La Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica Antioquia comunica y denuncia la situación humanitaria que viven las comunidades de las diferentes veredas del municipio de Briceño por la presencia paramilitar y amenaza latente en la zona que se materializó el asesinato de Víctor Jaramillo Moreno y Francisco Jaramillo Moreno en las últimas horas. En […]
La Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica Antioquia comunica y denuncia la situación humanitaria que viven las comunidades de las diferentes veredas del municipio de Briceño por la presencia paramilitar y amenaza latente en la zona que se materializó el asesinato de Víctor Jaramillo Moreno y Francisco Jaramillo Moreno en las últimas horas.
En una de las veredas del municipio de Briceño, es decir en el Orejón, se desarrolló el proyecto piloto de desminado humanitario producto de los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana -Cuba- entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional. El municipio de Briceño y sus diferentes veredas han sido a través de la historia escenario en el cual se ha desarrollado el conflicto armado, político y social, donde han hecho presencia diversos actores del conflicto y se han generado una gran cantidad de víctimas. Las diferentes veredas de Briceño han sufrido una sistemática falta de la presencia estatal, sufriendo de esta manera un recorte de derechos y una inexistencia de las garantías constitucionales. Desde hace ya algún tiempo, y debido a la falta de condiciones de infraestructura, de formación, de oportunidades y la presencia de actores ilegales; el cultivo de plantas de uso ilícito se ha constituido en parte importante de la economía de los hogares de las veredas del municipio de Briceño. En el mes de noviembre los campesinos cultivadores de coca realizaron un paro cívico con el fin de exigirle al gobierno una solución concertada a la siembra de cultivos de uso ilícito, ante las acciones unilaterales del gobierno que ponían en riesgo su forma de vida.
El pasado 1° de enero de 2016 desaparecieron dos hermanos, Víctor y Francisco Jaramillo Moreno, oriundos del municipio de Briceño, que vivían en las veredas La Vélez y La América respectivamente. Al día siguiente en horas de la tarde fueron encontrados sin vida en la vereda Las Auras de este mismo municipio. Los cuerpos sin vida presentaban impactos por armas de fuego; el lugar donde fueron hallados los cuerpos está a menos de un kilómetro de distancia de un puesto de control del Ejército Nacional, el Batallón de artillería #4, en el lugar conocido como Las Partidas de las Auras.
Según relatan los campesinos de la zona, la autoría del crimen es del grupo paramilitar conocido como «Los Urabeños» o «Clan Úsuga», quienes según los labriegos, no son combatidos por las autoridades que hacen presencia en la región. Es importante señalar que a pesar de que la Policía Nacional, en cabeza del teniente coronel Javier Guillermo Salazar, ha hecho declaraciones públicas, reproducidas por los medios de comunicación, en las cuales justifica la muerte de los campesinos al decir que tenían vínculos con el narcotráfico. Esto en contravía de la Constitución Nacional en su artículo 29, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, en los que se reconoce la presunción de inocencia hasta tanto no se declare judicialmente culpable a un individuo.
Por todo lo anterior se responsabiliza al Batallon de Artilleria #4 del Ejercito Nacional por los actos omisivos que permitieron el asesinato de dos campesinos a mil metros de un puesto de control. A la Policía Nacional por cualquier violación de derechos humanos que se pueda presentar a causa de sus declaraciones apresuradas y que violan los preceptos constitucionales. A las Fuerzas Armadas en general y al Ministerio de Defensa por el no reconocimiento de los grupos paramilitares ni su efectiva persecución y de todas las violaciones de derechos humanos que de ello se desprenden. Al Estado colombiano como único responsable de la garantía y protección de los derechos humanos. A las autoridades nacionales, departamentales y locales por cualquier situación que se pueda presentar luego de la promulgación de esta denuncia y de las respectivas acciones jurídicas que se emprendan.
Ante los hechos anteriormente narrados se exige al gobierno local y nacional llevar a cabo las medidas pertinentes para brindar las garantías y efectividad en el cumplimiento de los derechos humanos, el derecho a la vida, la integridad personal, el derecho a la protesta, a la asociación, al trabajo y demás garantías constitucionales. A la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General y a las autoridades pertinentes que se investiguen los hechos aquí denunciados y que se proceda al desarrollo de las acciones pertinentes para proteger los derechos constitucionales y los derechos humanos de los campesinos de las diferentes veredas del municipio de Briceño amenazados por el grupo paramilitar antes mencionado. A la Fiscalía General de la Nación que investiguen a los actores responsables de los hechos aquí denunciados.
Se solicita así mismo a los organismos internacionales encargados de velar por los derechos humanos intervenir con carácter urgente y exigir soluciones inmediatas al Estado colombiano. A la comunidad nacional e internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos el acompañamiento y atención a las situaciones de riesgo en las que se encuentran los campesinos del municipio de Briceño y que se pronuncien frente a la situación en la que se ven involucrados miembros de la Fuerza Pública que tienen atemorizada a la población.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article18439