En conferencia de prensa realizada el 7 de noviembre en el hogar de los padres de los hermanos Vergara Toledo, en Villa Francia, familiares denunciaron como un montaje mediático la información oficial que ha inculpado a ex lautaristas del asesinato del carabinero Moyano y alertaron acerca de que las vidas de las cuatro personas sindicadas […]
En conferencia de prensa realizada el 7 de noviembre en el hogar de los padres de los hermanos Vergara Toledo, en Villa Francia, familiares denunciaron como un montaje mediático la información oficial que ha inculpado a ex lautaristas del asesinato del carabinero Moyano y alertaron acerca de que las vidas de las cuatro personas sindicadas públicamente como delincuentes, corren peligro.
Poco después, el caso daba un vuelco, cuando el juez de garantía del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de uno de los inculpados ya detenido, reclamó competencia en el caso, que está actualmente en manos del juez militar Roberto Reveco, lo que probablemente deberá ser resuelto por la Corte Suprema y exigió por oficio ser informado sobre las condiciones de detención de dos de las personas supuestamente involucradas en el caso.
La denuncia sobre el montaje comunicacional la suscriben (textualmente) «ex prisioneros políticos y familiares de luchadores populares, luchadores anticapitalistas, ex prisioneros subversivos y familiares de ex prisioneros subversivos». Estuvieron presentes, entre otros, Freddy Fuentevilla, hermano de Cristián Fuentecilla (uno de los cuatro inculpados oficialmente) y Karina Aliste, hermana de Juan Aliste (acusado de dispararle a Moyano). Ella afirmó que «todo lo publicado respecto a los autores es un montaje», y agregó que «cuando vinieron a la casa, llegaron diciendo que mi hermano era un asesino y ejercieron presión sicológica sobre mi madre y mi hermana menor». Las otras personas cuyos rostros han aparecido en la prensa señalados por el fiscal militar Reveco como autores de los hechos ocurridos en el Banco Security el pasado 18 de octubre, son Carlos Gutiérrez Quiduleo y Marcelo Villarroel Sepúlveda.
La prensa obediente
Diversas fuentes habían venido señalando la falsedad de las informaciones publicadas por la prensa escrita, radio y la televisión y originadas en fuentes oficiales. Monseñor Baeza se encargó de aclarar que ninguno de los mencionados había sido indultado por el gobierno de Lagos. Por ejemplo, Marcelo Villarroel se acogió a beneficios carcelarios válidos para cualquier preso que hubiera cumplido 10 años de condena (ver en http://www.libertad.dm.cl/marcelov.htm cómo relata Marcelo su primera salida con libertad dominical.). Por otra parte, Cristián Fuentevilla, el día y hora del asalto se encontraba en clases en la sede Baquedano de Arcis Valparaíso, según ha aclarado públicamente Mario Sobarzo M., profesor de Ciencias Políticas Arcis, Valparaíso. «Sin embargo esto no le importó a esa lacaya de mediocres que tan fácilmente se pliegan a la miseria de la conservación de sus tristes puestos de trabajo», dijo el académico, agregando que la prensa no dijo nada sobre el modo en que se allanó la casa de los padres de los hermanos Fuentevilla, ancianos «que fueron despertados por las fuerzas represivas a patadas, con las que echaron abajo la puerta de su hogar. »
Asimismo el historiador Pedro Rosas, que sí fue indultado el 2004, aclaró en El Mostrador que Juan Aliste no fue objeto de indulto. «Él cumplió una condena y después salió en libertad. No fue objeto ni de indulto penitenciario, ni presidencial, ni de ningún beneficio de este tipo.» Sobre Marcelo Villarroel, expresó «Lo que yo sé es que él es miembro de una banda de música, es un chico que hace una actividad cultural sumamente noble, yo lo he conocido y la verdad es que veo poco compatible la actividades que realiza él, con ese tipo de acciones.»
Recuerdo de La Oficina
En la declaración dada a conocer en Villa Francia, se señala que el Ministerio del Interior necesita aparecer resolviendo algo luego de tantos fracasos y fiascos. Sostienen asimismo que el gobierno busca «preparar a la opinión pública en la línea de aceptar el aniquilamiento y la represión contra quienes luchan. Desde esas mismas oficinas y con los mismos personajes se preparó mediáticamente la puesta en escena que terminó con la ejecución de combatientes populares como Ariel Antonioletti y Norma Vergara».
Los firmantes denuncian como ejecutores de esta estrategia a Belisario Velasco, y al fiscal militar Roberto Reveco, que según Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara impidió durante 18 años que se hiciera justicia por el asesinato de Rafael y Eduardo, dos de sus hijos. Reveco fue funado tiempo atrás, por el rol que cumplió junto al ex Fiscal Torres amparando la tortura y vulneración de las normas del debido proceso durante la dictadura.
«Belisario Velasco y el general director de carabineros José Bernales pretenden asesinar a nuestros compañeros», denunciaron.
Sentencias sin juicio
Los familiares hicieron notar que aunque no se han mostrado pruebas que involucren a estas personas, «la sentencia ya está dictada. Así es como funciona esta democracia, expeditiva a la hora de reprimir a los anticapitalistas y encubridora cuando se trata de proteger a los criminales agentes del Estado.»
Llaman también la atención sobre el hecho de que los allanamientos y hostigamientos que han sufrido ellos también se realizan en territorio mapuche. Describen a los inculpados como «destacados militantes y luchadores anticapitalistas, presentes en mil luchas.» y agregan que estos han vivido con transparencia la experiencia de la tortura y la prisión, sin ser doblegados ni domesticados, concluyendo que ello «es inaceptable para los dueños del capital y un orgullo para los del mundo popular y del trabajo».
Recurso de amparo acogido
Sólo horas después de que se conociera esta denuncia pública, el caso tuvo un espectacular vuelco, cuando a raíz de un recurso de amparo presentado por la defensa de Víctor Jerez Reyes (apodado Danny De Vito en la campaña de prensa), uno de los dos detenidos por Investigaciones, el juez del Séptimo Juzgado de garantía de Santiago, Daniel Urrutia, pidió a la justicia militar que le entregue el caso. El juez además designó a un defensor público para el otro detenido, y exigió a la policía informar sobre las condiciones de detención e interrogatorio de los arrestados, sobre la base de las normas internacionales de derechos humanos. Eduardo Aguirre, abogado defensor de Gómez comentó la actuación del juez Urrutia indicando que ello ha permitido recobrar el estado de derecho (ver
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