Así no se pide perdón, Presidente: Iván Cepeda

Para Iván Cepeda, hijo del asesinado dirigente político Manuel Cepeda y electo representante a la Cámara, la declaración del presidente Uribe es inaceptable, debido a los «términos y el espíritu» con los que se pronunció el Mandatario luego de que se conociera la condena al Estado colombiano por el crimen del líder de la UP.

El pasado jueves, durante una rueda de prensa, el presidente Uribe pidió perdón por el asesinato Cepeda Vargas, quien fue ultimado el 9 de agosto 1994 por un grupo conformado por militares y paramilitares, pero el mandatario no quiso reconocer que el mismo fuera un crimen de estado.

Al respecto, Uribe dijo que pese a no conocer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su obligación era condenar ese tipo de hechos violentos, pero que él no podía «decir que el Estado asesinó al senador Cepeda o al uno o al otro, lo que sí puedo decir es que los asesinaron y que eso es muy grave y que eso no puede repetirse».

La Cidh condenó a Colombia por el asesinato de Cepeda Vargas y en uno de los apartes de la sentencia obliga al Estado colombiano a pedir perdón en un acto público en el Congreso de la República, con la presencia de los familiares del inmolado líder de la UP, y en ésta debe reconocer la responsabilidad del Estado por omisión en el crimen.

Pero, antes de realizarse este acto, el presidente Uribe pidió perdón a los familiares de Cepeda en una rueda de prensa, que no fue bien recibida por el hijo del político asesinado.

En una carta de cinco puntos, Cepeda rechazó las declaraciones del Presidente porque «en sus palabras no se hace el reconocimiento de la responsabilidad estatal por el crimen perpetrado el 9 de agosto de 1994 contra el senador Cepeda Vargas por integrantes del Ejército Nacional en complicidad con miembros de grupos paramilitares».

Para Cepeda, la declaración del Presidente no reúne las condiciones previstas en la sentencia de la Corte Interamericana, la cual ordena «que la petición de perdón debe realizarse en un acto solemne, ante las dos cámaras del Congreso de la República, con transmisión en directo por los medios de comunicación oficiales, en la fecha conmemorativa del asesinato, en presencia de los familiares del Senador y de los líderes sobrevivientes de la Unión Patriótica».

Por otro lado, el presidente Uribe señaló en la rueda de prensa que «no se puede implorar, exigir a la justicia internacional que obligue al Estado colombiano a pedir perdón y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones, proceder con odio a maltratar injustamente a compatriotas, a maltratar injustamente la honra de los gobiernos».

Sobre estas afirmaciones de Uribe, Cepeda considera que son «difamatorias» y «no toman en consideración que la sentencia del tribunal internacional determinó que en otras oportunidades usted incurrió en similares conductas que han violado el derecho al buen nombre de las víctimas en este caso».

El congresista electo insiste en que la petición de perdón requiere que se «admita sin ambigüedad la verdad de los hechos, la demostración de la voluntad para esclarecerlos y la enunciación de los destinatarios de la petición -nombrar a las víctimas y dirigirse específicamente a ellas-«.

Por último, Cepeda le recuerda al Presidente que su deber constitucional es acatar las decisiones de la justicia internacional. Y va más allá al señalarle que en el asesinato de su padre «le cabe responsabilidad personal» por «la creación de las empresas de seguridad Convivir, que usted lideró con entusiasmo, estimuló el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, el mismo grupo ilegal que asesinó al senador Cepeda en complicidad con miembros del Ejército Nacional».

El electo representante también señala que «uno de los presuntos autores de este crimen, el señor José Miguel Narváez, fue nombrado por usted subdirector del DAS y ha sido su colaborador cercano».

En la lectura de la Cidh, el Gobierno aceptó cumplir todos los puntos de la condena y se espera que en los próximos días los familiares de Cepeda acuerden la forma cómo se realizará esta ceremonia y el correspondiente pago de la indemnización que otorgó la Corte.

