Se trata de una colcha de retazos que responde esencialmente a los intereses de las empresas, del capital y de las élites económicas y políticas. En contraste, desmonta derechos sociales y ciudadanos, profundiza el modelo de desarrollo extractivista, concentrador de la riqueza, del ingreso y del poder político. Es un proyecto político contra el Acuerdo […]
Se trata de una colcha de retazos que responde esencialmente a los intereses de las empresas, del capital y de las élites económicas y políticas. En contraste, desmonta derechos sociales y ciudadanos, profundiza el modelo de desarrollo extractivista, concentrador de la riqueza, del ingreso y del poder político.
Es un proyecto político contra el Acuerdo de Paz, quizá a manera de revancha política contra el gobierno anterior y contra los sectores de la sociedad que claman paz y reconciliación. Los temas claves se reducen a meros anuncios generales y falacias, que dan la apariencia de ser un proyecto democratizador basado en el modelo de los pactos sociales. Pero con la certeza de que nada o muy poco será cumplido, como hasta ahora lo ha sido. Los acuerdos iniciales sobre la agenda anticorrupción derivada de la consulta popular, con sectores aliados (liberales y de la U) y de la oposición (Verdes y Polo), evidencia la falta de seriedad del gobierno, que dice una cosa y hace todo lo contrario. Todos los proyectos de ley fueron hundidos por la bancada del gobierno Duque-Uribe.