Los escándalos de corrupción político-empresarial -que saltaron con estridencia durante 2014 para inscribirse como una materia permanente y cotidiana en la agenda pública-, además de sumar antecedentes y confirmar con claridad palmaria las sospechas de la comunidad respecto de sus representantes políticos se expanden y agravan. Los traspasos financieros ilegales no han sido sólo para […]
Los escándalos de corrupción político-empresarial -que saltaron con estridencia durante 2014 para inscribirse como una materia permanente y cotidiana en la agenda pública-, además de sumar antecedentes y confirmar con claridad palmaria las sospechas de la comunidad respecto de sus representantes políticos se expanden y agravan. Los traspasos financieros ilegales no han sido sólo para financiar las campañas legislativas, sino también para amañar leyes, como queda cada vez mejor demostrado con los nuevos antecedentes del caso Corpesca y la incidencia de esta empresa en la aprobación de la Ley de Pesca a través del pago y arriendo de parlamentarios.
La semana pasada el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a Corpesca, empresa controlada por el grupo económico Angelini, como persona jurídica. En la investigación, el Ministerio Público busca responsabilidades de la pesquera por no haber impedido el pago de sobornos por parte de Francisco Mujica, ex gerente de la empresa, al senador de la UDI (hoy desaforado) Jaime Orpis y a la ex diputada (independiente de derecha) Marta Isasi, ambos procesados por cohecho. Entre las posibles sanciones que podría recibir la empresa de Angelini están, según explicó el fiscal Julio Contardo, «desde la multa a la disolución, pasando por la pérdida de determinados beneficios como la imposibilidad de celebrar, por ejemplo, contratos con el Estado». Para Contardo, que reemplazó al fiscal Emiliano Arias tras su remoción por parte del Fiscal Nacional Jorge Abbott, «lo que pretende la legislación actual es impedir que al interior de las empresas sus representantes legales puedan desarrollar actividades delictivas, por ejemplo soborno, desviando capitales de la empresa al financiamiento de políticos en la labor legislativa».
El daño, sin embargo, ya está hecho. Y trasciende las actividades políticas y empresariales. El perjuicio es de tal magnitud que abarca, además de la institucionalidad política y económica, aspectos fundamentales que van desde un daño profundo a la confianza en las instituciones públicas y privadas, a la pérdida irreversible de recursos naturales pesqueros, así como a un menoscabo de la soberanía alimentaria. Un conjunto de perjuicios al que es necesario sumarle el golpe económico a las pesquerías artesanales y a las economías y formas de vida tradicionales. En este proceso de evidentes y masivos despojos, hay muy pocos ganadores, entre ellos Corpesca, otras pesqueras industriales en la mira de los investigadores, y desvergonzados parlamentarios.
Bajo esta mirada, es necesario poner el freno y derogar o reformular la Ley de Pesca aprobada y promulgada durante el gobierno de Sebastián Piñera. Así lo plantean los pescadores artesanales, organizaciones de la sociedad civil y también el abogado querellante Matías Ramírez: «Esto acredita una vez más que en la génesis de este proyecto de ley hubo actos de corrupción y, por ende, se hace necesaria la nulidad de este cuerpo normativo».
La Fiscalía ha establecido y ratificado hechos que ya circulaban desde hace más de un año, pero que toman a partir de ahora una mayor densidad y realidad. Ya no hay dudas de que desde Corpesca se sobornó a los citados parlamentarios durante la tramitación de la Ley de Pesca con 231 millones de pesos, de los cuales 176 millones llegaron a Orpis y 55 millones a Marta Isasi.
UN MAPA DE LA CORRUPCION
Estamos en presencia de un proceso, en la configuración de un mapa en el que Corpesca es sólo una parte más al lado de empresas como Penta, SQM y otras sociedades en la mira de las investigaciones. En este amplio diseño de la corrupción, sin embargo, la Ley de Pesca ha tenido un peso especial. No sólo como expresión del deterioro de la política y la empresa privada, sino por sus nocivos efectos sobre los espacios sociales y económicos ya citados.
