Después de 12 días del Pro de los pueblos indígenas, campesinos, afros y sectores populares llegan a un acuerdo después de tres días, bajo una Mesa Única Nacional donde se precisan las siguientes líneas del acuerdo: 1. Un Acuerdo sobre el tema Minero -Energético Nacional: se busca un análisis de los títulos de explotación y […]
Después de 12 días del Pro de los pueblos indígenas, campesinos, afros y sectores populares llegan a un acuerdo después de tres días, bajo una Mesa Única Nacional donde se precisan las siguientes líneas del acuerdo:
1. Un Acuerdo sobre el tema Minero -Energético Nacional: se busca un análisis de los títulos de explotación y exploración de minerales e Hidrocarburos
2. Medioambiente: construir un mecanismo de aplicación de las sentencias de la corte en materia de revocatoria de licencias y protección de territorios, páramos, cuencas hidrográficas, y tierras de vocación agrícola.
3. Paz y Derechos Humanos -Construcción de la CACEP, como mecanismo consultivo y de participación decisoria de la sociedad en el proceso de construcción de Paz.
4. Garantías en Derechos Humanos: No estigmatización de la Cumbre Agraria Campesina étnica y popular, ni vincularla con grupos armados. Garantías de la protesta social. Gobierno -Naciones Unidas en un marco jurídico para garantías de la protesta social.
5. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento Territorial: ruta del reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos. Viabilizar mecanismo para el reconocimiento de figuras de territorialidad agraria como Zonas de reserva Campesina y Territorios Campesino Agroalimentarias. Derogar la ley Zidres
6. Restitución de tierras para los campesinos, indígenas y afros (punto de conversación al día 12 de junio).
EL paro y la movilización de la Minga, es sin duda un reto para el gobierno de Juan Manuel Santos, ante el histórico ordenamiento territorial que proponen las comunidades como modelo económico y de desarrollo. Esta propuesta de las comunidades en su pliego implica, necesariamente la inclusión de los planes de vida de las comunidades indígenas, campesinas, afros ante los organismos del Estado. El gobierno de Juan Manuel Santos debe realizar acciones de política pública y efectividad presupuestal para validar el pleno goce de los derechos de las comunidades como «sujetos de derechos»·
La Cumbre Agraria: territorio multi-escalar de resistencia
Actualmente, los territorios multi-escalares de movilización de la Minga nacional son el gran nudo central para el gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos, ante los reclamos de las comunidades. Los 6 puntos referidos en el pliego ante el gobierno, permiten abordar dos elementos esenciales que toman un cauce territorial de resistencia: de un lado, el gobierno no ha cumplido lo pactado en territorios regionales y de otro, la impositiva implementación de un Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 de corte neoliberal, ineficaz y totalmente ajeno al curso territorial de las comunidades, el cual se impone bajo una línea para impedir los pliegos comunitarios e involucrarlos en un proceso de paz.
En Colombia, no hay una política pública consultiva sobre los planes de vida de las comunidades y los territorios diferenciados e inter-étnicos. Las instituciones ministeriales, ni la legislación del congreso jamás han propugnado por un diseño participativo local, regional para implementar una política pública nacional de las comunidades étnicas. En algunas ocasiones se ha realizado, pero bajo una labor técnica, pero ello no es consulta, ni participación, vivo ejemplo, los llamados mapas sociales realizados desde las instituciones gubernamentales municipales. Ello es un exabrupto y una falta de respeto para los derechos de las comunidades, pues estas no saben que se hace con esto, ni para que les va a servir de manera actuante o práctica. Los tecnócratas están equivocados con los territorios. Un territorio es más que una delimitación, es todo un contenido «desde dentro», es una población y el corazón de un pueblo que piensa políticamente, camina bajo signos culturales y se construye fractalmente en espacios geográficos. No hay que enredarse. No existe aún en Colombia un modelo participativo gradual hacia la modelización de los territorios con democracia.
Es necesario, en el escenario del próximo 17 de junio en las instalaciones del ministerio del Interior en Bogotá con los ministros o viceministros de Agricultura, Interior, Ambiente y Vivienda, así como el tema para bordar sobre la efectividad del Departamento Nacional de Planeación ( DNP), evaluar las peticiones de las comunidades y avanzar hacia la construcción de un mecanismo que permita hacer un seguimiento de lo pactado.
Estas interlocuciones con el gobierno, no deben quedar en deseos, ni formas diletantes, si no que sean efectivas para el encuentro del 22 de junio con el presidente Juan Manuel Santos y este viabilice el camino de participación de manera política la agenda de lo pactado sobre los hechos in-atendidos y omitidos por el Estado. El reto es grande políticamente, para que la inclusión sea verificable de los campesinos, indígenas y afros como sujetos de derechos. Los pueblos han sido víctimas del abandono del estado. El derecho de las victimas del país, debe trazarse como una gran línea territorial, incluyente y de acción por reconocer los derechos de manera activa y efectiva de las comunidades.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.