Bachelet, los «pingüinos» y la herencia de Pinochet

La actual coalición gobernante se ha planteado de convertir Chile, para 2010 año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia, en un país desarrollado. A pesar de los índices macroeconómicos obtenidos y la implementación de reformas en determinados aspectos, este objetivo se ve difícil de alcanzar. Los diferentes actores políticos y sociales no parecen caminar en ese sentido y los parámetros actuales no corresponden a los indicadores de un país desarrollado. La independencia económica por la cual varios luchadores sociales cayeron, entre ellos el Presidente Salvador Allende, está también lejos de lograr.

Nuestro traumatismo inicial (genocidio indígena), más la serie de sobresaltos de nuestra historia repercuten y hacen recurrentes las carencias de nuestra existencia. El último sobresalto provocado por la clase dominante, después de más de 150 años de ininterrumpida dominación, ha dejado profundas huellas que perdurarán por varios decenios todavía. El » peso de la noche » de la dictadura militar condiciona fuertemente nuestro presente.

Allende, los partidos de la Unidad Popular y los sectores desfavorecidos de la sociedad chilena interrumpieron esta larga dominación con un proyecto de desarrollo que a su vez fue interrumpido brutalmente y cuyos elementos constitutivos fueron borrados por una cruenta represión y por los profundos cambios operados en el plano económico y en el plano político-social. La clase dominante retomó su dominación y su modelo económico ultraliberal es ahora administrado por otros actores políticos : los partidos de la actual coalición gobernante.

El balance del primer año de gobierno de Michelle Bachelet debe ser inscrito en el marco de gestión post-dictatorial de este legado. Las esperanzas suscitadas por la elección de una mujer a la Presidencia de la República, fueron rápidamente disipadas por los diferentes acontecimientos, crisis y nuevos protagonistas que hicieron irrupción en la vida nacional.

EL MODELO ECONOMICO Y LA CONSTITUCION: HERENCIA QUE NO SE NEGOCIA

Lo que ha caracterizado la conducción económica de la coalición gobernante durante 17 años es la mantención de la principal herencia de la dictadura militar : su modelo económico ultraliberal. Esta receta brindada por Milton Firedman fue impuesta por sus discípulos chilenos, verdaderos integristas en la aplicación de la ortodoxia monetarista. A pesar de estar en retroceso en otros países, el modelo continúa en boga en Chile con algunas reformas en lo social para darle un rasgo humano y así no cambiarlo. La intención de no hacer el cambio quedó demostrada por las declaraciones del ex-general Villarroel, Vice comandante del Ejército, cuando el dictador fue detenido en Londres en 1998 : » podemos negociar todo » para liberar al dictador, pero aclaraba : » hay dos cosas que no podemos negociar : el modelo económico y la Constitución «[1].

En los beneficios de los grupos Angelini, Luksic, Matte y aquellos del sector de la celulosa y las mineras (Escondida) han sido » históricos «. En el ranking Forbes para 2007 de las fortunas personales más cuantiosas del mundo, los empresarios Angelini y Matte comparten un privilegiado puesto con el empresario Sebastián Piñera, quien por primera vez es considerado en dicho ranking. La balanza comercial de Chile terminó 2006 con un superávit récord de 23.021,7 millones de dólares según el Banco Central, cifra que representa más del doble del obtenido en 2005. Ello fue conocido por la sociedad chilena y ha generado fuertes demandas que han remecido la anterior tranquilidad del modelo : huelga de los mineros del cobre, movilizaciones de estudiantes secundarios, universitarios, pescadores y trabajadores de la Salud.

