Tuvo que ocurrir el crimen de dos estudiantes de la Universidad de los Andes, Mateo Matamala y Margarita Gómez, miembros de prestantes familias bogotanas, para que el país despertara y se conociera la existencia de estas bandas de paramilitares, que siguen contando con la colaboración de militares y policías. En Córdoba, nunca hubo un solo operativo para perseguirlos y capturarlos, como está sucediendo ahora, sin contundentes resultados todavía.
Desde el comienzo de las llamadas negociaciones de Ralito y de la aprobación de la ley de justicia y paz, desde estas páginas alertamos de la farsa de la paz con narcotraficantes y paramilitares. Sin vacilaciones, advertimos al país y al mundo que era el diálogo de «yo con yo». Posteriormente, producidas las «desmovilizaciones», en las que se descubrieron varios conejos consentidos por Luis Carlos Restrepo, señalamos que el paramilitarismo seguía vivito y coleando en el territorio nacional.
Los crímenes continuaron contra la izquierda, dirigentes sindicales y militantes del Partido Comunista -y hasta inauguraron al naciente Polo Democrático Alternativo-, aún con los capos del paramilitarismo en las cárceles. Así se lo advertimos al Gobierno Nacional, inclusive al presidente Álvaro Uribe Vélez en la Casa de Nari, en reunión pública y a la cual ingresamos por la puerta principal, en la quel le reclamos por los asesinatos de comunistas en el sur del Tolima. Uribe, enfadado, nos respondió que eso no era cierto y cuando le enumeramos los muertos de carne y hueso, entre dientes dijo que en Colombia había mucha gente mala y cualquiera podía ser el responsable de esos crímenes.
Extraditados los principales jefes del paramilitarismo, que nunca abandonaron el poder y el control en sus regiones, como «Don Berna, Jorge 40 y Mancuso, para citar tres casos, aparecieron numerosas bandolas que fueron creciendo como espuma a lo largo y ancho del país. El gobierno de Uribe, los mandos militares y de policía se inventaron el cuento, con la complicidad de organismos internacionales y de algunos países europeos, que eran bandas criminales que nada tenía que ver con las «AUC» de Ralito y de Justicia y Paz. El narcotráfico continuó, los crímenes y masacres aumentaron casi que en secreto, mientras los voceros militares y policiales, del Gobierno y la «gran prensa» los apodaban con el simpático nombre de Bacrim, que parecía más un término inofensivo que realmente enérgico para el potencial poder criminal que representaban.
Casi que en solitario, en las páginas de este semanario, semana tras semana, denunciamos crímenes, masacres, desapariciones e intimidaciones, en numerosos casos con la complicidad de la Fuerza Pública. Casi el mismo libreto que con los paramilitares en los últimos 30 años. El 31 de diciembre denunciamos el asesinato de Luis Mayuza, el último hombre que le quedaba a una familia desplazada del Meta, que fue exterminada sin piedad. Nadie dijo nada. El silencio fue total. El crimen fue en La Unión Valle del Cauca, donde se ha detectado el accionar impune de grupos paramilitares, que la policía insiste en llamar Bacrim. No hubo titulares ni discursos de los voceros del Gobierno Nacional ni amenazas del Vicepresidente de la República.
Tuvo que ocurrir el crimen de dos estudiantes de la Universidad de los Andes, Mateo Matamala y Margarita Gómez, miembros de prestantes familias bogotanas, para que el país despertara y se conociera la existencia de estas bandas de paramilitares, que siguen contando con la colaboración de militares y policías. En Córdoba, nunca hubo un solo operativo para perseguirlos y capturarlos, como está sucediendo ahora, sin contundentes resultados todavía.
Son paramilitares y narcotraficantes, que tienen el mismo origen y los mismos cómplices de sus predecesores en los últimos 30 años en el marco de la doctrina de seguridad nacional gringa y de los planes de exterminio de la izquierda. ¡Que no nos vengan con cuentos! El general Naranjo se rasga las vestiduras, porque los únicos responsables de los asesinatos son las «bandas criminales», cuando no está clara la acción de las autoridades, en primer lugar de la Fuerza Pública. Semejante discurso tiene tufo a demagogia. Las autoridades tienen que responder por qué no los han desmantelado, como nunca lo hicieron antes.
Córdoba, Urabá, Costa Atlántica, Tolima, parte de Santander, Antioquia, siguen en poder de estos grupos, que sólo pueden sostenerse porque son apoyo para la estrategia antiterrorista de la seguridad democrática. Uribe trató de legalizarlos, actuó con ellos y hasta se apoyó en el proselitismo armado para promover su elección primera y segunda y la campaña reeleccionista. Varios de sus representantes visitaron la «Casa de Nari» por la puerta de atrás. Así que no vengan con cuentos, por lo demás porque es un lastre del actual Gobierno, heredero del anterior. Se requieren resultados concretos y mayor exigencia del exterior de donde provienen muchas complicidades por omisión y del norte
Editorial de VOZ Edición 2573 del 19 al 25 de enero de 2011
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