Además de la contundencia (Bloqueos de vías, ciudades y barricadas con gran impacto económico) y prolongación temporal del actual Paro nacional contra el régimen neoliberal de Iván Duque, hay un aspecto que debe ser destacado en dicha acción colectiva. Me refiero a su manifestación territorial diferenciada. El Paro no ha tenido la misma fuerza y beligerancia en Barranquilla, Cartagena, Villavicencio, que en Cali, Popayán, Bogotá, Pasto y Manizales.
Varios elementos explican esa heterogeneidad espacial. La marcada diversidad regional de Colombia es un factor que debe considerarse, pues Colombia es una nación con una geográfica quebrada y plagada de cordilleras, sabanas y valles que incide bastante en el comportamiento especifico de los grupos y comunidades humanas. El otro factor es la tradición y el acumulado histórico de luchas de las masas populares en las regiones.
Cali, Popayán, Pasto y el Sur occidente colombiano han registrado en la actual coyuntura un alto nivel de combatividad y de confrontación contra los aparatos represivos del gobierno, contra las políticas sanitarias y las estrategias neoliberales del Estado en todos sus niveles.
Cali es emblemática en tal sentido. Las comunidades han mostrado un alto nivel de organización y determinación para acudir a distintos repertorios de lucha con señalada eficacia en la concreción de los puntos del pliego local y la disposición de los gobiernos municipal y departamental para hacer concesiones a las urgentes demandas de los jóvenes, desempleados, estudiantes y mujeres.
Ciertos análisis han querido despachar la “explosión caleña” por la vía de caracterizar la ciudad como un conglomerado violento patológico. En Cali, dicen, la violencia se da como maleza por ser un epicentro del narcotráfico, por estar organizada con dos corredores raciales (el Oriental y el de la Ladera occidental) muy complejos, alimentados por la población desplazada del Pacifico y del Eje cafetero, con un comportamiento anómico incivilizado y por la situación social de los jóvenes afros, indígenas y mestizos, golpeados por el desempleo, la falta de educación y de otras oportunidades sociales.
Puede ser que esos fenómenos tengan incidencia en el actual estallido popular y en la ira social de miles de jóvenes que se articulan en pandillas, combos y bandas instrumentalizadas por las “oficinas de cobro” para recuperar dineros y mercancía del negocio de la droga.
Sin embargo, mi lectura se orienta a señalar otra explicación para los niveles de combatividad y organización de las comunidades populares de Cali.
Pienso que la corrupción de las instituciones publicas es un aspecto que se debe considerar. Tanto el gobierno local como regional, están capturados por las mafias del Clan criminal de Dilian Francisco Toro, la jefe de toda la política vallecaucana. Ese control del aparato oficial es la fuente de la devastadora corrupción que carcome todas las instituciones impidiendo un eficaz y adecuado uso de los presupuestos públicos en la atención de las necesidades básicas de las poblaciones mas acorraladas por la pobreza. Billones de pesos van a parar a los bolsillos de las redes delincuenciales que orbitan en las áreas de poder de la exgobernadora Dilian Toro. Redes de las que hacen parte la rosca familiar del actual alcalde Cali, el petrista Jorge Iván Ospina, el senador Roy Barreras (a través de su esposa Gloria, y de su hijo Roy) y demás parlamentarios santistas, liberales y exizquierdistas enchufados en la burocracia haciendo la labor de quintacolumnistas e intrigantes al interior del movimiento social para dividirlo.
El uso descontrolado de la violencia por parte de la Policía, el Esmad y los grupos urbanos del neoparamilitarismo, ocasionando graves daños en el tejido social, es otro fenómeno que debe ser considerado en el actual alzamiento revolucionario caleño.
Por supuesto, no se debe olvidar la rica tradición de luchas urbanas y de acciones de masas vinculadas a la movilización por la vivienda, el empleo, la educación y la salud.
Considero que la presencia de la Minga indígena caucana y valluna ha tenido mucha incidencia en la radicalidad de la explosión popular. La Minga se ha convertido en un referente de claridad y dignidad para el resto del movimiento popular del sur occidente colombianos.
También es necesario resaltar los altos niveles de organización de la resistencia popular que se ha reflejado en la estructuración de enclaves de la resistencia en mas de 15 puntos estratégicos de la malla urbana de Cali, permitiendo así el bloqueo y control del territorio. En la ciudad ha surgido una nueva forma de organización popular identificada como la “Unión de las Resistencias” que ha logrado importantes conquistas frente a los gobiernos municipal y departamental, que maniobran para despotenciar esta mediante la cooptación de algunos lideres con prebendas menores que alimentan el arribismo y el oportunismo de los infiltrados de siempre, con retoricas y ademanes aparentemente radicales.
Como quiera que el Paro ha desbordado los gobiernos de allí y se da una situación de caos, lo que conviene es avanzar en formas de gestión territorial por parte de la Unión de resistencias para que asuman problemáticas vitales como la seguridad alimentaria, la salud, la educación, el empleo, la cultura, la convivencia y la movilidad.
En el plano político es clave evitar la manipulación electoral de los oportunistas de siempre que, como en el caso del petrismo, quieren instrumentalizar la indignación popular para captar votos y representaciones parlamentarias, desconociendo que es la acción directa en las calles la principal vía para alcanzar el reconocimiento de los derechos fundamentales de la población. El electorerismo reformista es una peste que destruye la construcción de nuevas formas de organización independiente comprometidas con transformaciones radicales de la vetusta sociedad caleña.