El sistema electoral binominal impuesto por la dictadura no puede ni debe continuar. Es un factor de degradación y desprestigio de la actividad política. Constituye un obstáculo para los avances democráticos que el país requiere, un riesgo para la permanencia de los insuficientes derechos recuperados. Tiende a la configuración de una «clase política», de […]
El sistema electoral binominal impuesto por la dictadura no puede ni debe continuar.
Es un factor de degradación y desprestigio de la actividad política. Constituye un obstáculo para los avances democráticos que el país requiere, un riesgo para la permanencia de los insuficientes derechos recuperados. Tiende a la configuración de una «clase política», de una casta que favorece una creciente corrupción en el país.
Un sistema electoral democrático debe garantizar una correcta representación de la soberanía popular. El principio esencial debe ser un ciudadano o ciudadana un voto de igual valor. El sistema binominal niega esa igualdad fundamental que es condición básica de una democracia. El diseño de distritos armado por los ideológos de la dictadura impuso diferencias de representatividad de hasta 700% (caso Puente Alto o Maipú comparado con Aysén).
En estas condiciones la llamada Alianza por Chile, que con la UDI a la cabeza, defiende con dientes y uñas la permanencia de este sistema con poco mas de 38% de los votos obtiene el 45% de los diputados, número suficiente para bloquear todo cambio importante del sistema político, económico y social impuesto con la dictadura usando el sistema de quorums que con un 38% de los votos les permite bloquear todo cambio a las leyes orgánicas y por cierto a la Constitución.
Por ello, el primer principio del nuevo sistema debe ser su carácter proporcional que garantice una real representación de la ciudadanía. Es evidente que la equivalencia 1 ciudadano, 1voto, no podrá ser absoluta. En países como Francia o Alemania el diferencial tolerado es de 20% o 33% y cifras como esas pueden ser consideradas. Lo que en inaceptable es la extrema inequidad que impone el sistema binominal.
Otro componente esencial de un sistema decente es la definición de las»Unidades territoriales electorales», es decir, distritos (diputados) o circunscripciones (senadores). El sistema actual está lleno de arbitrariedades y no debe continuar. Fue hecho con los resultados del plebiscito de 1988 para asegurar el máximo de representación posible al pinochetismo y conseguir el bloqueo de toda norma legal que afecte sus privilegios.
Nuestra propuesta es que sean las regiones la base de la definición de los distritos excepto las regiones de alta población. Asumimos los negativos efectos del centralismo imperante y proponemos asignar a la regiones una base de electos que limite esos efectos que será de 3 para cada Región excepto la Región Metropolitana.
El número de diputados a elegir en cada distrito se completará en base a la población asignando un diputado por cada 130.000 habitantes para conformar una Cámara de 150 diputados electos en distritos plurinominales.
La representación de las regiones se expresará también con un peso mayor en el Senado, forma que consideró siempre el sistema electoral chileno en un Senado con 45 miembros.
Es necesario poner fin a todo tipo de discriminación basada en el origen social de los ciudadanos. Debe suprimirse la norma constitucional que impide a los dirigentes sindicales o vecinales ser candidatos a parlamentarios. La exigencia de enseñanza media completa como requisito de inscripción de candidaturas en condiciones que el país no ha creado aún un sistema que garantice a todos los chilenos ese nivel de educación debe ser suprimida.
Hay que resolver sin mas trámite la inscripción automática y el derecho a voto a los chilenos residentes en el extranjero.
La incorporación de nuevas formas de ejercicio de la soberanía popular que avancen a formas de democracia participativa y directa es necesaria. En ese campo las Consultas Populares y los Plebiscitos deben ser incorporados efectivamente en nuestra legislación.
Asunto insoslayable es del Financiamiento, Transparencia y Control de los gastos Electorales. Es una evidencia que el cohecho, el maridaje corrupto entre política y dinero, se ha reinstalado en la política chilena. Está a la vista que los enunciados y propósitos de la Ley actual son letra muerta. No existe transparencia efectiva del gasto real en que incurren la derecha y la Concertación en sus campañas electorales ni tampoco de donde provienen los fondos millonarios con que cuentan.
Es claro entonces que una reforma efectivamente democrática del Sistema Electoral demanda cambios muy de fondo y parte por la Constitución. No basta solo modificar el número de Diputados y Senadores y su modo de ser electos. La perspectiva del cambio debe colocar como objetivo una nueva Constitución.
No obstante, un primer paso es la conquista de un nuevo sistema electoral.
– Jorge Insunza es miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile.