Desde cada una de nuestras trincheras, con penar nos enteramos de la muerte del joven de 24 años, José Facundo Mendoza Collío, en manos del gatillo fácil policial de un funcionario enviado desde Santiago con precisas instrucciones. El GOPE, grupo de operaciones especiales de carabineros, es un escuadrón militar adiestrado en tácticas de comando y […]
Desde cada una de nuestras trincheras, con penar nos enteramos de la muerte del joven de 24 años, José Facundo Mendoza Collío, en manos del gatillo fácil policial de un funcionario enviado desde Santiago con precisas instrucciones. El GOPE, grupo de operaciones especiales de carabineros, es un escuadrón militar adiestrado en tácticas de comando y guerrilla urbana. Desde cualquier óptica la sola existencia del GOPE cuestiona que Chile sea un Estado de Derecho, que se respeten los tratados internacionales sobre derechos humanos, y que nuestro país sea un territorio pacificado. Sólo en un estado fallido deben constituirse grupos armados en forma permanente dedicados a la lucha contra sus compatriotas. El GOPE es más que la patrulla que desactiva bombas o con capacidad de actuar en un operativo antidelictual complejo o sensible; es un comando militar imbuido en el espíritu de la doctrina de la seguridad nacional propio de toda nuestra policía, del ejército, y de gran parte de nuestra clase política incluyendo a su excelencia la presidenta Bachelet.
Por la razón anterior es hipócrita condolerse, y aún más, es indecente hacerlo si acto seguido se valida el actuar policial y se condena a las movilizaciones. Así lo hizo nuestra presidenta, hoy jueves trece de agosto, lamentar el fallecimiento y celebrar las causas que lo provocaron.
Según el gobierno todo se trata del viejo cuento del coyote y el perro ovejero, ambos sólo realizan su trabajo. Los manifestantes son los únicos que deben pagar los costos, y de modo estoico deben guardar silencio, porque la policía sólo cumple la ley al igual que los tribunales y el ministerio público.
Bajo ese argumento se soslaya que la policía sigue siendo la misma, tanto doctrinaria como ideológicamente, que en la dictadura cuando se dedicaban a asesinatos selectivos para obtener el respeto de las otras instituciones armadas; que las leyes que se están aplicando son las mismas con las que se torturaba en público y en privado de modo sistemático; que los tribunales no son independientes pues las policías actúan con fuero lo que no concede garantía alguna de imparcialidad ni menos de una cuota ínfima de decencia dentro de la infame «justicia» militar.
Además, el ministerio público y la judicatura, civil, se compone de personas egresadas de nuestras escuelas de derecha en las que aún se considera ser comunista el militar en la democracia cristiana. El poder judicial y el ministerio público se han consolidado y constituido respectivamente como instituciones fascistas, en donde no se permite el disenso, la opinión y se criminaliza el conocimiento. Cómo decía Nietzsche, no se castigan los defectos tan sólo a la virtud. De ese modo se normalizan conductas teóricamente tanto y más criminales que las que se persigue como detener ilegalmente, afectar los derechos de defensa de los imputados, presentarlos como culpables a la prensa, permitir testimonios anónimos e investigaciones secretas. El gobierno llama criminales a algunos mientras incurre a placer en actos constitutivos de delitos de lesa humanidad.
Mientras se releva a cuestión de Estado las travesuras de un par de menores de edad, a los cuales se les menciona por sus apodos en flagrante atentado contra los derechos de la infancia, cómo un homenaje criollo al día y mes del niño, ocho de agosto; la ILANUD, dependiente de la ONU, declara que Chile es el país con mayor cantidad de presos en términos relativos de latinoamérica y uno de sus personeros culpa a la escandalosa diferencia entre ingresos entre los más pobres y más ricos. Esta información es aún incompleta, no consigna que todos los países latinoamericanos han aumentado su población penal, salvo Costa Rica, y sin embargo Chile triplica el promedio. Si descontamos a los EEUU nuestro país lideraría la región junto a Cuba lo que le basta y le sobra para escalar a los top ten mundiales en encarcelar seres humanos, pese a que dichas estadísticas no consideren a la población total sujeta a restricciones a su libertad y a los menores de edad que están presos aunque el gobierno lo descarte. Todo esto en un país con la MENOR CANTIDAD DE HOMICIDIOS de toda América y uno de los países más seguros del mundo.
