Es evidente que los resultados electorales del pasado domingo 25 de Octubre dejan mucho que desear a los sectores democráticos y de izquierda y entre ellos a la Marcha Patriótica. Tanto en el panorama nacional como regional, los partidos de derecha que gobiernan el país, no sólo se mantienen en el poder de los ejecutivos […]
Es evidente que los resultados electorales del pasado domingo 25 de Octubre dejan mucho que desear a los sectores democráticos y de izquierda y entre ellos a la Marcha Patriótica. Tanto en el panorama nacional como regional, los partidos de derecha que gobiernan el país, no sólo se mantienen en el poder de los ejecutivos y legislativos en departamentos y municipios, sino además, mientras que los sectores democráticos y de izquierda retroceden, la derecha avanza con pasos de animal grande, como puede demostrarse con el ascenso en el nivel nacional de Cambio Radical, el Partido de la U y el Partido Liberal, siendo la elección de Enrique Peñalosa uno de los elementos centrales en la estrategia creada desde el alto gobierno, gremios, instituciones y medios para aislar a la izquierda y fomentar el poder de la derecha de cara a un acuerdo definitivo de los procesos de Diálogo, tanto del que se iniciará con el ELN como el bastante avanzado con las FARC – EP.
El presente análisis sucinto, pretende aportar en la discusión mediante la generación de algunos elementos que podrían ser tenidos en cuenta, en el diagnóstico de la situación y en la formulación de propuestas para avanzar; aunque este análisis recoge elementos del contexto nacional, particulariza la situación del Valle del Cauca.
I. Los resultados electorales no redefinen el panorama político departamental
Como se ha reiterado, los partidos del bloque de gobierno Liberal, la U, ASI y Cambio Radical que convergen en la denominada Unidad Nacional, fueron los principales beneficiados de la contienda electoral en el Valle del Cauca, toda vez que obtuvieron la Gobernación y la elección de 25 de las 42 alcaldías. En efecto el Partido de la U, logró 13 de las 42 alcaldías, el Liberal 6, AICO 4, ASI 3 y Cambio Radical 1 ; por su parte el Partido Conservador obtuvo 7 alcaldías, MAIS 2 y el Centro Democrático una, las otras 5 alcaldías fueron obtenidas por coaliciones entre Liberales – Cambio Radical – U, Liberal – U, ASI – Centro Democrático y candidaturas aparentemente independientes pero con el respaldo de maquinarias políticas, como es el caso de Maurice Armitage alcalde electo de Santiago de Cali, apoyado por las castas empresariales caleñas, el Partido Conservador, el Centro Democrático entre otros partidos.
Aunque la abstención electoral en el departamento disminuyó levemente en las actuales elecciones (de 49,1% del total de sufragantes en 2011 a 48,71% en 2015, disminuyendo en 1,19%), 508.006 personas votaron por la candidata Dilian Francisca Toro, quien fue electa como gobernadora por el 29,4% de los vallecaucanos aptos para participar en los comicios electorales. La alianza realizada por el Partido Conservador y el Centro Democrático, conllevó a que Christhian Garcés lograra 355.321 votos. La Alianza Verde alcanzó 120.234 votos y el candidato de la Alianza PDA – UP, 60.617 votos. Por otra parte, los votos en blanco (268.977), nulos (68.936) y no marcados (194.409) sumaron 532.322 votos, 24.316 más que la candidata electa como gobernadora, que representan el 30,81% del total de sufragantes, en una tendencia creciente por cuanto en las elecciones de 2011 constituyeron 354.705 votos, el 22,5%.
La Asamblea Departamental de Diputados del Valle quedó conformada así: la U con 5 curules, Liberales 4 curules, Conservadores 4 curules. Cambio Radical, Alianza Verde y Centro Democrático con 2 curules cada uno y el PDA y Mira con una curul cada uno.
