Crece la resistencia al negocio forestal en diversos puntos del centro-sur de Chile. Los mega incendios del verano pasado y la amenaza de introducir árboles transgénicos al medio natural, que expandiría el desastre de las plantaciones de monocultivos, gatillaron un proceso de articulación de diversas organizaciones sociales que culminó con una semana de protesta y […]
Crece la resistencia al negocio forestal en diversos puntos del centro-sur de Chile. Los mega incendios del verano pasado y la amenaza de introducir árboles transgénicos al medio natural, que expandiría el desastre de las plantaciones de monocultivos, gatillaron un proceso de articulación de diversas organizaciones sociales que culminó con una semana de protesta y agitación contra un modelo depredador que saquea los territorios.
Las acciones giraron en el rechazo al Congreso de Biotecnología de Arboles de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (Iufro), realizado en Concepción, que reunió a investigadores de todo el mundo para promover el desarrollo de la modificación genética de árboles en Chile, buscando facilitar procesos industriales extractivistas bajo la fachada de una actividad científica neutral.
La conferencia internacional fue financiada por Celulosa Arauco, del Grupo Angelini, que junto al Grupo Matte concentran el 70% de las exportaciones forestales; y por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt), dependiente del Estado. También lo auspiciaron tres empresas transnacionales: Gondwana Genomics, Suzano Papel e Celulose y SweTree Technologies.
«Denunciamos el lobby empresarial desplegado por las empresas forestales Arauco y Mininco, entre otras, que tienen secuestrado el conocimiento de las universidades y el trabajo científico para seguir afectando el bienestar de la población que vive rodeada de grandes plantaciones de pino radiata y eucaliptus», dice la declaración pública de las organizaciones convocantes a la semana de protesta, la cual se inició con una «funa» al Congreso de Biotecnología de Arboles durante su inauguración.
De visita en Chile, Anne Petermann, directora de Justicia Ecológica Global y coordinadora internacional de la Campaña Alto a los Arboles Transgénicos, sostiene que existe una clara relación en la elección del país por parte de la Iufro y el deseo de la industria y el gobierno local de promover allí las plantaciones de árboles transgénicos. «Esto ocurrió con la Conferencia de Biotecnología de Arboles Iufro 2011 que tuvo lugar en Brasil, donde se aprobó la producción de eucaliptos genéticamente modificados en 2015; y Estados Unidos, que fue anfitrión de la Conferencia Iufro de 2013, hoy está tratando de legalizar plantaciones de eucaliptos transgénicos».
AVANZA LA DEVASTACION
Los árboles transgénicos amenazan con expandir el desastre de las plantaciones de monocultivos de pino y eucaliptus en Chile, que producen impactos devastadores en las comunidades rurales, la salud de la población, el acceso al agua, la agricultura y los bosques. Al igual que los transgénicos agrícolas, no son para satisfacer ninguna necesidad de la gente, sino que están diseñados solamente para aumentar las ganancias de las empresas.
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), asegura que la industria forestal mediante la modificación genética busca enfrentar algunas dificultades cómo el manejo de plagas, tener especies que se adapten a las nuevas condiciones ambientales producto del cambio climático, y árboles que crezcan más rápido, siendo su eje central la multiplicación de las ganancias, sin considerar los impactos a los ecosistemas y las comunidades locales.
Debido a que estos árboles están diseñados para crecer más rápido y más grandes, utilizarían mucha más agua que otras plantaciones y degradarían más rápido el suelo. Usarían más agrotóxicos, lo que hará que más agua sea envenenada, más tierra contaminada, más animales enfermos o muertos, y la salud de la gente se verá más afectada.
Advierte que en Chile no existen normativas sobre investigación y bioseguridad en el desarrollo de árboles transgénicos, que le otorguen certidumbre a las empresas involucradas en el negocio. El Estado invierte millonarios recursos en investigaciones en distintos centros universitarios con participación de las empresas, para el desarrollo de esta nueva tecnología. Al respecto no hay información pública, ni debate democrático, en cuanto a los riesgos que esto representa.
Para el director del Olca, organización que es parte de la Campaña Internacional Alto a los Arboles Transgénicos, la transgénica forestal se viene investigando hace un tiempo en Chile, pero el movimiento social ha logrado retrasar su avance mediante la paralización del proyectos UPOV91, proyecto de ley de obtentores vegetales o Ley Monsanto, y la ley de bioseguridad, que permitía legalizar la introducción de plantas transgénicas al medio natural. «La biotecnología transgénica es una ciencia interesada, que se hace a la medida del interés de las empresas forestales», señala.
NEGOCIO FORESTAL E IMPACTO
A LA ECONOMIA LOCAL
En la Región del Bío Bío, las plantaciones forestales sobrepasan las áreas verdes nativas, con más de 1,2 millones de hectáreas. La comuna de Tomé es una de las afectadas. Andrea Robinson, de la Coordinadora Tomecina, alerta de los temores de la comunidad por la introducción de árboles transgénicos: profundización de la crisis hídrica y de la contaminación que afecta a las actividades económicas locales, causando empobrecimiento en los territorios.
