El segundo periodo de sesiones del congreso de la república, culmina con una mayoría de parlamentarios constituido como bloque de poder con acentuado interés en impedir que nada se apruebe o en el mejor de los casos en ser cogobierno, pero ellos en la delantera. Es sistemática su contundente negativa a aprobar los proyectos del programa de gobierno popular votado por 11 millones de electores, comunidades, grupos y sectores vulnerables que ahora tienen la posibilidad de ser y hacer parte del poder popular y ponen su confianza en realizar sus demandas por derechos.
Las mayorías en el congreso, son de hecho, un bloque de oposición ideológicamente conectado y técnicamente agrupado con la intención de atacar, distorsionar toda postura del gobierno e impedir “la aprobación” de sus proyectos. Han ratificado muchas veces que no aprobaran nada. Ya ocurrió con salud, educación, pensional, trabajo. No quieren tener relación con el gobierno, sus comunicados son de regaño, reclamo e insulto, agitan la voz de “romper el quorum” o no acudir a sesiones, ahogaron debates con inasistencia o insistencia dilatoria entre cientos de recusaciones, impedimentos, aplazamientos y constancias que deben abordarse. Los límites del interés privado se mezclaron sin ética, ni decoro con la representación política, congresistas financiados por particulares, triangulación con funcionarios y empresarios en relaciones oscuras y tramas libreteadas para impedir cambios.
En esas condiciones el gobierno está bloqueado por el congreso, que adicionalmente censura sus actuaciones internacionales, diplomáticas, de insistencia en la paz y hasta de nombrar sus ministros. Las reformas al no ser aprobadas producen un clima de ingobernabilidad que reduce la confianza en el gobierno y por manipulación favorece la indignación en sus votantes, que es justo la meta esperada por las fuerzas de oposición para crear sus nichos de apoyo orientados a recuperar el gobierno en 2026. En síntesis, el congreso al negarse sistemáticamente a aprobar los proyectos del gobierno, bloquea, impide el funcionamiento efectivo del gobierno y obstaculiza la implementación material de las políticas necesarias. Esta situación que es común en sistemas parlamentarios, no lo es en Colombia, donde el presidente no puede cerrar el congreso, ni anticipar elecciones, con lo cual la lógica remite a la necesidad de cambiar radicalmente de estrategia en la relación gobierno-congreso.
El gobierno ya intentó varias veces la negociación y diálogo, fundamentales en cualquier democracia, en septiembre de 2023 convocó a un acuerdo nacional “Les propongo a los expresidentes, todos; les propongo a los gremios económicos, todos; les propongo a los hombres más ricos del país, todos; les propongo a los partidos políticos, todos; a las fuerzas sociales, todas; a la sociedad, toda; les propongo que hablemos sobre estos tres temas y los saquemos adelante: verdad, educación y tierra como base fundamental de paz”, No tuvo eco, no fue posible, no llevó a encontrar puntos en común ni con el bloque de oposición del congreso, ni fue útil para pactar coaliciones y acuerdos puntuales para aprobar proyectos, a pesar de escasos momentos de cierta flexibilidad y disposición.
A este panorama de bloqueo se suma la incisiva intervención de algunos altos cargos del estado en una tarea difusa de “veedores, censores” e inclusive hostigadores de las acciones del jefe del Estado y presidente del gobierno y de su staff directivo, como lo hizo en su labor politizada el fiscal Barbosa y continua la procuraduría en su tarea de sancionar ejecutivos del gobierno y enjuiciar a casi la totalidad de ministros, por temas relacionados con sus funciones o como lo evidencia el presidente del Consejo Nacional Electoral violando la constitución (art 199) al pretender juzgar al presidente.
En este contexto de crisis, el gobierno tiene como principal opción radicalizar su manera de gobernar, usando las mejores estrategias acumuladas del poder popular, afianzarse en movimientos sociales, fortalecer organizaciones locales de ejercicio de poder y resistencia local, en instituciones, barrios, veredas, ciudades, comunidades, territorios y romper relaciones con las fuerzas de centro y derecha, para ampliar sus capacidades de gobernabilidad por cuenta propia en los dos años restantes.
Otros escenarios posibles de media intensidad, para recuperar la gobernabilidad podrían ser entre otros:
A. Acudir a reformas institucionales incluyendo cambios en las reglas de procedimiento del congreso, como reducir los requisitos de mayoría para ciertos tipos de legislación o establecer plazos estrictos para la discusión y votación de proyectos, evitando, en todo caso, la erosión de los principios democráticos.
B. Acudir al uso de decretos ejecutivos para implementar políticas sin necesidad de la aprobación del congreso, que sería vista como antidemocrática si se abusa de ella o correr el riesgo de que en la revisión judicial puedan ser anulados por tribunales.
C. Acudir a la consulta popular o referéndum, que aunque con resultados no predecibles permitirá llevar los proyectos directamente al electorado mediante referéndum, que puede ser efectivo sí el gobierno logra mantener el apoyo popular, del cual carece el congreso por la deshonra de decenas de congresistas cuestionados iniciando por sus presidentes de cámara y senado acusados de corrupción y de impresentables actuaciones éticas de una inmensa mayoría del bloque de oposición que no debate, no es ético, no comprende su papel, no argumenta y a cambio vulgariza. Lo sustancial es la representación directa del poder constituyente.
D. El gobierno de coalición, que implica negociar con partidos políticos más pequeños o con facciones progresistas de la oposición, para obtener el apoyo necesario en el congreso y que puede llevar a estabilizar la situación política, al menos en momentos decisivos.
E. La opción judicial para resolver conflictos entre el ejecutivo y el legislativo, por su capacidad para interpretar las leyes y la constitución, aunque tiene el riesgo de servir para aplicar la lawfare en contra del gobierno dada la composición tradicional con origen en el mismo congreso y sesgo de politización del poder judicial.
F. Y finalmente el mayor recurso del gobierno popular es la presión política y la movilización ciudadana, como la herramienta más poderosa del lado del gobierno popular, que por principio nace y se fortalece en las calles, es hija del derecho a la resistencia a la opresión pactado como derecho humano y cuyo activismo ha probado inmensa capacidad para influir en la opinión pública y modificar la conducta de los congresistas. En España en la crisis política de 2019, dio por resultado la convocatoria de elecciones generales, en Italia ha dirimido los frecuentes cambios de gobierno y la formación de coaliciones, en Francia ha llevado a convocar a nuevas elecciones y en el Reino Unido a llamar a elecciones anticipadas para superar el bloqueo parlamentario.
En cualquier escenario el presidente Petro tendrá que fortalecer la confianza de la ciudadanía en el gobierno para asegurar gobernabilidad, equilibrar la relación de técnica y política de sus ministros y funcionarios con base en el programa del gobierno popular en un contexto de oposición madura, fuerte, que no da tregua ni entiende de compasión. La tarea es compleja y requiere una estrategia política y social integral y multifacética, articulada y en coherencia entre ministerios, que mejore la trasparencia sobre las intenciones de cada paso y que cree comunicación efectiva con informes y datos detallados conducidos estratégicamente por todos los canales disponibles, medios tradicionales, redes, eventos, explicando de manera clara, sólida y sostenida las razones del actuar del gobierno.
P.D. Hasta cuando aguantará la paZciencia del mundo libre y civilizado el genocidio NaZionista?
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