El cambio de gabinete realizado este lunes recién pasado es la prueba evidente que el Gobierno ha resentido el golpe propinado por las multitudinarias movilizaciones sociales desarrolladas en las últimas semanas, en especial el gran movimiento nacional por una educación pública gratuita y de calidad. La salida de Joaquín Lavín de la cartera de educación […]
El cambio de gabinete realizado este lunes recién pasado es la prueba evidente que el Gobierno ha resentido el golpe propinado por las multitudinarias movilizaciones sociales desarrolladas en las últimas semanas, en especial el gran movimiento nacional por una educación pública gratuita y de calidad. La salida de Joaquín Lavín de la cartera de educación es la señal más clara de ello. Por su parte, la llegada de Longueira en Economía, es la continuidad del neoliberalismo, duro y rapaz. ¡Para qué hablar de los dos próximos senadores designados de la UDI! Práctica inaugurada por Bachelet, que viola los más elementales principios de la democracia representativa.
Sin embargo, es importante no perder de vista que el cambio de gabinete constituye fundamentalmente un reordenamiento de las fuerzas gobiernistas para enfrentar las movilizaciones sociales y no ceder a los cuestionamientos de fondo que ha recibido la institucionalidad pinochetista.
Fracasado el diseño de lo que esperaba iba a ser un gobierno de gestión de un modelo económico y político incuestionado, Piñera ha debido ceder frente a las críticas de la UDI que reclamaban la falta de «peso político» en el gabinete.
Frente a las grandes movilizaciones que se vienen sucediendo desde principios de año (contra el alza del gas en Magallanes, el rechazo a HidroAysén, la lucha por la educación pública, las huelgas de trabajadores de planta y contratistas del cobre, las luchas de los trabajadores portuarios, las movilizaciones por la libertad de los presos políticos mapuche), la UDI ha comprendido bien el alcance y potencial de ruptura de estas luchas y resiente de que estas movilizaciones hayan desafiado ideas fuerza del modelo neoliberal, a través de la crítica al lucro, y a la mercantilización de los derechos sociales básicos, y de un cuestionamiento de fondo a la elite empresarial (potenciado por la enorme estafa de la empresa de retail «La Polar»).
Con el cambio de gabinete, la UDI ha impuesto una agenda gubernamental que notifica a los movimientos sociales que:
a) no está dispuesta a retroceder en los pilares básicos del modelo pinochetista, del esquema de privatizaciones forzadas y de la depredación ambiental empresarial y, más específicamente, de la educación de mercado, sesgada y clasista;
b) buscará acuerdos y consensos con la Concertación para proteger dicha institucionalidad, para lo cual el gobierno está dispuesto a retoques menores, del mismo tenor que los efectuados por los gobiernos concertacionistas y,
c) quiere salvar la gestión de Piñera con el objetivo de defender sus posibilidades electorales el 2013, pues ya no confía en los «liberales» de la Alianza como garantes del proyecto refundacional de la dictadura.
Por la experiencia de los veinte años de gobiernos concertacionistas sabemos que la coalición «opositora» tampoco está interesada en cambios de fondo. Su postura busca instrumentalizar y aprovecharse de las movilizaciones sociales sólo para mejorar sus perspectivas electorales de reconquistar el ejecutivo el año 2013, a la vez que busca diluir las demandas más rupturistas con los pilares del régimen postdictadura que han emergido del movimiento social.
Para ello, la Concertación busca utilizar su influencia en sectores de trabajadores. La CUT, dirigida por el cuestionado Arturo Martínez, ha convocado a un paro para los días 24 y 25 de agosto. Sería una excelente iniciativa si este paro fuera preparado conjuntamente con los otros componentes del movimiento sindical con seriedad, método y movilización general de las bases. Con un paro de la clase trabajadora no se juega. Y el del 24 y 25 debe ser la respuesta de los trabajadores de Chile (de los organizados y desorganizados) a la ofensiva neoliberal que se prepara que muestre la fuerza de toda la clase trabajadora. Esto significa organizarlo con todas las otras federaciones, centrales y confederaciones que no pertenecen a la CUT. Con altura de miras y en pos de la convergencia de las luchas, articulando las demandas y en alianza con los movimientos sociales de abajo y en la calle.
En materia de educación la CUT debe retomar las demandas del movimiento estudiantil por una educación pública gratuita y de calidad. Ya no basta exigir una «nueva institucionalización de la educación, desmunicipalizando la educación y que termine con el lucro y garantice el acceso igualitario y de calidad».
La cúpula de la CUT pide también una «Nueva Constitución Política que garantice los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras y que establezca el plebiscito como forma de resolver los grandes temas nacionales», un paso atrás respecto de la exigencia de una Asamblea Constituyente, pues deja la puerta abierta a los acuerdos por arriba de la Alianza y la Concertación teniendo como escenario el Congreso, en una pantomima que ya realizó el gobierno de Ricardo Lagos.
En lo económico-social, la CUT aboga por «Una reforma tributaria que termine con la injusta distribución de la riqueza», distrayendo sobre la necesidad de cambiar de raíz una institucionalidad diseñada para la superexplotación de los trabajadores por el capital, pretendiendo reducirlo todo a una cuestión de más impuestos.
Si la CUT no es capaz de levantar esta plataforma de los trabajadores y los movimientos sociales, éstos y las otras organizaciones sindicales deben generar los mecanismos de convergencia necesarios para dotar al paro del 24 y 25 de un verdadero contenido clasista.
El movimiento sindical en su conjunto debe levantar la cabeza. El pueblo entero lo espera. Y los trabajadores no pueden someterse a la política concertacionista que intenta retomar la iniciativa frente a un movimiento social que, para los parámetros de la Concertación e incluso para el ala parlamentaria del PC, se está volviendo demasiado antineoliberal, independiente e inmanejable para usarlo como argumento en la mesa de negociaciones.
Es importante señalar que El Mercurio, en su edición del lunes 18 de este mes, publica la amenaza de Codelco de despedir a 2.800 trabajadores «por razones de empresa», aplicándoles la Ley Laboral de la Constitución pinochetista. Es una provocación a toda la clase trabajadora. Por lo tanto, creemos que es el momento de la unidad de todo el movimiento sindical, de sus federaciones, confederaciones y centrales para salir a la calle a defender los empleos y, en unidad con los estudiantes, exigir, además de renacionalizar el cobre, la elección de una Asamblea Constituyente donde sean los trabajadores mismos los que redacten una nueva Ley del Trabajo
Para enfrentar esta doble ofensiva, tanto del gobierno como de la Concertación, se hace imprescindible que los movimientos sociales unifiquen sus luchas y levanten una plataforma unitaria para el paro del 24 y 25, en la que se ponga en el centro una idea básica: bajo esta institucionalidad, ninguna de la demandas populares (educación pública gratuita y de calidad, renacionalización del cobre, gestión ambientalmente sustentable de la energía, reconocimiento y autonomía de la nación mapuche, negociaciones colectivas y defensa del empleo ante la ofensiva neoliberal que se prepara) será satisfecha.
Es necesaria una convergencia social y política en torno a la Asamblea Constituyente y las demandas más avanzadas de los movimientos sociales en alianza con una coordinadora del movimiento sindical, que se plantee un calendario conjunto de lucha para derrotar al modelo neoliberal y avanzar hacia una salida del modelo que implique una ruptura con el capitalismo salvaje.
Es tiempo de retomar el proyecto social que el Gobierno de Allende puso en marcha con el apoyo del movimiento estudiantil, los pobladores, los campesinos mapuche y los trabajadores organizados.
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