En la madrugada de este lunes, pasadas las doce de la mañana, hombres armados ingresaron al centro poblado de la vereda Santa Lucía, en Ituango, y asesinaron a Jesús Adán Mazo, excomandante de las milicias del Frente 18 de las FARC, quien se encontraba en proceso de reincorporación en esa zona del Norte de Antioquia. […]
En la madrugada de este lunes, pasadas las doce de la mañana, hombres armados ingresaron al centro poblado de la vereda Santa Lucía, en Ituango, y asesinaron a Jesús Adán Mazo, excomandante de las milicias del Frente 18 de las FARC, quien se encontraba en proceso de reincorporación en esa zona del Norte de Antioquia.
El hombre, más conocido como ‘Andrés Molina’, estaba durmiendo en una vivienda del lugar a la que, según voceros del movimiento Marcha Patriótica en Antioquia, se había trasladado hacia apenas dos noches, luego de abandonar el lugar donde residía habitualmente tras ser informado de que iban a atentar contra su vida.
De acuerdo con el relato de los hechos, los agresores tumbaron la puerta de la vivienda, sacaron a Mazo a la calle y le dispararon en tres ocasiones.
«Yo escuché los disparos. Como en la cantina había gente tomando licor pensé que habría alguna riña. Entonces me volví a dormir. Luego nos dimos cuenta que habían matado a ‘Molina'», relató un habitante del lugar quien pidió mantener su nombre en reserva.
Este asesinato ocurre en la zona principal de la vereda Santa Lucía, en la misma calle donde están ubicadas la escuela, la Biblioteca Móvil de Paz, una cantina y una panadería. Situación que aumenta el temor entre los pobladores de la vereda y los exguerrilleros en proceso de reincorporación.
Siendo exmiliciano, Juan Adán Mazo se encontraba en el centro poblado de la zona veredal de Santa Lucía y no en la zona campamentaria, dado que ésta fue destinada únicamente para los exguerrilleros, según el protocolo definido en el proceso de reincorporación.
De hecho, el asesinato de Mazo ocurre un día antes de que finalicen las zonas veredales transitorias que en adelante pasarán a llamarse Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.
Con este crimen ya son dos los integrantes del Frente 18 de las FARC en proceso de reincorporación asesinados en Ituango. La primera víctima fue Juan Fernando Amaya, quien fue hallado muerto el 12 de julio en el sector Chontaduro.
En aquella ocasión, refiriéndose a la seguridad, el alcalde de Ituango, Hernán Darío Álvarez, explicó que el municipio cuenta con 800 efectivos del Ejército Nacional, 150 de la Policía Nacional y un grupo de reacción inmediata de la Policía.
La Zona Veredal Transitoria de Santa Lucía, que alberga a 238 miembros de las FARC en proceso de reincorporación, cuenta con vigilancia del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, uniformados del Ejército y miembros de la Policía.
Aún así, dice el habitante de la vereda, «uno se cuestiona la seguridad. Uno ve aquí a la fuerza pública parada de ‘maniquí’, ni requisan a la gente, lo que hacen es pedirnos la cédula a los mismos que estamos acá, sabiendo que ya nos conocen».
En general, las condiciones de seguridad en Ituango son complicadas y continúan extendiéndose las vulneraciones a los derechos humanos. En la zona rural se expande la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) que vienen copando los territorios dejados por las FARC. Entre tanto en el área urbana, los problemas de microtráfico están afectando el derecho a la educación y ponen en riesgo a niños y jóvenes.
El contexto es preocupante
Una sucesión de hechos violentos, amenazas y desplazamientos hacen parte de la problemática de derechos humanos que sufre hoy el municipio de Ituango, donde además de la zona veredal transitoria de normalización, que implica acciones en seguridad e inversión social, la Gobernación de Antioquia instaló una Vicealcaldía de Paz, con la que pretende llevar la presencia del Estado y sus instituciones al territorio reforzando el apoyo al proceso de paz.
Lo que ha denunciado la Mesa de Derechos Humanos de Ituango desde diciembre de 2016 es que en la zona rural hombres armados estarían obligando a las personas a reunirse para establecer reglas comunitarias y pedir acceso a información detallada de los miembros de las Juntas de Acción Comunal.
En algunos casos, esos grupos paramilitares se estarían oponiendo al proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito y estarían amenazando a habitantes de la zona.
Las intimidaciones ya han generado desplazamientos forzados. En enero de este año 26 personas se desplazaron de la vereda El Cedral por amenazas de las Autodefensas Gaitanistas. En mayo, un profesor de la vereda Santa Rita, José Jamel Rodríguez, salió de la zona luego de recibir amenazas y sufrir un atentado a bala en su vivienda. Junto a él se fueron otros dos docentes atemorizados por la situación. A esto se suma el desplazamiento de cuatro mujeres del casco urbano ocurrido en junio, según denunció la mesa de derechos humanos.
Además de los desarraigos, entre el 17 de mayo y el 25 de junio se reportó el asesinato de tres personas, dos de ellas en el corregimiento Santa Rita y una en la cabecera municipal. En el mes de julio ocurrió el asesinato del integrante de las FARC, Juan Amaya, y ahora en agosto se reporta la muerte de Juan Adán Mazo.
Hace apenas dos semanas, el 1 de agosto, la rectora del colegio Pedro Nel Ospina, María Victoria Zapata Yepes, recibió una amenaza de muerte a través de un panfleto que llegó a su oficina en el casco urbano.
La intimidación ocurre luego de que la rectora denunciara a través del canal regional Teleantioquia, presuntos nexos de algunos miembros de la policía con las redes de microtráfico que delinquen en el territorio. La denuncia fue hecha el mismo día en que se presentó la Vicealcaldía de Paz para ese municipio.