El Observatorio Internacional por la Paz (IPO) ha denunciado la expulsión de campesinos de sus tierras por parte del Gobierno de Colombia «para servir a las empresas» y ha alertado sobre la violencia del conflicto en áreas rurales del país, el bloqueo económico, las desapariciones y la falta de derechos en que vive la sociedad […]
Según datos de un informe del IPO de 2006 hecho público por uno de sus fundadores, Nicolás Urugama, «el conflicto en Colombia existe desde hace más de cinco décadas por motivos relacionados con las profundas desigualdades sociales y el control de los recursos». «Tenemos riqueza para mantener a más de 100 millones de habitantes y, siendo sólo 40 millones, el 90% de la población vive en la pobreza», denuncia Perly Córdoba. En la actualidad, el IPO acompaña a la Asociación Campesina de Arauca y a otras dos organizaciones que trabajan en la región del Magdalena Medio. Buena parte de ese 90% de perso- nas que viven en la pobreza lo hace también en condiciones de inseguridad a consecuencia del conflicto armado y de la desprotección del Estado. Según Urugama, que trabaja en IPO Colombia, en su país hay «una guerra contra los campesinos, contra las organizaciones sociales y contra sus Derechos Humanos» en la que también interviene el Gobierno de Alvaro Uribe. «El Ejército y el Gobierno están al servicio del capital y de las multinacionales, sacando a los campesinos de la tierra para quedarse con los recursos naturales», advierte. «Una maldición» Pese a todas estas presiones, señala, «la gente sigue ahí, gracias al gran tejido social existente y al acompañamiento internacional» en Arauca. Según el ACNUR, Colombia es uno de los países con cifras más altas de población interna desplazada.
El Observatorio Internacional por la Paz (IPO) ha denunciado la expulsión de campesinos de sus tierras por parte del Gobierno de Colombia «para servir a las empresas» y ha alertado sobre la violencia del conflicto en áreas rurales del país, el bloqueo económico, las desapariciones y la falta de derechos en que vive la sociedad civil.
«Durante 23 años he trabajado con las comunidades campesinas de Arauca y en esta tarea por reclamar nuestros derechos y la democracia en el país he sufrido torturas y encarcelamiento», explica la activista colombiana Luz Perly Córdoba, que durante años ha participado en proyectos de varias comunidades rurales. Desde Suiza, donde vive refugiada, apoya a entidades como la Asociación Campesina de Arauca y colabora con organizaciones internacionales que acompañan a comunidades locales para garan- tizar su seguridad.