Para el 30 de octubre fueron notificadas las 120 personas del campamento Unión Sin Fronteras, ubicado en Placilla, Valparaíso, sobre una inminente orden de desalojo. Estas familias, ante la falta de vivienda y las promesas incumplidas del Estado, ocuparon un terreno que permaneció más de 70 años en completo abandono.
En ese lugar, las y los pobladores comenzaron a construir sus hogares desde la necesidad y la esperanza: levantaron viviendas precarias, limpiaron el terreno, resistieron el frío, la falta de electricidad y de agua, y con el paso de las semanas lograron acceder de manera autogestionada a algunos servicios básicos. Todo fue fruto del trabajo colectivo, la solidaridad y la organización popular, no de políticas públicas.
El Estado de Chile, encabezado por el gobierno de Gabriel Boric, se comprometió a construir 260 mil viviendas dignas dentro de su mandato. Sin embargo, estas familias al igual que miles de otras en el país han sido ignoradas, marginadas y hoy son criminalizadas por intentar resolver por sus propios medios un derecho que el propio Estado les ha negado: el derecho a una vivienda digna y a la tierra.
Durante la semana pasada, una delegación provincial se reunió con los pobladores, pero hasta la fecha no existe ninguna respuesta concreta, ni siquiera la promesa de un albergue temporal. Los dirigentes de la toma Unión Sin Fronteras han propuesto abrir el diálogo con el propietario del terreno Albert Ken Jhonsson, solicitando suspender el desalojo y postergarlo hasta fin de año, para no interrumpir el año escolar de los niños y niñas del campamento. Sin embargo, la falta de empatía y sensibilidad del dueño ha dejado sin respuesta este pedido humanitario.
El desalojo forzado no solo implica perder un techo: también significa interrumpir la educación de los niños, romper redes comunitarias y poner en riesgo la vida de adultos mayores, mujeres embarazadas y familias completas que no tienen otro lugar donde ir.
Los pobladores denuncian que la respuesta del Estado ha sido la indiferencia mientras que los grandes especuladores inmobiliarios continúan acumulando terrenos vacíos y ganancias. Exigen ser escuchados, respetados y reconocidos como sujetos de derecho, no tratados como delincuentes.
Desde la toma Unión Sin Fronteras se hace un llamado urgente a las organizaciones sociales, de derechos humanos y de la infancia a solidarizar, difundir y exigir la suspensión inmediata del desalojo.
La lucha por la vivienda no es un delito: es un acto de dignidad y resistencia popular.
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