También hay expectativa por la exigencia de que el caso se reabra y se investige quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato. Por este crimen la justicia condenó a dos suboficiales del Ejército, pero la Cidh consideró que el mismo fue realizado por una alianza entre paramilitares y agentes del estado que todavía no han sido investigados.

El caso de Manuel Cepeda
Manuel Cepeda fue asesinado el 9 de agosto de 1994, luego de que fuera elegido senador por la Unión Patriótica para el periodo 1994-1998.
A las nueve de la mañana, cuando Cepeda se dirigía al Congreso de la República acompañado de su conductor y de su escolta, fue interceptado por varios individuos, entre ellos los sargentos del Ejército, Hernando Medina Camacho y Justo Gilberto Zúñiga Labrador, quienes hicieron varios disparos que impactaron en el vehículo y asesinaron a Cepeda.

Después de cinco años de investigaciones, un juez penal de Bogotá condenó en diciembre de 1999 a los militares a 43 años de prisión, como coautores del asesinato del Senador.

Posteriormente, el 10 de diciembre de 2008, el Consejo de Estado condenó a la Nación por omisión en la protección de Cepeda. Por esta razón, la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó el pago de indemnizaciones por perjuicios para el hijo, la esposa y la hermana de Cepeda, por un monto de 587 millones de pesos para cada uno, sumando además los 910,3 millones de pesos adicionales que tendrá que pagar el Estado por concepto de perjuicios materiales.

La condena de la Cidh
En un fallo histórico la Cidh también encontró responsable al Estado colombiano por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas.

La Corte ordenó al Estado colombiano pagar 330 mil dólares a los familiares de Manuel Cepeda por daños inmateriales y para cubrir los costos legales. El hijo del Senador dijo que «voy a entregar esos dineros a un fondo que hemos constituido para garantizar la educación de hijos y nietos de sobrevivientes de la Unión Patriótica».
Además dispuso que el Estado colombiano reconozca públicamente su responsabilidad en la falta de protección, el asesinato y por no garantizar que se investigara el crimen y que se hiciera justicia.

En su sentencia, la Cidh considera que el Estado violó los derechos a la vida, puesto que hubo un «patrón sistemático de violencia contra los miembros de la UP» y responsabilizó del mismo a agentes del Estado en una alianza con miembros del Ejército y grupos paramilitares. Además concluye que el Estado, en especial la justicia colombiana, no cumplió con su deber de investigar apropiadamente el crimen.

La reparación simbólica a la familia Cepeda
La Corte, no sólo obliga el Estado a pagarle una indemnización a la familia Cepeda, sino que también le ordena aceptar públicamente su responsabilidad por el asesinato del líder político.

Iván Cepeda declaró a los medios: «La sentencia ordena que se haga un acto de desagravio en el Congreso de la República, y que por boca del Presidente de la República se pida perdón públicamente por este hecho y también se reconozca la responsabilidad del Estado».

Además el Estado tiene que producir un documental sobre la vida de Cepeda como político y periodista del semanario comunista Voz, que deberá ser transmitido por el canal institucional y en un acto público en Bogotá, y además, hacer una publicación escrita sobre Cepeda.

También dicta que el Estado debe crear una beca, administrada por la Fundación Manuel Cepeda Vargas para un estudiante en periodismo en una universidad pública de Colombia.
La Cidh también condena el Estado a publicar en el diario oficial las principales conclusiones de la sentencia.

Sobre la indemnización económica, Iván Cepeda declaró que entregará «esos dineros a un fondo que hemos constituido para garantizar la educación de hijos y nietos de sobrevivientes de la Unión Patriótica».

Reproducimos a continuación el texto íntegro de la carta dirigida al Presidente Uribe y firmada por Iván Cepeda el 28 de junio:

Señor
Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República de Colombia
Ciudad

Señor Presidente de la República:

A raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuel Cepeda  vs. Colombia, usted formuló la semana pasada una declaración que presentó ante la opinión pública como una petición de perdón. Los términos y el espíritu en que se pronunció, nos llevan a considerar que dicha declaración es inaceptable. Su solicitud se constituye en un nuevo agravio
para las víctimas y desconoce los términos de la sentencia del tribunal interamericano.

