Pareciera que, después de todo, necesitamos imaginar. La experiencia de revuelta popular, aún en curso, iniciada el 18 de octubre y todas las facetas de precariedad que ha revelado la pandemia, ameritan imaginar rupturas. No es posible que pueda parecer más deseable el acostumbrarse a normalizar la fragilidad y la emergencia que redefinir los horizontes de lo posible. Se trata de que hoy la amplitud de la catástrofe es tal, que pensar en un mundo más allá del desastre se presenta como la articulación de una autodefensa.
Sin embargo, pese a que la pandemia es realmente un virus que ha revelado y agudizado problemas estructurales de fondo, que ya estaban ahí, no dejan de haber singularidades históricas en ella. Por ejemplo, el hecho de la simultaneidad de la propagación y afectación del virus en todo el mundo. Simultaneidad que es, consideramos, condición de posibilidad de una germinal conciencia internacionalista, en tanto se ha vuelto evidente la interconexión y vinculación entre pueblos del mundo y, sobre todo, es claro que los sectores más afectados pertenecen a la clase trabajadora. Otro ejemplo es que el virus ha aportado a una visión universal de la catástrofe, un estado de alerta y emergencia mundial como nunca vista, pero que se caracteriza por cierto pesimismo, por la constatación, si es que le queremos sumar el cambio climático y otros fenómenos de escala global, del mundo como zona de sacrificio.
Para nosotros, este ciclo socioambiental abierto por el COVID-19 representa una enorme posibilidad. Y decimos esto no a la manera de un optimismo abstracto, voluntarista y, por lo tanto, sin estrategia. Lo planteamos al modo en que se constatan las bifurcaciones: o se profundiza la sociedad capitalista y sus múltiples vidas precarizadas o se abre al menos la oportunidad de resarcir el camino andado y explorar nuevos horizontes de ruptura. Lo cierto es que, sea como sea, el capital ya es una fuerza geológica global con la cual cualquier programa de cambio y de transiciones, debe lidiar si es que pretende un mínimo de responsabilidad histórica. Es el tiempo del capitaloceno, de un conjunto de relaciones sociales que nos han llevado a este punto y modifican toda la faz de la tierra, así como en otras épocas fue el pleistoceno o el holoceno como temporalidades geológicas. Ya nada volverá a ser como antes en el mundo. A una fuerza tal se requiere contrarrestar con otras fuerzas equivalentes. Es improbable que una alternativa a la sociedad del capital provenga, en un mundo radicalmente sometido a sus lógicas, de otra parte, de un “más allá”, de un “afuera” que no esté ya inscrito en esta sociedad. Por lo mismo, consideramos que toda propuesta alternativa emana de elementos ya existentes, pero que se expresan hoy como contradicciones y potencias históricas latentes. Es sobre algunas de ellas que nos referiremos, a la manera de contenidos concretos de una propuesta ecosocialista hoy.
Socialización y gestión democrática
No se puede formular una perspectiva anticapitalista sostenida en afirmaciones generales. No se puede pretender el desmonte del capitaloceno sin apuntar a las formas concretas que este asume. De lo contrario, se trataría de ideologismos, afirmaciones desancladas de la historia, por lo mismo, fuera de la política. Con este motivo, sugerimos algunos elementos para el debate:
1.- El problema de la renta de la tierra. América Latina se ha caracterizado por producir mercancías que al ser vendidas en el mercado mundial se transforman en un tipo de ganancia capitalista conocida como renta de la tierra. Las mercancías que portan este beneficio, llamadas “materias primas”, “recursos naturales”, etc., requieren un tipo de producción que necesariamente se organiza a través de la naturaleza. Acaparando bienes comunes naturales no reproducibles por el trabajo humano, limitados y apropiables privadamente. Es por esto por lo que la producción rentista es tan devastadora con la vida socioambiental en esta parte del mundo, porque al buscar incrementar sus ganancias, intensifica la degradación ambiental y social. Sin el reconocimiento de este punto de partida, que la búsqueda de renta de la tierra constituye una relación social que produce metabolismos socioambientales, es sumamente dificultoso orientar las medidas ecológicas a seguir. Si interesa desmontar este mecanismo, que también se ha llamado “extractivismo”, hay que indicar las responsabilidades de las grandes empresas apropiadoras de renta de la tierra, los terratenientes (mineros, agrícolas, forestales, etc.).
