Un estamento cercano a la cúspide del gobierno de Colombia ha manifestado la existencia de ‘temores’ de que luego del posible Acuerdo de Paz con el grupo insurgente FARC, pueda producirse el surgimiento o repotenciación de un genérico crimen organizado en la forma de ‘bandas’ y este «aproveche la debilidad del estado», tomando ventaja de […]
Un estamento cercano a la cúspide del gobierno de Colombia ha manifestado la existencia de ‘temores’ de que luego del posible Acuerdo de Paz con el grupo insurgente FARC, pueda producirse el surgimiento o repotenciación de un genérico crimen organizado en la forma de ‘bandas’ y este «aproveche la debilidad del estado», tomando ventaja de que «ha ganado experiencia y conocimiento en todas las formas de violencia», quedando planteado un futuro para aquella nación en el cual estos grupos delincuenciales, «pueden ser semilla de la próxima guerra», con la reconvención abstracta, por parte de aquella casta de poder, de que ello sucederá «si no se hacen bien las cosas»[1]. Es particularmente alarmante que ya se anuncie con detalles la posibilidad de una nueva guerra, sin haber concluido la anterior.
En el mismo sentido otro implicado directo en las negociaciones del gobierno de Bogotá y las FARC, el ‘Alto Comisionado’ para la Paz en la Habana Sergio Jaramillo, tajantemente profetisa que «Colombia entrará en una etapa de transición en la que será necesario contrarrestar la incidencia de las bandas criminales (Bacrim)[2]». El mismísimo jefe de estado Juan Manuel Santos ha estipulado con vehemencia respecto a estas: «Quiero dejar algo muy en claro, estas organizaciones no tienen sino un camino, someterse a la justicia, porque los que buscan algún tipo de tratamiento diferente no lo van a encontrar. Se someten a la justicia o terminarán en una cárcel o en una tumba»[3]. En otras palabras, se hace una expresa declaratoria de otra guerra a un enemigo ya designado.
Un conspicuo representante de la contrainsurgencia cipaya colombiana, también negociador en la Habana, al respecto manifiesta a manera de admonición, que hacia el futuro «el peligro es que otros quieren ocupar el espacio de las Farc[4]»; es decir, la ´posible criminalización de algunos elementos de las FARC que no se acojan al proceso de paz, a manera de factor que hará parte notoria de un futuro paisaje delictual colombiano, a través por ejemplo de carteles y fantasmagóricas alianzas con traficantes ilegales mejicanos[5]. Dando pié a la posición de las FF.AA. de que en dichas condiciones el porvenir de la fuerza pública «no será un tema de discusión al interior de esa Mesa de Negociación[6]». Estos enunciados acerca de las poco definidas Bacrim, acompañados de aquello de lo intocable de modelo militar en Colombia (pentagonal), son ya una de doctrina oficial estatal en las negociaciones de paz, mirando a lo que equívocamente se ha denominado «pos conflicto».
¿Colombia aún luego del posible pacto de paz gobierno-Farc y después del previsible gobierno-Ejército de Liberación Nacional (ELN), estará abocada a continuar navegando en un mar de violencia cambiando algunos actores políticos?
Analogías en América Latina. En El Salvador luego de una guerra civil (1980-1991) con unos setenta y cinco mil muertos y desaparecidos, la sorprendente aparición de las pandillas denominadas Maras, ha sido el fenómeno dominante de su sociedad en el siglo XXI. Estas Maras provenientes de California, arriban deportadas trasladando sus estructuras de funcionamiento, creciendo justamente en los gobiernos del derechista y proestadounidense partido ARENA (el de Roberto D’Aubuisson instigador de los escuadrones de la muerte en la guerra civil), hasta constituir poderes que logran paralizar el país mediante la directa intimidación, como es lo sucedido en septiembre de 2010[7]; produciendo con ello una nueva militarización de la sociedad salvadoreña en procura de su castigo. En esta situación la tasa de homicidios se eleva considerablemente con ocasión de interminables vendettas entre las diversas pandillas, son frecuentes los asesinatos de destacados miembros de la comunidad, se presenta desplazamiento forzado de sectores de la población en medio de un clima de amenazas, apreciándose también el crecimiento de las actividades de traficantes de sustancias ilegalizadas. En estas circunstancias el miembro de la mara se ha constituido en la personificación del enemigo de la sociedad. Las maras adquieren tal entidad que en múltiples ocasiones establecen diálogos para pactar treguas, desarmes e integración en proyectos laborales con el gobierno incluso con mediación de la OEA[8]. El ambiente de miedo colectivo es permanente, a la par de darse la constante intervención a todo nivel de EE.UU. en El Salvador, bajo el pretexto de la Lucha Contra el Narcotráfico» y demás plagas.
