Pasadas las ceremonias de ascensión al mando de la Presidente Michelle Bachelet, muchos chilenos, tienen la esperanza que la nueva administración abandonará la política de la avestruz sobre los derechos humanos, seguida por los gobiernos de la concertación y se pondrá decididamente del lado de las víctimas, posibilitando que los jueces y los tribunales cumplan […]
Pasadas las ceremonias de ascensión al mando de la Presidente Michelle Bachelet, muchos chilenos, tienen la esperanza que la nueva administración abandonará la política de la avestruz sobre los derechos humanos, seguida por los gobiernos de la concertación y se pondrá decididamente del lado de las víctimas, posibilitando que los jueces y los tribunales cumplan su trabajo, establezcan la verdad, los culpables sean condenados y las víctimas y sus familiares reciban las reparaciones morales y materiales a que tienen fundados derechos. Así se crearán las bases para una auténtica reconciliación y se dejará un importante legado democrático para las nuevas generaciones de chilenos.
Coincide el inicio del nuevo gobierno, con un nuevo aniversario de la muerte del general Alberto Bachelet, el 12 de Marzo de 1974, torturado por los elementos fascistas enquistados en la fuerza aérea, que le causaron la muerte y un nuevo aniversario del terrible asesinato de mi hermano Manuel, junto a los compañeros Santiago Nattino y José Manuel Parada, ocurrido el 30 de Marzo de 1985, crimen que conmovió a la sociedad chilena y la comunidad internacional, porque dejó al desnudo el carácter fascista del régimen y los crímenes que eran capaces de cometer las bandas de asesinos a sus ordenes, para detener mediante el terror, el creciente movimiento de resistencia .
Pero estos fueron sólo algunos de los miles de crímenes, que se cometieron durante los más de 17 años de dictadura. ¿Es posible que los familiares de las víctimas y la sociedad en su conjunto podamos perdonar y olvidar, mientras los autores intelectuales y materiales de tantos crímenes, todavía no asumen su responsabilidad ante la justicia y ante el país, y por el contrario, reciben apoyo de las instituciones castrenses y cómplices suyos están hasta en el Parlamento?
La flamante Presidente Bachelet ha señalado que «hubo un tiempo de nuestra historia en que nos dividimos unos y otros, en que nos mirábamos con recelo…» cuando sería mas justo decir, que hubo un tiempo en que nos dividieron unos contra otros y que mediante la represión y el terror, con todo el peso del Estado, pusieron a las FF.AA. en guerra contra la mayoría del pueblo, porque apoyaba un Gobierno tan legítimo, como el suyo, que ahora se hace cargo de los destinos del país. Que impide decir las cosas por su nombre. La restitución de la verdad y de la memoria es también una forma de hacer justicia a todas las víctimas, un reconocimiento ante toda la sociedad.
No es difícil imaginar las lacerantes secuelas sociales y sicológicas, que quedaron marcadas en el alma nacional, que todavía después de 16 años no es posible superar, como muy bien lo sabe la señora Bachelet, como víctima y como médico. Sólo mediante el reconocimiento de la verdad, la aplicación de la justicia y recuperando nuestra memoria, que algunos pretender borrar, construiremos un país verdaderamente democrático para que nunca mas en Chile.
Es muy cínica la política que ha seguido hasta ahora un sector hegemónico en la concertación de partidos por la democracia, que para garantizar los acuerdos con la derecha y los llamados poderes fácticos, abandonaron principios filosóficos, éticos y morales, distintivos, tanto de cristianos, como de materialistas agnósticos y racionalistas, sobretodo en lo que se refiere al respeto a la dignidad de la persona humana, violada y pisoteada sistemáticamente por medio de las formas más crueles e inhumanas, por los aparatos represivos de la dictadura, integrados en su mayoría por miembros de las fuerzas armadas. Y para que decir de los derechos económicos y sociales, arrasados por la dictadura para establecer el modelo neoliberal que aún se mantiene vigente.- Los asesinos militares y civiles hicieron y siguen haciendo todo por negar su culpabilidad, mintiendo descaradamente, borrando sus huellas y destruyendo posibles pruebas incriminatorias, ocultando lugares necrológicos o cambiándolos de sitio una, dos y hasta tres veces y manteniendo un pacto del silencio sobre el destino de muchos compatriotas que todavía integran las listas de detenidos desaparecidos. Incluso han tenido la hipocresía y la falta absoluta de respeto por la dignidad y el sufrimiento de las víctimas y familiares, señalando que las exigencias de verdad y justicia serían ansias y deseo de venganza.
Para justificar, ante los ojos del pueblo y el mundo, el asesinato de la democracia, inventaron la leyenda del «caos» y el desorden existentes y el peligro de que se instaurara «un régimen totalitario» cuyas «pruebas» más fehacientes fueron el «siniestro Plan Z» con los más de «16 mil guerrilleros marxistas» que «estaban listos» para sumir al país en un verdadero baño de sangre, para instaurar «una dictadura comunista», como informaba la prensa de la época.-
La concertación, para llevar adelante la «política de los consensos» y asegurarse una cuota del poder, pactó (Me imagino presionada por la democracia cristiana), quizás el más vergonzoso de los acuerdos con los poderes fácticos y la derecha. Tratar de echar tierra sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura que fue una verdadera política de exterminio de los dirigentes y militantes de la oposición, mantener vigente la ley de amnistía dictada por Pinochet en 1978 y hacer oídos sordos a la tergiversación del significado y la estatura moral del Gobierno Popular y del cro. Presidente Salvador Allende.
Han tratado de ocultar la verdad, escamotear la justicia y las responsabilidades de los personeros más destacados del generalato y la derecha, empezando por el general traidor y ladrón Augusto Pinochet. Continúan hoy tratando de ocultar o deformar las responsabilidades por el quiebre del orden constitucional, la disolución de los poderes democráticos, la muerte del Presidente y la puesta en práctica de una política de terror, según la doctrina de «seguridad nacional», elaborada por los servicios de inteligencia de los EE.UU., enseñada según los manuales para los oficiales de las FF.AA. de América Latina, en los centros antisubversivos del Pentágono.