Los ingresos del último año de Lagos (2005) fueron de 10.000 millones de dólares por las ventas extraordinarias del cobre, que fueron destinados esencialmente a ahorro. La ley de Responsabilidad Fiscal (ahorro de los excedentes) fue reforzada lo que por supuesto alegró al lobby empresarial. Estos altos ingresos pusieron a descubierto la Ley Reservada del Cobre que destina 10% de ventas de Codelco (1.311 millones de dólares en 2006) a las Fuerzas Armadas. La ministra de Defensa entregó en enero último un informe técnico a Michelle Bachelet quien someterá un proyecto al Parlamento. Cabe señalar que la Presidenta de la DC y otros personeros de este partido están por la derogación de esta ley. Una nueva ley de impuesto específico o Royalty II está en vigor y la triste constatación es que las empresas mineras extranjeras finalmente pagan menos al Estado.

Por otra parte, la generación de la extrema pobreza ha obligado al gobierno a humanizar el modelo en lo que concierne la seguridad social con el proyecto de reforma previsional que constituye un pilar importante de la actual administración. Las consecuencias sobre el medio ambiente han provocado varias protestas nacionales e internacionales en defensa de éste, que conciernen varios sectores de actividad : Pascua Lama (minería), Celco (celulosa, pesca), Aysén (energía).

Con la Constitución, hecha a la medida para Pinochet, el condicionamiento de la sociedad chilena fue completado. En relación con ello, no resulta exagerado hablar de la domesticación de los políticos chilenos. Carlos Huerta Ruiz-Tagle (economista chileno), dos años después que la Constitución fue impuesta, declaraba : «a los políticos como a los caballos hay que amansarlos con una Constitución adecuada» [2]. Hasta hoy, la Carta Magna sigue garantizando la » gobernabilidad » necesaria para el buen funcionamiento del modelo. Como si ésto fuera poco, ante hipotéticos peligros, el dictador Pinochet confeccionó 17 decretos llamados Leyes Organicas Constitucionales, anexadas a la Constitución y un paquete considerable de «leyes secretas», que están aún vigentes. Todo el funcionamiento de la sociedad quedó regulado, al milímetro, por estas normas autoritarias y antidemocráticas. La Ley Orgánica de la Enseñanza (LOCE), que los estudiantes denunciaron recientemente, fue la última ley firmada por el dictador, nunca hasta ahora puesta en cuestión.

DERECHOS HUMANOS – IMPUNIDAD

Las reivindicaciones por el pleno ejercicio de los Derechos Humanos, la porfiada lucha contra la impunidad existente y recientemente las reivindicaciones salariales de algunos sectores sociales han constituido serios obstáculos a la » gobernabilidad » del sistema.

Las carencias en la libertad de información fueron desenmascaradas por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó al Estado de Chile por violar el derecho al acceso a la información pública, en la causa establecida por el economista Marcel Claude. La falta de respuesta del Estado de entregar información pública por parte del Comité de Inversiones Extranjeras, vulneró el derecho de acceso a información que protege dicha Convención. El fallo ordenó al Estado chileno eliminar el secretismo y reprochó la actitud del Poder Judicial.

Otro fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que concierne esta vez la libertad de expresión, condenó al Estado de Chile en favor de Humberto Palamara Iribarne. Palamara demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de la censura de su libro «Ética y Servicios de Inteligencia» y las dos condenas que le impuso la justicia naval por desacato e incumplimiento de deberes militares. En 2006, el Estado chileno aún no había dado cumplimiento a este fallo que lo obligó a «permitir la publicación del libro y restituir todo el material del que fue privado».

La libertad de expresión continúa afectada por la no restitución del diario » El Clarín » a sus propietarios, por la desaparición de varios sitios Internet y por la represión contra la prensa durante las manifestaciones de los estudiantes.

