1. Bombardeos El martes 2 de junio en el diario El Tiempo, el periodista Hernando Corral se despacha críticamente contra la insurgencia («El miedo a las FARC«), expresando que «insultan en forma grosera a quien se atreva a hacerles alguna crítica«. Corral rechaza el lenguaje que él juzga no conciliador, «inapropiado, entre amenazante y soberbio«, […]
1. Bombardeos
El martes 2 de junio en el diario El Tiempo, el periodista Hernando Corral se despacha críticamente contra la insurgencia («El miedo a las FARC«), expresando que «insultan en forma grosera a quien se atreva a hacerles alguna crítica«. Corral rechaza el lenguaje que él juzga no conciliador, «inapropiado, entre amenazante y soberbio«, que según su opinión crea «desazón«, «pero ante todo mucha prevención sobre lo que serían las Farc en el futuro político del país«. Afirma que hay sectores medios o acomodados de la sociedad con los que él dialoga, que temen que esa guerrilla se convierta «en una organización política que pueda ser una alternativa real de poder en nuestro país«.
Coincide con lo que expresó el saliente ministro de defensa, Pinzón, quien semanas antes se refirió de forma cafre o rabisalsera a los guerrilleros como «ratas» y cuando se anunció su nuevo cargo como embajador en Washington sentenció de nuevo de modo camorrista que la paz no puede ser el «camino alternativo para que alcancen el poder quienes han ejercido la violencia» (www.elheraldo./conacional/la-paz-no-puede-dar-poder-los-violentos-juan-carlos-pinzon-196036). A las pocas horas de estas palabras se ejecutaba una cadena de operaciones militares ya preparadas, dirigidas por el alto gobierno, que dieron como resultado más de cuarenta guerrilleras y guerrilleros muertos en un lapso de 5 días.
Razón no le falta al comandante Jesús Santrich, de la Delegación de Paz de la FARC-EP, quien ante estas palabras de Pinzón expresó: «significan la reedición de lo que hace exactamente treinta años fue marcado como punto de partida para las órdenes de aniquilación o exterminio de la Unión Patriótica y de otras alternativas y organizaciones de la izquierda y de movimientos sociales» (http://resistencia-colombia.org/index.php/farc-ep/articulos/4118-a-proposito-del-relevo-de-pinzon).
No conozco ninguna nota de periodista alguno de los medios de comunicación dominantes, severamente criticados por Santrich, amonestando al ministro Pinzón por su vocabulario, ni, lo más grave, he encontrado, porque parece no hay, reprobación alguna a los golpes de madera de sarcófago que contiene su alarma sobre lo que se supone tanto les asusta, siendo uno de los objetivos pactados de la transición a la democracia: que la paz sí sea la alternativa para que una opción de izquierda ejerza en la legalidad espacios decisivos de poder transformador.
2. Titulares
Hace pocos días William Ospina (El Espectador, 31 de mayo de 2015: «Ante las puertas de la ley«) decía que los sectores dominantes veían con terror las voces alternativas; para esa dirigencia estamos en «un país de cafres«, donde «el pueblo en el poder (es) un sinónimo de barbarie, y la igualdad un señuelo para atrapar incautos«.
Sin que la palabra «cafres» tenga unánime sentido, diríamos en un coro de escepticismo que sí estamos en un país donde abundan, o abundamos, un país feria de vanidades e impunidades, en el que no sólo abajo, sino arriba, muy arriba, impera la huella evasiva y la obstrucción del leguleyo de casta, o sea la hipocresía de las elites legisladoras y transgresoras de su propia ley, que «en vez de tomar decisiones políticas para que la paz avance, prefieren dejar que la paz se convierta en un debate jurídico: no sobre reformas y transformaciones históricas que aclimaten la paz en las veredas, en las barriadas y en el corazón de los ciudadanos, sino una pelotera inútil sobre tribunales, cárceles, acusaciones y golpes de pecho» (Ospina).
Ese mismo día dominical y gris, aparecen dos sendas entrevistas a comandantes de las FARC-EP. Al Jefe de la Delegación de Paz en La Habana, comandante Iván Márquez (diario El Espectador), y al comandante Pastor Alape (diario El Tiempo). Sobre las palabras del primero el titular es: «El tema de la justicia es una mula muerta en el camino de la paz«. Y sobre lo afirmado por el segundo jefe insurgente, el título periodístico es: «Farc no descartan reclusión especial«.
Llamativas frases, sin duda. Y altamente provocadoras. Agrego: crean confusión. Creo que adrede. Por parte de la prensa. Nada menos y nada más que sobre un tema fundamental: el Derecho en una transición.