1. En sus palabras no se hace el reconocimiento de la responsabilidad estatal por el crimen perpetrado el 9 de agosto de 1994 contra el senador Cepeda Vargas por integrantes del Ejército Nacional en complicidad con miembros de grupos paramilitares. Esa responsabilidad fue establecida nítidamente por la Corte Interamericana en los siguientes términos: «La Corte estima que la
responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del senador Cepeda Vargas no sólo se encuentra comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales, lo que constituye un crimen de carácter complejo, que debió ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las investigaciones, las que no han logrado establecer todos los vínculos entre los distintos perpetradores ni determinar a los autores intelectuales. La planeación y ejecución extrajudicial del senador Cepeda Vargas, así realizada, no habría podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de mandos superiores y jefes de esos grupos, pues respondió a una acción organizada de esos grupos, dentro de un contexto general de violencia contra la UP».

Con su declaración, usted desconoce esta sentencia y los fallos judiciales que se han adoptado en Colombia en el caso; pero además omite que el Gobierno Nacional reconoció la responsabilidad del Estado en este crimen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la propia Corte Interamericana.

2. Su declaración no reúne las condiciones previstas en la sentencia de la Corte Interamericana (párrafos 223 y 224) que ordena que la petición de perdón debe realizarse en un acto solemne, ante las dos cámaras del Congreso de la República, con transmisión en directo por los medios de comunicación oficiales, en la fecha conmemorativa del asesinato, en presencia de los familiares del
Senador y de los líderes sobrevivientes de la Unión Patriótica. La sentencia además explicita que el Gobierno Nacional debe pactar con las víctimas los detalles de dicha ceremonia.

3. Como es de su conocimiento, la petición de perdón en situaciones en las que se han cometido crímenes contra la humanidad es un acto solemne. Para que sea auténtico requiere que admita sin ambigüedad la verdad de los hechos, la demostración de la voluntad para esclarecerlos, la enunciación de los destinatarios de la petición -nombrar a las víctimas y dirigirse específicamente a
ellas-. Sólo se puede pedir perdón en forma veraz, señor Presidente, si se manifiesta públicamente la conciencia del daño que se ha causado y se asume el compromiso de no repetir en el futuro acciones similares. Ninguna de tales condiciones la cumple su declaración.

4. No obstante, el aspecto más deplorable de sus palabras es que no contienen una solicitud auténtica de perdón, y en realidad encubren un nuevo agravio a las víctimas, con expresiones tales como: «No se puede exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones»; «no se puede implorar, exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones, proceder con odio, a maltratar injustamente a compatriotas y la honra de los gobiernos»; «yo no entiendo que se pueda exigir pedir perdón, en nombre del odio» .

Estas afirmaciones difamatorias no toman en consideración que la sentencia del tribunal internacional determinó que en otras oportunidades usted incurrió en similares conductas que han violado el derecho al buen nombre de las víctimas en este caso (párrafos 205 a 209).

A través de la Cancillería, el Gobierno Nacional anunció su disposición de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Cepeda. Sin embargo, su actitud, señor Presidente, contradice abiertamente esa promesa. Su deber constitucional es acatar las decisiones de la justicia internacional. Pero además, debemos recordarle que en este caso le cabe responsabilidad personal.
La creación de las empresas de seguridad Convivir, que usted lideró con entusiasmo, estimuló el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, el mismo grupo ilegal que asesinó al senador Cepeda en complicidad con miembros del Ejército Nacional. Asimismo, es pertinente mencionar que uno de los presuntos autores de este crimen, el señor José Miguel Narváez, fue nombrado por usted subdirector del DAS y ha sido su colaborador cercano.

Sin otro particular, lo saludamos cordialmente.

Copia:
– Corte Interamericana de Derechos Humanos