2.- Enfoque de clase. Estos terratenientes, que poseen no solo tierra y agua en un sentido genérico, sino que relacionan y subordinan una variedad de agentes ecosistémicos: características geográficas, geológicas, morfológicas, explota diferencias naturales entre un territorio y otro, aprovecha la abundancia o mejor calidad (desde el punto de vista productivo) de la tierra, yacimientos mineros, caudales hídricos, sistemas glaciares, regímenes de lluvia, etc. Se constituyen como un grupo o clase diferenciada de otras fracciones capitalistas y, por supuesto, de los sectores y clases sociales que someten. Es necesario abordarlo así. No son cualquier grupo de poder, sino uno formado con objetivos muy específicos, apropiar renta, lo cual los constituye como clase. Una perspectiva clasista no puede ser una consigna general sin contenido, sino que debiera preguntarse, ¿cómo avanzar en concreto contra esta clase en particular, responsable de la crisis socioambiental del país?
3.- Medidas transicionales, la cuestión del poder. Son múltiples las medidas transicionales, desde la sociedad en que vivimos actualmente hacia otra: restauraciones de ecosistemas, incentivo de la agroecología, decrecimiento, desincentivo de las emisiones contaminantes, expropiaciones de la Gran Minería, etc. Sin embargo, si no se orientan por el problema del poder, reconociendo que cualquier medida tendrá una contraparte en otros actores con mayor capacidad de hacer valer sus decisiones, es extremadamente difícil puedan dar frutos. En primer lugar, la formación de una clase capitalista transnacional que se reproduce por el control de los bienes comunes y la apropiación de renta; una clase capitalista “local” que hace lo mismo, pero en otra escala; e instituciones del Estado y un sistema de partidos, moldeados por los intereses de estos grandes rentistas. En segundo lugar, pensamos que las medidas ecológicas transicionales deben contener en todo momento la preocupación respecto a cómo hacer frente a estos grandes poderes. De lo contrario, es muy posible, si es que se llegan a implementar, sean revertidas o ancladas a una experiencia hiperlocal.
4.- Una política de socialización y gestión democrática. Un elemento clave en la fortaleza rentista es el derecho de propiedad que ejercen los grandes grupos económicos. Este priva al resto de la sociedad de la posibilidad de decidir y, por lo tanto, de hacerse cargo de la precarización que el ejercicio y producción en esa propiedad privada provoca. Una política de socialización tiene en su núcleo una concepción democrática: que la sociedad, y no un grupo de capitalistas, pueda hacerse cargo del conjunto de la vida social. Implica la perspectiva de un cambio en el régimen de propiedad actual en Chile y transitar hacia formas públicas, colectivas y comunitarias. Supone, por lo tanto, expropiación a los grandes terratenientes, condición necesaria para decidir qué hacer posteriormente con estas grandes porciones de tierra. Socializar es una respuesta también a las nociones que homologan la propiedad pública a la “centralización estatal”. Si bien es cierto el Estado puede expresar las formas jurídicas de cambios en la propiedad, no es la garantía fundamental para que los procesos socioambientales estén efectivamente socializados: si no hay participación activa, gestión, planificación democrática permanente por parte de la población en todo nivel, sobre todo de la clase más afectada por este modo de vida y directamente involucrada en la (re)producción de la vida social, el cambio de propiedad podría ser tan solo un reemplazo de unos dueños del capital por otros. La socialización de los productos de la vida social y la gestión democrática son perspectivas estratégicas para afrontar coyuntural y tácticamente la crisis en curso, pues permiten orientar hacia dónde dirigir la crítica al actual régimen de propiedad y cómo organizar democráticamente metabolismos socioambientales que marquen una ruptura con los modos rentistas.
