«La magnitud del control que han adquirido a los grupos paramilitares sobre extensas regiones del país se ha convertido en un fenómeno dramático, con preocupantes implicaciones para el futuro nacional. Las autodefensas exhiben hoy una influencia que no es solo militar sino política, social, y económica. Tan profunda y tan extendida, que para muchos no […]
«La magnitud del control que han adquirido a los grupos paramilitares sobre extensas regiones del país se ha convertido en un fenómeno dramático, con preocupantes implicaciones para el futuro nacional. Las autodefensas exhiben hoy una influencia que no es solo militar sino política, social, y económica. Tan profunda y tan extendida, que para muchos no es resulta exagerado de hablar de una progresiva paramilitarización de Colombia».
Fueron las primeras frases de un editorial del diario El Tiempo que en varios sectores gubernamentales y del poder político colombiano causaron gran malestar. No era para extrañarse ya que en el congreso colombiano, el 35 por ciento es controlado por los paramilitares, según ellos mismos.
La modalidad de obtener semejante poder es ejercer el terror, erradicar físicamente a toda oposición popular. Pero no ha sido posible sin la participación o la omisión del estado colombiano.
En el mes de mayo Medellín fue una ilustración de cómo el poder paramilitar ha cobrado dimensiones que ese día sacudió la sociedad colombiana. El jefe narcoparamilitar «Don Berna» iba a ser detenido por ser sindicado por la fiscalía de haber ordenado el asesinato de un diputado liberal en el departamento de Córdoba, solo a unos kilómetros del lugar en donde se negocia el futuro de cuatro millones de hectáreas cuyos dueños son los once jefes paramilitares que están en la mesa de negociación con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Por eso paró Medellín en un-dos-por-tres. Ninguno de los transportistas sabían porqué Medellín se paró pero que si, la orden había llegado «de un grupo ilegal». Sobra decir de quien.
El mismo proceso que Medellín pasó los últimos diez años se esta viviendo en Bogotá.
Los «reinsertados» paramilitares y los activos están creando redes y una estructura paramilitar en gran parte de la capital colombiana. Dos de estas localidades son Ciudad Bolívar y Alto de Cazuca, en el sur de Bogota, anteriormente bastiones de la guerrilla colombiana.
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Llegan con guantes blancos. Son los verdugos y si los ves con esos guantes sabes que ya han venido para matar.
Son más de 600 los que han sido asesinados desde 2003, solamente en la localidad de Cazuca que tiene 40.000 habitantes en 43 barrios ubicado en el municipio de Soacha.
Su vecino es Ciudad Bolívar con más de 700.000 habitantes. Casi cada noche es asesinado un joven, porque ser joven es equivalente de ser miliciano guerrillero o ‘pandillero’.
En el lujoso Hotel Tequendama, curiosamente propiedad del ejército colombiano la organización de derechos humanos Justicia y Paz, ha convocado a una rueda de prensa que llena el gran local con más de 200 personas. Habla un representante franciscano de Ciudad Bolívar.
«En la localidad 19 de la Ciudad Bolívar 2004 ante la inmensa pobreza y la amenaza de los paramilitares el gobierno declara a diez barrios de alto riesgo. En mi Ciudad Bolívar existe una extraña y sádica forma de ver y entender la vida. Para la población de mi Ciudad Bolívar se ha vuelto normal que a los jóvenes que aparecen con problemas de adicción, indocumentados o por el simple hecho de ser jóvenes los hagan correr esposados delante de una moto delante de la policía con el temor de ser atropellado por esta.»
«Se ha vuelto normal que a los jóvenes se les golpean en cualquier CAI (puesto de policía), o se les amarren esposados al asta de la bandera nacional expuestos al escarnio publico.»
Dice el dirigente religioso con un marcado tono de tristeza en su voz.
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El gobierno del presidente Álvaro Uribe lo niega.
«Aquí no hay estructura para (militar)», declaró categóricamente Juan David Ángel director por el Programa de Reinserción de los grupos armados del Ministerio del Interior y de Justicia el 11 de mayo del 2005 para el diario El Tiempo.