En el caso de Guatemala azotada por décadas de una inclemente guerra contrainsurgente de tipo genocida (1962-1996), ocasionante de unas doscientos mil muertes entre ejecutados y desaparecidos (por la cual el presidente Bill Clinton en 1999 lamentó la injerencia de su país en Guatemala desde por lo menos 1954), luego de la subscripción del acuerdo de paz de 1994, el ‘pos conflicto’ ha dejado hasta 2010 unos sesenta y cuatro mil homicidios[9]. Al presente los actos delincuenciales comunes son los generadores principales de la violencia colocando contra la pared a la sufrida sociedad guatemalteca, junto con el infaltable tráfico de psicoactivos ilegales y sus secuelas. Subyace la continuidad de una real ‘cultura del terror’, forjada por el pasado remoto de la agresión colonial y su prolongación en la doctrina paranoica anticomunista, sentidos esta vez en un terror selectivo de origen estatal, del cual emergen personificaciones negativas a temer como la del omnipresente ‘delincuente peligroso’, cuyos actos criminales tienen relación con el estado de pobreza y la latente situación de una cada vez menos soslayada procuración en los medios de comunicación de las llamadas deshumanizadamente ‘limpiezas sociales'[10]. Tampoco Guatemala ha podido disfrutar de un ambiente de tranquilidad y bienestar luego del fin de su guerra civil; como en El Salvador el crimen, el miedo y la corrupción imperan. Así mismo, Washington allí proyecta su sombra.
Esto es perfectamente concurrente con las formas políticas y económicas impuestas en la región centroamericana, de extracción de materias primas y trabajo, en detrimento de la población. Toda Centroamérica ha sido envuelta por una telaraña de Tratados de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. y sus aliados del centro capitalista.
Difusas Bandas en Colombia. Las denominadas tecnocráticamente Bacrim (acrónimo de bandas criminales), se han constituido en organizaciones omnipresentes, todopoderosas, con estrategias de actuación enmarañadas y no obstante coordinadas, a la vez, con inmensa capacidad de corrupción en instituciones ya sea del poder central, fuerza pública y demás funcionarios estatales locales, en casi exacta coincidencia con los territorios directamente ocupados por paramilitares ya conocidos, produciendo impunemente masacres, homicidios selectivos (por ejemplo de defensores de DD.HH.), extorciones, desplazamientos forzados y muchos otros delitos.
Los nombres de estos destacamentos son bastante distintivos: ‘Los Urabeños’, ‘Rastrojos’, ‘Gaitanistas’, ‘Nueva Generación’, ‘Clan Úsuga’, ‘Águilas Negras’, ‘Oficina de Envigado’, ‘Renacer’, ‘Machos’, ‘La Empresa’, etc., poseyendo filológicamente más una reminiscencia a comandancia policial, que a espontánea jerga del bajo mundo. Es resaltado el grupo delincuencial Bacrim llamado ‘Los Urabeños’ como la principal organización de traficantes ilegales, conformado por antiguos paramilitares (derecha) no insertados, ex miembros del ya desmovilizado Ejército Popular de Liberación (izquierda), más nuevos ‘reclutas’ de bandas criminales[11], en una curiosísima mixtura, nunca bien estudiada.
Las Bacrim con su peculiar naturaleza difusa también son sujetos a perseguir en el ‘comercio ilegal de oro’, en directo perjuicio de empobrecidos mineros artesanales que han extraído el metal por generaciones como único sustento, quienes chocan con grandes intereses de compañías extraccionistas foráneas; una razón más para ser perseguidos estos mineros artesanales asimilados trapaceramente a Bacrim con todo el ‘peso de la ley’.
Fuentes de la Realidad Bacrim. De manera abrumadora las informaciones sobre estos grupos proceden, como lo reconocen las mismas investigaciones académicas, de fuentes oficiales o medios de comunicación[12], estos últimos en Colombia, no sobra recalcar, también de orígenes oficiales en prácticamente todos los casos. Apenas enunciamos el control absoluto de prensa, TV y radio por parte de gruEpos económicos respaldando la integridad de las decisiones de fondo del gobierno y las de sus mentores externos. llo permite la intensiva práctica de Operaciones Psicológicas en Colombia con base en la mencionada colusión, acondicionando la aceptación de esta «realidad» en la sociedad. Espacios de noticias en Colombia y su pertinaz información sobre delitos sensacionalista y desconectada de las circunstancias sociales, propagando exclusivamente sesgadas versiones gubernamentales, en contravía de cualquier ética periodística, son directa prueba de ello.
Bacrim Multinacionales. De las Bacrim se relata una explícita ‘presencia internacional de su brazo armado’, justamente en las repúblicas díscolas al dominio de EE.UU. de Venezuela y Ecuador; los nombres de guerra de estos bandidos en el exterior son idénticos de los que operan en Colombia: ‘Rastrojos’, ‘Urabeños’, ‘Águilas Negras’ (nombre relacionado con la contrainsurgencia paraestatal en todo el mundo), ‘Oficina de Envigado’, etc. Llegan hasta México y Perú en materia de tráfico, producción y distribución de estupefacientes; es decir, estas formidables bandas se encargan de todo el intrincado proceso clandestino.