Es así como durante el proceso de formalización de Corpesca la Coordinadora Social por la Defensa del Mar y los Derechos Populares desplegó un lienzo contra la pesquera y el ex ministro de Economía Pablo Longueira, hoy procesado por el caso SQM. Se pedía la anulación de la Ley de Pesca. Voceros de la Coordinadora dijeron que la formalización de Corpesca se enmarca en un proceso mayor, por lo cual «debe tener consecuencias sobre las 16 grandes empresas pesqueras actualmente investigadas, como Sonapesca, Asipnor, Asipes y Fipes». Una dinámica judicial que debiera tender al desmantelamiento de la Ley de Pesca, demanda creciente de pescadores artesanales y otras organizaciones de la sociedad civil que ha sido abiertamente rechazada por el gobierno y los legisladores.
Juan Carlos Cárdenas, del Centro Ecoceanos, denunció en esa oportunidad las evasivas y trucos del gobierno para no enfrentar las demandas que buscan la eliminación de este proyecto aprobado tras presiones y sobornos. «Ante los avances de la investigación de la Fiscalía y la creciente presión social, La Moneda y el subsecretario de Pesca intentan utilizar a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para presentar ahora en octubre una fraudulenta ‘revisión’ de esta ley, con el fin de efectuar modificaciones secundarias y populistas, sin alterar la entrega gratuita y a perpetuidad de los derechos de acceso y uso de los peces del mar chileno a siete clanes familiares que controlan la pesca y salmonicultura en Chile».
Corpesca sobornó a parlamentarios de derecha de regiones del norte del país. Pero las investigaciones están abriendo nuevos focos de corrupción pesquera en otras latitudes. En la investigación que realiza la Fiscalía del Bío Bío han aparecido los nombres de dos parlamentarios de la Nueva Mayoría, el PPD Cristián Campos y la socialista Clemira Pacheco, ambos de la región del Bío Bío. El fiscal Julio Contardo ha solicitado a Google que no borre los correos electrónicos entre la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío-Bío (Asipes) y estos parlamentarios. Contardo dijo que «las referidas comunicaciones tienen lugar tanto con ocasión de la tramitación de la Ley de Pesca como en las etapas previas a la presentación del proyecto; y por cierto, a propósito de otras iniciativas legislativas que impactan en la actividad», consignó un matutino del duopolio.
El proceso sigue y se ensancha. El mismo fiscal ha buscado vínculos entre el ex gerente de Corpesca, el procesado Francisco Mujica, con el imputado en este mismo proceso Luis Felipe Mondaca de Asipes sobre la tramitación de la Ley de Pesca. En las investigaciones los vínculos con pesqueras también han llegado al ex senador DC del Bío Bío Hosain Sabag, imputado igual que el dirigente de Asipes.
Otra arista sigue más al sur y hacia el fondo de la DC, con investigaciones contra Fipes (la agrupación de empresas de pesca austral) que indaga pagos solicitados a un empresario por el senador DC Patricio Walker en beneficio del ex dirigente pesquero y hoy diputado Iván Fuentes. En agosto la PDI allanó las oficinas de siete empresas vinculadas a la actividad pesquera, Orizon S.A, Coloso S.A, Blumar S.A, Grimar S.A, Landes S.A, Bahía Coronel S.A y Alimentos del Mar S.A, para buscar nuevos antecedentes.
DEPREDACION Y
CONCENTRACION ECONOMICA
La Ley de Pesca, o Ley Longueira, es el fin de un proceso de depredación y concentración económica iniciado durante la transición y reforzado en el gobierno de Ricardo Lagos. Es la aplicación de la concepción neoliberal más extrema, presente en las áreas mineras, forestal, banca o retail , a la pesca. Su vigencia en estos quince años ha hecho desaparecer especies, eliminado a los actores más débiles del mercado y concentrado un negocio de más de seis mil millones de dólares por exportaciones anuales en siete grandes sociedades. Entre ellas, Corpesca tiene la mayor tajada, con el 51 por ciento del mercado.
