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Argumentos de por qué Uribe y no Chávez debería ser llevado a la Corte Penal Internacional

Fuentes: Rebelión

En el medio de la crisis política entre Ecuador, Colombia y Venezuela desatada por la violación por parte del país neogranadino del Derecho Internacional y la soberanía e integridad territorial de Ecuador, Álvaro Uribe hizo público que llevaría a Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional (CPI) «por patrocinio y financiación de genocidas». El anuncio […]

En el medio de la crisis política entre Ecuador, Colombia y Venezuela desatada por la violación por parte del país neogranadino del Derecho Internacional y la soberanía e integridad territorial de Ecuador, Álvaro Uribe hizo público que llevaría a Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional (CPI) «por patrocinio y financiación de genocidas». El anuncio de Uribe se produjo tras haber encontrado las fuerzas armadas colombianas en una computadora -que al parecer sobrevivió el bombardeo colombiano del campamento de las FARC en Ecuador y que supuestamente pertenecía a Raúl Reyes-, información que probaría que Chávez había donado millones de dólares a la guerrilla.

La CPI situada en la Haya (Países Bajos) fue creada para enjuiciar «los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto» (artículo 5 del Estatuto de Roma que regula la CPI). Estos crímenes son genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión. Por genocidio se entiende «la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso» (art. 6). Dada esta definición del genocidio no es posible aplicarle el calificativo a Chávez, incluso si la Corte tomase en cuenta las supuestas pruebas halladas en la computadora.

Las acusaciones vertidas sobre Chávez en realidad no se las creen ni los colaboradores más cercanos de Uribe, de hecho la mayoría de los miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que integran los ex gobernantes colombianos entre otros, le planteó al presidente reconsiderar la demanda ante la CPI durante una reunión el martes 4 de marzo en la que analizaron la crisis diplomática con Ecuador y Venezuela. Seguramente la Comisión se dio cuenta de lo ridículo de la acusación, pues a la CPI se le comunican los crímenes cometidos y ésta establece primero si abren una investigación y posteriormente los responsables. Pero el daño ya estaba hecho, aunque el farol de Uribe no llegue a más, los principales medios de comunicación occidentales publicaron la denuncia contra Chávez y muchos de ellos se atrevieron dar ya como cierta su relación con las FARC, con lo que la táctica de distracción, en la que el agresor se hizo pasar por víctima, sí tuvo el efecto esperado.

Este artículo analizará las posibilidades que existen de sentar a Uribe en el banco de los acusados de la CPI. Primero, se revisarán los vínculos demostrados que tiene Uribe con los grupos paramilitares que existen en Colombia, para después establecer si las actividades delictivas de estos grupos criminales entran dentro de la jurisdicción de la CPI.

El llamado escándalo de la «parapolítica», por el cual se han descubierto nexos entre altos cargos públicos colombianos y los paramilitares, ha llevado ante las instancias judiciales colombianas hasta ahora a 55 congresistas, además de cargos de confianza nombrados por él. Hoy día ya son 21 los congresistas [1] que están en la cárcel, la gran mayoría pertenecen a partidos políticos que forman parte de la coalición uribista. Los últimos 5 curules fueron detenidos a finales de febrero, lo que muestra que el escándalo continúa y para nada se descartan nuevos arrestos en el futuro.

La detención uno de los congresistas, el senador Álvaro Araújo Castro, por sus vínculos con grupos paramilitares, provocó la renuncia de su hermana que fungía en ese momento como Canciller en el gobierno de Uribe.

Entre los funcionarios de alta confianza nombrados por Uribe implicados en el escándalo y detenido actualmente, encontramos a Jorge Noguera, el ex director del Departamento de Seguridad (DAS). Noguera, ha sido acusado de permitir la infiltración de paramilitares en el DAS y de haber otorgado a los paramilitares una lista con nombres de sindicalistas, muchos de los cuales fueron asesinados subsecuentemente. Su proceso sigue en curso ante la Fiscalía.

El vicepresidente de Uribe, Francisco Santos Calderón, ha sido señalado por Salvatore Mancuso ex jefe desmovilizado del grupo armado ilegal de las AUC, de haberle propuesto crear una organización paramilitar que operara en Bogotá. Por lo que también podría ser llevado a los tribunales si salen a la luz las pruebas necesarias para incriminar a este sospechoso.

El primo del presidente Uribe y uno de sus colaboradores más cercanos, el senador Mario Uribe Escobar tuvo que abandonar su curul acusado de haber recibido financiación para su campaña política y más de 5 mil hectáreas de tierras gracias a la presión de grupos paramilitares. Incluso el hermano del Presidente, Santiago Uribe, fue acusado de delitos de lesa humanidad. Respecto a su caso, la Justicia informó que «se dictó un auto inhibitorio» y que «si en algún momento aparecen nuevas pruebas, se puede reiniciar la investigación».