Las Bacrim poseen múltiples contactos en el extranjero y de conformidad a esas extrañas referencias de medios y agencias oficiales interesadas, constituyen verdaderas franquicias, en Perú y Bolivia y hasta acreditan ‘oficinas de cobro’ en España con la infaltable «posibilidad» de expandirse a toda Europa (¡Uff!). También en esa maraña de presunciones de difícil comprobación, se habla de que en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia (otro país revoltoso del cual la DEA fue expulsada) se han establecido criminales (como no) colombianos, y de allí estos van a Brasil o a Argentina, para a su vez enviar psicoactivos ilegales a Europa[13]. Debemos recordar que en el presente las situaciones políticas internacionales de estas naciones mencionadas las han distanciado de los dictados del gobierno de Washington, autoproclamada suprema autoridad en materia de psicoactivos ilegalizados, a pesar de ser EE.UU., precisamente el principal centro de consumo mundial y de elucubrar decenas de planes infructuosos de control de estas sustancias, o al menos eso se nos dice todos los días.
Cuando se llega a los destinos de los psicoactivos ilegales controlados absolutamente por estas empresas delictivas presentes y futuras etiquetadas Bacrim, el asunto ya toma ribetes de industria a gran escala, como la de cualquier producto de exportación digamos café o bananos. Se habla de rutas centroamericanas ‘a través’ de Panamá, Honduras, Guatemala, México, en el Caribe República Dominicana, Bahamas, Puerto Rico; territorios de una u otra forma bajo el control del gobierno de EE.UU. y sus ampulosas agencias secretas. Pero si no es por estas vías, las Bacrim no tienen problemas si llegan con sus ‘productos’ desde Colombia, Brasil, o Venezuela a Europa pasando por Namibia, Sudáfrica y Zimbawe, Guinea Ecuatorial, Sierra Leona, Malí, Cabo Verde, Guinea-Bissau, y Mauritania[14]. (¡Vaya portentos multinacionales!) Aquí debemos entonces preguntarnos, ¿Dónde quedan las sofisticadas actuaciones de toda esa parafernalia de espionaje y represión dirigida por EE.UU. y sus aliados? ¿De qué sirve esa pléyade de agencias como la NSA, la DIA, el FBI, la Agencia de Control de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF), la impúdicamente sospechosa DEA (la de las fiestas pagadas por traficantes ilegales a quienes debía perseguir en Colombia) y qué decir de la abominable CIA, todas actuando con plena jurisdicción en Colombia con la aquiescencia del complaciente gobierno de Bogotá? ¿Y todos esos cuerpos militarizados colombianos encargados de «perseguir» el delito, multiplicados por tres en personas asignadas a la tarea y presupuesto en la última década? ¿Cual es la real misión de todos ellos si los delitos que supuestamente persiguen no disminuyen siquiera?
Bacrim y Destacamentos Paramilitares Híbridos. Con todo y despliegue de logística militar (en Colombia la policía está fuertemente militarizada), del aparato judicial, aunque ampliamente conocido en su corrupción, incluso relacionándose con el paramilitarismo (ver la prensa colombiana hablando de miembros de los altos tribunales de justicia), y al menos teóricamente, poderosas agencias del primer mundo operando a sus anchas, los grupos delincuenciales Bacrim deberían mimetizarse en la sociedad para obtener fluidos beneficios económicos y sustraerse a la justicia. No obstante, ocurre lo inverso, llegando a ordenar ‘paros armados’ y en varias ciudades de Antioquia y la costa Caribe y se desdoblan en contingentes de paramilitares cazando campesinos reclamantes de la restitución de sus tierras usurpadas con violencia justamente por paramilitares (un derecho reconocido expresamente por ley), con extremo terror provocan desplazamientos de población, cuestiones bastante extrañas para organizaciones semi-intangibles dedicadas al tráfico de psicoactivos y variados delitos muy rentables, cuya discreción debería ser fundamental para tal acumulación ilegal.
Es bien sabido como dentro de la contrainsurgencia es dable el reclutar a la parte más pérfida de los cuerpos armados oficiales y la hez de la delincuencia. Así a las Bacrim se les endilga, y esto es muy revelador, el colaborar con el ejército en los homicidios eufemísticamente denominados «falsos positivos»; a la sazón, la llamada ‘Oficina de Envigado» ayudó con este tipo de asesinatos en Manizales y Pereira en beneficio de dádivas a militares del Batallón Mártires de Puerres[15], ‘premios’ auspiciados por el ministerio de defensa en cabeza de Camilo Ospina durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Amnistia Internacional afirma sin ambages: «El paramilitarismo sigue vigente aunque con otras estructuras y otros nombres que antes»[16]. Es evidente que las genéricas Bacrim son una fachada construida prolongando dicha presencia.
Es constatable que las Bacrim ejecutan prácticas híbridas entre la contrainsurgencia y la delincuencia como los paramilitares tradicionales, en teoría desmovilizados en 2006 bajo el mandato presidencial de quien se acusa en Colombia de ser su protector, Álvaro Uribe Vélez.
Por tanto la naturaleza de estas bandas criminales inasibles, omnipresentes, autoregenerables, como si fuesen la versión política en el siglo XXI del Espíritu Santo, las induce a ser al menos complementarias con la real implantación de aviesos planes militares en Colombia, pues justo en estos años de vigencia del Plan Colombia y demás sucedáneos ejecutados por los gobiernos de extrema derecha, las Bacrim han crecido sin obstáculo alguno en personas y territorios, precisamente los cabalmente copados por cuerpos militares con directo apoyo pentagonal[17]. Nueva coincidencia.