Los árboles transgénicos no crecen solamente donde son plantados, ellos pueden esparcir su polen y semillas en otras plantaciones y bosques, lo que los hace aún más peligrosos ya que si este fenómeno comienza, no hay forma de detenerlo.
La dirigenta cuenta que en Tomé son muchas las familias y organizaciones territoriales, como la Unión Comunal de Huertos Orgánicos que trabajan la tierra de manera sustentable, que se están organizando en contra del modelo forestal, pues éste constituye un atentado a la soberanía alimentaria, a la economía de subsistencia y a la forma de vida de las comunidades.
Desde hace unos cuatro años, los pobladores de Tomé están luchando contra el proyecto GNL Penco-Lirquén, que busca instalar un terminal marítimo para el traslado de gas en la bahía de Concepción. Hoy el llamado es a organizarse y movilizarse contra el modelo forestal: «No queremos que vuelvan a decidir por nosotros, aspiramos a una comunidad autónoma, con democracia popular», señala Andrea Robinson.
Edison Neira, vocero de la Coordinadora Penco-Lirquén, afirma que la catástrofe de los incendios forestales del verano pasado, que dejó al descubierto las redes de negocio y lucro, la existencia de plagas, su descontrol y cobros de seguros, marcó un antes y un después en la percepción social sobre el impacto del modelo forestal. Muchos pobladores a partir de ese hecho empezaron a cuestionar la masividad y los riesgos de los monocultivos, que constituyen un grave peligro de incendios forestales por ser altamente inflamables y grandes propagadores del fuego porque secan todas las fuentes de agua. «Por mucho tiempo los pobladores de territorios rodeados de plantaciones forestales hemos sido pasivos, a diferencia del pueblo mapuche que lleva mucho tiempo resistiendo a los impactos del modelo», dice.
Neira agrega que con la semana de agitación se buscó generar una contrarrespuesta de los pobladores a la conferencia Iufro. Uno de los objetivos a largo plazo es eliminar el Decreto Ley 701, con el cual el Estado entrega subsidios directos a las empresas forestales, que han alcanzado hasta el 90% del costo de sembrar sus plantaciones. «Desde la Coordinadora Penco-Liquén nos estamos articulando con varias organizaciones por la recuperación de nuestro mar, en manos de los industriales pesqueros, y nuestra tierra, devastada por las forestales, para que nuestros pobladores puedan vivir y desarrollarse, gestar economías locales y reconstruir el tejido social. Queremos el territorio para los pobladores y nos estamos levantando para defender lo nuestro».
EL PUEBLO MAPUCHE
Y LAS RESISTENCIAS
Alfredo Seguel, de la Red de Defensa de los Territorios de La Araucanía y del Colectivo Mapuexpress, advierte que los principales afectados a causa de los monocultivos forestales en La Araucanía y buena parte de Bío Bío son comunidades mapuches, quienes han sido objeto de despojo territorial, empobrecimiento, crisis hídrica a causa de la alta concentración de plantaciones, depredación del territorio y emigraciones forzadas. «Hoy la amenaza de transgénicos es intensificar estos daños e impactos y aumentar los conflictos. Las modificaciones genéticas son para generar árboles que sigan masificándose en la cordillera, para que capten agua más profunda de las napas subterráneas y seguir desequilibrando la biodiversidad y ecosistemas. No hay ética, no hay principios, no hay moral, no hay un mínimo de capacidad de replantear las actividades económicas en que se considere el respeto a las personas y la naturaleza. Solo actos primitivos de lucro a costa de la depredación», plantea.
Para Seguel, existe una resistencia activa al modelo forestal en diversos puntos del centro-sur de Chile, y cada vez más fuerte se levanta la posición de exigir restauración de los territorios, de frenar y revertir los monocultivos de plantaciones que superan los tres millones de hectáreas y de abrir espacio a otras formas de desarrollo, pensando en las economías locales, en mercados con identidad, pertenencia y solidaridad, no este mercado de muerte y depredación que es la industria forestal. En este contexto, «los transgénicos son nuevas formas de amenazas. Plantean nuevos desafíos para evitar su propagación ante el descriterio de empresas, sectores del Estado y grupos académicos a quienes nada les importa el bien común», afirma.
Lucio Cuenca añade que en todos los países donde existen conflictos asociados a la expansión de la industria forestal, se vinculan a los procesos de concentración de la tierra que generan las empresas en desmedro de las comunidades campesinas e indígenas. «Los países de la región tienen problemas no resueltos con los pueblos indígenas y justamente en sus territorios -como ocurre con el pueblo mapuche- se expande esta industria».
El director del Olca denuncia que la política de proveer de materias primas a bajo costo a los países de alto consumo, sin considerar los impactos sociales, culturales, vulneración de los derechos humanos y empobrecimiento de nuestros países, es impulsada desde organismos internacionales como la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), y subsidiada por los Estados en función de la economía global.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 878, 23 de junio 2017.