La Segunda del 15 de junio de 1984 titulaba: «DC pide derogar ley minera», dando cuenta de una conferencia de prensa de ese partido con la participación de Gabriel Valdés, Radomiro Tomic y Renán Fuentealba. La ley que la DC deseaba derogar era la ley minera de José Piñera del año 1982. Ese engendro creó […]
La Segunda del 15 de junio de 1984 titulaba: «DC pide derogar ley minera», dando cuenta de una conferencia de prensa de ese partido con la participación de Gabriel Valdés, Radomiro Tomic y Renán Fuentealba. La ley que la DC deseaba derogar era la ley minera de José Piñera del año 1982. Ese engendro creó la «concesión plena», haciendo prácticamente imposible la expropiación de un concesionario minero por parte del Estado.
La DC era dirigida en ese tiempo por Gabriel Valdés y lo acompañaban en esa conferencia de prensa dos insignes dirigentes históricos del PDC, – Radomiro Tomic y Renán Fuentealba -, lo que explica la decidida voluntad de ese partido por derogar la ley minera cuando llegaran al poder.
La posición de la DC fue una de las razones por las que las mineras extranjeras no invirtieron en Chile durante los años ochenta (salvo La Escondida), a pesar de la ley minera de José Piñera.
Posteriormente ocurrió un hecho que cambió el curso de la historia. En noviembre de 1988 la DC realizó elecciones internas para designar su candidato presidencial. Postularon tres candidatos: Gabriel Valdés, Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
La noche de las elecciones desaparecieron algunas urnas llenas de votos y aparecieron otras que no existían en el momento de la votación. Hay quién asegura que en ese montaje participaron la CIA (financista acostumbrado de la DC) y las transnacionales mineras. Tal afirmación se sostiene en lo que vino después. Patricio Alywin le ganó a Gabriel Valdés, el favorito de la elección que había liderado la DC desde la muerte, o asesinato, de Eduardo Frei Montalva.
Este episodio fue conocido en los medios de comunicación como el Carmengate: el local de la DC donde ocurrió la escandalosa operación con las urnas de votación estaba en calle Carmen 8. De este modo Patricio Aylwin llegó a ser el candidato presidencial de la DC, de la Concertación y de las transnacionales mineras.
Antes de ser ungido oficialmente Presidente de la República, Aylwin ya había desechado la política del PDC en el sentido de derogar la ley minera y de propender al desarrollo nacional de la minería. El Premio Nacional de Literatura y experto en derecho minero don Armando Uribe, en su libro «Carta Abierta a Patricio Aylwin», da cuenta de una reunión que sostuvieron él mismo, Luis Maira y Juan Enrique Miquels, con el presidente electo Patricio Aylwin.
Armando Uribe le preguntó al presidente electo cuando se derogaría la ley minera. La respuesta del Sr. Aylwin fue llevarse la mano a la boca atravesando sus labios con el dedo índice, indicando con ello que sobre el tema de la ley minera había que guardar silencio.
Patricio Aylwin no sólo guardó silencio sobre la ley minera: también hizo aprobar leyes que favorecían directamente la inversión extranjera en la minería, permitiendo que esas empresas se llevaran millones de toneladas de nuestro cobre, más el oro, la plata, el molibdeno, el renio, etc., sin pagar impuestos en Chile.
Es así como 29 días después de iniciada su presidencia, Aylwin envió al Congreso su primer proyecto de reforma tributaria, que sólo 3 meses después devendría la Ley 18.985. Se legisla rápido cuando los intereses de las trasnacionales están en juego. Los objetivos centrales de la Ley fueron el aumento «provisorio» del IVA de 16 a 18%, y el impuesto de primera categoría de 10 a 15%.
Al mismo tiempo la reforma incluyó modificaciones a la tributación minera, que pasaron como la letra chica de los contratos de seguro: no fueron discutidas ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, pero fueron aprobadas.
Esas modificaciones son las siguientes:
1) Se cambió la tributación minera, de Renta Presunta a Renta Efectiva. En la renta presunta la ley presume la renta o utilidad sobre la base de las ventas, independientemente de si hay utilidades o no. El impuesto variaba entre 4% y 20% del monto de las ventas, en función del precio internacional del cobre. En la práctica, el impuesto de Renta Presunta operaba como un Royalty y ninguna minera podía escapar a su pago, desde el momento que vendía minerales.
La Ley 18.985 del año 1990 determinó que las empresas que exportaran más de 36.000 toneladas de mineral al año (esto es 720 toneladas de cobre fino), ya no tributarían en renta presunta sino en renta efectiva, es decir que el impuesto se pagaría sólo en el caso que las empresas declarasen utilidades.
La diferencia es fundamental. Con la renta presunta las mineras pagaban el impuesto a la renta desde la primera tonelada que vendiesen, mientras que con la renta efectiva podían exportar millones de toneladas sin pagar ni un dólar: bastaba con no declarar utilidades.
Por esta razón, hasta el año 2004, salvo La Escondida, ninguna minera pagó un solo peso de impuesto a la renta, llevándose unos 30 millones de toneladas de cobre fino, más el oro, y el resto.
2) Se eximió de impuesto a la renta la venta de pertenencias mineras. Antes de la citada Ley, las ventas de pertenencias mineras pagaban impuesto la renta. Con el objeto de incentivar los chilenos a venderle sus pertenencias a las transnacionales mineras, la Ley 18.985 les eximió de este impuesto. Así, por ejemplo, se constituyó el yacimiento Candelaria, con la compra de pertenencias a los mineros de Tierra Amarilla, y el yacimiento Pascua-Lama, en Alto el Carmen.