Constante Incoherencia. Las siempre cuestionables estadísticas oficiales colombianas son abundantes en actuaciones de las autoridades destinadas formalmente a interrumpir específicamente este complejo circuito ilegal con una parafernalia burocrática e incesantes acciones contra estos delincuentes[18]. El mismo jefe de estado Juan Manuel Santos, ha lanzado al respecto una antinomia: «Este año 2015 hemos reducido las acciones del crimen organizado en un 50 %, casi 30 jefes o cabecillas han sido capturados y más de 420 de sus integrantes han sido capturados[19]». Sin embargo, como ya ha sido resaltado aquí, a la vez el mismo empecinado primer mandatario persiste en ubicar al ‘crimen organizado’ como una prioridad en el pos conflicto: «las acciones contra el crimen organizado son ahora una prioridad para el Gobierno con miras al posconflicto[20]». Si las Bacrim han sido reducidas verdaderamente de tal manera ¿por qué debe enfocarse el ostentoso aparato represivo colombiano en ellas? Si van siendo diezmadas paulatinamente, como da a entender el Presidente, ¿qué motiva esa obsesiva prioridad futura?
Es patente el doble discurso del gobierno; de una parte se está desarticulando con el aparato gubernamental a estos gaseosos y ambivalentes grupos Bacrim y de otra, estos son incontrolables pues se declara que el enclenque estado colombiano en cuanto a funciones sociales y a la vez ostensiblemente hipertrofiado en lo que respecta a las armas, no podría confrontar a dichas pandillas derechistas mescladas con guerrilleros izquierdistas no desmovilizados, etc., una vez ocurriera la firma del acuerdo final en la Habana[21]. Como si en Colombia actuaran en un espacio absolutamente vacío, cuando lo ostensible es un aparataje policiaco-militar-tecnológico vigilando por doquier el país.
Dichas descomunales capacidades autónomas de asesinato, control, mimetismo, infiltración y corrupción, llegando a los ultra vigilados centros urbanos, repartiéndose zonas enteras del país con millones de habitantes en su interior, son más cercanas a un argumento cinematográfico, que a las reales actividades de uno o unos cuerpos delincuenciales en la periferia capitalista tropical de un país cliente de un imperio en el siglo XXI; al menos de acuerdo a como son descritos por quienes explican sus procederes.
Ininteligibles Estudios sobre las Bacrim. Tecnocráticamente hablando estos grupos han sido definidos como «estructuras delincuenciales nacionalmente desarticuladas, con un alto poder corruptor, intimidador y armado que han combinado la producción y comercialización de drogas con la afectación violenta de los derechos y las libertades de los ciudadanos en las zonas rurales y en la periferia de algunos centros urbanos del país»[22]. Así las Bacrim serían grupos autónomos localmente con proyección internacional, lo cual es contradictorio pues su accionar en el exterior anunciado por doquier en el carácter de traficantes de psicoactivos ilegales, requiere conexiones y demostraciones de influencia y coordinación, lo cual los haría mucho menos incorpóreos y nacionales de lo que son anunciados. La capacidad de corrupción proclamada se halla en contravía de la naturaleza de un ente ‘desconectado’, pues aquella implica en el mundo actual redes sofisticadas de influencia y protección. En cuanto a que estén armados es diciente este hecho al ocurrir en zonas especialmente vigiladas por el estado y por tanto, de alguna forma, ser toleradas por el mismo en la consecuencial intimidación de los habitantes; es un misterio supra terrenal como las Bacrim se proveen de dicha panoplia. La producción y comercialización de sustancias ilegales las hace continuidad del circuito ya establecido con la tradicional advertencia de que de variadas maneras existen ‘a pesar’ de las autoridades nacionales e imperiales.
También sorprende que estudios de ONGs y demás omitan principios de investigación antiguos como el Quid Prodest: el cual busca establecer quien posee la capacidad material para realizar hechos tan complejos como cadenas nacionales e internacionales de delitos, junto con su ocultamiento y la oportunidad, si es del caso, de endosarlos a las Bacrim; y el Quid Bonus: quien resulta beneficiado con las múltiples acciones de esas bandas, en circunstancias de manifiesta intención de proseguir el control social existente a nivel geopolítico, por parte de la potencia del continente.
Otra investigación con el fundamento de costumbre, declara que en varios departamentos, las Bacrim están realizando acciones (sin especificar cuáles), con el fin de prepararse para asumir el negocio de sustancias ilegales (multipretexto), en los territorios controlados por las FARC, luego del eventual acuerdo de paz con el gobierno colombiano, sin que se exprese la razón por la cual no ocurre una apropiada actuación en estas regiones de la fuerza pública para impedir tan evidente insuceso[23], planteamiento que debería ser obvio en un documento contextualizado y crítico.
Se da por sentado algo a la vez absolutamente sin explorar: «la capacidad de reproducción que tienen las bandas criminales, así como la efectividad de sus mecanismos de reclutamiento.[24]» Se evita auscultar las circunstancias de la población en una sociedad con índices de miseria como pocos del continente , con desplazamiento forzado y la concurrente ‘inoperancia’ del estado para impedir tales casos.
