Si Mariano Rajoy hubiera permitido una sola pregunta tras su solemne declaración institucional en la noche de este domingo, habría una que hoy se harán en unas cuantas capitales europeas: si el referéndum no ha existido, era claramente ilegal, sin garantías y sin efecto alguno, ¿era necesario ordenar cargas policiales contra ciudadanos que pacíficamente querían […]
Si Mariano Rajoy hubiera permitido una sola pregunta tras su solemne declaración institucional en la noche de este domingo, habría una que hoy se harán en unas cuantas capitales europeas: si el referéndum no ha existido, era claramente ilegal, sin garantías y sin efecto alguno, ¿era necesario ordenar cargas policiales contra ciudadanos que pacíficamente querían introducir una papeleta en una urna de plástico? Conviene esperar a los próximos días y semanas para valorar las consecuencias inmediatas de este «no referéndum». Sí es hora de señalar al menos el balance provisional de daños (no sólo en Cataluña) tras este negro 1 de Octubre, y el complejo escenario que nos espera.
El bloque independentista inició la recta final de su anunciada hoja de ruta con una actuación en el Parlament que le dejó debilitado en el crédito político de lo que más importa a sus dirigentes: la imagen internacional. Las sesiones del 6 y el 7 de septiembre mostraron la cara más antidemocrática de un proceso que se pretendió imponer sin siquiera debate y contra las reglas constitucionales, parlamentarias y estatutarias. La respuesta exclusivamente judicial, las detenciones de altos cargos de la Generalitat, la prohibición de actos en defensa del derecho a decidir y, sobre todo, las cargas policiales contra gente decidida a votar este domingo han permitido a los independentistas transformar el marco de debate en una confrontación entre democracia y represión. Si la independencia no convence a más de la mitad de los catalanes, la exigencia de pronunciarse sobre su futuro sí congrega a una mayoría aplastante. Las imágenes de los porrazos y las pelotas de goma como respuesta a familias, jóvenes y ancianos «armados» con papeletas son letales para la Marca España.
El siguiente paso
A esto se aferra Carles Puigdemont para continuar con el plan soberanista al margen de la legalidad. Su declaración rodeado de todo el Govern, en la noche de este domingo, parecía más dirigida a Europa que a España. Ha anunciado sin demasiados rodeos la probabilidad de llevar al Parlament, sin fecha concreta, la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Si antes del 1-O no consiguió el apoyo político de ninguna institución internacional, ahora intenta aprovechar las porras, las pelotas de goma y los precintos para amplificar el eco de su reivindicación. Ese anuncio puede tener un efecto bumerang: en lugar de aprovechar el relativo éxito de la movilización popular para generar y asentar simpatías, la precipitación de Puigdemont hacia la DUI, basándose en datos incomprobables sobre una votación ilegal, quizás provoque el efecto contrario. Ese paso sería respondido en toco caso desde el Gobierno con la suspensión de la autonomía catalana por la vía del artículo 155 o de la Ley de Seguridad Nacional. Continuamos por tanto en el proceso acción-represión-reacción.
De la fractura social en Cataluña cabe responsabilizar fundamentalmente a los propios soberanistas. De la nueva brecha que se produce entre Cataluña y España no hay mayor responsable que el Gobierno del PP. Esta misma noche, al término de lo que Rajoy considera una simple «escenificación» (su ministro del Interior lo ha llamado «paripé»), el presidente del Gobierno ha dicho lo que siempre dice, ya se trate de rescatar cajas de ahorros, recortar el gasto social o esquivar cualquier responsabilidad sobre la Gürtel: «Hemos hecho lo que teníamos que hacer». Cuesta mucho pensar que a Rajoy le importe algo Cataluña, o en todo caso es obvio que le importa mucho más seguir cosechando votos en el resto del Estado. Proclamar a estas alturas que este conflicto se resuelve «con la ley y sólo con la ley» suena más cerca del «¡a por ellos!» que de esa reclamación que el propio Tribunal Constitucional viene haciendo para abordar soluciones para Cataluña y España a través del diálogo y no a golpe de sentencias.
Ha anunciado Rajoy la convocatoria de los partidos con representación parlamentaria para «reflexionar juntos sobre el futuro», además de una comparecencia ante el pleno del Congreso para explicar (se supone) que el referéndum que nunca existió merecía unas cuantas cargas policiales, por si acaso el «simulacro» llegara a acercarse a algo parecido a un referéndum. La intervención de Rajoy no abre la más mínima esperanza, como tampoco lo permite la exultante gesticulación de los líderes independentistas. Mientras se extiende la convicción, dentro y fuera de España, de que tanto Rajoy como Puigdemont o Junqueras han quedado fulminados como interlocutores de cualquier diálogo por ser responsables de un fracaso colectivo obvio, ellos no mueven una ceja ante las peticiones de dimisión o de elecciones anticipadas. En la distancia y el desencuentro se refuerzan mutuamente.
Muy complejo escenario
Ha reclamado Pedro Sánchez a Rajoy que abra una «negociación política con el Govern«, a sabiendas de que no hay la menor posibilidad de que ocurra. ¿Alguien imagina ahora una mesa de diálogo en la que la otra parte esté representada por dirigentes imputados por distintos delitos?
Pablo Iglesias mantiene su presión sobre el PSOE de Pedro Sánchez, al reclamar que dé un paso en busca de la mayoría suficiente en el Parlamento para sacar a Rajoy de la Moncloa vía moción de censura. Pero Sánchez ha aprovechado el primer aniversario del Comité Federal ante el que tuvo que dimitir para recordar a Iglesias que aquello ocurrió después de que Podemos se negara a permitir la investidura del socialista apoyada en un pacto con Ciudadanos. Han ocurrido muchas cosas en el último año, pero no las suficientes para romper la desconfianza entre el PSOE y Podemos. Tiene razón Iglesias cuando expone que hoy sería posible para Sánchez obtener el apoyo de los nacionalistas para echar a Rajoy, pero el secretario general del PSOE cree que ese pacto supondría su suicidio político en la siguiente cita electoral.
Aunque tienen mucho menos eco que las declaraciones de los cuatro grandes partidos, conviene atender cada gesto y cada pronunciamiento del PNV, porque dispone de la llave fundamental para marcar los tiempos políticos que se avecinan. De momento este domingo ha advertido a Rajoy que su «menor problema» a día de hoy son los Presupuestos. Rajoy tiene a su vez la posibilidad de pulsar el botón de adelanto de elecciones generales. El mayor problema en todo caso lo tiene España, necesitada más que nunca de líderes capaces de mirar por encima de la pared de la siguiente cita electoral.
Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2017/10/02/balance_provisional_danos_tras_o_70188_2002.html