La alcaldía de Bogota bajo el ex comunista (ahora socialdemócrata) Lucho Garzón no dice absolutamente nada pero llama a la gente de Ciudad Bolívar y Cazuca a tener confianza en las fuerzas militares y policiales y instala dos bases militares más en las dos localidades de Bogotá. Estos centenares de barrios necesitan inversiones sociales y sobre todo, fuentes de trabajo en vez de presupuesto militar que no genera ni trabajo ni bienestar sino una sociedad de miedo y de terror estatal, como expresa el dirigente franciscano.
¿¡Y como es posible gastar millones de dólares en más pie de guerra cuando un problema y derecho humano tan esencial como el derecho a la fuente de la vida, el agua, solo llega cada doce (12) días a la localidad de Cazuca!? donde han sido asesinados más de 600 jóvenes desde 2003.
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Para ver y conocer el tema más al fondo me fui a Cazuca con dos periodistas y guiados por funcionarios de la organización Justicia y Paz, dirigida por la Doctora Liliana Solano y el padre jesuita Javier Giraldo. Dos de de mis guías hacen trabajo comunitario con los niños en Cazuca y me preguntan «¿Cuántos años crees tienen esas niñas»? y me indican tres niñas que calculo tienen más o menos 5-6 años.
«Tienen 9 años y están, como la mayoría de los niños y jóvenes en Cazuca muy desnutridos», me responden y me dejan perplejos ante el hecho de que estas niñas deberían tener por lo menos 15 centímetros más de altura y talvez 10-15 kilos más de peso.
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Los graffiti avisan la muerte. Y los que no existen, según Juan David Ángel, el encargado de Uribe, si existen, según los que viven en esos 40 barrios que el señor «Ángel» jamás alguna vez ha vivido en su ilustre infancia de la oligarquía antioqueña, rodeado de lujo, padres adinerados que lo colocaron en las mejores y más caras escuelas, colegios y universidades que tiene Colombia. Jamás se acostó en la noche, como las tres niñas y miles de otros niños en Cazuca y Ciudad Bolívar, con el estómago gritando y pidiendo un plato de arroz con huevo.
El crecimiento del señor Ángel fue más que normal. Para el emisario de Uribe, igual como todo los personajes que rodean al presidente de «Gran corazón y mano dura», la vida de Cazuca es algo extraño, casi folclórico pero que le toca de negar cualquier tipo de actividad paramilitar en la zona que puedan cruzar los planes del presidente en su política de «seguridad democrática» y de «reinserción paramilitar».
Basta de problemas que han causado periodistas atrevidos e investigadores que han desenmascarado los nexos para-estatales con los once jefes paramilitares que negocian su suerte en Santa Fe de Ralito. Allá no tiene ni tendrá una agenda política como la guerrilla sino solamente cómo se quedarán con la mayoría de las cuatro millones de hectáreas y la gran influencia política que ahora poseen y ejercen en Colombia. Olvídense una propuesta de reforma agraria como fue el segundo punto en los doce puntos de la agenda en el proceso de paz FARC-Pastrana en la zona del despeje 1999-febrero, 2002.
Pero los habitantes de Cazuca no entienden mucho de la «carreta» del representante uribista que dice que no hay estructura paramilitar en Bogota.
«No se puede salir por la tarde y nos toca acostarnos a las 8 de la noche y en donde todo tiene que estar apagado. Todos tenemos miedo de salir a la calle»
Lo dice una joven madre de 25 anos con dos hijos que tiene el coraje de hablar con nosotros, cosa peligrosa entre los aterrorizados pobladores. Esta lloviendo fuerte y el frío en los altos de Cazuca es cruel. La pobreza brilla en cada calle y esquina. Niños con gripa, desnutridos en estas localidades donde 90 por ciento de la gente pertenecen a los estratos 1 y 2, es decir, viven en la extrema pobreza.
Contrasta con la militarización que notamos cuando desviamos de la autopista sur donde hay tropa contraguerrillera apostada cada 30 metros y en donde entramos al barrio Julio Rincón, un legendario barrio construido por Provivienda, organización barrial del Partido Comunista Colombiano, PCC.
