Cada vez más ayuntamientos optan por privatizar el suministro de agua con la excusa de hacer frente a sus deudas. Dos compañías se reparten cerca del 80% de este nuevo negocio: FCC y Agbar. Lo que probablemente conducirá a una insostenibilidad y quizás a su posterior rescate público pagado por todos. ¿Les suena de algo? […]
Cada vez más ayuntamientos optan por privatizar el suministro de agua con la excusa de hacer frente a sus deudas. Dos compañías se reparten cerca del 80% de este nuevo negocio: FCC y Agbar. Lo que probablemente conducirá a una insostenibilidad y quizás a su posterior rescate público pagado por todos. ¿Les suena de algo?
Según la ONU, hay 1.100 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso al agua potable. Por este motivo, en 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció este acceso como un derecho humano básico, un derecho que en España empieza a ser un negocio que está pasando a manos privadas.
Hasta hace pocos años, la gestión del agua, es decir, quienes se encargaban de hacer que este recurso natural de primera importancia llegara a los ciudadanos, eran los ayuntamientos. A través de entidades locales se aseguraba el suministro a los vecinos. Pero el descenso de los ingresos municipales ha hecho que se multipliquen por todo el Estado los procesos de privatización de este suministro. El procedimiento es sencillo: el agua sigue siendo pública, pero la gestión se adjudica a un agente privado que consigue la concesión del ciclo urbano del agua a cambio de una cantidad de dinero. Es lo que se conoce como «canon concesional». Estos cánones son utilizados por los ayuntamientos para aliviar su desastrosa situación financiera.
Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, ya ha bautizado este fenómeno como «burbuja hídrica». A su juicio, «se acabó el ladrillo y ahora hace falta dinero, los ayuntamientos tienen que hacer frente a gastos, inversiones y compromisos sin fondos, y la solución que proponen es vender aquello que vale dinero, que es eficiente, en este caso el servicio del agua».
La forma de privatizar es a través de un partenariado Público Privado (PPP) mediante el cual se otorga una concesión durante 40 o 50 años a una empresa privada. Así, las compañías se hacen con un mercado sin competencia local, un auténtico monopolio, y con un usuario seguro y permanente, dado que los recibos del agua tienen una garantía de cobro de entre el 95% y el 97%. Al calor del negocio del agua han acudido tanto empresas francesas del sector como el lobby de las grandes constructoras. Solo la catalana Agbar (filial de la francesa Suez), con 13 millones de usuarios, y FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), un grupo de construcción y servicios, con sus más de 9 millones de abonados, controlan cerca del 80% del mercado privatizado. Todo un oligopolio al que se ha sumado Acciona, que acaba de obtener la licencia de Aigües del Ter-Llobregat, suministradora del agua a Barcelona y a Cáceres.
Pero para entrar en el negocio del agua hace falta capital, y ahí es donde entra en juego la banca. Las grandes empresas que optan a los concursos de privatización suelen tener detrás una entidad bancaria que les va a financiar, aprovechando el dinero que el Banco Central Europeo les ha prestado al 1% de interés, una medida excepcional para inyectar liquidez en el sector financiero.
Hay que recordar que, por imposición europea, los ayuntamientos no pueden tener una línea directa de financiación, un dinero que sí pueden recibir a través de los PPP, en los que el socio privado hace de banquero. Para el economista y miembro de Nueva Cultura del Agua Pedro Arrojo, «privatizar es un acto de sabotaje social a la economía ciudadana, porque al día siguiente tendrás que alquilar los servicios privados y deberás pagar lo que ellos han invertido, más lo que te quieran cobrar de intereses».
Un futuro oscuro Según un estudio llevado a cabo por el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, la entrada de la empresa privada en el sector «no ha supuesto la esperada mejora en la eficiencia». Los responsables del estudio se preguntan si «hay otras razones que estén impulsando el proceso privatizador experimentado por el sector», en este caso en Andalucía. Los expertos señalan siempre los motivos económicos. De hecho, Babiano solo encuentra inconvenientes, ya que «el modelo de gestión pública-privada es costoso para el ciudadano que ve incrementada su tarifa; oscuro porque no existen órganos reguladores, ni indicadores de calidad de gestión y supone una pérdida del control por parte de las administraciones».
A su juicio, de continuar con esta deriva privatizadora, «dentro de 20 años tendremos los ratios de aumento tarifario más caros de Europa, habrá una degradación de las infraestructuras y unas condiciones medioambientales lamentables». El experto va más allá, y profetiza que el resultado de esta burbuja hídrica supondrá «una ausencia de inversión en la gestión del ciclo urbano del agua, lo que conducirá a una insostenibilidad y quizás a su posterior rescate público pagado por todos». ¿Les suena de algo?