3) Se creó el costo de pertenencia. La ley minera establece que el concesionario tiene derecho a adueñarse del mineral extraído, pero no de las reservas, pues éstas le pertenecen al Estado. Sin embargo, la Ley estableció que la disminución de las reservas, producto de la explotación del yacimiento, era una pérdida de valor no para el dueño de las reservas, el Estado, sino para el concesionario minero. Esto le permitió a las empresas mineras agregar un costo intangible a sus resultados, haciendo desaparecer las utilidades.
Esta inconstitucional, ilegítima y vergonzosa disposición aún sigue vigente en el art. 30 de la Ley de la Renta, así como las de los dos puntos anteriores.
Estos cambios a la tributación minera no estaban en el programa presidencial de Aylwin, ni en el programa de ningún partido de la Concertación, y nunca fueron debatidos. Sin embargo se aprobaron sin que fuesen examinados en el Congreso Nacional.
Es un verdadero misterio cómo estas importantes modificaciones fueron aprobadas sin discusión alguna en el Parlamento. Fue una operación secreta de las mineras extranjeras, no ajena al «triunfo» de Aylwin en el Carmengate.
Gracias a estos cambios tributarios llegaron, masivamente, las transnacionales mineras a Chile. Tenían la seguridad de llevarse todo el cobre que quisieran sin pagar impuestos.
Así, las mineras extranjeras, esencialmente Mantos Blancos y La Disputada, que en 1989 producían apenas 190 mil toneladas de cobre, diez años después, en 1999, produjeron 2,9 millones de toneladas, 15 veces más que al término de la satrapía de Pinochet.
Esto generó a una sobre oferta colosal en el mercado mundial del cobre, lo que hizo bajar su precio de US$ 1,5 la libra en 1989, a solo US$ 0,63 la libra en 1999.
Con la terrible caída del precio del cobre generada por la sobre producción mundial generada desde Chile, los excedentes que Codelco le aportaba al país pasaron de US$ 2.300 millones en 1989, a solo US$ 269 millones en 1999. Una catastrófica caída que dividió por 9 los ingresos que el Fisco recibía del cobre.
La política implementada por Aylwin y la Concertación en la gran minería no solo permitió que las mineras extranjeras no pagasen impuestos: además destruyó los ingresos que el Estado percibía del cobre, que dejó de ser el sueldo de Chile.
Esta lamentable política se la debemos los chilenos al Sr. Patricio Aylwin y a quienes le hicieron rey: los partidos políticos reunidos en la Concertación.
Pero eso no es todo. El gobierno de Aylwin promulgó otras leyes para profundizar la desnacionalización de la gran minería del cobre y su entrega a las transnacionales extranjeras.
En mayo de 1992, la Ley 19.137 permitió el traspaso a las trasnacionales mineras de los yacimientos de Codelco que no se encontraban en explotación. Con esto, Aylwin se situó a la derecha de la propia dictadura militar que, en el año 1976, con el DL 1.167, había prohibido constitucionalmente la venta de las concesiones mineras de Codelco.
Por esta última razón, la Ley 19.137 es abiertamente inconstitucional, pero como se aprobó en un gran abrazo entre la derecha y la Concertación, nadie recurrió al Tribunal Constitucional.
En lo concreto, esta ley permite que Codelco se asocie con empresas transnacionales traspasándoles sus pertenencias mineras. De esta manera, en 1994 se vendió El Abra en US$ 330 millones, pero posteriormente, en el gobierno Frei Ruiz Tagle, se traspasaron gratuitamente más de 300 mil hectáreas de pertenencias mineras de Codelco a diferentes transnacionales mineras. Todo gracias a la Ley 19.137 de Aylwin.
En 1993, la Ley 19.207 modificó el DL 600, estableciendo una rebaja en la tasa de impuestos de la invariabilidad tributaria de 49,5% a 42%, favoreciendo principalmente a las mineras extranjeras.
En diciembre de 1993, la Ley 19.270 estableció la exención de impuestos a las asesorías técnicas, de publicidad, asesorías legales, análisis de mercado, investigación científica y tecnológica y otras, realizadas por empresas o consultoras internacionales, discriminando de facto a las consultoras nacionales a las cuales no se le aplicó dicha exención.
Esta ley perseguía que las mineras extranjeras pudieran justificar aumentos de «costos» en el extranjero, para no declarar utilidades y no pagar el impuesto a la renta en Chile. Muy patriótica medida.
Como se dijo, con Gabriel Valdés a la cabeza, la Democracia Cristiana postulaba derogar la ley minera y desarrollar la minería nacional. Por eso en noviembre de 1988, las oscuras fuerzas que actuaron en el Carmengate, sacaron a Gabriel Valdés de la carrera presidencial. Patricio Aylwin se convirtió en el Presidente de Chile, y así pudo entregarle, entre gallos y medianoche (Ley 18.985), nuestro cobre a las transnacionales extranjeras.
Ese es el gran legado de la Presidencia de Patricio Aylwin.
Un grupo de diputados de la DC presentó un proyecto de ley para erigirle un monumento a Patricio Aylwin en la Plaza de la Constitución. Junto a los Presidentes Allende y Frei Montalva. Eso es un disparate, una insensatez.
¿Cómo es posible que el Presidente que le entregó el cobre a las mineras extranjeras, con tan terrible daño para el país, pueda tener un monumento en la misma plaza donde se le rinde homenaje al Presidente Frei Montalva, que chilenizó la gran minería, y al Presidente Allende, que la nacionalizó?
Sería una afrenta a la dignidad de dichos Presidentes.
Si los diputados de la DC desean erigirle un monumento a Patricio Aylwin, que le pidan plata a las mineras extranjeras. Y lo erijan en Atacama, como muestra de agradecimiento por el pillaje que hicieron y hacen de nuestras riquezas mineras.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.