Como muestra de la vida interna de estas vaporosas bandas son exhibidos organigramas de imposible comprobación, con idealizadas estructuras que inducen a pensar en raíces policiaco-militares, conteniendo la ‘mácula’ adicional de basarse en la mayoría de las veces en las permanentemente interesadas fuentes oficiales[25]; se reafirma en estos estudios por lo menos una acientífica proclividad a la verdad dominante, cuando en el fondo es perceptible en el tema una compleja concepción político-militar ejecutándose y a la vez por realizar control social, ya practicada en otros lugares.
Corrupción. Relacionado con las Bacrim existe otro enunciado categórico expresado por el denominado pomposamente ‘ministro del Postconflicto’, el general en retiro de la policía militarizada Óscar Naranjo; en este caso el empotrado opinador afirma que «la corrupción es el peor enemigo de la construcción de la paz», para rematar «que para evitarlo es necesario fortalecer las instituciones y generar mayor participación ciudadana»[26]. De su parte, John F. Kelly jefe militar del Comando Sur de EE.UU. (agente de la represión y destrucción de Iraq), también estima a la corrupción en Colombia como un problema a ‘combatir'[27], con lo cual el tema adquiere características de malicioso libreto oficial del poder dominante para la región.
La putrefacción al interior del mismo estado generada por estas Bacrim, no es distinta de la que se presenta en zonas donde justamente existe ‘dominio’ de destacamentos paramilitares, participando autoridades locales a su vez en el funcionamiento de aquellas bandas[28]. Contextualizando este punto hacemos nuestras las palabras de Pilar Calveiro: » la corrupción no puede entenderse como una disfuncionalidad sino que es inherente al modelo… se vincula con la proliferación de la criminalidad y las mafias, perfectamente funcionales y articuladas a la globalización del mercado ya que lo expande a áreas prohibidas, como el tráfico de drogas, de personas, órganos…[29]» Desde tiempo atrás se advierte como la «corrupción es piedra angular de la dominación»[30]. Y por lo tanto eficaz al esquema general de manejo de masas en el capitalismo contemporáneo.
En la práctica la corrupción en Colombia es una notable «institución»; allí los políticos y en general los funcionarios venales de alto rango quedan por fuera de la posibilidad de ser objeto de cierta justicia. Alguno in extremis caerá a manera de chivo expiatorio, nunca quienes son fieles a poderes internos y externos, pues lo contrario generaría una desbandada, en el sentido más literal de la expresión. El fenómeno hace parte de otros procesos de control poblacional con orígenes políticos, económicos, culturales etc., por fuera del país, donde la podredumbre estructural del sistema guarda relación también con el arsenal de excusas de reforzamiento de la ‘seguridad’ a nivel mundial.
Control Poblacional Violento de las Bacrim. El control violento de las Bacrim sobre la población ha sido perpetrado intensamente por años. Al presente sus atrocidades selectivas pero brutales y a la vez como hemos mencionado, se realizan en completa equivalencia con los procederes y de manejo violento de la población de los ‘tradicionales’ paramilitares y el estado.[31]
En el estratégico puerto de Buenaventura aquellas cometen masacres con especial ferocidad siendo simple y llanamente paras: «Si bien el gobierno nacional califica a los Urabeños, la Empresa y las AGC como «bandas criminales emergentes» (Bacrim), varias fuentes vinculan directamente a estos grupos con paramilitares, al menos en lo que respecta a su origen[32]. Por ejemplo, la Unidad de Víctimas, la agencia del gobierno que brinda asistencia a víctimas del conflicto armado y personas desplazadas, indicó recientemente que los tres grupos en Buenaventura son «estructuras armadas, emanadas del proceso de desmovilización» y señaló que los Urabeños eran una «organización aparentemente paramilitar»[33].
En estas circunstancias, es significativo que se han presentado recientemente ‘acercamientos’ entre La Fiscalía General de la Nación (órgano de facto al servicio del poder ejecutivo) y algunos de estos grupos (Clan Úsuga) con el fin de ‘entregarse’ a la justicia, a pesar de realizar crímenes de lesa humanidad y que esta posibilidad como tal no existe en la actual legislación colombiana; coincidencialmente, se tramita una ley en el congreso (conformado en buena parte por parapolíticos), con el propósito de hacer posible la negociación[34]. No es de extrañar que la OEA (es decir EE.UU.) aparezca mediando.
Bacrim como Tótum Revolútum Delictual. El tráfico ilegal de estupefacientes, usina generadora del crimen organizado contemporáneo, se halla vinculado a la organización capitalista global y en más de un sentido, ha sido perfectamente funcional a esta[35]. La distribución de actividades, su compartimentación y su especificidad dan a entender una jerárquica y sincronizada telaraña criminal en las Bacrim-Traficantes ilegales, funcional al Estado, el cual pretexta su actuación de fuerza en la sociedad reprimiendo el pequeño tráfico ilegalizado, pero como es notable, dejando cierta permanencia de impunidad selectiva de lo pesado de grandes capos, al menos pro tempore; la continuidad de las diversas Guerras Contra las Drogas de Richard Nixon y sucesores, siempre inconclusas e inexplicadas lógicamente, empero utilísimas como argumento de intervención de la Casa Blanca prolongándose ilimitadamente y las turbias actividades Bacrim, es palmaria[36].