Los sectores democráticos y de izquierda son quizás los que salen peor librados de estas elecciones, en tanto que, primero, aunque el candidato a la gobernación del PDA logró cerca de 27.000 votos más que en 2011 (que representan un 63,4% más), esta votación aún sigue siendo lejana como para pensar en una gobernación de izquierdas, como son insuficientes los 6.887 votos de la UP (2.000 más que los obtenidos para las elecciones de Cámara de Representantes de 2014), para pelear una curul en la asamblea de diputados; segundo, por la disminución del caudal electoral del PDA en su candidatura a la Asamblea Departamental en una magnitud de 26.662 votos (con respecto a los obtenidos en los comicios de octubre de 2011), manteniéndose con un diputado, Rolando Caicedo, quien fue cuestionado en el pasado inmediato por su voto a favor de las medidas del gobierno departamental de afrontar la crisis de la salud a través de la liquidación de hospitales y centros de salud; tercero, por la dispersión de las fuerzas democráticas y de izquierda para afrontar la candidatura a la alcaldía de Cali, ya que el PDA se presentó con Wilson Arias (quien obtuvo 17735 votos) y el MAIS – UP con María Isabel Urrutia (con 6.476 votos), lo que indujo a que éstas fuerzas perdieran sumadas 63.923 votos con respecto a las elecciones de 2011, lo que representa 72,53% menos y cuarto, por la imposibilidad de traducir las aspiraciones populares en la conquista de ninguna alcaldía en el departamento.
La magnitud de los votos nulos, no marcados y en blanco, en el sistema electoral colombiano y en el Valle del Cauca, indican la existencia de sistematicidad para no votar por ningún partido, derivada de la inconformidad de profundas dimensiones en el electorado, la ilegitimidad del sistema electoral, la crisis de los partidos políticos corroídos por la corrupción, el clientelismo y la inmoralidad, como también por la incredulidad y desesperanza que representa para la mayorías la participación en un proceso electoral profundamente antidemocrático, que no garantiza el cumplimiento efectivo del derecho a elegir y ser elegido.
Desde este punto de vista, aunque la gobernación cambie de partido (Partido Conservador por el Partido de la U), el bloque de poder dominante se mantiene, situación que se demuestra como quiera que buena parte del empresariado y de la maquinaria política que posibilitó la elección de Ubeimar Delgado como gobernador en las elecciones atípicas de 2012, hicieron lo propio con Dilian Francisca el pasado 25 de octubre. Pero más allá de las personas y los partidos, se perpetúan los planes del gobierno nacional de continuar la privatización, la reprimarización de la economía y el acondicionamiento del departamento a los requerimientos del gran capital en el contexto de la Alianza del pacífico que presupone a Buenaventura como enclave de servicios portuarios y la infraestructura vial del Valle del Cauca como red multimodal de flujo unidireccional de capital hacia el exterior, siendo Cali, la ciudad en donde convergerán una porción de los negocios y del capital de la alianza.
II. Factores objetivos y subjetivos favorables para el mantenimiento del bloque de derechas en el poder
1. Factores objetivos
– La estructura de representación bipartidista que como lo señala Reinaldo Spitaletta se mantiene desde finales del siglo XIX, y que fuese perfeccionada durante el Frente Nacional [i], ha logrado controlar poblaciones como feudos electorales. Con el paso del tiempo los partidos Conservador y Liberal, han venido «diluyendo sus diferencias ideológicas» [ii], por el pragmatismo electoral propiamente dicho, gestando alianzas que en el pasado habrían sido considerado inverosímiles como la de Ubeimar Delgado en las elecciones atípicas de 2012 (a la gobernación del Valle), el apoyo a Dilian Francisca Toro a la Gobernación que contó con el firme respaldo de gamonales políticos de distintas tendencias, excepto naturalmente de la crema y nata de la burguesía conservadora vallecaucana que candidatizó a Christhian Garcés con el respaldo del Centro Democrático.
El respaldo poco decidido del liberalismo a su candidato a la gobernación, Oscar Gamboa; la alianza de los conservadores en el poder de la alcaldía de Cali con Maurice Armitage, que logró adherir al Centro Democrático y dirigentes de distintos partidos que abandonaron a Angelino Garzón cuando su campaña se venía abajo, son solo algunos de los casos del proceso de dilución de las diferencias ideológicas.
Esta tesis se demuestra además porque, excepto el PDA, la UP (cuya personería jurídica data de 1984) y las tendencias democrático – progresistas de la Alianza Verde, los partidos emergentes de la reforma política derivada del Acto Legislativo 01 de 2003, han sido controlados por las casas políticas de la plutocracia colombiana que hicieron pactos con la mafia y el paramilitarismo en todas las regiones del país para detentar el poder, situación que no solo no ha sido investigada a profundidad por las instituciones, ni difundida por los medios y mucho menos aclarada por sus dirigentes. Los cuatro partidos que sobrevivieron a la hecatombe de la parapolítica y que han sido contaminados sistemáticamente por el fenómeno del paramilitarismo son Cambio Radical fundado por el hoy vicepresidente Germán Vargas Lleras, Opción Ciudadana (nuevo nombre del antiguo PIN que a su vez resultó de la mutación del MIO y éste de Convergencia Ciudadana), el Partido de la U y el Centro Democrático; no obstante, políticos y dirigentes de los partidos Liberal y Conservador también han sido investigados por vínculos con la mafia y el paramilitarismo.
