La presidenta Michelle Bachelet firmó este viernes un proyecto de reforma constitucional para asegurar los derechos de los indígenas, una iniciativa resistida en Chile, incluso por los mapuches, principal comunidad originaria, que consideran que no atiende el tema de la tierra, su principal problema. El proyecto, que debe ser discutido ahora en el Parlamento, es […]
La presidenta Michelle Bachelet firmó este viernes un proyecto de reforma constitucional para asegurar los derechos de los indígenas, una iniciativa resistida en Chile, incluso por los mapuches, principal comunidad originaria, que consideran que no atiende el tema de la tierra, su principal problema. El proyecto, que debe ser discutido ahora en el Parlamento, es el quinto intento de los gobiernos socialdemócratas instalados tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990, para asegurar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en Chile. Con esta medida, la Constitución nacional reconocería el carácter multicultural de la nación chilena, junto con asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, en especial sobre sus tierras y aguas ancestrales, foco constante de conflicto con particulares. El proyecto fomenta además la mantención de sus tradiciones, idioma, instituciones y formas de organizarse de los nueve pueblos indígenas reconocidos como originarios.
«Hoy propongo a mis compatriotas que este reconocimiento deje de ser un camino incierto y se convierta en una realidad concreta», dijo Bachelet, en la ceremonia de firma, en un salón del palacio presidencial de La Moneda repleto de representantes de comunidades indígenas. Los anteriores intentos gubernamentales fracasaron por el voto negativo en el Parlamento de la derecha opositora, que en todos los casos argumentó que el reconocimiento de los pueblos originarios atenta contra la unidad del país. Algunas fracciones de los indígenas mapuches, la etnia originaria más representativa de Chile, se han opuesto también a la iniciativa, al estimar que no soluciona de fondo sus reclamos sobre tierras ancestrales.
La oposición es liderada por el Consejo de Todas las Tierras, una de las agrupaciones mapuches más importantes del país. El pasado 12 de octubre -Día de la Raza-, el werkén o líder mapuche, Aucán Huilcamán, calificó a la iniciativa como «insuficiente» y demandó un «autogobierno mapuche». «Deseamos proclamar y reafirmar el derecho inherente a la libre determinación indígena en todas sus manifestaciones: política, jurídica, institucional y económica», dijo ese día el werkén, en medio de una marcha de repudio a los conquistadores españoles. En Chile, los indígenas representan un 6,6% de la población de casi 16 millones de habitantes. La mayoría se reconoce como mapuche y el resto se reparte entre las culturas Rapa Nui, Atacameña, Quechua, Colla, Aymará, Kawashkar, Yamaná y Diaguita. Un foco de tensión constante se vive en la región de la Araucanía, en el centro sur del país, donde se asientan la mayoría de las comunidades mapuches chilenas. Grupos de mapuches se han enfrentado con la policía al intentar ocupar territorios que consideran «usurpados» por particulares, en su mayoría empresas forestales. Casi una decena mapuches cumplen condenas por las agresiones, en su mayoría juzgados bajo una ley antiterrorista instaurada en la dictadura de Pinochet, que establece penas hasta tres veces superiores a la de la legislación ordinaria.