En general los esquemas el funcionamiento Bacrim implicarían los delitos estimados como menores del criminal común, conectándose con otros de mayor entidad mediante una cadena de acuerdos, compensaciones, distribución de territorios, conducentes a los grandes grupos delictuales, para así lograr una especie de simbiosis de fenómenos de dispar impacto culminantes en los actos criminales más perturbantes, como serían los cometidos por las redes de tráfico ilegal y otras agrupaciones de delincuentes organizados[37]. Algo ya detectado como forma de elaboración conceptual del enemigo a perseguir en un marco político de dominación violenta en Centro América.
En el distorsionado panorama social colombiano, el gran capo internacional del tráfico ilegal, el miembro de una banda de ladrones de coches, los ‘macro y micro extorsionistas’ (crimen organizado), el vendedor de artículos de marca pirateados, el ladronzuelo de objetos personales, a la par del destacamento paramilitar, son unificados como problema nacional digno de severo castigo y de aparado represivo reforzado. A partir del concepto Bacrim con su estructura delictual de tal ambigüedad, es factible la práctica de una especie de administración del delito en lugares, tiempos, modalidades e intensidad, mediante la cual se proyecta zozobra sectorizada y dosificada, como política de control social del poder ejecutivo en la población. El revoltijo criminal propicia la represión ilimitada y subrepticia.
Cultura del Miedo. El filósofo político Noam Chomsky ya en los años setenta expresaba: «El terror no es una consecuencia fortuita sino que tiene una relación funcional con el clima de inversión.[38]» El ambiente de inversión extranjera debe mantenerse sin oposición, a través de un aparato de control social violento en este caso patrocinado por el gobierno de los EE.UU., formulador, proveedor y sostenedor de ‘modelos de seguridad’ en Colombia, como lo ha sido en otras partes del mundo desde hace décadas; se justifica dicha parafernalia bélica con el mantenimiento de un estado generalizado de miedo en la población. De hecho para el sistema político de la democracia neoliberal, el terror, ahora selectivo y dosificado, debe prevalecer a efecto de garantizar el orden draconiano que necesita la voraz acumulación capitalista neoliberal[39]. Los TLC tienen mucho que ver con esta situación, pues a partir de ellos las inversiones extranjeras son protegidas legalmente en detrimento del país a saquear, y lo ilegal contrainsurgente actúa a fin de anular a través de la brutalidad derechos fundamentales reconocidos. Colombia suscribió en 2009 un leonino tratado de libre comercio con EE.UU.
Conclusiones. Se presentan analogías entre la guerra antiterrorista y la contra el crimen: «Ambas son una construcción del poder global por cuanto este crea las condiciones para el desarrollo de un fenómeno inicial que luego reproduce y multiplica. Ambas son funcionales a las actuales formas de organización, acumulación y concentración del neoliberalismo. En ambos casos se construye desde una perspectiva bélica un problema de orden social y político, lo que permite desplegar gran cantidad de violencia tanto en el ámbito nacional como internacional[40]».
Luego del desgaste de la figura del terrorista, con su brumosidad intencionada, ostensiblemente se abre paso el nuevo enemigo, una vez más, interno y confuso. Ese delincuente de pandilla, banda paramilitar-delincuencia común, grupo menor, el tradicional traficante ilegalizado, el corrupto burócrata cínico, o una etérea mixtura de estos, el cual como en veces anteriores, puede ser cualquier miembro de la población, con lo cual se cumple con el requisito del ‘enemigo interior’ extendido y difuso de la aún vigente Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN)[41], de tristes antecedentes en el prototipo de enemigo interno de la Alemania nazi[42].
Como una de las características de la denominada globalización existe una conexión entre lo legal y lo ilegal, se hace borrosa la frontera entre lo militar y lo policiaco, la reivindicación social y lo criminal, la normalidad y el Estado de Sitio. Las Bacrim con su ambigüedad delincuencia-contrainsurgencia en determinadas zonas o regiones, cumplen a cabalidad dichos propósitos de una manera sutil, sin animosidad al abuso estatal, la ostentación brutal de los años setenta y sin la notoriedad de los paramilitares de la década final del siglo pasado y la primera del presente. Resultan ideales en la administración estatal del delito herramienta de control social.
En conjunción con lo relatado, es anunciado un aumento del consumo de psicoactivos ilegalizados en Colombia[43]; bajo este dato y las consabidas premisas persecutorias se continúa allí con la política dramáticamente fracasada Guerra Contra las Drogas, la cual ha servido en el terreno de los hechos en EE. UU. para perseguir a clases desposeídas, minorías étnicas, etc., y en América Latina facilita sangrientamente conjurar intentos de soberanía.
En el caso colombiano, la reorganización capitalista con acumulación riqueza por desposesión violenta, implica políticamente hablando una democracia formal dirigida por élites deshonestas con elecciones sin alternativa real (México es también patético en este sentido) y resultados preestablecidos a través de diversas manipulaciones y despolitización generalizada[44]. Ello implica la funcionabilidad política del estilo delincuencial Bacrim, en ‘democracias’ limitadas a vacíos ritos electoreros, constatada también en Mesoamérica.