Los grupos armados ilegales de extrema derecha, normalmente conocidos como paramilitares, son responsables de una gran cantidad de crímenes que entran dentro de la categoría de lesa humanidad [2] , enjuiciable ante la CPI. Los fiscales de Colombia que investigarán a los paramilitares desmovilizados han documentado unos 14 mil crímenes atribuidos a ellos. Son casos de ejecuciones, matanzas, torturas, desapariciones forzadas y expropiación de bienes, entre otros [3] . Estas actividades se han realizado de manera sistemática y su blanco principal han sido los movimientos sociales, organizaciones comunales y partidos políticos de izquierda. Además, entre 2002 cuando empezó el primer mandato de Uribe, y 2007, las ejecuciones extrajudiciales aumentaron en Colombia en un 65%. [4]

Precisamente en 2002 entró en funcionamiento la CPI, y pese a que Colombia realizó, por el artículo 124 del Estatuto de Roma [5] , una salvaguarda respecto de los crímenes de guerra [6] , todavía se pueden juzgar ante la CPI los miles de delitos de lesa humanidad llevados a cabo por los paramilitares.

De hecho la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), una ONG que reúne a 155 organizaciones en cerca de 100 países, ha introducido varias comunicaciones (en la prática estas funcionan como denuncias) ante la Fiscalía de la CPI para que investigue a los responsables de crímenes de lesa humanidad bajo su jurisdicción en Colombia.

Según la FIDH, la recientemente aprobada Ley de Justicia y Paz promovida por el gobierno de Uribe para desmantelar los grupos paramilitares es solamente una pantalla, pues en realidad con esta ley se está legitimando la impunidad de los crímenes cometidos y se trata de evadir la jurisdicción de la CPI, ya que sus mecanismos son complementarios a los nacionales de cada país y entran en funcionamiento solamente si el Estado no quiere o no puede enjuiciar por el mismo a quienes hayan cometido los crímenes para los que es competente la CPI [7] .

El Fiscal de la CPI, quien quizás esté esperando los resultados de la Ley de Justicia y Paz , lleva ya años en la fase de análisis preliminar de las comunicaciones enviadas sobre Colombia. Dados los estrechos lazos entre los paramilitares (de quienes hay pruebas de la imputación de delitos de lesa humanidad) y el gobierno y familia de Uribe, el futuro se presenta bastante oscuro para el actual presidente de Colombia; si la Ley de Justicia y Paz resulta ser efectiva acabará mezclado en delitos de lesa humanidad, y si ésta resulta ser un fiasco será la CPI quien entre a investigar el caso y Uribe acabará viéndose involucrado.

Sobre Venezuela ya hubo comunicaciones ante la CPI, pero estas fueron rápidamente inadmitidas por el Fiscal.

El miércoles 5 de marzo por la noche, durante una rueda de prensa conjunta con el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, Chávez expresó que quería presentarse ante la CPI, pero acompañado de Uribe. Chávez sabe que él tiene las manos limpias de sangre mientras que sobre Uribe pesan crímenes de lesa humanidad.



[1] Los nombres de estos congresistas son: Álvaro García Romero, Erick Julio Morris, Jairo Merlano, Álvaro Araújo Castro, Dieb Maloof, Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Miguel Alfonso de la Espriella, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes, José Santos Negrete, William Montes, Óscar Wilchez, Karelly Patricia Lara Vence, Luis Humberto Gómez Gallo, Ciro Ramírez, Luis Fernando Almario, Pompilio Avendaño y Dixon Tapasco y Enrique Emilio Ángel.

[2] El crimen de lesa humanidad se considerará «cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; (…) d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física; (…) f) Tortura; g) Violación; (…) h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos;(…) i) Desaparición forzada de personas; (…)k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física» Art. 7 del Estatuto de Roma.

[3] La ONG Centro de Investigación y Educación Popular documentó por medio de su Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política 14.476 crímenes de lesa humanidad perpetrados por los paramilitares. El estudio recoge 11.161 casos de personas ejecutadas, 1.869 desaparecidas y 164 torturadas.

[4] Según El Comité Noruego de Solidaridad con América Latina.

[5] El artículo 124 establece: «…al hacerse parte en el presente Estatuto, podrá declarar que, durante un período de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio…». Estas categorías establecidas en el artículo 8 son(como se dijo más arriba): genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión.

[6] «(…)A los efectos del presente Estatuto, se entiende por «crímenes de guerra»: a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber (…): i) El homicidio intencional; ii) La tortura o los tratos inhumanos (…); iii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud; iv) La destrucción y la apropiación de bienes (…); v) El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una Potencia enemiga; (…)vii) La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal;

viii) La toma de rehenes; b) Otras violaciones graves de las leyes (…)» Art. 8 Estatuto de Roma.

[7] Artículo 17 del Estatuto de Roma.

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