Hace un año, las conversaciones de la Habana superaban la mitad del proceso iniciado y el gobierno tenía en sus manos la facultad discrecional pero éticamente responsable de repensar y reorientar el camino de la estrategia militar para sacarla de la guerra, transformar la institucionalidad de las fuerzas armadas y preparar las condiciones para que […]
Hace un año, las conversaciones de la Habana superaban la mitad del proceso iniciado y el gobierno tenía en sus manos la facultad discrecional pero éticamente responsable de repensar y reorientar el camino de la estrategia militar para sacarla de la guerra, transformar la institucionalidad de las fuerzas armadas y preparar las condiciones para que recibieran con legitimidad las tareas de la Paz.
Para entonces, (a marzo de 2015), había 817 condenas a militares por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales contra civiles, conocidas públicamente como Falsos Positivos que en el régimen de Uribe superaron la cifra de 3500 ejecuciones (hwr.org) de seres humanos indefensos, premeditadamente presentados como insurgentes, que nunca lo fueron.
De las condenas emitidas, alrededor del 10% de los sentenciados eran coroneles, capitanes y tenientes y estaban en curso investigaciones sobre 22 generales. Con el tiempo las cifras crecen y la ilegitimidad institucional de la guerra avanzó. A octubre de 2015, estaban en investigación 2308 casos por homicidios cometidos por agentes del Estado, a los que se vinculaba a 5137 militares (colprensa) de los cuales el 10%, es decir cerca de 500 tenían grado de oficiales, y entre ellos al menos 50 eran generales, y 1000 mil mas de los condenados, eran subalternos que al aceptar sus crímenes señalaron estar cumpliendo ordenes de sus superiores.
Otros militares con rango de oficiales del ejercito, la policía y la armada, han aceptado cargos y responsabilidades delictivas conectadas a la lógica de guerra, por fraude procesal, estafa agravada; otros en tentativa y falsedad material en documento público; otros en obstrucción a la justicia; otros por desvió de dineros destinados al pago a informantes; otros por su participación en asesinatos y atentados a adversarios; otros por participación o vinculo a operaciones paramilitares; algunos por maltratar y al menos otro por golpear a sus subalternos por unas galletas. Se agrega que con esta esta lógica de guerra actuó la mayoría de oficiales jefes de la seguridad de palacio y del presidente, que responden por delitos graves en el país o están en prisión bajo extradición en Estados Unidos.
Resulta concluyente y esperanzador, que a pesar de la impunidad galopante, hay resultados de justicia, gracias a la inquebrantable voluntad, autonomía y valor de algunos funcionarios y ONG, para moverse en la adversidad provocada por la fuerza apabullante del poder político y económico y de la persecución ejercida con sistematicidad en su contra, para poner al descubierto los hechos y estrategias que permiten entender que justicia es igual a verdad y que sobre esta hay reparación.
Las violaciones recurrentes inscritas en las estructuras militares pensadas y creadas para la guerra, son sobre la vida y ratifican que ha existido una estrategia de pena de muerte a adversarios o particulares para encuadrar datos de victoria a costa de asesinar la vida. Si los subalternos como soldados y suboficiales han recibido las ordenes de los altos mandos, falta saber de quien y cómo reciben las ordenes los altos mandos, y develar el fondo de la estrategia de muerte y entonces como país derrotarla e imponer otra lógica, esta vez de paz. El Plan Colombia, para hacer la guerra se instalò con aportes cercanos a 5 millones de dólares de los Estados Unidos y se completó un monto mayor obtenido con rápidos créditos para mantenerla activa. Al nuevo Plan Paz solo darán el 10% de dicho monto para sentar las bases de la paz. La cantidad puede ser suficiente para comenzar si la decisión del gobierno es cambiar estructuralmente la lógica y sentido de la guerra, esto es, cambiar sus estrategias, a sus estrategas, impulsores y generales que participaron de la guerra.
La paz que se construya esta llamada a reorganizar el país con la lógica de la vida, de la tolerancia, del respeto y reconocimiento del otro y sus diferencias, y esto implica poner al estado en pleno, con todos sus poderes, en favor del ejercicio de la justicia y corregir la formación, concepción y adiestramiento de la fuerza militar, que hasta ahora no ha cambiado un ápice a pesar de los avances en las conversaciones de paz, y tampoco se toma en serio acatar a las cortes respecto al reclutamiento.
Para la paz se necesita tener la garantía efectiva de erradicación definitiva del sentido de guerra basado en los manuales contrainsurgentes de la seguridad nacional propuestos para la guerra fría y reformar los esquemas y modos de acción que al combinarse con corrupción, se desbordaron en barbarie y arbitrariedad, a la vez que sometieron al gobierno al temor por el ruido de sables.
Retornar a las tropas a sus funciones originales en términos de soberanía, desistir de las pretensiones de integrarlas a la OTAN y abandonar las pretensiones de inventar otras guerras parece una tarea difícil cuando los generales sin acudir al asalto al poder se acomodaron en él y han hecho parte de una historia reciente con mas de 220.000 muertes, la crueldad de 1900 masacres y la desaparición forzada de mas de 50.000 opositores, además de la estela de odio que atraviesa la geografía nacional sembrada de minas por abajo, surcada de bombas por encima y azotada con el eco de la frase mil veces perversa y antiéticamente repetida de que en la guerra y en el amor todo vale.
Si la ruta trazada por el Plan Colombia era de aniquilamiento, la del Plan Paz debe ser de reconstrucción, y para que sea eficaz estará mejor que la diseñen otras manos, no la de generales y sectores políticos y económicos acostumbrados a la lógica de guerra. No bastará cambiar los uniformes y las camisetas, hay que cambiar la estrategia, las estratagemas, los sentidos, en síntesis la lógica de guerra. Si esto no ocurre, sin duda podrán cambiar las percepciones, pero la realidad seguirá igual, aunque con menos balas. Matar para prevenir de la muerte no puede seguir siendo la ruta que orienta. Cambiar la lógica de guerra y avanzar con una lógica de vida con dignidad es el horizonte.
P.D. El caso reciente de cuestionamiento a los generales de la guerra, es el del Director General de la Policía Rodolfo Palomino, que entra a ser investigado por la presunta creación y puesta en marcha de una red de prostitución masculina dentro de la institución en la que al parecer también están comprometidos miembros del Congreso y del Gobierno. Se suman delitos de enriquecimiento ilícito y espionaje sobre periodistas, en un capitulo vigente, del que el entorno del régimen Uribe no logra escapar y que tiene en prisión a dos directores del DAS y a otros funcionarios de su alto gobierno.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.