Por otra parte, una de las pocas diferencias evidentes entre los viejos y nuevos partidos proviene del respaldo al proceso de paz con los grupos insurgentes; como se sabe, el Centro Democrático ha expresado en reiteradas oportunidades su desacuerdo con la salida política y dialogada del conflicto social y armado. Por lo demás, en términos de política económica, agenda interna, burocracia institucional, relaciones internacionales, las diferencias de las tendencias mayoritarias al interior de los partidos son menores y obedecen a razones más circunstanciales que de fondo.
– El sistema electoral colombiano diseñado en función del mantenimiento del statu quo y los privilegios de clase de industriales, banqueros, grandes comerciantes, terratenientes y de las estructuras políticas descritas que han mal gobernado la nación, primero ha impedido el ejercicio del derecho universal de elegir y ser elegido, y segundo, ha negado a los partidos minoritarios alcanzar los cargos de representación popular. Lo primero por cuenta de los innumerables requisitos incluso de capital y/o bienes inmuebles para la postulación de candidaturas independientes de los partidos que cuentan con personería jurídica lo cual puede considerarse con certeza como una característica regresiva y anquilosada a las formas jurídicas del siglo XIX. Lo segundo, producto de la aritmética electoral contemplada en el Acto Legislativo 001 de 2003, que deriva en una distribución inequitativa e injusta de las curules a otorgar, como lo sucedido con la UP en las elecciones al Concejo de Bogotá D.C., que con más de 35.000 votos no obtendrá una curul, mientras si lo hicieron candidatos de los partidos de gobierno aunque individualmente obtuvieron una votación mucho inferior.
El sistema electoral es entonces un modelo fundamentado en un principio de justicia redistributiva a la inversa, como quiera que, paralelamente a las enormes dificultades económicas, publicitarias y de seguridad de los partidos minoritarios para posibilitar su participación en el proceso electoral, exige umbrales para otorgar curules, personerías jurídicas y reposición de gastos; castigando a los partidos y movimientos que no alcancen los mínimos establecidos en la ley. De este modo, se privilegia el otorgamiento de curules a los partidos mayoritarios con fuerte musculo financiero, generalmente aliados del gran capital, de los políticos corruptos y/o de la mafia, quienes surten los trámites respectivos sin mayores inconvenientes.
– No obstante todos los partidos están sometidos a umbrales y topes mínimos de respaldo popular como medio para acceder a la compensación de gastos de las campañas electorales por parte del Estado, las dificultades son mayores para los partidos minoritarios, dado que, las entidades electorales demoran deliberadamente la ejecución de los adelantos de los recursos que estos partidos necesitan para la campaña electoral, un ejemplo de esto, fue la demora en la adjudicación de los recursos para la UP en la campaña al Congreso de la República de 2014 . Por su parte, los partidos del bloque de poder sufragan los gastos de campaña sin contratiempos, no solo por la efectividad de las entidades electorales, sino (y principalmente) por el histórico clientelismo que se constituye en un elemento de coacción del «voto libre», el uso de recursos públicos, los contratos, los aportes privados, el apoyo influente, antidemocrático y desequilibrador de los medios de comunicación, la inexistencia de controles reales sobre los gastos en campaña, son todos ellos factores que condicionan la inequidad entre los partidos políticos en contienda, inequidad como base del sistema pseudo – democrático de la nación.
Estas desavenencias del sistema electoral colombiano contra la democracia real, de las instituciones que no tienen la intención de controlar efectivamente ni eficientemente los montos de las campañas de los distintos partidos políticos, promueven que aquéllos que están permeados (o inundados) de mafia, corrupción, clientelismo, como de aquéllos que son objeto de inversión de los grupos económicos y de las familias más adineradas y poderosas de la nación, se constituyan en verdaderos mercados/clusters de negocios electorales que compran y venden votos. Las rifas de electrodomésticos de bajo y alto costo, los paseos, la contratación de reconocidas agrupaciones musicales, la francachela plena con trago y comida en los eventos de campaña, las promesas de puestos burocráticos y contratos para amigos y familiares, como la compra de votos en plata blanca, son parte de las distintas modalidades de comprar votos y conciencias, hacen parte de los desequilibrios históricos del sistema electoral colombiano.
