El pasado 31 de julio el Senado de los Estados Unidos nombró a Philippe Goldberg como su Embajador en Bogotá, en los días siguientes divulgaron las cifras sobre el crecimiento en 2018 de la producción de cocaína en Colombia. El mensaje que envían es que debido al incremento de la producción de cocaína, los EEUU […]
El pasado 31 de julio el Senado de los Estados Unidos nombró a Philippe Goldberg como su Embajador en Bogotá, en los días siguientes divulgaron las cifras sobre el crecimiento en 2018 de la producción de cocaína en Colombia.
El mensaje que envían es que debido al incremento de la producción de cocaína, los EEUU nombran a un Embajador especializado en la fracasada Guerra contra las drogas, que antes trabajó en Bogotá durante el diseño y ejecución del mal llamado Plan Colombia.
La nueva fase de guerra contra las drogas
El Gobierno de Duque esta empecinado en una política antidrogas fundada en dos ejes, la aspersión aérea con Glifosato y el prohibicionismo; con esto busca cumplir las ordenes dadas por Trump y replicar el fracasado modelo antidrogas de los EEUU.
En Colombia se fumigan los cultivos de uso ilícito con glifosato desde 1984; sin embargo, los cultivos de coca crecen exponencialmente. La aspersión aérea con este herbicida se prohibió a finales de 2015, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el Glifosato es un químico potencialmente cancerígeno, en este sentido la Corte Constitucional apelando al Principio de Precaución ordeno al Gobierno la suspensión inmediata de la utilización del herbicida.
El pasado 18 de julio la Corte Constitucional a través de un Fallo dejó en firme las restricciones establecidas en 2017 para la fumigación con Glifosato, y reitero que sus prioridades han sido la protección del medio ambiente y la salud de los colombianos; sin embargo, dejó en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) la decisión de reanudar o no las aspersiones con este letal herbicida.
Un nueva política
El pasado 23 de julio la bancada parlamentaria de oposición presento un paquete de Proyectos de Ley que busca establecer una nueva política contra la Drogas; además de prohibir la utilización del Glifosato por sus letales repercusiones en la salud y en el ambiente, plantea un tratamiento penal diferenciado para los cultivadores de sembrados de uso ilícito.
Este Proyecto legislativo va más allá de prohibir la fumigación de los cultivos de uso ilícito con Glifosato, propone un lapso de 10 años para que este letal químico se sustituya progresivamente en cualquier actividad agrícola. Además asume el problema de las drogas desde una perspectiva de salud pública y prevención.
El Senador Sanguino, afirmo:
» El hecho de que se utilice el Glifosato en actividades agrícolas lejanas a la siembra de coca no quiere decir que no constituya un riesgo contra la salud humana y el medio ambiente. El riesgo del herbicida no es solamente en el cultivo de la hoja de coca sino en todos sus usos en la legalidad» [1].
Además de este Proyecto de Ley, los congresistas también radicaron una propuesta que plantea un servicio social para la paz, que sea sustitutivo de la obligatoriedad del servicio militar; según Iván Cepeda, con esto buscan «una reforma política y electoral que permita la apertura democrática para la construcción de una paz, estable y duradera» [2].
¿Prohibicionismo como eje de la política?
En 1998 la Asamblea General de Naciones Unidas prohibió todo uso, posesión, producción y tráfico de drogas. Desde allí se ha trazado una política antidrogas basada en prohibición y en la fuerza; sin embargo, 30 años después vemos que las drogas siguen en aumento y que el narcotráfico esta enquistado en las más altas esferas del poder.
Según la Universidad John Hopkins el prohibicionismo no solo no resuelve el problema del narcotráfico, sino que exacerba el crecimiento y sus dimensiones; en referencia a la política antidrogas norteamericana planean lo siguiente:
» Las políticas destinadas a prohibir o suprimir las drogas han contribuido directa e indirectamente a la violencia letal, la transmisión de enfermedades contagiosas, la discriminación, el desplazamiento forzado, el dolor físico innecesario y el debilitamiento del derecho de las personas a la salud» [3].
Cultivos de uso ilícito son un problema social
La falta de inversión social, apoyo e incentivos para la producción agrícola, son las principales causas que obligan a los campesinos ha llenar sus predios de cualquier planta de uso ilícito; no porque exista una identidad con el fenómeno del narcotráfico, sino porque este se convierte en su única alternativa económica.
El principal problema de la actual política antidrogas, es que desconoce el contexto social y ve a los campesinos cocaleros como un eslabón más del narcotráfico; pero en la realidad el campesinado es víctima del narcotráfico y la proliferación de cultivos de uso ilícito son consecuencia de la orfandad estatal de los territorios.
Solamente habrá una mejoría para las comunidades con programas de sustitución, donde se garantice reemplazar los cultivos de uso ilícito, y para ello es indispensable respetar las comunidades, hacerlas participe de la solución y cambiar la prohibición y la represión, por apoyo agrícola y social.
Notas
[1-2] Oposición radica proyecto para prohibir el glifosato. https://bit.ly/2YBsOkT
[3] Científicos planean cambios en la guerra contra las drogas. https://bit.ly/2ytxe2t
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