La Ley de Pesca, cuyos criterios no difieren en mucho de los que han llevado a la creación de las abusadoras Isapres, de la educación con fines de lucro, de la banca usurera, y de los oligopolios en la mayoría de los sectores de la economía -desde las farmacias a los supermercados-, recoge la idea que el fin primordial y último de cualquier actividad productiva es generar riqueza financiera.
El sector pesquero ha asimilado muy bien esta premisa. No solo es un negocio de miles de millones de dólares anuales, sino que también reproduce la misma estructura de las otras áreas de la economía chilena: el 90 por ciento de esta actividad está en manos de muy pocos grupos económicos, lo que la prensa ha llamado las siete familias.
¿Cómo se ha llegado a esta irracionalidad, considerando que hablamos de un recurso natural, libre, que debiera pertenecer a todos los chilenos? Tras un sistema de libertad total, que favoreció a las grandes compañías y condujo a una explotación indiscriminada de los recursos marinos, la Ley de Pesca de 2002 definió un sistema de cuotas que se determinó sobre la base de las capturas históricas de aquellas empresas, lo que consolidó y proyectó el negocio para los operadores ya establecidos. Si antes de esa ley existía la denominada «carrera olímpica», una manera de llamar a la entrega de manera libre y gratuita de los peces a las grandes pesqueras, el sistema de cuotas de 2002 lo que hizo es entregarlos de manera más regulada pero también gratuita. El proyecto de ley de Longueira, que en un comienzo anunció una supuesta mayor regulación, en los hechos no sólo ha confirmado las normas sobre la base de la depredación y el mercado, sino que ha favorecido de forma impresentable a los grandes operadores. Una legislación que desde inicios de la década pasada ha logrado crear grandes y poderosos grupos económicos sobre la base de la desaparición de numerosos recursos pesqueros, el empobrecimiento de los pescadores artesanales y la virtual eliminación del pescado de la dieta habitual de los chilenos.
Ante la profusión de antecedentes que involucran a cada vez más políticos en pagos ilegales durante la tramitación de la Ley de Pesca, desde la sociedad civil y, especialmente, desde organizaciones de pescadores artesanales, se levantan presiones para anular ese cuerpo legal.
A finales de septiembre centenares de dirigentes de la pesca artesanal de todo el país acordaron realizar este 26 de octubre una movilización nacional para exigir al gobierno la eliminación de la Ley Longueira. Tras la reunión que acordó la jornada de protesta, el presidente de Fenaspar Chile, Hernán Cortés, afirmó que «nos están obligando a salir a la calle. Llevamos cuatro años esperando que se haga justicia con la pesca artesanal y se terminen los regalos y privilegios de las siete familias. Ahora hemos dicho basta». Para Cortés, «la corrupción en la Ley de Pesca ha quedado de manifiesto con las formalizaciones e investigaciones que lleva adelante la justicia contra empresas de la gran industria pesquera, ejecutivos y parlamentarios».
La indignación cruza a los pescadores a lo largo de todo Chile. Durante la misma reunión, Guido Rojas, dirigente de los tripulantes artesanales de Arica, dijo que entre las muchas quejas puntuales que el norte tiene contra la Ley de Pesca es que haya dado cuotas a perpetuidad a la industria, y en volúmenes altísimos comparados con los muy bajos de la pesca artesanal.
Cortés encabezó en Coronel lo que llamó una marcha de advertencia de lo que vendrá el 26. Decenas de pescadores artesanales se movilizaron en el sector Nuevo Amanecer, en una marcha para «calentar motores» frente a lo que será la movilización nacional que exigirá la anulación de la Ley Longueira. «El gobierno quiere hacer creer que con el informe de la FAO ya hicieron su pega. Están equivocados. Los pescadores estamos en alerta, la anulación de la Ley Longueira y la plataforma social para los pescadores, no son transables», advirtió Cortés.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 862, 14 de octubre 2016.