen sufriendo detenciones arbitrarias, y la Fiscalía usa los informes de inteligencia del Ejército como insumo para la apertura de procesos. Las capturas se producen en su mayoría sin orden previa y con fundamento en señalamientos ilegales, realizados a veces por personas encapuchadas, refugiadas en los puestos militares. Son frecuentes los allanamientos y las detenciones con el objeto de reseñar, filmar y fotografiar a los ciudadanos araucanos.
El Ejército ejerce presión constante para vincular a la población civil a la red de informantes, o a los programas «Soldados de mi pueblo» y «soldados campesinos», que tienen como consecuencia la militarización de la vida familiar y social al involucrar en el conflicto armado a las comunidades, en clara violación al DIH. Los niños y jóvenes son involucrados en el conflicto a través de programas como «Carabineritos» y «Soldados de mi patria por un día», y con la realización de actividades «cívico-militares» en centros educativos, y la utilización de los niños como fuente de información sometiéndolos a engaños con la carpa del Circo Militar. En las zonas rurales, es práctica común del ejército instalar las tropas en las viviendas de los pobladores o en las escuelas, y hacer uso de los bienes de la gente y utilizar vehículos de civiles para transportar soldados.
Las masacres han sido permanentes desde el 2002. Sólo en el año actual se contabilizan: las del 13 de marzo, en Puerto Rondón, cuando fueron asesinadas seis personas, entre ellas, Tiberio Cardoso, líder campesino, y Edward Vargas, coordinador de la Fundación Comité de Derechos Humanos «Joel Sierra» en Arauca capital. El 19 y 20 de mayo, en Flor Amarillo, Cravo Charo y Piñalito fueron masacradas trece personas. El 21 de mayo, en la vereda Mata de Topocho, del municipio de Tame, fueron masacrados seis campesinos. El 7 de junio, en la vereda San López fueron asesinadas cinco personas, entre ellas, el historiador araucano Plutarco Granados. Las desapariciones forzadas, los asesinatos selectivos y las ejecuciones extrajudiciales tienen su más clara expresión en el asesinato de tres reconocidos líderes sociales del departamento: Jorge Prieto, Leonel Goyeneche y Héctor Alirio Martínez, a manos del ejército.
Y en los últimos días, Pedro Jaime Mosquera Cosme, vicepresidente de la Asociación Campesina de Arauca (ACA), fue torturado y asesinado, cuando precisamente buscaba refugio a causa de la persecución de la que venía siendo víctima por parte de los organismos represivos del Estado, desde que se le decretó orden de captura por el supuesto delito de «rebelión». Este hecho se suma a la continuación del montaje judicial del que viene siendo víctima Luz Perly Córdoba, presidenta de la ACA, detenida en Bogotá.
La persecución también ha cobrado la vida de los sindicalistas Marcelino Díaz, Domingo Zocadagüí, Pedro Germán Flores, José Olegario Gómez, José Maturana, de la Asociación de Educadores de Arauca, ASEDAR; Luis Ernesto Coirán Acosta, Nubia Salamanca, Moreli Guillén, Maritza Linares y Argemiro Bustacara Morantes, miembros de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios y Clínicos, ANTHOC; Juan de Dios Pontón Mesa, de la Asociación Juvenil y Estudiantil Regional, ASOJER. Los líderes comunitarios Jhon Jairo Nieto, Luis Salazar, Víctor Manuel Vega Acedo, Jorge Larota, Benigno López Soler, José Silvestre Mendivielso, Vitelio González, Fidel Lesmes y Ericson Sierra Tolosa han sido asesinados por su trabajo comunitario. A ellos se suma el asesinato de numerosos miembros de las Juntas Comunales que existen en el departamento.
Las empresas comunitarias y de economía solidaria han sido también castigadas con amenazas, judicializaciones, desapariciones y con la muerte o desaparición de varios de sus líderes: Edgar Mantilla Gamboa, Uriel Ortiz Coronado, Rito Hernández Porras y Miguel Ángel Anaya Torres, de la Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de Saravena, ECAAS, que es señalada constantemente por las autoridades como ser una empresa de «subversivos», estigmatizando y poniendo en riesgo la vida de sus trabajadores. También han sido asesinados Elías Ortiz, de Coagrosarare; Orlando Ortiz, de Saludsarare, entre otros.
Los medios de comunicación de Arauca están sometidos a una verdadera mordaza informativa, basada en la represión, la vigilancia y la censura por parte de la fuerza pública y de algunas autoridades civiles. Recientemente han sido asesinados los comunicadores Luis Eduardo Alfonso Parada y Efraín Varela Noriega.
Arauca no ha sido ajena a la intervención directa de tropas estadounidenses en territorio colombiano. Allí, militares norteamericanos dan instrucción en el Batallón Mecanizado Revéiz Pizarro, de Saravena, precisamente al cual están adscritos los responsables de la reciente masacre de los tres líderes sociales ocurrida el pasado 5 de agosto. Mercenarios gringos atemorizan la región, en compañía de militares colombianos.
Por si esto fuera poco, la comunidad araucana viene siendo presionada económicamente por el régimen. Mientras que los militares en Arauca reciben un aporte de cien millones de dólares de los Estados Unidos para la protección de las empresas OXY y Repsol, se deteriora la infraestructura básica del departamento, en particular de las vías de comunicación. (A causa del invierno, numerosos puentes se han desplomado). Los recursos públicos disponibles son destinados a la financiación de la guerra y a la ejecución de megaproyectos, como la Ruta de los Libertadores. Al mismo tiempo, la falta de inversiones públicas afecta de manera grave a la salud y a la educación. El sector campesino sufre severas restricciones de combustibles y alimentos. Y para rematar, las fumigaciones aéreas a los cultivos de uso ilícito arrasan los cultivos de pan coger, y debilitan la seguridad agroalimentaria regional.
Fuentes:
Asociación Campesina de Arauca, ACA. (Declaraciones).
Declaración del Encuentro político-cultural «Por la Vida, la Justicia y la Defensa del Territorio». Arauca, septiembre de 2004.
Fundación Comité Regional de Derechos Humanos «Joel Sierra». Informe de derechos humanos «Arauca 2003».
Vía Alterna. «Radiografía de la situación de Arauca». www.viaalterna.com.co septiembre/2004.