Esta organización ha construido más de 250 barrios en toda Colombia, legendaria por la toma de terreno en el pleno centro de Bogota en la semana santa el 1966 donde la gente sin techo se vieron obligados a recorrer la última alternativa que tenían; ocupar para legalizar un terruño seis cuadras de la presidencia.
Y resistieron la brutal contra-agresión estatal, mujeres obreras tirando baldes de agua hirviendo a la policía antimotines que venia ese viernes largo de la semana santa. Fue y es un bastión roja del PCC desde esa época, dirigida por el legendario líder Mario Upegui, ahora alcalde por en la localidad de San Juan de Sumapaz.
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Para la mujer en Cazuca no hay duda ninguna que los asesinos de sus barrios son los paramilitares. Para ella no cabe la menor duda que lo que existe es una estructura paramilitar.
«Hace poco mataron como a diez ahí abajo», dice e indica donde. «Pueden llegar en cualquier momento y sacarte de la casa y matarte», agrega.
¿Y la policía, pregunta la colega del Noticiero Uno?
«La policía viene cuando han pasado las cosas, ¿y para que?», dice resignada la mujer.
El papel de la policía y el ejército en el sur de Bogotá despierta muchas inquietudes. Según un informe confidencial que un funcionario de la alcaldía de Lucho Garzón me facilitó, se ve un hilo común con lo de la militarización de los barrios altos de Ciudad Bolívar y de la localidad de Cazuca: El nexo para-estatal.
Es decir; donde han llegado las fuerzas militares-policiales ahí han llegado también los paramilitares con un dramático aumento de los homicidios de jóvenes.
Dice el informe «Ciudad Bolívar información de seguridad»:
«El 1 de abril del 2004 se instaló la Fuerza de Tarea de la Brigada XIII del Ejercito Nacional en Sierra Morena. El 1 de junio del 2004 el Cuerpo Élite de Acción contra el delito de la Policía Metropolitana entró en funcionamiento»
Las cifras que muestra este informe desenmascara al fondo la «política de seguridad democrática» de Álvaro Uribe, intentando de convencer a la población colombiana, que entre más uniformados más seguridad personal. Cuando es lo contrario en el sur de Bogota.
Porque en el 2003 fueron asesinados 48, cifras que aumentaron a 63 personas los tres primeros meses el 2004. Los tres primeros meses del 2005, es decir bajo la «protección» de la FF.MM. en Ciudad Bolívar fueron asesinados nada menos que 87 jóvenes.
El informe interno de Lucho Garzón espanta:
«El 2005 es el trimestre más violento desde 1997 cuando se registraron 91 homicidios», dice y se refiere a una época en cuando la policía fue acusada por asesinar indiscriminadamente a la juventud en Ciudad Bolívar, acusada por ser «auxiliadores a la guerrilla» o ser simples delincuentes.
Cuando el responsable, un coronel de la policía nacional, interrogado por los congresistas en octubre del 2004 se defendía diciendo que los homicidios son simples ajusticiamientos entre pandillas juveniles y que no existe para nada estructuras paramilitares.
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En audiencias públicas ante representantes de derechos humanos de la alcaldía de Garzón, habitantes han dicho abiertamente que los paramilitares patrullan abiertamente en la calles de Ciudad Bolívar y de Cazuca con el aval de la policía. También hay testigos y testimonios que acusan la misma policía de ponerse el brazalete «AUC» (sigla paramilitar) y ahí salen a asesinar a jóvenes.
Mientras el encargado de Uribe niega todo tipo de redes paramilitares en Bogota, la Defensoría del Pueblo, según el mencionado informe de la alcaldía, habla abiertamente de la presencia paramilitar:
«Con la implantación del paramilitarismo se incrementaron las muertes violentas. (…) Se tiene conocimiento de que en los barrios Casa Loma y el Oasis están los principales asentamientos paramilitares que operan en altos de Cazuca».
Y es donde estamos ahora, solo unos doscientos metros de la base del ejército, rodeada de trincheras y sacos verdes de arena como si fuera una guerra abierta en contra de la población desarmada.
Y la mujer que entrevistamos nos dice que la población vive prácticamente en un toque de queda permanente, obligada de acostarse a las 8 de la noche por los paramilitares que patrullan libremente por las calles de Cazuca, a pesar de la militarización estatal.
