«Barrer de la arena pública a una pandilla de políticos ineptos e inmorales será siempre una obra santa, que debe aconsejarse al pueblo» Antonio Machado, Carta a José Ortega y Gasset (18-5-1914) A pesar de los desastrosos resultados económicos y sociales de su política neoliberal, el gobierno del PP sigue aplicando un listado oculto […]
será siempre una obra santa, que debe aconsejarse al pueblo»
Antonio Machado, Carta a José Ortega y Gasset (18-5-1914)
A pesar de los desastrosos resultados económicos y sociales de su política neoliberal, el gobierno del PP sigue aplicando un listado oculto de medidas que contradicen su programa electoral. Cegado por su mayoría absoluta en el parlamento y mecido por la edulcorada propaganda de los medios siempre dispuestos a apoyar al poder, en los últimos meses ha acelerado el ritmo, temiendo quizá no tener tiempo para acabar de hundir en la miseria a la mayoría de la sociedad española. Señalemos algunas de estas recientes medidas: fuerte aumento del IVA, amnistía fiscal a los defraudadores, contrarreforma de la enseñanza, introducción de medidas legales que favorecen los despidos colectivos en la Administración Pública, restricciones en el derecho al aborto, privatización inminente de AENA ─ primer operador aeroportuario del mundo─ ya prevista por el gobierno del PSOE, desarticulación y privatización de RENFE. Como coronación siniestra de esta política económica que nos recuerda la implantación del neoliberalismo llevada a cabo a sangre y fuego en América Latina por las dictaduras del Cono Sur, está la alarmante cifra de casi seis millones de parados, una parte de los cuales no percibe ningún tipo de ingresos. Pueden estar orgullosos de estos vergonzosos logros tanto el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, como su brazo derecho en el área económica, Luis de Guindos, exasesor del quebrado banco estadounidense de inversión Lehman Brothers, ideólogo de FAES y profesor de la universidad de Navarra, entre otros méritos.
La mentira como instrumento político
En una primera etapa, el lenguaje gubernamental se caracterizaba por su eufemismo, en un claro intento de encubrir la realidad. Así se nos hablaba de «rigidez del mercado laboral», de la falta de «competitividad» de nuestra economía, de la necesidad de «adelgazar el Estado», de la «solidez de nuestra banca» después de los exámenes a que habían sido sometidos, de la «austeridad» como condición para salir de la crisis, del inevitable «cumplimiento del déficit» al que consideraban la panacea a nuestros males, de la causa de la burbuja inmobiliaria debida según el PP a «haber vivido por encima de nuestras posibilidades».
No se atrevían a defender abiertamente el despido laboral más fácil y barato, los bajos salarios a semejanza de los países en desarrollo, la primacía de lo privado en detrimento de lo público. Tampoco deseaban reconocer la falta de liquidez de la banca y los inmensos beneficios obtenidos por empresas inmobiliarias y entidades de crédito a costa de una desenfrenada inversión en el ladrillo. Los sectores privilegiados que se han enriquecido como nunca y que han vivido durante largos años en el lujo más insolente defienden ahora a través del PP (como antes a través del PSOE con los ministros Boyer, Solchaga, Croissier, Solbes y Salgado) la «austeridad» para los de abajo, incluida la clase media.
Dando un paso adelante, envalentonados al no tener enfrente un bloque sólido de partidos, sindicatos y organizaciones sociales, los gobernantes del PP se burlan de los ciudadanos empleando las mentiras más groseras. Sirvan de muestra estos ejemplos:
─ «Son los presupuestos más sociales de la historia de la democracia española». Afirmación del ministro de hacienda, Cristóbal Montoro, en la presentación de los presupuestos para 2013.
─ «Estamos saliendo de la crisis: se ven señales esperanzadoras». Declaraciones de Fátima Báñez, ministra de empleo y seguridad social, tras conocerse los alarmantes datos del paro registrado.
─ «No es por afán recaudatorio». Justificación del nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, de la próxima imposición de un euro por receta médica.
Silenciar la protesta y criminalizar la rebeldía ciudadana
Los recortes económicos y las restricciones de los derechos sociales han provocado una profunda indignación popular de la que dan fe las continuas manifestaciones de los más variados sectores sociales (mineros, trabajadores de la industria, funcionarios, profesores y estudiantes, médicos y personal sanitario, jubilados, policías, bomberos, agricultores y ganaderos, etc.).
La gota que está colmando el vaso es el inmisericorde espectáculo de miles de familias que a diario son expulsadas de sus hogares en los desahucios promovidos por los bancos, algunos de ellos nacionalizados, los mismos que han recibido miles de millones de euros de ayuda estatal. El suicidio del librero granadino ante su inminente desahucio, comentado por Paco Puche en días pasados, deja al descubierto la miseria moral de un régimen que protege a los especuladores y defraudadores mientras pisotea los derechos más elementales de los ciudadanos, en especial de los más desprotegidos.
Ha aglutinado este malestar social el movimiento del 25S. Con su lema de «rodear el Congreso» lograron poner el foco de la protesta en la actitud de la mayoría de los diputados, cómplices con las medidas antipopulares dictadas por el gobierno. Parece que a sus señorías les disgusta aparecer así ante la opinión pública y hasta algunos de ellos intentan convencernos de que son ellos la voz del pueblo y que, por tanto, no procede que el pueblo mismo exprese a gritos en la calle su hartazgo de una política hecha a sus espaldas y sobre sus espaldas. La delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha hecho todo lo posible por criminalizar a los manifestantes. En un alarde de fuerza, desplegó alrededor del Congreso a 1500 policías en una concentración de 6000 manifestantes, según sus propios cálculos. Ahora anda muy callada ante la muerte por aplastamiento de cuatro jóvenes en el centro municipal del Madrid Arena. Según las fuentes más fiables, asistían a este megaconcierto unos 15000 jóvenes: según fuentes policiales, sólo 12 policías municipales vigilaban el recinto. Ésta es la doble vara de de medir de unos políticos que reducen las libertades de la ciudadanía a un mero problema de orden público y que no garantizan como debieran la seguridad en un recinto municipal. En su primera aparición ante los medios tras la tragedia, el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, exoneró de responsabilidad a la empresa organizadora del evento y transmitió la versión de ésta que, como se ha visto después, no reflejaba en absoluto la realidad.
Los medios predican la resignación ante el desastre actual. Los políticos próximos al poder se atreven a hablar con desvergüenza de «brotes verdes». La CEOE, en línea con el FMI, insiste en más recortes sociales y más privatizaciones. El PP prosigue mientras tanto su ciega política económica, temeroso de que los aires de fronda que están en el ambiente se conviertan de golpe en huracán.
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