La historia política que caracteriza la tierra de Petronio Álvarez tiene sus grandes paradojas desde su construcción como municipio hasta su declaración como distrito especial portuario, marítimo y fluvial. Partamos de reconocer que Buenaventura es el principal puerto del país y al mismo tiempo es una de las zonas subsumidas en altos niveles de pobreza, […]
La historia política que caracteriza la tierra de Petronio Álvarez tiene sus grandes paradojas desde su construcción como municipio hasta su declaración como distrito especial portuario, marítimo y fluvial. Partamos de reconocer que Buenaventura es el principal puerto del país y al mismo tiempo es una de las zonas subsumidas en altos niveles de pobreza, corrupción y violencia sólo por mencionar algunos casos, la realidad política de esta región enfrenta dos lógicas sólo por mencionar algunas que siempre han estado en contravía:
La primera, consiste en la fuerte alianza entre la corrupción, la clase política tradicional y los sectores empresariales que privatizaron la principal fuente de empleo y producción en la zona, que es la empresa puertos de Colombia. Aquí, se logra constatar como las estructuras rígidas que generan las élites «criollas» en el territorio se convierte en uno de los factores que inciden en un panorama de abandono estatal, violencia – estructural y prácticas políticas en función de los intereses del capital y los monopolios económicos del territorio.
El segundo, concretamente es la conexión entre los grupos paramilitares, las bandas criminales y la guerrilla; organizaciones que poseen autoridad sobre las zonas más olvidadas de la región. Un aspecto central que muestra el panorama de inestabilidad por parte de las instituciones y el terror que ejercen estos sectores dedicados al crimen, el narcotráfico y el control sobre los distintos espacios del puerto, mostrando un escenario de violencia, persecución e inseguridad estructural.
A su vez, el escenario de inseguridad/violencia que históricamente ha sufrido Buenaventura, es resultado de todo un proceso de exclusión por parte de las estructuras del Estado. Tal como sucedió cuando aparecieron las famosas «fronteras invisibles» y «casas de pique» dichos sucesos hicieron que la prensa, los organismos, las organizaciones sociales y los centros internacionales dedicados a la protección/garantía de los DDHH, pusieran los ojos sobre la realidad – estructural de terror, abandono y exclusión que vive el puerto más importante del Estado Colombiano.
En el territorio de las comunidades negras o afrocolombianas, se ha desarrollado y ejercido todo un proceso de organización, solidaridad y defensa de la vida, la paz, la tierra. Lo que ha puesto en jaque los intereses de las bandas criminales, las cuales han golpeado de manera constante la estabilidad y convivencia del porteño, el turista o cualquier ciudadano que desea conocer de forma concreta la tierra del viche, el arrechón, la cocada y la marimba sin dejar el sabor o alegría que caracteriza los habitantes del pacífico colombiano, lo que muestra procesos de organización desde adentro en función de la construcción de otro tipo de paz, armonía y convivencia desde abajo. Véase: http://josecaperafigueroa.blogspot.com.co/search/label/Buenaventura
Así pues, el vacío estructural que presencia Buenaventura no aparece de repente, es producto de la exclusión y la negación estructural frente a las diferentes organizaciones, movimientos y grupos sociales que desean otro tipo de territorio, cultura y condiciones para la región. Un ejemplo concreto fue el Paro Cívico que presenció por más de 20 días, su capacidad de movilización social, la legitimidad por parte de los sectores más oprimidos y la fuerza que tiene la organización comunitaria, la armonía y el fortalecimiento del tejido social en el territorio.
En últimas, en este momento tan crucial que presenciamos en la tierra de Macondo con un proceso de paz a medias, lento y cojeando, pero no podemos echar a un lado la esperanza de paz, ojalá sea desde adentro y con los de abajo, es decir, pensar un escenario de perdón, reconciliación y construcción de paz implica superar los problemas de fondo que vive la nación, no se trata de negociar con los grupos guerrilleros y permitir que las empresas transnacionales entren a los territorios, lleguen a acuerdos con los caciques/gamonales en los pueblos e impongan un tipo de modelo económico privatizador, crematístico y en función de los intereses de sectores ajenos a las comunidades, lo que se traduce en un atentado contra la soberanía, la vida, la tierra y los bienes naturales que deberían estar al servicio de los grupos excluidos/oprimidos de nuestra época, más no de los grandes monopolios, familias y sectores políticos tradicionales que se han «adueñado» de las diferentes regiones del país.
Post-scriptum: 1) el gobierno nacional sigue apostándole a la paz no sabe para dónde va pero lo importante es la sustancia más no el contenido. 2) los sectores más reaccionarios y conservadores empieza a intimidar las capitales a través de la creación de un escenario de violencia, tal como sucedió en Bogotá con el atentado del centro comercial. 3) La organización sindical Aspu aliada con la administración de turno de la Universidad del Tolima, promociona y legitima la masacre laboral que se avecina para este periodo – semestral.
José Javier Capera Figueroa es Politólogo de la Universidad del Tolima (Colombia), Analista político y columnista del Periódico el Nuevo Día (Colombia) y del portal de ciencias sociales rebelión.org (España).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.