No revictimizar a quienes han sufrido algún acto de violencia o agresión sexual es clave en el tratamiento y atención de esos casos, que muchas veces involucran a niñas, niños y adolescentes.
«La mayoría llega cuando ya se ha denunciado el hecho, aunque puede ocurrir a veces a la inversa, cuando la familia sospecha de algún abuso y necesita saber cómo actuar», asegura Noemí Morales Guirola, directora del Centro de Protección a niñas, niños y adolescentes de La Habana.
Allí un equipo de 15 personas, incluidos profesionales de psicología, pedagogía, sociología, defectología y juristas, entre otros, atienden y acompañan a quienes sufren directamente esos abusos y también a sus familias, precisa la especialista.
El primer apoyo es la ayuda psicológica, que se mantiene desde el recibimiento a la familia hasta que se recoge el testimonio del menor, pasando por intercambios que permiten conocer el funcionamiento familiar, el comportamiento del niño o niña y sus afectaciones psicológicas.
«Tenemos un espacio muy propio, que es la preparación del niño para saber si está en condiciones de hablar de lo sucedido. Se le orienta, explica y relaja. De ahí se derivan incluso tratamientos si hay un daño emocional», detalla la psicóloga María de Jesús Baños Pérez.
En Cuba existen tres centros de este tipo, cuya misión primordial es prevenir la revictimización secundaria mediante el empleo de técnicas de indagación que protegen la intimidad de infantes y adolescentes.
Adscritos al Ministerio del Interior (Minint), uno se ubica en la capital y otros dos en las provincias de Villa Clara (al centro) y Santiago de Cuba (oriente), a 276 y 861 kilómetros, respectivamente, de la capital.
Su interés mayor es evitar la presencia de niños, niñas y adolescentes en los juicios y garantizar su protección. Allí se recogen en exploración única sus testimonios, que luego valen como prueba, con reconocimiento en la legislación procesal.
«Estos centros trabajan en función de la atención integral y protección de niñas, niños y adolescentes cuando son víctimas de cualquier tipo de delito y se les haya vulnerado sus derechos», asegura la coronela Idays Borges Barrios, jefa de la Dirección de Atención a Menores del Minint.
Entre denuncias y silencios
Resulta difícil conocer con exactitud la ocurrencia de estos hechos, no solo por falta de estadísticas públicas continuas, sino porque se trata de sucesos que ocurren en soledad, no siempre se denuncian y transcurren muchas veces ocultos bajo la coacción a las víctimas.
Borges Barrios refirió que estos centros han atendido anualmente a 0,08 por ciento de la población de 0 a 16 años como víctimas de maltrato y abusos sexuales, con predominio de abusos lascivos, seguidos de otros actos que afectan su desarrollo y, en menor medida, delitos de corrupción de menores, ultraje sexual y violación.
De acuerdo con datos oficiales, en 2015 se registraron en el país 2.274 niñas y niños víctimas de presuntos hechos de abuso sexual, según indica el Informe de Cuba ante el Comité de los Derechos del Niño correspondiente a 2017.
De ese total, 1.189 (52,28%) fueron abusos lascivos, 454 casos de corrupción de menores (20%), 333 violaciones (14,64%) y el resto correspondió a otros tipos de abusos.
Más recientemente, el Informe Nacional sobre trata de personas de 2020 indica que los Centros de Protección y otros espacios atendieron ese año a 2.145 menores víctimas de presuntos hechos de abuso sexual, con dinámica similar.
Bajo el precepto de que cada caso importa, expertas de esa institución en La Habana insisten en elevar la percepción de riesgo e incrementar la vigilancia y la prevención. Trabajan, además, para que niñas, niños, adolescentes y familias reciban atención especializada y les ayudan a gestionar el proceso legal y secuelas de todo tipo.
De pruebas y garantías
Los centros están equipados con tecnología y condiciones apropiadas para que la exploración de la víctima, previamente planificada, transcurra con naturalidad y en ambiente propicio, en un salón decorado con muebles y juguetes que inspiren confianza al menor. Solo una persona le acompaña y lleva la conversación. El testimonio es seguido por un equipo multidisciplinario en habitación contigua, mediante transmisión por circuito cerrado.
«Esa exploración, que se hace por única vez, queda recogida en audio y video para ser presentada como prueba en el juicio oral, con el consentimiento informado de la familia», explica la coronela Borges Barrios.
La jurista Yanaisis Jiménez Rincón precisa que esa acción de instrucción se acompaña de otras diligencias recogidas en la nueva ley de procedimiento penal y se asocia, de cierta manera, con los dictámenes periciales.
El testimonio de la víctima es lo más importante, por recoger su narración y vivencia del evento sufrido. Pero también se tienen en cuenta acciones médico-legistas, la salud mental del menor, su estado postraumático, la validación del testimonio para determinar su confiabilidad y pruebas de criminalística visualizadas por la Fiscalía, entre otras acciones que tributan al esclarecimiento del hecho, subraya.
«Abogamos por que sea un solo testimonio, con todas las garantías, en función de proteger al menor y la familia. Mientras más relatas un evento traumático de este tipo, más lo vivencias; eso tiene una repercusión psicológica», amplía.
Junto al testimonio en sí, el equipo aporta un informe valorativo con mirada transdisciplinar, donde cada especialista expone criterios desde su perfil, pericia, conocimientos y habilidades, agrega Jiménez Rincón.
¡Alerta! No hay un perfil
Muy lejos de lo que se piensa, los abusos lascivos no provienen de personas desconocidas sino cercanas, del entorno familiar o próximo, advierte la directora del centro Noemí Morales Guirola.
«Existen varias posibilidades, como cometer el hecho aprovechando una posición de poder, o bajo exceso de confianza y acercamiento. A veces las familias accedan a que los niños estén a solas con estas personas porque confían plenamente en ellas. En nuestra sociedad es muy común la relación cercana con vecinos, familias afectivas y amistades», apunta.
Los agresores sexuales no son personas con un determinado perfil psicológico, alerta. Al contrario, suelen disfrutar de estatus social o reconocimiento y eso en ocasiones reduce la credibilidad del niño. «Les creen a veces a ellos y no al menor, porque son buenos vecinos, buenas personas, participan en actividades, son profesionales…», describe Morales Guirola.
«No hay un prototipo de agresor sexual, cualquier persona puede serlo. No es para alarmarse, pero sí para tener cuidado y mantener a los niños siempre bajo supervisión», advierte.
La socióloga Elizabeth Hechavarría Silegas agrega que igualmente no hay un perfil o tipo de niño que pueda ser abusado más frecuentemente, «aunque siempre influye el medio donde se desarrolla», reconoce, en referencia a la protección, los cuidados y los ambientes familiares y sociales.
Tampoco determina que provengan de grupos de más bajos o altos ingresos económicos, ni su condición social, refiere.
«A veces, incluso, se dan determinadas condiciones y les ocurre a niñas y niños que han sido protegidos y cuidados por sus padres; o que carecen de determinados recursos, características personológicas o herramientas para reaccionar. Quienes abusan sí se aprovechan de eso», sostiene Hechavarría Silegas.
«En el imaginario sigue existiendo la idea de que las personas que abusan sexualmente de niños, niñas y adolescentes no son de su entorno, cuando en realidad no es así. Tenemos que ganar mucha más conciencia de eso«, concluye.