¿Cómo es posible, tan cerca del corazón de la república y los medios no hurguen en una historia que cada vez me parece más sucia y en donde el estado colombiano esta involucrado en el proyecto paramilitar?
Y para colmo cuenta la mujer en Cazuca, que hace un mes sobrevoló un avión paramilitar que regó toda Cazuca con panfletos de fuertes amenazas a la población. Agrega que en Cazuca la policía nunca ha detenido a alguno de los paramilitares.
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Pero si, ha sido detenida una persona acusada de ser uno de las más sangrientas, responsable de haber asesinado a 37 personas.
Jaime Andrés Marulanda o alias «El Chiquitín», fue acusado por el fiscal de haber asesinado a 37 personas en Cazuca entre abril-noviembre del 2002. Según El Tiempo del 7 de noviembre del 2004, «El Chiquitín» recibió una lista de uno de los jefes paramilitares del Bloque Capital de los paramilitares a las personas que tendría que asesinar. Por cada muerto el jefe paraco le pagó 400.000 pesos (160 dólares). La confesión del «El Chiquitín» el 29 de octubre del 2004 deja desnudado al gobierno de Álvaro Uribe que sostiene que en Bogota no existe la red paramilitar.
Primero «El Chiquitín» causó casi unos preinfartos entre los jueces y personas presentes cuando dijo:
«El fiscal me acepta cargos por 37 (asesinatos), cuando yo le informé que son 137. ¿No me explico por qué? ¡Yo maté a 137 personas»!
Y así fue el intercambio de preguntas y respuestas:
«¿A qué organización pertenece»? preguntó la jueza.
– Al Bloque Capital (de las AUC).
¿Dónde operaba?
– En Altos de Cazuca.
¿Era el jefe?
– No. Era un colaborador, un patrullero de la AUC.
¿Qué otras personas trabajaban con Usted?
– Éramos varios. No los puedo identificar porque nos rotaban mucho.
¿Quién más esta vinculado?
– ¡Doctora! Si yo me pongo a hablar de todo lo que pasó allá, aquí caería gente ¡que ni se imagina!
A «El Chiquitín» le sentenciaron a 28 años de cárcel pero después de su detención han sido asesinadas 600 personas más, materializando así la red y el proyecto paramilitar para Bogotá.
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Cuando a «Don Berna» o «Adolfo Paz», llamado «Inspector Nacional de las AUC», fue buscado y acusado de haber asesinado uno de los diputados de la asamblea departamental de Córdoba, éste, o las AUC, paralizó en cuestión de segundos a la segunda ciudad de Colombia, Medellín. Fue como una advertencia del impresionante poder que ha logrado ocupar este grupo que fue creado por el estado y financiado por el narcotráfico convirtiéndose en escuadrones de la muerte en un genocidio político a todo lo que olía oposición popular o de izquierda en Colombia.
Están manchadas de sangre sus manos y las tierras de departamentos enteros han sido regadas por la sangre derramada de campesinos, sindicalistas y gente desplazada. Es un monstruo que el estado en cierta forma ahora ha perdido el control. El congresista Gustavo Petro sostiene que en realidad es el presidente Álvaro Uribe Vélez que es el rehén de los paramilitares para poder ser reelegido el próximo año. Sin el aval de los «paracos» Uribe esta muerto políticamente. «Todos los Uribistas no son paramilitares pero si, todos los paramilitares si son Uribistas», resumía un escritor y periodista francés en el diario Le Monde.
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Suena como la ironía de la vida, pero los grupos de asesinos que fueron creados como matones a las clases sociales que representa Uribe, ahora son acusados de haber copado más de 4,4 millones de hectáreas de sus antiguos patrones, más de los tres millones de campesinos desplazados por los paramilitares y terratenientes colombianos.
En Cazuca sigue la lluvia y la gente tiene frío. Dice la mujer que la ola de asesinatos sigue y que «los paramilitares tienen una lista de 150 personas que van a matar.»