Continuemos con Ospina, para quien la «verdadera responsable» de toda la desgracia nacional es «la vieja y perfumada dirigencia nacional, que nos gobierna desde hace más de un siglo«.
Sabemos que el gran escritor Ospina criticó con poderosa razón al actual presidente Santos en la coyuntura electoral de 2014, y que para ello (había podido no hacerlo de ese modo) se abrazó en el mismo silogismo del setenta veces indiciado Álvaro Uribe Vélez, éste y sus seguidores por miles en una tramoya de aspaviento cínico del país macarra que buscaba acabar el proceso de paz.
En fin, lo importante a destacar hoy es que vuelve Ospina a exclamar que la paz está siendo usada por Santos y por Uribe para su propia visión, la de cada uno y sus huestes, en un diferendo entre sectores del poder, interesando a ambos una paz sin cambios sustanciales, sin obras de justicia. O entienden ésta como Ospina lo señala: entre cárcel y bombas, en un país «donde la ley está en todas partes y la justicia en ninguna«; «fingiendo que están ante las puertas de la ley, que esto es un problema de cárceles y de tribunales, sabiendo que están en un país donde las únicas soluciones que no existen son las soluciones jurídicas«.
3. Fragmentos
Llegado a este punto, quien esto escribe suscribe, no sólo afirmaciones sino también preguntas que se suscitan, e intenta interpretar líneas sin glosarlas. Es una tentativa para pensar(nos), no sólo frente a lo que asevera Ospina con razón, no sólo ante lo que son dos importantes ideas (fácilmente tergiversadas o tergiversables) de los dos comandantes del Secretariado de las FARC-EP, tal y como se ha reseñado, sino ante lo destacado en los grandes encabezados de la prensa y sus efectos.
Para ello una salvedad: no comulgo con la idea de que la Justicia verdadera sea un estorbo a la paz, siendo sí una obstrucción la «justicia» amañada por los de arriba contra los de abajo; ni creo tampoco que deba la guerrilla colombiana someterse a un «reclusión especial» per se, sin discutirse otras cosas, como las garantías de no repetición por su contraparte, que es la que permanecerá armada «en nombre de los derechos de todos».
De nuevo estamos ante fragmentos (titulares de prensa). Ante fragmentos (letales, como los de bombas caídas en Guapi u otros sitios en una semana triunfante de despedida ministerial y relevos). Fragmentos que no serían trascendentes, de no ser porque se clavan en la explosión simbólica de un país en parte paramilitarizado y acostumbrado a la sangre, con una media y diversidad «de cafres» en la que todos tenemos que ver, llegando directamente cada pieza o fragmento mortal al corazón, o a la yugular de quien grita (o no), o a la femoral de quien anda (o no).
O fragmentos que se clavan en la mente de un país con normalidad de ciudadano enfermo, encorsetado en el arribismo y la servidumbre, en el mercado de ganga chauvinista y al tiempo de sumisión global, en el egoísmo plástico, en la banalización y la indolencia, cuya colectividad o masa tiene voz en cifras manipulables, que usa el poder para señalar, a esos que un día se levantaron en armas, el dilema de dos caminos: hacia la prisión, o hacia la fosa como NN, o hace pocos días, por orden presidencial, la senda del cementerio para fondear allí como alguien con nombre y dolientes con un cuerpo en la memoria para llorar.
Valga una reflexión corta sobre esa «nación», ya no pensando en el uso que la izquierda da al conjugado utópico del vocablo «pueblo» en una representación quimérica y radicalmente necesaria de la producción humana e histórica que se ancla en la esperanza de sujetos en conciencia de liberación, sino pensando en cómo utiliza la derecha ese término con el tamborileo de expresiones como «sociedad civil», «ciudadanía», «las mayorías colombianas» de encuestas y estadísticas que sirven para legitimar una suerte de «ultimátum» que de nuevo desciende a los infiernos de «la cárcel o la tumba», para que la insurgencia escoja.
Se está probablemente ante una aplicación romántica y enteramente responsable de la apelación en la que concurre la palabra «pueblo» como exhalación y exaltación de quienes piensan en el buen vivir común, u otra similar que equivalga para la idea que trascienda hacia la encarnación de fuerzas de emancipación, como suele dibujarla en general la izquierda (consecuente), y está lo otro: «el país», «la gente de bien», la «ciudadanía», los millones de colombianos abonados sin saberlo a la consigna del orden de uno de los países más desiguales del planeta, y más miserables, si nos fijamos en las relaciones de depredación del objeto (otro), sin alteridad, sin otredad o límites.