Una larga huelga de hambre, de más de dos meses, de una parte de los presos politicos Mapuches sirvió para llamar una vez más la atención sobre sus reivindicaciones. Este conflicto ha sido denunciado en Europa por diferentes organizaciones e instituciones como la FIDH (Federación de Ligas de Derechos Humanos) quien después del envío de una Misión a Chile elaboró un informe donde hace una serie de recomendaciones; como por ejemplo que Chile «ratifique inmediatamente la convencion N° 169 de la OIT que concierne los pueblos autóctonos». Ademas «recomienda al Estado Chileno, una vez la Convención 169 de la OIT ratificada, de reformar la Constitución del 80 (subrayado nuestro) con el fin de establecer el carácter plurietnico del Estado Chileno» [3]. Es importante señalar que las recomendaciones del relator de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen no han sido tomadas en cuenta por el gobierno. Las manifestaciones, huelgas de hambre de los presos políticos mapuches y la represión se eternizan producto de la criminalización de sus movilizaciones. El mediático ex-Juez Juan Guzmán propuso sus servicios para defender a este pueblo y es así que viajó a Europa para denunciar ante la Naciones Unidas toda esta situación. En un acto cultural en Europa, en uno de los recientes viajes de la Presidenta, el escritor José Saramago, Premio Nobel de Literatura, le solicitó que se preocupara de «mirar a los Mapuches».

Si bien, algunos jueces, en las últimas semanas, han procesado a varios ex-militares implicados en las violaciones de Derechos Humanos, el balance de las condenas sigue siendo inconsistente. Los errores del Servico Médico Legal (SML) en la identificación de Detenidos Desaparecidos (Patio 29) obligaron al actual gobierno a crear otra de las tantas Comisiones para tratar este problema y emitir un informe ya entregado a la Presidenta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en otro fallo condenó al Estado chileno por haber aplicado la ley de Amnistía en el crimen del profesor Luis Almonacid Arellano, perpetrado en septiembre de 1973, cerrando la investigación sin sanción para los responsables. Si bien, el gobierno fue promotor en el establecimiento de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, hay que remarcar que el Estado aún no ha respondido a las recomendaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.

El gobierno debería pronunciarse sobre estas materias en los próximos días. Como lo ha señalado Amnesty International. Hasta aquí los pasos dados por las autoridades en este sentido, dejan mucho que desear y la credibilidad de los diferentes gobiernos concertacionistas ha sido puesta en duda, especialmente en el caso de los errores del SML.

Después del deceso de Pinochet, los titulares de los diarios europeos fueron unánimes en senalar que el dictador moría sin haber respondido por sus crímenes. La palabra impunidad, apareció en todos los titulares y todo el mundo en esos momentos pensó en las victimas, desde el Secretario General de la ONU Kofi Anan, hasta el Primer Ministro de Francia y los Senadores galos. Los juicios de Pinochet (por violaciones de Derechos Humanos y delitos económicos) en Chile quedaron automáticamente sobreseídos con su muerte. Lo inquietante es que la justicia chilena aprovechó la ocasión para sobreseer los miembros de su familia en los delitos financieros. En Francia, el juicio contra el dictador está igualmente sobreseído : la larga tramitación de éste con varios cambios de jueces, no permitió juzgarlo en vida. Pese a todo, el juicio a los otros militares chilenos (dos ya muertos) continúa, quienes debido a una orden de arresto internacional no pueden salir del país.

EL ESTADO CHILENO : GESTION DE LAS DIFERENTES CRISIS.

Para el semanario británico The Economist, Chile es una «democracia imperfecta», con puntos débiles en participación y cultura política según el ranking «El Mundo en 2007″. El historiador chileno Alfredo Jocelyn-Holt al analizar este ranking sitúa nuestro país entre los » mediocres » y señala que la falta de pluralismo, el legado del autoritarismo, el » arte de consensuar » como estilo y prácticas de gobierno están relegando el país a esta » imperfección » detectada por The Economist.

El Parlamento postergó una vez más la ratificación del Tribunal Penal Internacional, siendo Chile el único de los países sudamericanos en no hacerlo. El sistema de representación parlamentaria binominal parece difícil de cambiar y todos los actores implicados están a las espera del acuerdo de Renovación Nacional.

