«Es difícil de explicar en Chile que Suiza otorgue el asilo político al frentista Patricio Ortiz», dijo públicamente Michelle Bachelet en Berna. Esta declaración, digna de un personero de la derecha chilena, no deja de sorprender a quienes tuvimos que solicitar esa calidad durante las casi dos décadas de dictadura en nuestro país. El asilo […]
«Es difícil de explicar en Chile que Suiza otorgue el asilo político al frentista Patricio Ortiz», dijo públicamente Michelle Bachelet en Berna. Esta declaración, digna de un personero de la derecha chilena, no deja de sorprender a quienes tuvimos que solicitar esa calidad durante las casi dos décadas de dictadura en nuestro país.
El asilo político es una categoría o status que otorga la ONU a las personas víctimas de persecución política, religiosa o étnica en su país de origen. También se otorga a las personas miembros de comunidades o grupos de población que fueron desalojadas de sus regiones por motivos bélicos y que debieron desplazarse fuera de las fronteras de sus países. Ejemplo patético de eso fueron los civiles camboyanos y vietnamitas del sudeste asiático. En el caso de América Latina, fuimos miles los refugiados que debimos huir de nuestros países, bajo la protección del ACNUR, tanto en Chile, como Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia y Colombia durante los años 70. Europa fue destinataria de varias decenas de miles de familias exiladas, teniendo Chile el triste honor de ser el primero en enviar el más masivo contingente de refugiados. Europa esta sensibilizada al tema de poblaciones desplazadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y fue ella precisamente quien elaboró el status de refugio político y definió las condiciones requeridas para otorgarlo, así como también el status de apátrida, categoría muy poco conocida en Chile, para las personas carentes de pasaporte nacional por desaparición del país de origen de la persona. En el caso que nos ocupa, Suiza otorgó la calidad de refugiado a este ciudadano chileno, por cuanto el Estado suizo estimó que Patricio Ortiz reunía las condiciones para recibirlo: persecución política, riesgo vital de permanecer en su país, sufrir o padecer torturas en caso de ser apresado, riesgo a su integridad física en caso de detención. Además este ciudadano sufría una condena dictada por la justicia militar en el marco de una ley antiterrorista emanada de la dictadura de Pinochet y que «el Estado de Derecho» y «la Democracia chilena» mantenía y mantiene vigente. Las circunstancias de la muerte del carabinero, durante el primer período de la «transición» a la democracia corresponden a una fase de la historia política chilena marcada por oscuras transacciones, concesiones y maniobras de los personeros concertacionistas con los delegados de Pinochet, para mantener un status quo de impunidad hacia los militares y de mantención de las condenas a los militantes de izquierda que lucharon durante los años 80 en contra la dictadura. Los presos políticos formaron parte del llamado «costo social» de la dictadura que había que pagar. ( [1]) Este sector político que desarrolló la resistencia armada contra la dictadura, que vivía en la clandestinidad y que no fue invitado a la mesa de negociaciones de la transición, no fue integrado socialmente y la Concertación usó la represión estatal para someterlo ( [2]). Para ellos, así como para los presos políticos que cumplían las condenas dictadas por Pinochet, «no llegó la alegría» de la democracia, pues las puertas de las prisiones siguieron cerradas. La situación política a sus ojos, no había sido modificada de modo sustancial, sobre todo con Pinochet a la cabeza del Ejército. Si bien ese sector fue olvidado, no fue el único. El pueblo chileno exiliado tampoco fue consultado ni integrado de forma alguna a esta transición.
Cuando hablamos de exiliados no nos referimos a la «legión extranjera» que retornó a copar los cargos públicos en el Estado o los cargos políticos que les revenían por derecho propio. Nos referimos a las decenas de miles de chilenos que trabajaron y trabajan duramente en el extranjero, soportando su condición de inmigrantes y de «sudacas», que nunca pudieron dominar idiomas foráneos y debieron asimilarse a culturas que los violentan en su ser e idiosincrasia de chilenos y de latinos. El quiebre histórico de 1973 separó a la sociedad chilena en dos campos irreconciliables y hoy día 700.000 chilenos viven aún en el exterior, una gran parte de ellos por razones políticas. Esta separación se perpetuará en el tiempo, ( [3]) pues Chile no tiene nada que ofrecer a este enorme contingente que, además, fue castigado por la dictadura conculcándosele sus derechos políticos hasta la fecha de hoy ( [4]). La democracia chilena es incapaz de hacer participar en las elecciones internas a este importante sector y ha desencantado a la juventud para hacerla participar en política. Se estima en 3 millones los chilenos que debieran sumarse a los registros electorales, si se agregan los del exterior a las nuevas generaciones que se niegan a inscribirse. Si a este cuadro agregamos que el pueblo mapuche, que lucha por recuperar sus tierras, en territorios en los cuales han vivido y practicado históricamente su cultura desde mucho tiempo antes de la llegada de los conquistadores españoles a Chile, sufre la represión del Estado chileno que le aplica la ley antiterrorista de Pinochet, podemos comenzar a medir las falencias de nuestra «democracia». El embajador de Lagos en París, su gran amigo el doctor Sandoval, al ser interrogado el año 2004 por los juicios a los comuneros mapuches, en donde actuaban fiscales enmascarados, se limitó a decir que eso no ocurría en el Chile que él conocía. La verdad es que el doctor Sandoval nunca ha asistido a un juicio en contra de los mapuches. La presidenta Bachelet junto con plantear su queja formal a las autoridades suizas por asilar a Ortiz, planteó que Europa estaba desinformada, que los mapuches que estaban en prisión, no era por razones política sino por haber cometido delitos y que ella sí sabía lo que era ser prisionera política, por haber estado detenida en 1975. Es siempre lamentable ponerse de ejemplo, pues se pierde objetividad en los juicios, con mayor razón cuando se ejerce una investidura nacional.