El genocidio y el ataque contra civiles del tipo paras-Bacrim ocurre concienzudamente como resultado de una inhumana racionalidad de eficiencia bélica, política, económica o biológica[45]; es lo sucedido cruelmente en el presente en el caso de Buenaventura sobre el Pacífico, perpetrado de acuerdo a los medios oficiales por las Bacrim en una penumbra propagada por ellos mismos, desplazando población, en concomitancia con la ejecución de planes políticos y económicos locales, empero así mismo, geoestratégicos.
Es patente el carácter inocultablemente político de las Bacrim, es decir su vocación, por llamarla de alguna manera, de ser funcionales a la encubierta contención de acciones reivindicativas y de la defensa de derechos y reclamación de libertades conculcadas. Consecuencialmente se convierten en una especie de franquicia local-transnacional, operando en estratégicas zonas rurales, en periferias o dentro de ciudades en actividades semiclandestinas (como prostitución), en las cuales se controla con violencia selectiva a la población estimada por el capitalismo actual como sobrante en Colombia.
El criminólogo estadounidense Michael Tonry ha manifestado que en Colombia «los planificadores de la guerra sabían exactamente lo que estaban haciendo»[46], refiriéndose a la contrainsurgente de los recientes tiempos; lastimosamente esto continúa pasando. De una guerra se pasa concienzudamente a la siguiente.
Desde hace muchos años Colombia ha sido establecida como una parte de Suramérica conformante de ese mare nostrum anunciado por uno de los fundadores de la geopolítica estadounidense Nicholas J. Spickman[47], y por ello es constante el interés de Washington en mantener el mando a toda costa sobre este país (máxime la disidencia en la vecina Venezuela), así como en casi toda Centroamérica también miembro del ‘mar interior’ gringo. En Colombia con estos nuevos instrumentos tácticos para la dominación, del tipo Bacrim, demás cuerpos contrainsurgentes anteriores, y la ‘corrupción’, debidamente acondicionadas, la continuidad del conflicto ya más que centenario entre EE.UU. y América Latina, van tomando una remozada variante en el norte de Suramérica. Allí el saldo, al menos por ahora, ha sido la muerte de entre trescientas a cuatrocientas mil personas y la profundización de la desposesión de las inmensas mayorías.
Notas
[1] Tomado de la revista órgano semi-oficial del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, Semana. Número 1711. Febrero 15 de 2015. Pág. 66
[2] Sergio Jaramillo. Colprensa. Noviembre 23 de 2013. http://www.elcolombiano.com/historico/posconflicto_sera_exitoso_si_se_combate_bacrim_sergio_jaramillo-DAEC_271174
[3] Juan Manuel Santos. Agencia EFE. Abril 23 de 2015. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-unico-camino-de-bandas-criminales-someterse-justicia-articulo-556680
[4] Oscar Naranjo, en el Foro por la paz en Colombia de El País. Marzo 7 de 2015.
[5] Jeremy McDermott El futuro de las BACRIM y el posconflicto en Colombia. Mayo 2 de 2014.http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/el-futuro-de-las-bacrim-y-el-posconflicto-en-colombia
[6] Naranjo. Ibídem.
[7] Evolución de las Pandillas en El Salvador desde 1945. El Faro.net http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/83661/Evolucin-de-las-pandillas-en-El-Salvador-desde-1945#vars!panel=777842!
[8] El Faro.net. Ibídem
[9] Proyectándose en los siguientes 36 años más de ciento sesenta y cuatro mil. Carlos Figueroa Ibarra. Del Terror Militar a la Violencia Neoliberal. Rebelión
[10] Figueroa Ibarra. Ibídem.
[11] McDermott. Ibídem.
[12] Carlos Andrés Prieto. Las Bracrim y el Crimen Organizado en Colombia. FES Seguridad. Policy Paper 47. Marzo de 2013. Pág. 3
[13] McDermott. Ibídem.
[14] Prieto. Pág. 7
[15] Falsos positivos. Piden investigar a dos generales del Ejército por «falsos positivos» en el Eje Cafetero. El Espectador. Abril 6 de 2015.
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/piden-investigar-dos-generales-del-ejercito-falsos-posi-articulo-553400
[16] Marcelo Pollack, investigador en Colombia de Amnistía Internacional en Thilo Schäfer. La Marea. http://www.lamarea.com/2015/04/01/tememos-que-en-colombia-se-este-negociando-un-intercambio-de-impunidades/
[17] En 2006 las autoridades identificaban treinta y tres bandas en ciento diez municipios del país con cuatro mil hombres, para 2012 se reconocen cinco bandas criminales (Urabeños, Rastrojos, disidencias del Erpac, Renacer y Machos) en de ciento noventa y doscientos municipios con cerca de 4.800 hombres en sus filas. Prieto. Pág. 2
[18] Setenta fiscales, exaltando ‘importantes resultados’ de más de seiscientas ‘operaciones especiales’; en un total de unas 1.800, con unos ochenta ‘mandos medios’ capturados o ‘dados de baja’. Las capturas hasta 2013 eran doce mil personas y la incautación de un cúmulo de armas; nadie reporta cómo llegan al país sin problemas notables. Prieto. Pág. 7. La verificación de estos datos es muy difícil.