Otra ironía de la vida es el «puesto de la ONU» en Cazuca para la población afectada por la guerra sucia. La casa de dos pisos, blanca, bonita y moderna fue inaugurada con bombo y platillo poniendo atención, por lo menos al show mediático en ese momento, a la población desplazada que huyó de los paramilitares o los soldados del ejército alguna vez. Pero la ONU en Colombia no tiene presupuesto dice la gente en Cazuca para mantener la casa abierta en esta localidad a pesar del catástrofe humana y la ola de asesinatos.
Y la «ironía» es que los ilustres funcionarios de la ONU en Colombia, entre ellos mi compatriota Mikael Fruhling, director de la oficina de la ONU por los derechos humanos en Bogota, tiene su sede en el Hotel Radison en la Calle 116 que es del «Estrato 6», es decir, el estrato más caro de Colombia con un arriendo que podría financiar el trabajo de la casa en Cazuca más de cien años.
Para los que sufren de asesinatos, frío, la falta de agua y el hambre en el sur de Bogota, les toca a esperar para que abren la casa que en su vitrina tiene un afiche de la ONU que dice: «PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA PARA EL DESPLAZAMIENTO FORZADO», firmado por ACNUR, organismo de la ONU.»
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¿Porqué un proyecto paramilitar en el sur de Bogota»? Pues lo mismo como en Medellín; tener un control de la población bajo el terror.
La Defensoría del Pueblo, que es citado por Justicia y Paz, precisa que históricamente las Milicias del Frente Antonio Nariño de las FARC han estado en Ciudad Bolívar, «lo que ha generado procesos de simpatía y convivencia con los pobladores de la localidad» 1).
Desde 2001-2003 la guerrilla y El Bloque Capital de los paramilitares, apoyados por el estado, según varios informes, disputaron el territorio en Ciudad Bolívar. «En octubre ese año (2003) se repliegan las milicias urbanas Antonio Nariño», agrega La Defensoría del Pueblo.
En Bogotá ha pasado lo mismo como en Medellín, donde las fuerzas militares han entrado y han «limpiado» los barrios de la guerrilla que ha hecho un repliegue táctico. Tiempo después los barrios son entregados por las FF.MM. al poder paramilitar.
El caso más conocido fue la batalla en «La Comuna 13» en Medellín en octubre 2003, en donde el ejército y la aviación después de más de 48 horas de duros combates, donde fueron bombardeadas y ametralladas casas humildes, la Comuna 13 fue entregada invisiblemente al control de «Don Berna» y las AUC. Así ha ocurrido con la mayoría de los barrios en Medellín. Por eso el control es total y el transporte fue una «presa fácil» de parar en cuestión de segundos cuando el estado amenazó de detener a Don Berna por el asesinato del diputado liberal en Córdoba.
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Mientras las fuerzas militares bajo el mando del presidente Uribe logran detener miles de supuestos guerrilleros en sus famosas «pescas masivas», las detenciones de paramilitares en Cazuca y Ciudad Bolívar son contadas en las dos manos. El caso de «El Chiquitín» fue una excepción pero que tuvo su explicación en la novia de él que no aguantó las terribles y sádicas matanzas y por eso lo denunció ante la fiscalía. Pero no fue una obra de la policía de esta localidad.
La Justicia y Paz en un documento llamado «Asesinato de jóvenes en Cazuca y Ciudad Bolívar» termina diciendo que «en los lugares del país donde se ejerce el control paramilitar, este es ejercido mediante el puro terror y está muy avanzado el proceso de dominio de la sociedad que combina la presencia armada con el férreo control de la comunidad. Es una situación extremadamente grave y es muy claro en Cazuca y Ciudad Bolívar que son ellos que tienen el poder».
«Es evidente con lo ocurrido en Barrancabermeja, Cúcuta y otras partes del país, es que el paramilitarismo, luego de controlar un territorio y sus pobladores, continua hacia el control económico y político, accediendo a este último con el control de las elecciones y los votantes».
Es ese «control de las elecciones y los votantes» en que el señor Álvaro Uribe Vélez se basa en las elecciones del 2006. Y es irónico creer, que habrá «garantías electorales» en un país donde la motosierra y el machete reina.
Nota:
1) Defensoría delegada para la evaluación del riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado, informe de riesgo 013 de Marzo del 2004.