La reciente decisión del Congreso de la República de Colombia de aprobar una Ley de cadena perpetua para violadores de niños ha provocado varias reacciones entre juristas, políticos y organizaciones sociales de diversa índole. Entre dichas reacciones, las más visibles son, por un lado, las que señalan que es anti-constitucional, arguyendo que se trata de una medida populista e ineficaz que no resuelve el problema del abuso sexual contra menores, y, por otro, aquellas más reaccionarias que consideran que las legislación actual es potencialmente más severa.
En este sentido
es fundamental identificar claramente los problemas reales de esa
polémica ley, y cuáles pueden ser las alternativas. Por esta vía, resulta
inevitable plantearse las siguientes preguntas 1. ¿qué podemos aprender de
países que sí implementan cadenas perpetuas desde hace mucho? 2. ¿cuál es la realidad del delito sexual y
el abuso de menores? Y 3. ¿qué se puede hacer frente a eso?
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