La presidenta de Chile debiera saber guardar la compostura que el cargo le exige. Al hacer referencia a su calidad de «presa política» obliga a analizar su comportamiento frente a ese importante sector de nuestra sociedad. No fueron menos de 100.000 los chilenos que sufrieron detención y torturas en manos de los agentes del Estado pinochetista y sus organismos de inteligencia y represión. Y fueron varios miles los que murieron o sus restos hecho desaparecer. Esta realidad, ha sido la lucha de 30 años de los familiares de las víctimas y de las recientes querellas por tortura de los propios prisioneros de los distintos centros de detención clandestinos, junto con un puñado de abogados de DDHH los que han mantenido encendida la esperanza de lograr algún tipo de justicia frente a los atropellos a los DDHH en Chile bajo Pinochet. Michelle Bachelet, ministra de Defensa de Lagos, preparaba desde el año 2002 su estrategia de «reconciliar» a la familia militar (de la cual ella forma parte) con la sociedad civil. Para ello era necesario terminar con las querellas y juicios y el denominado «desfile militar» en los tribunales. Pinochet ya de retorno al territorio patrio, gracias a las gestiones y buenos oficios de José Miguel Insulza, había sido declarado demente por la Corte Suprema y por tanto irresponsable y no imputable ante la justicia. Era necesario «normalizar» la situación y el 30 aniversario del golpe militar era la fecha adecuada para desarrollar algunos gestos en este campo, terminar con los procesos de DDHH y mantener la impunidad de los militares, impunidad que la Concertación negoció en 1989 con el propio dictador ( [5] ). Es en este contexto ( [6] ) que nace el Decreto Ley que da origen a la Comisión de Prisión Política y Tortura, más conocida como Comisión Valech, enmarcada en el documento, profusamente difundido «No hay mañana sin ayer». Pero la comisión nace sin una base jurídico-moral que establezca los criterios de calificación de quién tendrá derecho o no a reparación. Tampoco se respeta los Pactos Internacionales suscritos por Chile, estableciendo su propia definición de tortura, desconociendo así el rol jugado por importantes sectores del pueblo que participaron en las protestas y movilizaciones masivas que abrieron el camino a la instauración de nuestra actual democracia, parcialmente tutelada y plagada de arbitrariedades consagradas constitucionalmente. El resultado del trabajo de la Comisión fue abrumador para el personal político concertacionista que quería enterrar de una buena vez este tema recurrente de los DDHH en Chile, pues pese a las dificultades y a la desinformación, 35.000 chilenos se presentaron a entregar su testimonio ( [7] ). Esta movilización de decenas de miles de chilenos y chilenas torturados obligó a Lagos a promulgar una ley de reparación para las víctimas, pero a cambio, Cheyre y el Ejército recibieron el premio mayor: 50 años de silencio sobre la identidad de los autores de crímenes contra la humanidad y el 10% de las ventas del cobre de CODELCO siguieron formando parte del presupuesto de las FFAA.)
