Comprender lo que pasa en los territorios colombianos en un asunto un poco complejo y muchas veces es más fácil adquirir la versión oficial, la institucional, que intentar ver más allá de los conflictos presentes en las regiones más alejadas de las zonas urbanas.
El fin de semana pasado, el del 22 de febrero, iniciamos con el anuncio por parte del Ministerio de Defensa de un “gran ecocidio” (sí, el ministro de Defensa, no Ambiente, ni bomberos) por un incendio forestal de grandes proporciones que afectaba a una región aledaña al río de los Siete Colores en La Macarena y, para completar, según el ministro, a manos de “disidencias de las FARC” que intentando ejercer su hegemonía incendiaron el Parque (¿?).
A renglón seguido, informa que el incendio se da al tiempo que las Fuerzas Militares adelantaban la Operación Artemisa. Artemisa era reconocida como la diosa griega de la cacería y así tal vez estaba en las mentes de muchas colombianas y colombianos, hasta que algún “creativo” de las Fuerzas Militares colombianas creyó que nombrar así un operativo de exterminio y desalojo tiene algo que ver con aquella deidad helénica, hija de Zeus y sobrina de Apolo, que tenía por objeto mantener el equilibrio entre la vida salvaje y los seres humanos que cazaban como opción de sustento.
Artemisa había traído grandes resultados “contra la deforestación” en la Orinoquia a raíz de un despliegue de fuerza que como operativo viene desde abril del 2019 y sobre el cual muestran un resultado de más de cinco mil hectáreas “recuperadas de la deforestación”.
Pero al tiempo y durante el mismo fin de semana, empezaron a rotar por redes sociales y grupos de WhatsApp (que se han vuelto la única manera de romper la matriz de información) comunicados de denuncia de organizaciones campesinas (como la de la Asociación Campesina y Ambiental del Losada Guayabero ASCAL-G) que se asientan en La Macarena, la grave situación de violación de derechos humanos que se vivía por estos días a manos de las Fuerzas Militares, en el marco de Artemisa y que contaba al menos veinte capturas de madres y niños, así como ataques desde helicópteros a la población, contra viviendas y lugares donde varios cientos de campesinos se habían asentado, esperando que el Gobierno dejara de disparar y empezara a negociar con ellos.
“Los ataques se dieron mientras 300 campesinos y campesinas habitantes de Picachos y Tinigua en las veredas Caño San Juan y El Tapir se reunían para hablar sobre los hechos de violencia sucedidos el día anterior en la vereda El Rubí, cuando uniformados del Ejército ingresaron para desplazar a la comunidad de su territorio”. (Operativos antideforestación» sólo generan mayores tensiones y conflictos con las comunidades ASCAL-G).
El Estado del conflicto en los Parques Nacionales, particularmente en los que comprenden el Área de Manejo Especial de la Macarena -AMEM- (cuatro Parques Naturales Nacionales: Macarena, Picachos, Sumapaz y Tinigua, tres Distritos de Manejo Integrado, una serie de Reservas Forestales Protectoras, Resguardos Indígenas y Zonas de Reserva Campesina, entre otras) que con 3’871.790 hectáreas (Bogotá tiene 163.635 hectáreas, casi 24 veces la extensión del Distrito Capital) entraña un conflicto que va más allá de incendios forestales causados por “la disidencia” en el territorio donde se resguardan.
El ecocidio no es más que la punta del iceberg de un escenario donde se asientan centenares de familias campesinas que viven en estos lugares, algunos desde hace casi cinco décadas huyendo del conflicto y de la ausencia de tierras, la conflictiva convivencia con Parques Nacionales Naturales como única presencia estatal, el déficit de infraestructura mínima para la supervivencia de las comunidades campesinas, la ausencia de Estado como garante de derechos, la deforestación, el acaparamiento de tierras para monocultivos presente luego de la salida de las FARC, cultivos de uso ilícito, disidencias de FARC y ahora último un amplio operativo militar con la causa supuesta de la defensa de las reservas forestales.
Una despistada periodista de las mañanas de BluRadio asocia los incendios forestales que arden desde hace semanas en buena parte del país durante la temporada de sequía del inicio de año, con el papel de “las disidencias”. Esta es una fácil excusa de un país o, más bien, el fácil argumento de una dirigencia inepta que no ha sabido aprender a respetar al campesinado ni a la naturaleza, ni a entender que somos parte de un ambiente que no es un medio, sino que es nuestra casa, de la que hacemos parte.
No hay que olvidar que en las primeras inspecciones que adelantaron las comunidades en el Páramo de Sumapaz cuando iniciaba el incendio forestal que arrasó una importante área del territorio de la localidad 20 de Bogotá hace unos días, lo primero que se encontró fueron proyectiles y residuos de los pertrechos del Ejército que se asienta en este sector con su batallón de alta montaña.
El conflicto en la zona de La Macarena tiene varias décadas, pero se ha agudizado en los últimos años, luego del Acuerdo de Paz, pues con la salida de las FARC del territorio se han incrementado el acaparamiento, la tala de bosques y la deforestación.
Los campesinos en la zona llegaron hace casi cincuenta años y aunque a hoy el 90% de las tierras de La Macarena no están tituladas, gran parte de sus fincas fueron adquiridas en procesos de colonización patrocinados por el Incora y el Inderena de la época, quienes los financiaban si la colonización iba acompañada de la tala de árboles y la ganadería extensiva. Luego, en los setenta, al decretar los Parques Tinigua y Picachos y alinderarlos, no contaron con la presencia campesina en estas tierras ni mucho menos les informaron el carácter de reserva forestal que estas adquirían.
Hoy el conflicto se ha agravado y el Gobierno nacional no quiere escuchar a los habitantes originales de estos territorios, los campesinos. Los señala de delincuentes, deforestadores, narcotraficantes, amigos de la disidencia e incumple cualquier acuerdo previo como los logrados por quienes se acogieron al PNIS.
Este tratamiento de guerra contra el pueblo es el mismo que ha tenido el Gobierno contra los estudiantes que se movilizan, contra los profesores que exigen, contra los ciudadanos que paran y contra los exguerrilleros que exigen que se les respete su vida.
La Macarena está hoy en el objetivo de los acaparadores que quieren apropiarse de estas tierras olvidadas por la gran mayoría de los colombianos. Para esto han financiado entre otras cosas una nueva colonización con antiguos desplazados campesinos, a quienes desde las ciudades les han ofrecidos negocios para tumbar el bosque.
Como lo ha denunciado en anteriores ocasiones el senador Wilson Arias, el incendio puede verse como expresión de “la fiebre por la tierra”, pues los inversionistas extranjeros están interesados en la Amazonia y la Orinoquia colombiana.
En este sentido no hay que ver tan lejanas a Artemisa, el Plan Maestro de la Orinoquia y el extraño y nuevo espíritu antideforestación, que creará hasta un equipo especial de las Fuerzas Militares como parte de ese interés de “los inversionistas” de apropiarse de un pedazo más de nuestro país. Y no es difícil, si por ejemplo el 90% de estas tierras está sin titular y el Gobierno con sus armas saca a los campesinos que han resguardado el Parque durante muchos años y con un “espíritu ambiental” generará nueva normatividad para su legalización a manos de los nuevos inversionistas, de las petroleras, las multinacionales acaparadoras… Ahí está el negocio.