La Comisión de Indagación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, luego de recibir el 28 de diciembre pasado la denuncia remitida por la Fiscalía General de la Nación, con el número de radicado 2406 ha dado comienzo a la investigación preliminar en contra del ex presidente Belisario Betancur para que responda como […]
La Comisión de Indagación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, luego de recibir el 28 de diciembre pasado la denuncia remitida por la Fiscalía General de la Nación, con el número de radicado 2406 ha dado comienzo a la investigación preliminar en contra del ex presidente Belisario Betancur para que responda como presunto responsable del delito de desaparición forzada durante la toma del Palacio de Justicia en Bogotá ocurrida en el mes de noviembre de 1985.
Veamos, entonces, quién es este ex presidente colombiano, cuál pudo haber sido su delito y qué tipo de responsabilidad penal e histórica podría caberle por su participación en unos sangrientos hechos que por fortuna la sociedad colombiana se resiste a olvidar y cuyo impacto brutal mantiene aún vivas las heridas en su memoria colectiva.
Comencemos preguntándonos, ¿qué puede resultar de la mezcla de variadas eclécticas propensiones en un hombre de extracción campesina, de trato afable, bien dotado para las letras, con un refinado sentido de la estética, sensible a las expresiones artísticas, a la literatura, al ensayo y la poesía, que se deja seducir, primero, por la provisión de una holgada fortuna, luego, por un nivel de vida no exento de esplendor, y por último, consecuencialmente o no, por el poder? Pues ni más ni menos que el Belisario Betancur que gobernara a Colombia entre 1982 y 1986 y que en noviembre de 1985 fuera el probable responsable, por omisión, por presión a la que no quiso resistirse, o por desdén o indolencia, de aquel holocausto del Palacio de Justicia.
El mismo ex presidente que le debe al país y a la justicia no pocas explicaciones. Un hijo del pequeño pueblo de Amagá, en Antioquia, conservador del más puro linaje laureanista -y fue precisamente su ídolo Laureano Gómez el mayor responsable de la violencia partidista colombiana de mediados del siglo XX- que, y esto también es imperdonable, tiene defraudado el deseo natural de su poblado natal por erigirle un monumento legítimo a quien de manera cabal le diera gloria y fama y prosperidad a su terruño. Y para dimensionarlo mejor, aventuro este trazo que dice con precisión de su personalidad: un intelectual oscilante, un poeta inconcluso y un político sin andadura ni dimensión de estadista. Ese es el Belisario Betancur que él mismo se construyó, que él mismo inspira y que él mismo ha decidido dejar como legado.
Y es que fue a raíz del pedido de la Fiscalía al Congreso de la República para que de nuevo fuera investigado, que se nos vino a la memoria este Belisario en conjunto. Pero lo que más puede interesarnos de él cuando la memoria de las gentes exige esclarecimientos, es lo que la justicia colombiana pueda determinar respecto de su responsabilidad y culpabilidad por aquellos hechos atroces de hace 23 años.
Porque es que la voz suplicante del inmolado presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, «Por favor, que cese el fuego», a medida que pasan los años va siendo ahogada por el cínico y criminal escapismo retórico de quien tuvo en sus manos como Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas la posibilidad de que el infeliz episodio hubiese tenido un final diferente y mucho menos sangriento.
Por fortuna para las víctimas y para la historia, delitos contra la humanidad como esta bestial inmolación, ni prescriben ni se olvidan. Y por fortuna también, en este caso no cabe aquello de que por la «dignidad» de Presidente, lejos de sí investigaciones, responsabilidades o delito alguno.
No. Muy por el contrario. Por Presidente es por lo que de manera excepcional debe responder, ahorrándose su recurrente «sentimiento de pesar por el sacrificio de los insignes magistrados», o aquella otra distractora argumentación de que «no eludí ninguno de esos compromisos y no eludiré ninguno de los que se me presenten en el futuro, pues mi único interés ha sido el de que brille la verdad».
No importa cuántas veces se le haya llamado a declarar en estos 23 años. Si en el 86, si en el 90 y si en 2005 un par de veces. El nuevo llamado indica, categóricamente, que la verdadera verdad le sigue siendo esquiva a la justicia y se mantiene en deuda con el pueblo colombiano.
La responsabilidad por los muertos, las torturas y las desapariciones del Palacio de Justicia, no puede parcelarse.
La investigación a los militares y sus eventuales juicios y condenas, va bien. Pero la del Belisario Betancur Presidente, clama su urgencia y es forzosa máxime cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en fallo alentador determinó que su actitud en los hechos fue «altamente omisiva», mientras la Comisión de la Verdad, creada por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2005, tras determinar que «actuó como un espectador más de los hechos» y que se evidenció la «ausencia de poder», subrayó que «parte de la responsabilidad la tuvo el Presidente».
Por ello, ahora que se dará comienzo a diversos juicios contra militares comprometidos en aquella carnicería, ¿cómo no volver a Belisario Betancur trayendo a colación el proverbio aquel de que cuanto más poder se tiene, más responsabilidad se asume?