Ese es el contexto en el cual operan policías militares cazando manifestantes y en donde la prensa boga hacia que la represión aumente pese a que se esté en un techo en que difícilmente se pueda escalar más, salvo que, queramos empatar los homicidios privados con los públicos.
Y esto parece ocurrir en la araucanía, si envías a militares a reprimir no te puedes sorprender por los cadáveres que queden regados. El GOPE no es una policía, sus métodos no son policiales, tampoco su formación. Ley antiterrorista más o menos el punto es que se está tratando a ciudadanos de nuestro país como agresores extranjeros; y a manifestantes como combatientes armados.
¿Y cual el es fundamento jurídico para que la policía custodie predios privados?
Se trata de un escándalo, comparable al de las muertes, el que no exista la más mínima proporcionalidad entre lo que se intenta impedir y los métodos empleados en ello.
Las comunidades mapuches han realizado una serie de manifestaciones. La prensa las denomina «ocupaciones transitorias de predios». ¿Que alguien de los grandes jurisconsultos de la Moneda explique qué delito es una «ocupación transitoria de un predio»? Nuestra prensa, brazo derecho del gran capital, no se atreve a llamarles usurpaciones pues hasta ellos se ruborizan al hacerlo. Una usurpación consiste en una ocupación con ánimo de dueño de un bien inmueble, no existe en nuestro país el delito de traspasar una cerca. Y además, el delito de usurpación es uno de los más blandos que existen pues a nuestros legisladores les importaba un rábano que se ocuparan de ese modo terrenos mientras los hicieran productivos. Las blandas sanciones hacia la usurpación posibilitó, entre otras cuestiones comunes a toda América, África, Oceanía y algunos sectores de Asia, que los «colonos» despojaran a las poblaciones indígenas de sus ancestrales dominios. Esa deuda histórica, imposible de soslayar respecto al pueblo mapuche, se comprometió a solucionar el candidato a la presidencia Patricio Aylwin Azocar en 1989. Veinte años después ¿Debemos resignarnos a jóvenes muertos debido a una promesa rota más de nuestra alianza gobernante?
El senador, y actual candidato a la presidencia, Alejandro Navarro, que dicho sea de paso no es santo de mi devoción, hace unos días dejó muy en claro la brutalidad subyacente a esta crisis. Dijo, «diez mil millones de pesos cuesta la solución del conflicto y el gobierno ha gastando hasta hoy cinco mil millones en resguardo policial». Es decir, la mitad de lo que vale la solución, ya se ha gastado, y se seguirá gastando mientras se mezquine la solución.
Tal cual como con las cárceles, la lucha en contra de las drogas, la vivienda y la educación, ninguna racionalidad – democrática – permite entender las acciones gubernamentales. No se comprende porqué se gasta tanto dinero en hacer infelices e ignorantes a los chilenos en vez que invertir esos mismos recursos en que sean seres humanos plenos; incluso lo segundo es más barato.
El error de algunos analistas pasa en no comprender que los fines que persigue el gobierno no son los de los ciudadanos sino que el de la clase dirigente. El Estado es una herramienta a su servicio y por lo tanto nada de esto cambiará sustancialmente mientras siga siendo así. No se trata de dinero, se trata de poder. Vale menos dinero educar en la universidad que encarcelar pero para los ricos eso es inaceptable pues a nuestra montaraz clase dirigente le tiemblan las cañuelas el ver a los pobres educados pues se verían forzados a competir con ellos en el mercado.
La forma de congelar a la sociedad, conservándola en un sistema feudal-urbano, es negarse a cualquier cambio, a cualquier mejora, a cualquier progreso. La brecha que esto abre es que un gobierno duro es más fácil de quebrar que uno flexible, así que la pelota está en nuestro lado de la cancha. Debemos producir una unidad, marginando de una vez y para siempre a los capitalistas con piel de compañero de nuestras filas. Y luego asediar por los cuatro costados, a Bachelet, a Piñera, a Frei o al títere de turno.