Para quien lea no el titular sino el discurrir de una propuesta compleja, congruente, arraigada y sistemática, como la que las FARC-EP hacen, sirviendo para ello las dos últimas entrevistas citadas hechas a los comandantes del Secretariado de las FARC-EP, Márquez y Alape, queda expuesto que no se trata de que la «justicia» sea una «mula» atravesada en el camino de la paz, sino que se refiere el dirigente guerrillero a esa «justicia» que no es tal, a la «transicional» del castigo perverso para quien osó resistir, la de la ley huera sin transición, punitiva, parcial, de los poderosos, esos a los que Ospina ese mismo día se refirió: los que buscan derrotar a la guerrilla pero no las causas objetivas de una rebelión que cumple 51 años. Una justicia sin paso a la democracia.
Dice el comandante Márquez: «Si se va a hablar de justicia se necesita la verdad porque aquí se habla de justicia pero aplicable a los «malos» pero no de los responsables supremos, que es el Estado«. Agrega: «Nosotros creemos que podemos encontrar una fórmula de reconciliación sobre las bases de verdad histórica, justicia transformadora, reparación integral y no repetición (…) las benditas encuestas dicen que la mayoría pide cárcel para las Farc y uno se pregunta si no estarán mal planteadas los cuestionarios de las encuestas. Qué pasaría si les preguntan ¿si están de acuerdo con que la casta política corrupta vaya a la cárcel?«.
Clarísimo. Luego el titular es impropio en el contexto y el espíritu de la entrevista.
En ella Iván Márquez señala, refiriéndose a ese país de cafres y leguleyos: «en Colombia hay obsesivos de colocar tras las rejas a la guerra, punitivistas de última hora que inventan ficciones jurídicas que dicen que si no hay cárcel no hay nada. Pero hablemos de determinadores. Imagínese a un general hablando de falsos positivos, qué va a decir, que es producto de una directriz presidencial, ¿y el presidente va a ir a la cárcel?«.
A riesgo de comentar pero también de averiguar por lo que merece y debe aclararse, seguramente cuando el comandante Pastor Alape dice que las FARC-EP aceptarían, no descartarían o tomarían en cuenta alguna fórmula de «reclusión especial» (restricción de la libertad como pena), lo es como compromiso sólo en caso o eventualmente de que también la asuman los máximos responsables de crímenes de Estado o del Establecimiento. La pregunta fue: «¿Si además de las Farc van empresarios, políticos, militares, en fin, y se decide que todos deben pagar una pena de reclusión, no necesariamente en una cárcel tradicional, las Farc aceptarían la reclusión en ese caso?«. Y la respuesta fue esa: las FARC-EP no lo descartan. Clarísimo también: dependerá de despejar qué hechos no conexos a la rebelión merecerían esa pena, quién tiene la autoridad de imponerla y para qué; ah! Y que los de arriba, responsables de crímenes de lesa humanidad también acepten ser sujetos de penas.
4. Debate
Sin embargo, más inquietante, mucho más, es otra hipótesis derivada de una pregunta y de una respuesta en la entrevista al comandante Pastor:
«¿Un perdón debería incluir también a los militares, a los empresarios o a esos políticos que se aliaron con los paramilitares? / «Si aquí no va un guerrillero a la cárcel y mañana van a llevar al señor (Álvaro) Uribe, no se va a resolver el problema. Ese señor tiene incidencia, dinero, y ahí se va a generar otra violencia. Aquí tenemos que cerrar las heridas de todos, decir ‘reconciliación y vamos a reconstruir el país’. De lo contrario aquí no va a haber paz. No es llevando a la cárcel.»
De lo anterior es fácil que algunos deduzcan nítidamente que hasta ahí llegó el compromiso de las FARC-EP de no canje de impunidades, el mismo día en que el comandante Márquez Jefe de la Delegación ratificó en la entrevista El Espectador: «Nosotros no vinimos a La Habana a intercambiar impunidades«.
En una lluvia de titulares bomba, las palabras del comandante Alape, manipuladas como creo que fueron, podrían dar a entender que se desprende alguna contradicción, en la medida en que, frente a una situación de fondo y definitiva por su naturaleza ética, la guerrilla que se considera noble y altruista se iguala tristemente como rebelde con el capo de capos. Objetivamente con un supremo máximo responsable de lo más inmundo que ha producido Colombia.
Sabemos que no es así, quienes podamos leer no fragmentos editados, preguntas capciosas o arteras, que inoculan el veneno del interrogante en la inteligencia de la contestación del insurgente, sino leyendo ésta, la repuesta lúcida inserta en el conjunto, bajo una visión holística y sistemática del discurso encarnado de los rebeldes.
