El 12 de noviembre pasado se cumplieron cinco años del brutal asesinato de Alex Lemún, bajo los gobierno de la Concertación, presidido en esa oportunidad por Ricardo Lagos. Mientras éste se encontraba en el Fundo Santa Alicia en el marco de la recuperación de tierras que sostenía la comunidad «Montutui Mapu», Lemún recibió […]
El 12 de noviembre pasado se cumplieron cinco años del brutal asesinato de Alex Lemún, bajo los gobierno de la Concertación, presidido en esa oportunidad por Ricardo Lagos. Mientras éste se encontraba en el Fundo Santa Alicia en el marco de la recuperación de tierras que sostenía la comunidad «Montutui Mapu», Lemún recibió en la cabeza el impacto de un perdigón de plomo de una escopeta calibre 12, disparada por el oficial Marco Aurelio Treuer, falleciendo el 12 de noviembre del 2002 en la Clínica Alemana de Temuco.
Ahora justo cuando la presidenta Bachelet se encamina al tercer año de su continuismo ultraneoliberal y bajo el techo de la Constitución fascista de la dictadura de Pinochet y sus secuaces y con una fuerte caída en las diversas encuestas que se han realizado en el país, la gestión gubernativa de la mandataria socialdemócrata neoliberal, se ve empañada por la muerte del estudiante universitario de origen mapuche Matías Catrileo, el joven era estudiante de la carrera de Agronomía de la Universidad de la Frontera de Temuco.
El incidente se produjo luego de una serie de acciones reivindicativas promovidas por los pueblos originarios de la región de la Araucanía y que está relacionada con sus luchas ancestrales de devolución de las tierras que le fueron arrebatadas por la ocupación de la Corona española primero, y luego por la naciente oligarquía económica y financiera chilena, que a través de los siglos ha usurpado las tierras del pueblo mapuche.
Los connotados ladrones de tierras, transformados en latifundistas y hacendados, en su mayor parte proceden del 20% más rico del país. Cuya militancia política o cercanía se encuentra en las filas del pinochetismo representado por la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), el sector más pudiente de la Democracia Cristiana y la Iglesia Católica chilena, que también mantiene bajo su poder tierras que antiguamente fuero de propiedad de los pueblos originarios chilenos.
El crimen de Matías Catrileo se ha producido en el marco de la huelga de hambre que han estado realizando comuneros mapuches y adherentes a su causa, que exigen la liberación de todos los presos políticos mapuches existentes en el país, además de algunos beneficios carcelarios, que las autoridades administrativas de los centros de reclusión, se niegan terminantemente a conceder.
En Chile en la resolución de conflictos de cualquier índole, ya sean de orden reivindicativo, por mejores condiciones de vida, por una educación de calidad, buenos servicio de salud, de buses, viviendas dignas, por tener ingresos éticos y justos, o recuperar tierras del pueblo mapuche que se encuentran en manos de la clase económicamente dominante del país. La única respuesta que encuentra la clase trabajadora, los sectores populares y los pueblos originarios chilenos, siempre es la represión del Estado chileno, que amparado en la Constitución fascista de la dictadura, y su ley antiterrorista, les permite desplegar la policía militarizada chilena, en este caso, en toda la región de la Araucanía, que suele responder con la mayor brutalidad posible, como en los mejores tiempos de la dictadura.
El Estado chileno, y los cogobiernos de la Concertación con el pinochetismo (UDI-RN), con respecto a las demandas ancestrales de los pueblos originarios chileno, pareciera tener establecido una política de exterminio, más que la solución real de sus peticiones. En este plano, el estado chileno y los gobiernos de la Concertación han hecho tabla rasa de las resoluciones de las Naciones Unidas, con respecto a la situación de los pueblos originarios y sus conculcados derechos históricos y humanos.
En otro escenario y siempre en la región de la Araucanía, los aparatos represivos del Estado chileno, que reciben ordenes directas del Ministerio del Interior, asesinaron el año pasado, al trabajador forestal Rodrigo Cisternas, que participaba en la lucha por mejores demandas económicas para el conjunto de los trabajadores forestales de la región. Cabe agregar además que los Tribunales de Justicia, sin haber llevado una investigación exhaustiva al respecto, han resuelto dejar en la más absoluta impunidad el crimen de Rodrigo Cisterna, sin que ninguno de los esbirros de la policía militarizada pague con cárcel por ello. Este crimen sin duda mancha con sangre de chilenos la gestión realizada hasta ahora por el gobierno concertacionista de Michelle Bachelet, que se ampara en la legalidad de la dictadura reinante hasta ahora en el país.
Al momento de escribir esta nota, el criminal de los aparatos represivos militarizados del Estado chileno, que ultimo a Matías Catrileo, ha sido identificado como el policía uniformado Walter Ramírez Espinoza, quien se encontraría detenido en la subcomisaría de Fuerzas Especiales de la ciudad Temuco.
Mientras tanto la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecido (AFDD),en una carta dirigida a la Corte Suprema, adjudicó al renunciado ministro Belisario Velasco la responsabilidad política y penal por la muerte del joven mapuche Matías Catrileo Quezada.
Ahora la organización mapuche Meli Wixan Mapu realizó una conferencia de prensa para pedir la renuncia del jefe de zona policial de la Araucanía, Mauricio Catalán, y acusaron a Carabineros de implementar una política de represión indiscriminada y de «gatillo fácil» contra las comunidades mapuches.
El vocero de la organización, Manuel Díaz Calfíu, indicó que era su «responsabilidad moral» pedir esta renuncia, a pesar las pocas esperanzas que tienen de que su petición se haga realidad, citando como antecedente la investigación por el asesinato de Alex Lemún, adjudicado al mayor Marco Aurelio Treuer, quien «fue después ascendido a comandante», siendo premiado así por los gobiernos de la Concertación.
El alevoso crimen del estudiante universitario de origen mapuche mantiene la región con una fuerte tensión, ante las movilizaciones que se están desplegando por grupos de protesta por el crimen del joven comunero mapuche. Las manifestaciones de los pueblos originarios en la zona, ha significado la ocupación de carreteras, el impedimento del flujo de automóviles, buses, camiones y la realización de fogatas como señal de protesta.
En la ciudad de Concepción, otro grupo protagonizó una marcha que comenzó en la catedral de la ciudad, pasó por el edificio institucional de Carabineros de esa región, en donde se repudió el actuar de los efectivos de la policía uniformada, y concluyó con una velatón en homenaje al universitario fallecido.
Los crímenes de Alex Lemún ,Rodrigo Cisterna y ahora Matías Catrileo, se inserta en un Estado y gobierno, que actúa con un claro signo autoritario y amparándose en la legislación represiva de la dictadura , que permite que los aparatos de la policía uniformada del Estado chileno actúen de forma despiadada imponiendo el terrorismo de forma virulenta y brutal contra todos aquellos que osen por exigir mejores condiciones de vida o la restitución de sus tierras enajenadas.
La presidenta Bachelet, el Ministro del Interior, el Intendente respectivo de la región, la coalición política de gobierno, cual Poncio Pilatos, no pueden seguir lavándose las manos antes los crímenes y la represión que se impone desde las sombras del palacio de gobierno y la casta política que cogobierna el país, la denuncia ante los organismos internacionales respectivo no se puede dejar de esperar, menos la movilización social y la solidaridad con los pueblos en lucha.