5.- La vida internacional. Si algo ha puesto con fuerza sobre la mesa la pandemia, es la necesidad de actuación global, internacionalista. Lo que genéricamente se conoce “cambio climático”, que en realidad es una acumulación de experiencias y casos concretos muy diversos entre sí, necesita de un nivel de intervención global. Los principales organismos con capacidad de gestión al respecto, como la ONU y las COP’s, si bien toman acuerdos que podían ser considerables, luego no se observan por sus involucrados y, más aún, algunos estados hacen exactamente lo contrario. Si bien la perspectiva ideal sería la solidaridad, cooperación e interrelación entre pueblos desde una perspectiva internacionalista y ecológica, las redes actualmente existentes no tienen la capacidad de gestión de las grandes instituciones mundiales. Hay que profundizar el debate sobre las posibilidades de estos organismos de “gobernanza” mundial, como los mencionados: ¿Un horizonte ecosocialista apuesta a abolirlos, reformarlos o construir “por fuera de ellos? Si bien es cierto es necesario reconocer los estrechos márgenes de disputa que estas instituciones ofrecen y afirmar también que en gran medida obedecen a los intereses de la fracción transnacional dentro de la clase capitalista, es importante bregar porque se hagan efectivos los acuerdos que allí se toman. Pese a sus límites y restricciones. Además, es posible, dentro de ellas, el asumir ciertas prácticas ecológicas implementadas o en curso por algunos estados: las medidas de reforestación en Burkina Faso o la agroecología cubana, por ejemplo. Por último, esto tampoco es excluyente a que se formen organismos de solidaridad entre pueblos, que presionen a cada gobierno por cambios de fondo, se intercambien programas de transformación, experiencias de organización y lucha, etc. Este punto es, consideramos, medular, porque el ecologismo puede ser, junto a la acción internacionalista feminista, pasos concretos hacia la reconstitución de una Internacional.
Estos son algunos puntos de visión estratégica, pero es necesario también orientar las proposiciones programáticas por consideraciones coyunturales y tácticas, que capten, no obstante, la radicalidad del momento que vivimos en beneficio de los pueblos.
Propuestas para una transición
Cuando hablamos de desmontar las formas concretas que asume el capital en los distintos territorios, también queremos decir que, las propuestas que se presentarán a continuación no son por ningún motivo acabadas, ni tampoco expresivas de la totalidad de las contradicciones y problemas que experimentan los territorios a lo largo y ancho del Chile Plurinacional. Esta propuesta es una más dentro de muchas otras que deben someterse a diálogo, discusión y retroalimentación. En concreto, proponemos:
- Reorientación y transformación de la matriz productiva, sobre todo su dimensión minera y energética. Creemos que es necesario pensar medidas transicionales que nos permitan definir hacia dónde se proyecta una política de recuperación de los áreas estratégicas. Se proponen tres ejes: i) La generación energética está subordinada a la producción minera, por lo que no es posible detener la sobre-intervención de centrales energéticas sin una regulación y cambio en la política minera del cobre. La principal dinámica que detener entonces, sería la sobreproducción de cobre, causante de la alta demanda de energía. A su vez, los agentes impulsores de esta dinámica son las transnacionales mineras. A ellas hay que aplicar un alto impuesto a la renta diferencial que se apropian producto de que se benefician al poseer los yacimientos de mejor calidad y una capacidad superior de invertir en tecnología, lo que le da una ventaja sobre otros productores. ii) Al mismo tiempo, fortalecer la propiedad de CODELCO (Corporación Nacional Del Cobre de Chile) y la regulación del precio y masa total de cobre producido por parte del Estado. iii) Impulsar paralelamente una política de expropiación a las grandes empresas energéticas, actualmente en proceso de centralización, en tanto que ningún interés público justifica su actividad desregulada y orientada por el lucro.
- Reorientación pública y de carácter social y ambiental de los sectores estratégicos (Sanitarias, generadoras, transmisoras y distribuidoras de energía). Proponemos dos reivindicaciones urgentes, para encaminarnos hacia una reorientación pública y social de los llamados servicios públicos estratégicos: i) En primer lugar, el carácter “estratégico” que les concede el Estado a estas empresas transnacionales sólo se traduce en la prohibición de huelga, debilitando la capacidad de los trabajadores para contrarrestar el poder de las transnacionales. Por ende, una reivindicación de carácter urgente debe ser, el restablecimiento del derecho a huelga; ii) junto con lo anterior, planteamos la necesidad de bloquear todas las formas legales que permiten lucrar. Por ejemplo, las empresas del sector energético, mediante la gran farsa de la crisis energética, emprendieron el despliegue de una serie de proyectos que les permitieran aumentar su capacidad productiva con el único fin de exportar energía hacia el extranjero. Por su parte, tal como profundizamos en otro artículo 1/, el Decreto con Fuerza de Ley N°70, promulgado en plena dictadura cívico-militar y destinado a promover e incentivar el ingreso de capitales privados, garantiza para las sanitarias un 7% de ganancias mínimas. En 2013, las utilidades de las 25 sanitarias más grandes del país fueron $261.000 millones, siete veces más que las obtenidas por las ISAPRES el mismo año.