Nunca se escuchó a Michelle Bachelet protestar por esta impunidad otorgada a los verdugos de su propio padre, más aún, cuando ya estaba en carrera por la presidencia. Entonces no resulta tan extraña su actitud actual de rechazo al asilo para un ex prisionero político chileno en Suiza. Solo se confirma su actuación política recurrente durante todos estos años. Ella ha asumido la política oficial de la Concertación en este campo: los organismos oficiales encargados de defender y demandar justicia para las víctimas, como el Consejo de Defensa del Estado, no lo hacen, más aún sabotean y se oponen a las demandas civiles de las víctimas en contra del Estado. Solo por excepción el CDE presenta alguna querella en contra de los violadores de DDHH. Bachelet se negó sistemáticamente a reunirse con las organizaciones de ex presos(as) políticos mientras era candidata. Una vez en la Presidencia, las puertas de La Moneda han estado y están cerradas a las organizaciones de ex prisioneros políticos, excepto para las organizaciones afines a la Concertación. Es lamentable tener que reconocer que varias organizaciones de defensa y denuncia en el campo de los DDHH han privilegiado la relación con La Moneda, más que mantener una actitud de denuncia intransigente en ese terreno. La llamada agenda de DDHH para el bicentenario, patrocinada por La Moneda, es una muestra de ello. Por último, Michelle Bachelet pretende que los europeos están desinformados. Quizás la Europa que ella conoció, la RDA y otros países del campo socialista de la época, no tenían buena prensa o solo prensa oficial, pero el resto de Europa conoce en tiempo real las desventuras de nuestro país. Chile ha tenido en Europa siempre una presencia importante, porque a diferencia de otros países latinoamericanos, tuvo por largo tiempo una democracia y un sistema republicano que lo hacía ser excepcional al medio de las dictaduras militares de nuestros vecinos. Además, contaba con partidos de izquierda importantes como el PS de Allende y el PC, muy influenciado por Moscú. No es ajeno tampoco el campo cultural donde personajes cono Gabriela Mistral, Huidobro, el pintor Roberto Matta, el pianista Claudio Arrau y sobre todo Neruda, eran universalmente conocidos. Entonces, cuando ocurre la tragedia de septiembre de 1973 con su represión sangrienta, Europa entera se conmovió y se horrorizó, Chile pasó a ser la España del 36, con su séquito de tragedias. Entonces, si algún país latinoamericano es conocido en Europa, y porqué no decirlo despierta simpatía, es precisamente Chile. Podemos concluir que Michelle Bachelet ha desdoblado su personalidad: una es la de ex prisionera política, militante del Partido Socialista, hija de un general asesinado por sus propios compañeros de armas, por haber sido un oficial constitucionalista y leal al presidente Allende. Otra es la ministra y actual presidenta de Chile, que cumple un rol oficial y políticamente hibrido, en donde debe conciliar los intereses de la sociedad civil y del mundo militar. No ha dudado, al igual que Ricardo Lagos, en entregar cuantiosos recursos fiscales a las FFAA para comprar armamento sofisticado y desarrollar tecnologías de guerra, que inquietan a los ejércitos de nuestros vecinos. No es extraño tampoco, que su política exterior haya transformado a Chile en el principal aliado de Bush en América del Sur, constituyéndose el eje geopolítico México-Colombia-Chile en contraposición con el de Venezuela-Brasil-Argentina, eje con mayor independencia de la metrópoli norteamericana.
Todo esto es de conocimiento público en Europa y en todo el mundo, y si es difícil de explicar en Chile el asilo otorgado por Suiza, es quizás más difícil de explicar a los ojos de la humanidad la impunidad entregada a Pinochet y a los criminales de DDHH y el desprecio con que se ha tratado a las víctimas de Pinochet en Chile ( [8]). Pero lo más difícil de entender es que Michelle Bachelet, presidenta democráticamente elegida por los chilenos, anuncie una suerte de cacería a los resistentes a Pinochet que han logrado refugiarse en tierras democráticas y verdaderamente comprometidas con la defensa de los DDHH. ¿O es que quizás se anuncia un nuevo vuelo del cóndor?
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Notas
[1] Ver Felipe Portales «Chile, una democracia tutelada». No es del caso entrar en otros aspectos de las concesiones hechas por estos personeros, donde las principales fueron la mantención de la Constitución Política de 1980 y el modelo económico neo liberal, concesiones que se han mantenido y han sido defendidas a dientes y muelas por los 4 sucesivos gobiernos concertacionistas.
[2] El actual ministro del Interior Belisario Velasco tuvo activa participación en esta represión.
[3] Cabe recordar el caso de los 800.000 «pieds noirs», apodo dado por los argelinos a los colonos franceses, que en 1962, al término de la guerra de liberación fueron expulsados a Francia metropolitana y reintegrados a la sociedad gala.
[4] El parlamento chileno votó negativamente otorgar derecho a voto a los chilenos del exterior en mayo de 2007.
[5] El decreto ley de Amnistía de 1978, que los tribunales militares usaron para perdonar a los autores de crímenes contra la humanidad, se ha mantenido pese a las reiteradas promesas de anulación anunciada por los personeros oficialistas.
[6] Este último impulso dado por la Concertación al tema de Derechos Humanos, nace por la presión ejercida por la UDI, a través de la intervención televisiva de su presidente de la época, Pablo Longueira. Esa intervención, en un tema que siempre le había sido vedado, se hace posible luego que un grupo reducido de familiares de detenidos-desaparecidos, ante la desesperanza y la nula capacidad de los gobiernos concertacionistas de satisfacer los justos anhelos de Verdad, Justicia y Reparación, optan por golpear las puertas de los parlamentarios de la UDI, para obtener al menos una reparación digna, ya que el Estado, representado por el Gobierno y el CDE, sistemáticamente, le habían cerrado las puertas, negándose a atender sus justas demandas. No es menos importante destacar que esta presión iba acompañada de una propuesta de agenda legislativa, a iniciativa de Longueira y a la cual Lagos adhirió sin escrúpulos para sortear la crisis política aguda en que se encontraba su gobierno, debido al «caso coimas».
[7] Michelle Bachelet no se presentó ante la Comisión Valech a entregar su testimonio como víctima de prisión política y tortura, alegando que su investidura como ministra de Defensas se lo impedía, cosa que no inhabilitó a Ricardo Lagos para presentarse.
[8] La ley de reparación entrega US$ 7 diarios a las víctimas e impide el traspaso de las pensiones a las viudas e hijos.