Bellacruz es una palabra que en Colombia evoca un capítulo doloroso de historia. La hacienda asociada a ese nombre es una propiedad cercana a las 12 mil hectáreas, ubicada en jurisdicción de los municipios La Gloria, Pelaya y Tamalameque, del departamento del Cesar, la cual se hizo conocida a nivel nacional e internacional en la última década del siglo XX, por hechos que se refieren más adelante. El origen de la hacienda, que se remonta varias décadas atrás, recrea a la perfección los métodos delictivos que se ensayaron para constituir latifundios, socavando el esfuerzo de familias de campesinos que se dieron a la tarea de “civilizar” montes para asentar sus ranchos y producir alimentos, y vieron cómo, de la noche a la mañana, el fruto colectivo “se esfumaba como el humo en la montaña” (como reza la canción).
La historia de la hacienda Bellacruz y de las tragedias que allí se pudieron evitar, esta plasmada en un informe elaborado por la Comisión de la Verdad (2022), a partir de los testimonios de personas de origen campesino que sufrieron la aplicación de formas de violencia (muerte de familiares, destierros, amenazas, exilios), con miras a satisfacer la codicia de los terratenientes (una familia con “nombre”, como es común). En sus páginas se puede leer que, desde hace aproximadamente 90 años, se desplegó un proceso de despojo de tierras a campesinos y campesinas colonos asentados desde principios del siglo XX en el sur del departamento del Cesar, sin impedimento alguno por parte del Estado. En las tierras los campesinos cultivaban plátano, yuca, maíz, ahuyama, entre otros alimentos, para el sustento propio, careciendo de títulos de propiedad, ya que la mayor parte de los predios eran considerados baldíos y el Estado no había adelantado un proceso de adjudicación ni había formalizado la propiedad.
En medio de esa circunstancia, a la región arribó, en los años treinta, Alberto Marulanda Grillo, quien, portando planos y mapas de dudosa procedencia, adujo ser el dueño legitimó de las tierras, con lo cual, se dio inicio a una disputa con los campesinos que se extendería con el paso de las décadas. Sacando provecho de sus conocimientos en menesteres litigiosos y de las relaciones políticas de que disponía, Marulanda Grillo se hizo a predios en la región que se fueron convirtiendo en la referida hacienda, la cual se convertiría en una de las más importantes del sur del Cesar.
Posteriormente, Alberto Marulanda Grillo y su esposa, Cecilia Ramírez de Marulanda, dieron continuidad al proceso de expansión adquiriendo otros predios conseguidos mediante compraventas a campesinos que los habían adquirido sobre mejoras plantadas en terrenos baldíos de la Nación; otros, se anexaron por apropiación de sabanas comunales. En 1953, por cierto, la referida familia adquirió dos predios más por adjudicación directamente del Ministerio de Agricultura a Cecilia Ramírez de Marulanda.
La pretensión de acumulación de tierra no amainó los reclamos de los campesinos, lo cual condujo a que, en los años 90, fueron reprimidos por grupos paramilitares de la región. Es aquí cuando, precisamente, aparece el nombre de Carlos Arturo Marulanda, hijo de Alberto Marulanda, quien en esa época se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo, con sede en Bruselas, cargo que ocupó entre 1991 y 1997. Para ese entonces, la Hacienda Bellacruz era considerada un fortín del poder político y terrateniente de la región.
En 1996 una incursión violenta a la Hacienda Bellacruz de grupos paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado de las AUC, obligó al desplazamiento masivo y al exilio de una buena parte de la comunidad reclamante. De hecho, en Bélgica, país a donde llegó parte del exilio, nacieron 21 hijos e hijas, que son parte de esas segundas generaciones de personas que sufrieron las consecuencias del apetito terrateniente. Valga tener presente que los hechos ocurridos en Bellacruz fueron reconocidos como Crímenes de Lesa Humanidad por parte de la Dirección Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, mediante resolución de agosto 08 de 2018.
En un reciente acto celebrado en el municipio de La Gloria, en el departamento del Cesar, el gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, y la Agencia Nacional de Tierras, entregaron 1.900 hectáreas a 350 familias campesinas, entre ellas, 139 familias que fueron víctimas del despojo de la Hacienda Bellacruz. El hecho constituye una forma de reparación material a un sujeto colectivo que no contó en su momento con el apoyo del Estado. A la vez, recrea la disposición que asiste al gobierno de avanzar en la entrega y/o titulación de tierras que fueron expropiadas a sus dueños legítimos, en muchos casos. «Hoy ratificamos abiertamente que esta hacienda es una hacienda de la reforma agraria, que pertenece a las campesinas y campesinos, y que nunca más se repetirá esa historia de dolor que vivieron los miles de campesinos despojados de Bellacruz», expresó el director de la ANT, Juan Felipe Harman, en el acto de entrega, destacando la importancia del hecho y resaltando la disposición de poner a favor de los desvalidos del campo la capacidad del Estado para reestablecer sus derechos. La misma entidad anunció una inversión de 700 millones de pesos para financiar los proyectos productivos que se pongan en marcha en las tierras tituladas.
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