La sangre que cayó en Santiago las madrugadas del 8 y 9 de septiembre también podría manchar el cuestionado prestigio de civiles que avalaron, defendieron y trabajaron para el régimen militar. La investigación del ministro Hugo Dolmetsch sobre la criminal venganza del atentado contra Augusto Pinochet en septiembre de 1986 se encuentra muy avanzada, pero […]
La sangre que cayó en Santiago las madrugadas del 8 y 9 de septiembre también podría manchar el cuestionado prestigio de civiles que avalaron, defendieron y trabajaron para el régimen militar.
La investigación del ministro Hugo Dolmetsch sobre la criminal venganza del atentado contra Augusto Pinochet en septiembre de 1986 se encuentra muy avanzada, pero aún quedan algunos cabos por atar.
Algunas respuestas el juez puede encontrarlas en los interrogatorios al ex secretario general de Gobierno, Francisco Javier Cuadra -actual rector de la Universidad Diego Portales (UDP)- y todos aquellos que conformaban el comité político que en esa época asesoraba a Pinochet.
Cuadra podría aclarar el rol que jugó el ex dictador aún furioso por el intento de magnicidio. ¿Es efectivo que, de acuerdo a los antecedentes reservados que maneja Dolmetsch, Pinochet ordenó la vendetta al jefe de la CNI, general Humberto Gordon?
El ex ministro del Interior, Ricardo García, debería revelar de dónde y con que objetivo surgió la instrucción a la Policía de Investigaciones de realizar detenciones a dirigentes de la oposición en forma paralela a los secuestros de la CNI que culminaron con cuatro víctimas fatales: José Carrasco, Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga y Abraham Muskatblit.
Del proceso se desprende que la orden de detener a dirigentes como Ricardo Lagos, Patricio Hales, Germán Correa, Eduardo Loyola, y el sacerdote Rafael Maroto, no incluía darles muerte.
Cuadra y García también podría aclarar por qué la CNI no cumplió con la orden de Gordón de asesinar a dos opositores por cada escolta muerto, como quedó establecido en el auto de procesamiento que dictó Dolmetsch.
PLATO FRIO
De acuerdo a las confesiones de los ex agentes partícipes de los crímenes -y que el juez maneja en un cuaderno reservado- esa noche el mayor Álvaro Corbalán, jefe de la División Antisubversiva, llegó con la orden de matar al cuartel de Borgoño donde había una caótica asamblea de agentes.
Corbalán ordenó a los jefes de grupos traer las carpetas de opositores que estuvieran más a mano y escogió las victimas casi al azar.
El coronel Manuel Provis Carrasco jefe de la División Política Metropolitana de la CNI, evadió la criminal orden de Gordón aduciendo que la tarea de su gente era estrictamente en el plano del espionaje y no en el terreno operativo.
Por ello los grupos que salieron -más de cuatro- estaban conformados con personal de Corbalán, y sin embargo, no todos cumplieron la siniestra tarea y regresaron a Borgoño con las manos limpias. Algunos comandos habrían optado por no matar en medio del caos existente. El jefe de un equipo declaró en el cuaderno reservado que liberó al dirigente poblacional comunista que debía asesinar porque «era un pobre viejo». Hoy lo busca para que atestigüe pero «no recuerdo su nombre, sólo sé que era de Cerro Navia» afirmó.
Otros grupos operativos de la CNI recibieron la orden de abortar su tarea.
Los abogados querellantes en la causa tienen la convicción que tras las primeras cuatro ejecuciones (en las madrugadas del 8 y 9 de septiembre) se produjo una controversia en La Moneda y se optó por suspender la matanza para efectuarla en forma menos visceral.
La Operación Albania, un año después, donde murieron 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) -organización que planificó y efectuó el fallido tiranicidio- fue el plato fuerte del frío menú vengativo. Al mismo Dolmetsch le tocó investigar el caso y estableció que el propio Pinochet reunido en La Moneda con Hugo Salas Wenzel -que reemplazó a Gordón al mando de la CNI- dio el visto bueno a esos crímenes también conocidos como la matanza de Corpus Christi.