El 5 de mayo de 1981, al cumplir 66 días en huelga de hambre, murió Bobby Sands, líder del Ejército Republicano Irlandés (IRA). Ese mismo año, fallecieron otros nueve miembros de la organización, que siguieron el ejemplo de Sands demandando el reconocimiento del estatus político para los presos del IRA y mejores condiciones carcelarias. La […]
El 5 de mayo de 1981, al cumplir 66 días en huelga de hambre, murió Bobby Sands, líder del Ejército Republicano Irlandés (IRA). Ese mismo año, fallecieron otros nueve miembros de la organización, que siguieron el ejemplo de Sands demandando el reconocimiento del estatus político para los presos del IRA y mejores condiciones carcelarias.
La entonces Primera Ministra británica, Margareth Tatcher, a pesar de la gran repercusión internacional que tuvo la acción de los huelguistas, mantuvo una actitud inconmovible e intransigente, que significó la muerte de quienes lucharon en forma decidida por la independencia de Irlanda del yugo impuesto por el Reino Unido de Gran Bretaña. A partir de entonces, Tatcher fue conocida como la «Dama de Hierro», aliada incondicional de Estados Unidos y amiga personal del dictador chileno, Augusto Pinochet.
Han transcurrido 26 años y en el Chile Concertacionista se vive una situación muy similar. Patricia Troncoso, chilena que asumió la lucha del pueblo mapuche como propia, cumplió 110 días en huelga de hambre exigiendo lo mismo que los dirigentes del IRA: que el Estado chileno reconozca como presos políticos a los mapuches encarcelados y mejore sus condiciones penitenciarias.
La dirigenta fue condenada a 10 años de cárcel y al igual que al resto de los mapuches presos, le fue aplicada la Ley Antiterrorista, heredada de la dictadura de Pinochet. Un castigo «ejemplar» inflingido por el Estado chileno a un pueblo que lucha por recuperar el territorio que le fue usurpado, a partir de 1883, en la mal llamada «Pacificación de la Araucanía». De los 11 millones de hectáreas con que contaban antes de la invasión del ejército chileno, hoy apenas sobreviven en 500 mil hectáreas, que corresponden a las peores tierras de la denominada zona de la frontera en el sur de Chile. En la actualidad, sólo las empresas forestales de las familias Matte y Angelini, controlan 1 millón 500 mil hectáreas, en pleno territorio mapuche.
Al igual que los tres gobiernos de la Concertación que la precedieron, Bachelet aplica la represión contra el pueblo mapuche con el argumento falaz de cautelar el llamado «Estado de Derecho», el mismo Estado clasista y racista que implantó la dictadura militar, que privilegia los intereses del imperialismo norteamericano y del empresariado nacional y transnacional.
La vida de Patricia Troncoso pende de un hilo. De acuerdo a informes médicos, se encuentra en la denominada etapa tres: «máximo nivel de riesgo y gravedad». Inexplicablemente, Michelle Bachelet permanece impasible y su gobierno ha demostrado nula voluntad de solucionar la situación puntual de la dirigenta y mucho menos de reconocer la deuda histórica del Estado chileno con el pueblo mapuche y actuar en consecuencia.
En el olvido quedaron los buenos deseos y promesas de su Programa de Gobierno: «Mientras no eliminemos las discriminaciones que persisten en nuestra sociedad, mientras no acabemos con las desigualdades de género, mientras no curemos la herida de los derechos humanos, mientras no logremos la plena integración y desarrollo de los pueblos indígenas en armonía con su identidad, mientras no fomentemos nuestra cultura, no habremos alcanzado el sueño compartido de un país pequeño que brinda progreso y justicia para todos y con todos», señaló durante la campaña presidencial.
La realidad ha sido muy distinta, porque las demandas de los mapuches han sido ignoradas y su lucha duramente reprimida. Patricia Troncoso fue trasladada al Hospital de Chillán, lugar que no cuenta con las condiciones médicas mínimas para enfrentar su grave estado de salud. «Nunca pensé que el Hospital de Chillán se transformaría en una cárcel de alta seguridad, donde la vida y el accionar nuestro, como médicos y profesionales de la salud, se ha trastocado» denunció el doctor Renato Acevedo. El facultativo sostuvo que ingresó a ese hospital en 1979 en plena dictadura, «pero nunca me había tocado asistir a una situación tan inhumana como la que está viviendo Patricia Troncoso», enfatizó.
La dirigenta permanece aislada sin posibilidad de ser visitada por sus familiares. Incluso el gobierno no autorizó un contacto telefónico solicitado por el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien quería constatar en forma directa el estado de salud de la huelguista.
Las palabras de la propia Patricia Troncoso dirigidas en carta abierta a la Presidenta Bachelet son elocuentes: «usted nos desconoce como Presos Políticos. Nos tiene presos porque frenamos la expansión y fortalecimiento de los ricos. Usted señora, está a favor de los ricos, de los empresarios. Yo no estoy dispuesta a seguir su juego, ni creo en su gobierno, ni en sus buenas intenciones porque ustedes dieron la espalda a todos nosotros, los pobres, en favor de la clase dominante. La clase que rige las leyes, los tribunales y toda la economía de este país. Si mi muerte sirve para la liberación de la gente, yo voy a seguir adelante con mi actitud».
Lamentablemente, la Presidenta Bachelet parece más preocupada de defender de las críticas a su ministro de Hacienda, Andrés Velasco, tecnócrata formado en Estados Unidos, fiel custodio del derrotero neoliberal por el cual transita Chile. La causa mapuche no tiene cabida en ese contexto, como tampoco lo tiene la suerte que corra Patricia Troncoso y los millones de excluidos a los que ella representa.
En definitiva, para defender el «Estado de Derecho» clasista que privilegia los intereses de una minoría de los chilenos, se requiere pragmatismo y firmeza. Una «Dama de Hierro».