– El monopolio del control en los medios de comunicación propiedad de los gremios económicos y políticos más poderosos del país, genera simultáneamente tres fenómenos: uno, campañas negras hacia los candidatos alternativos con posibilidades de ocupar cargos de elección popular; dos, cercos mediáticos hacia los partidos democráticos y de izquierda que les impiden generar opinión pública y controvertir los señalamientosy; tres, respaldo sistemático e irrestricto a los candidatos del bloque de poder. Esto provoca que se demonizan las propuestas y acciones de las candidaturas alternativas y se omite información de los errores, líos judiciales, actos de corrupción de los partidos de derecha. Los medios masivos de comunicación desde este punto de vista, mienten, desinforman y manipulan cínica y reiteradamente desde el momento después de conocerse los resultados de una elección, de hecho en Bogotá, se hizo evidente la campaña de todos los medios de comunicación contra la administración de Gustavo Petro, que lo hizo culpable ante la opinión pública hasta de los asuntos más triviales de la sociedad bogotana. Aunque esta estratagema estuvo diseñada principalmente para Bogotá, la repercusión en enlodar el buen nombre de la izquierda es de carácter nacional. – Fraude electoral en los periodos de escrutinio, tanto en las mesas de votación como en los puntos centrales de reconteo, montajes de registradurías paralelas, funcionarios corruptos [iii] y software intervenido para privilegiar candidaturas, como sucedió en la primera elección del expresidente Alvaro Uribe Vélez [iv].
– Estructura y conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC); los magistrados de los espacios electorales son nombrados por el Congreso de la Republica, que a su vez han sido electos mediante formas fraudulentas y antidemocráticas; esto genera un círculo vicioso y de impunidad, de «yo te elijo, tu me absuelves». En tanto las mayorías en el Congreso pertenecen a los partidos del bloque de poder dominante, la estructura y conformación tanto del CNE como de la RNEC variarán en proporción directa a la forma en que se constituya el Congreso de la República, en el cual como es consabido, priman los sectores afines a la maquinaria del santismo y la ultraderecha representada en el Centro Democrático.
La desvencijada democracia colombiana y el bloque de poder hegemónico, naturalmente, han planificado mantenerse en el poder, lo cual deviene en la inexistencia de condiciones óptimas para la participación electoral a los sectores democráticos y de izquierda; no obstante, sería absurdo que el bloque de poder que se ha enriquecido -y lo seguirá haciendo a futuro- a costa del saqueo de los recursos institucionales, naturales y financieros de la nación, defina por «humanismo» participar del ejercicio democrático en igualdad de condiciones con quienes representan a los pobres, a los oprimidos, a las reivindicaciones de buen vivir, a los campesinos, a los obreros, a la clase media y a las élites nacionalistas, menos aún, cuando ha echado mano de todos los medios posibles para combatir los ideales de vida, dignidad, justicia social, democracia, soberanía, equidad, paz, distribución de las riquezas, solidaridad y libertad, que encarnan los proyectos democráticos y de izquierda.
Si las condiciones estuvieran dadas, este país no sería la Colombia que conocemos y la lucha por democratizar la nación, que desde hace décadas viene dando el movimiento popular sería anacrónica y sin sentido. Y sin embargo, éste tiene y tendrá sentido, siempre que desde la base, todos los sectores sociales que históricamente han sido excluidos de todas las esferas del poder, participen amplia y democráticamente de la transformación de esta gran nación. Por ello y para ello, es inaplazable discutir los factores subjetivos que han incidido en los fracasos electorales, no sólo para describirlos y enumerarlos, sino para éstos sean superados a través del trabajo arduo y constante de las organizaciones y las comunidades.
El arte de vencer se aprende en las derrotas, decía Simón Bolívar. Vencer, propósito que depende más de la praxis de todos y cada uno los integrantes del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, del trabajo en las calles y en los campos, que de estas líneas.
Notas
[i] SPITALETTA, Reinaldo. De votaciones y monjitas. Columna. El Espectador. Lunes 26 de Octubre. En:http://www.elespectador.com/
[iii] En las elecciones atípicas a gobernación del Valle realizadas en 2012, la Fiscalía General logró capturar funcionarios de la Registaduría Nacional que pretendían hacer fraude en favor de una de las candidaturas, como en su momento lo señalaron los medios de comunicación. Los cabos sueltos de la registraduría paralela en el Valle. Revista Semana. 2012/07/03. En: http://www.semana.com/
[iv] Como se hizo el fraude. Revista Semana. 2006/04/08. En: http://www.semana.com/nacion/
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Publicado por Blogger para Marcha Patriótica Valle del Cauca