Poder Judicial. » Las principales trabas que dificultan el retorno a la democracia plena son la Constitución Política de la República de 1980, promulgada en pleno Gobierno de Augusto Pinochet, y la dependencia del sistema judicial a los otros poderes estatales. La falta de autonomía interna del sistema judicial, que unida a la dependencia política señalada, importan los peores escollos hacia la existencia de una justicia igualitaria que permita restablecer la paz social y la reconciliación entre los chilenos » señaló el Juez Guzmán a » EL Periódico » de Cataluña (04-03-07).

La Iglesia Católica, si bien ha manifestado su preocupación por la desigualdad generada por el modelo económico imperante, el Cardenal otorgó un carácter de Estado a los funerales de Pinochet al oficiar la misa fúnebre.

El Gobierno, si bien lanzó 36 medidas (sociales) en los 100 primeros días, y otorgó una gestión paritaria al accionar del gobierno e hizo un esfuerzo en la renovación de las élites ; éste ha sido marcado por varios escándalos de corrupción. La participación de la Ministra de Defensa en los funerales de Pinochet (gesto innecesario) no fue bien apreciada visto el carácter de la ceremonia. Una nueva crisis irrumpió recientemente con la modernización del transporte (Plan Transantiago).

Las Fuerzas Armadas se destacaron, esta vez, al organizar el funeral-homenaje al dictador en la Escuela Militar y con sendos discursos sediciosos del Comandante en Jefe del Ejército y del nieto de Pinochet (capitán activo de Ejército) justificaron la » obra » de la dictadura. Por otra parte, gracias al 10% de las ventas de Codelco (1.311 millones de dólares en 2006), que ellas usurpan a la nación, han podido adquirir un importante arsenal provocando una carrera armamentista en la región que sus vecinos difícilmente pueden emular.

Las dos coaliciones que co-gobiernan el país (Concertación -» Alianza por Chile «) se muestran cada vez más alejadas de las aspiraciones de la sociedad y preocupados de mantener sus cuotas de poder. Ello explica que sin terminar el primer año de gobierno, concentren ya su acción en las futuras elecciones municipales y presidencial.

La Concertación entró en crisis, sacudida por los escándalos de corrupción que desataron una guerra interna y la división de uno de sus componetes el Partido por la Democracia (PPD). La candidatura de Chávez al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también dividió a la coalición gobernante y finalmente el Gobierno decidió abstenerse.

La » Alianza por Chile «, no ha logrado superar su identificación con la dictadura y Pinochet. La muerte del dictador no movilizó ninguna personalidad internacional (ni Thatcher, ni Kissinger, ni Menem hicieron el viaje), pero en Chile el peso del pinochetismo quedó demostrado por la participación activa de la Unión Demócrata Independiente (UDI) et RN a los honores rendidos por el Ejército y en el minuto de silencio observado en el Senado por la pérdida de un » ex-senador vitalicio «.

Los partidos extra-parlamentarios, después de su fracaso en la articulación de una alternativa a la Concertación, continúan divididos y su capacidad de intervención real en la sociedad chilena no es significativa.

Las organizaciones de base en situación embrionaria y a través de coyunturas específicas, tratan de extender su influencia y contribuir a la creación de la nueva alternativa.

La » rebelión de los pinguinos «.

La importancia de la crisis provocada por la movilización estudiantil en 2006 traspasó las fronteras y fue cubierta también por el diario francés » Le Monde » en términos de » rebelión » : uno de sus titulares indicaba » Michelle Bachelet et la révolte des pingouins » [4]. Esta crisis, consecuencia del funcionamiento del modelo, hizo cristalizar las anteriores movilizaciones parciales de los estudiantes en una gran movilización de cerca de un millón de jóvenes (Chile tiene 16 millones de habitantes). El Gobierno optó en principio por ignorarlos para luego pasar a una fuerte represión y terminar reconociendo que las demandas de los estudiantes eran » legítimas «. Ellos lograron después de un mes de paros, marchas, ocupaciones de establecimientos la satisfación de algunas demandas y la creación de una de las tantas Comisiones que entregó un informe a Michelle Bachelet para someter al Parlamento. Tres ministros de Estado fueron reemplazados (Educación, Interior, Economía), al igual que un alto oficial de Carabineros destituido de su cargo por la brutalidad empleada en la represión. Las demandas de fondo, derogación de la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza, ley heredada de la dictadura, quedaron diluidas en los debates de la Comisión señalada. Los estudiantes se negaron a suscribir el informe final entregado a la Presidenta.