[19] Santos Ibídem.
[20] Santos Ibídem.
[21] ¿Cual debe ser el Tratamiento del Estado Contra las Bacrim? Foros Semana. Julio 23 de 2014. http://www.forossemana.com/agenda/articulo/cual-debe-ser-el-tratamiento-del-estado-contra-las-bacrim/6424
[22] International Crisis Group. 2012. Citado por Prieto. Pág. Ibídem, 17. Este escrito se toma como texto base en este ensayo para la descripción del fenómeno Bacrim.
[23] Nariño, Putumayo (frontera con Ecuador) y Guajira (frontera con Venezuela). Estudio de la Fundación Paz y Reconciliación. Caracol Radio. Febrero 21 de 2014. http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/bacrim-planean-tomar-territorios-de-las-farc-en-posconflicto-revela-estudio/20140221/nota/2093313.aspx
[24] Prieto. Pág. 9
[25] Así las describe Prieto. Pág. 4
[26] Corrupción es el peor enemigo en la construcción de paz: general (r) Naranjo. El Espectador. Abril 27 2015.
http://www.elespectador.com/noticias/paz/corrupcion-el-peor-enemigo-construccion-de-paz-general-articulo-557344
[27] General John Kelly. Contraingerencia. Mayo 4 de 2015. http://www.contrainjerencia.com/?p=104506&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+contrainjerencia%2FjvtA+%28CONTRAINJERENCIA%29
[28] «desde 2009 ha estado creciendo la atención de las autoridades nacionales frente a los continuos casos de miembros de fuerza pública y funcionarios locales que tienen nexos con las Bacrim. por nexos con otras Bacrim como los Urabeños o bandas locales». Prieto. 12
[29]Pilar Calveiro. Violencias de Estado: La Guerra Antiterrorista y la Guerra Contra el Crimen Como Medios de Control Global. Siglo XXI Editores. Buenos Aires. 2012. Pág. 60
[30] Michael Hardt, Antonio Negri. Imperio. Citados por Calveiro. Pág. 60
[31] «El Tribunal considera probado que existe un patrón generalizado de vinculación entre la estructura del estado de Colombia y la actuación de los grupos armados paramilitares». Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos. El Tribunal Permanente de los Pueblos -en adelante TPP-, en su sesión deliberante sobre «Empresas Transnacionales y Derechos de los Pueblos en Colombia», celebrada entre los días 21 y 23 de julio de 2008 en Bogotá. Citada por Marcelo Ferreira. Genocidio Organizador en Colombia. Daniel Feiesrtein. Terrorismo de Estado y Genocidio en América Latina. Prometeo Libros/PNUD. Buenos Aires 2009. Pág. 112.
[32] Las agencias de refugiados y derechos humanos de la ONU, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Buenaventura -organismo municipal de derechos humanos- se refieren a «grupos posdesmovilización». Numerosos residentes de Buenaventura entrevistados por Human Rights Watch se refirieron a la Empresa y los Urabeños como «paramilitares», e identificaron a algunos miembros de estos grupos en sus barrios como ex paramilitares. Entrevistas de Human Rights Watch con residentes de Buenaventura, noviembre de 2013. Human Right Watch. (HRW) La Crisis en Buenaventura: Desapariciones, Desmembramiento, Desplazamiento, en el principal puerto de Colombia sobre el Pacífico. EE.UU. 2014. Pág. 13.
[33] Comunicación oficial de la Unidad de Víctimas a la Corte Constitucional de Colombia, «Informe de respuesta a la orden primera del Auto 234 de 2013 mediante el cual la honorable Corte Constitucional solicita información al Gobierno Nacional sobre el cumplimiento en el Distrito de Buenaventura, de las órdenes impartidas en el Auto 005 de 2009 y 119 de 2013, en el marco de la sentencia T-025 de 2004», 9 de diciembre de 2013. HRW. Ibídem.
[34] Hay acercamiento con bandas criminales para posible entrega a la justicia: Fiscalía. El Espectador. Abril 27 2015.
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/hay-acercamiento-bandas-criminales-posible-entrega-just-articulo-557186
[35] Así lo describe con precisión Pilar Calveiro. Pág. 167
[36] Tráfico, Mafias y Beneficiados. Rebelión. 04-09. 2012. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=155497
[37] Calveiro. Pág. 169
[38] Noam Chomsky. Edward S. Herman. Washington y el Fascismo en el Tercer Mundo. Siglo XXI Editores. México 1979. Pág. 94
[39] Figueroa Ibarra. Ibídem.
[40] Calveiro. Pág. 170
[41] Calveiro. Pág. 87
[42] Alberto Rojas Andrade. El Retorno a Occidente del ‘enemigo interno’ de Heidegger. Rebelión 19-05 2014. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=184831
[43] Daniel Mejía. Llegó la hora de Hablar del Consumo. Credencial. Junio 5 de 2013. http://www.revistacredencial.com/credencial/content/drogas-lleg-la-hora-de-hablar-del-consumo
[44] Calveiro. Pág. 57
[45] Calveiro. Pág. 35
[46] Ferreira. Pág. 135
[47] Estados Unidos Frente al Mundo. Fondo de Cultura Económica. México 1944. Pág. 55
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