Quizá a renglón seguido la entrevistadora propensa a una pretensión, ha debido dejar lugar para que se precisara por el comandante Pastor Alape que Uribe sí podría gozar de beneficios a cambio de que contara la verdad plena, reparara integralmente, quizá expropiándose por razones de interés social gran parte de sus descomunales propiedades, y que prestara garantías de no repetición: en primer lugar renunciando a su tenebrosa vida de político cafre.
De nuevo, en apariencia, se enfrentan los cálculos o motivaciones prácticas e instrumentales con la razón ética. Cuando en realidad hay caminos intermedios que hacen valer enunciados de dignidad y justicia colectiva, histórica y transformadora en un sentido también pragmático en cuanto operador de negociaciones constructivas, no de negaciones demoledoras.
Juicio tiene el comandante rebelde Alape cuando afirma con inspiración humanista que (acá parafraseo) no es llevando a la cárcel a Uribe como se resolverá la problemática. Totalmente de acuerdo. Pero distingo en algo tan delicado y sagrado con lo siguiente.
Tiene probable base quijotesca la enunciación del insurgente en la comprensión y en el don que ejerce una clase oprimida que no se desquita, que no es revanchista, sino que busca justicia, como en términos de Marx se definió a una esfera de la sociedad (el proletariado y otras fuerzas) «que debido a sus dolores universales posee un carácter universal y no reivindica ningún derecho particular» (cita de Vincenzo Guagliardo «De los dolores y las penas«, del texto de J.T. Godbout «Lo spirito del dono«).
Pero antes de ese pronunciamiento generoso e inconcluso del comandante Pastor, referido al perdón, conviene escuchar a las madres, padres, hijas, hijos y hermanos de las y los miles de desaparecidos por el terrorismo de Estado que Uribe comandó; escuchar a las miles de familias víctimas de los «falsos positivos», de las acciones paramilitares, a representantes de los millones de desplazados, a los despojados, a quienes esperan que alguien aclare por qué en lugar de usar la motosierra o el horno crematorio, no les llevaron a la cárcel a los sospechosos de subversión.
Ya hemos escrito en anterior análisis (www.rebelion.org: «La tal «justicia»: ¿una trampa moral a las FARC-EP?«) señalando los riesgos de un devenir en el que la trampa moral que los poderosos han tendido contra la insurgencia surta consecuencias positivas para los «cafres» de arriba: cuando se permita que usen este proceso de paz para lavar sus crímenes llevando a que la insurgencia convalide por gestos ingenuos que no debe producir ni reproducir, pues nada le obliga a eso, una fuente de beneficios simétricos, para ambos lados, o estampar su firma en los papales de esa falacia de «justicia transicional», la de «todos en la cama o todos en el suelo», cuando esa proposición no es correcta moralmente en cuanto perversa: no es lo mismo hacer parte de una casta de opresores o servirles con las armas, para enriquecerse matando sistemáticamente, que ser «los otros» en resistencia, seres rebeldes que emergieron en la historia con sacrificios y con yerros, como límites ante el oprobio, para cambiar este país de injusticia.
Hay que pensar en los Uribe (Álvaro y Santiago), por supuesto, y en las garantías de defensa que se les debe brindar, más ahora cuando un valiente juez de Itagüí (Antioquia) determinó el pasado 12 de mayo de 2015 que el jefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias «Alberto Guerrero», no era responsable de los delitos de injuria y calumnia cuando señaló que los dos hermanos Uribe eran creadores de una poderosa estructura paramilitar responsable de cientos de crímenes.
Hay que pensar en Uribe, de quién no sabemos a quién delatará cuando se le pregunte de quién, más arriba, recibió órdenes o instrucciones. Es más fácil que diga a qué cientos de familias, núcleos de interés, planes geoestratégicos y multinacionales favoreció desde sus tiempos mozos en los que concedió licencias para pistas y aeronaves de la mafia, pasando por las decenas de masacres de campesinos, hasta el presente en que busca bombardear este proceso de paz que aspiramos otros a que se mantenga con seriedad y firmeza, y se oriente al cambio social.
Por eso la posibilidad de que los responsables de crímenes de Estado obtengan algunos beneficios judiciales, no es rechazable, sería viable, claro que sí, pero sólo puede admitirse en la tensión ético-política en la que se inscribe una organización revolucionaria que no renuncia a la justicia elemental, en la medida que esa favorabilidad para las instituciones y sus gestores se produzca a cambio de que, por poner un ejemplo, Uribe no oculte más la verdad, repare plenamente y se desmovilice: que se reintegre al camino de una sociedad en paz. Como esto parece un imposible por ahora, de ahí que deba comenzarse más abajo, abordando a los cientos de militares o policías de medio o bajo rango presos, o a empresarios de provincia, para llegar a través de sus revelaciones judicializadas a los cafres de corbata con emolumentos vitalicios.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.