CONCLUSION.

El cuarto gobierno de la actual coalición en el poder desde 1990, no ha respondido a las esperanzas depositadas en la última elección. Las promesas de la Concertación para cambiar la institucionalidad pinochetista, después de 17 años siguen sin cumplir. Las reformas constitucionales de 2005 fueron efectuadas a presión, en consecuencia, mal hechas. Por ello, es todo el legado dictatorial el que debe desaparecer definitivamente. Gran parte de los problemas surgidos en 2006 tienen origen en esta institucionalidad defectuosa. Al igual que en los gobiernos precedentes, este gobierno, no da indicios serios de cambios en el modelo económico imperante, ni en la Constitución o de resolver la problemática pendiente de Derechos Humanos.

La diputada Isabel Allende refiriéndose a «la verdadera reconciliación», se preguntaba en entrevista al Diario Austral de Temuco el 1° de octubre de 2006 : «¿Por qué no plantearnos que al bicentenario a lo mejor ha llegado la hora de hacer otra Constitución ?».

Las posibilidades de cambio del sistema binominal fueron entregadas a Renovación Nacional lo que permite vislumbrar desde ya, el tipo de solución. Es decir, otra reforma que será mal implementada. En el caso de fracasar las negociaciones con la derecha, la Presidenta debe asumir el compromiso de llamar a plebiscito a la ciudadanía frente a este tema. Hay que precisar que es necesario cambiar la Constitución para hacer que los plebiscitos sean vinculantes.

La promesa de cambio fue lanzada por el ex-Presidente Patricio Alwyn que en 1990 planteaba : «Habrá que modificar el sistema electoral (binominal antidemocrático) que deberá ser proporcional».(Revue: «Politique Internationale»).

La administración del modelo ultraliberal sigue haciendo estragos en los sectores desfavorecidos de la sociedad y por otra parte haciendo los ricos, más ricos. Piñera, Angelini y Matte aparecen en el ranking de la revista Forbes de «los hombres más ricos del mundo». Un verdadero escándalo para un país donde los jóvenes reclaman no tener los medios para pagar el transporte. Y donde el 10% de las ganancias de las ventas del cobre son atribuidas a los militares. Los golpistas chilenos y sus cómplices siguen hasta ahora repartiendose el botín, ganado a sangre y fuego…Las escasas correcciones realizadas al modelo han estado dirigidas a satisfacer los intereses de los empresarios quienes por supuesto se han declarado satisfechos.

El legado dictatorial de las violaciones masivas de los Derechos Humanos sigue penando en el alma nacional. Los desaparecidos reaparecidos, desaparecen de nuevo, como fue el caso del «Patio 29» y las reparaciones a las víctimas del terrorismo de Estado siguen pendientes. Argentina gracias a la voluntad politica anuló dos leyes de Amnistía; pero en Chile la ley de auto Amnistía de los militares de 1978 continúa vigente, pese a la promesa inicial de la Concertación de anularla.

El pueblo Mapuche sigue siendo victima de la represión y de la herencia dictatorial que constituyen las leyes anti-terroristas. El Estado chileno debe respetar las normas internacionales como paso previo para resolver este problema.

La movilización estudiantil fue un hito importante de este año y cabe señalar que este tema no se cerró con el informe del Consejo Asesor. Los estudiantes, con la exigencia de derogar la ley constitucional de enseñanza (LOCE) de la dictadura, están indicando la necesidad de refundar las instituciones, los sistemas políticos y abriendo la posibilidad de pasar de la época post dictadura a la del Bicentenario.