- Desprivatización del agua. Es necesario partir señalando que, i) cuando hablamos del agua hacemos referencia a un elemento complejo y multidimensional, con distintas formas (Lagunas, lagos, humedales, glaciares, ríos) y significaciones culturales para los distintos territorios y sobre todo para los pueblos originarios. Por tanto, lo primero sería reconocer el agua junto con la tierra como sujeto de derechos, ya que son elementos fundamentales para la reproducción de la vida en todas sus formas; ii) en este sentido, como medidas de urgencia, exigimos la paralización de todas las transacciones del mercado de aguas y las políticas orientadas a continuar mercantilizándolas. En el marco de la grave crisis hídrica y sanitaria que vive el país, no se pueden seguir rematando o vendiendo derechos de agua. Tampoco se pueden seguir impulsando infraestructura y otras medidas que apunten a seguir mercantilizando el agua (carretera hídrica, proyectos hidroeléctricos, venta de agua a empresas de otros países, etc.). Sabiendo, además, que los únicos capaces de competir en dicho mercado, son las grandes corporaciones nacionales y transnacionales dedicadas principalmente a la Gran Minería, agroindustria y forestales. Pero no basta con medidas urgentes, iii) necesitamos avanzar hacia una nueva gestión del agua. Chile es el único país del mundo que tiene la gestión y fuentes de agua privatizadas, por lo que, para comenzar a discutir sobre una nueva gestión, el primer paso debe ser cambiar el estatus del derecho de aprovechamiento del agua como derecho privado. En concreto esto significa derogar el Código de Aguas de 1981 –impuesto en dictadura- que separa los derechos de agua y de la tierra, e impulsar vía nueva constitución, un código de aguas que reoriente el agua como derecho público y humano.
- Reforma Agraria Integral. Se plantea como una forma y orientación concreta para definir políticas de expropiación y que, fundamentalmente, rehabilita la relación indivisible entre el agua y la tierra, con todas sus complejidades. Su objetivo es reactivar una agricultura sustentada en distintos tipos de productores asociados orientados a sostener la agroecología como mecanismo y relación socioambiental vital para enfriar el planeta y resolver el problema del hambre en el mundo. En concreto, consiste en: i) democratizar la tierra garantizando el derecho de las trabajadoras/es para acceder a la tierra para vivir y producir en ella, expropiando todas las tierras que no cumplan su función social; ii) garantizar el reconocimiento y restitución de territorios de los pueblos indígenas; iii) nueva organización de la producción agrícola que tenga por objetivo la soberanía alimentaria, promoviendo la agroecología como principio y forma de organizar la reproducción de la vida y la subsistencia más elemental. Para lo anterior, iv) el Estado debe ser garante de promover políticas que regulen los mercados y favorezcan el trabajo comunitario, cooperativo y asociativo para hacer frente a los grandes monopolios y corporaciones agroalimentarias. Finalmente, v) se considera integral, porque debe asumir tantas formas como territorios y problemas particulares existan en Chile y Latinoamérica. Debe ser situada y responder a las diversas necesidades de los territorios.
- Reconversión productiva y laboral. Debido a las altas tasas de desempleo y hambre que se viven en Chile actualmente, las empresas y corporaciones ligadas a la extracción de recursos naturales, están reimpulsando y profundizando su actividad, justificándose en la creación de empleos 2/. Este dispositivo de legitimidad no es nuevo, es un rasgo histórico tanto en Chile como Latinoamérica. Pero en medio de una crisis global, se hará más evidente, al mismo tiempo que representará para los sectores desempleados, una oportunidad real contra el hambre. No obstante, por el carácter de las empresas extractivas, dichos proyectos profundizarán: 1) la tercerización y precarización laboral en todos sus niveles; 2) la destrucción de ecosistemas que, a su vez, permiten la subsistencia de vastos sectores de la población trabajadora. Será “pan para hoy, hambre para mañana”. De ahí la necesidad de avanzar hacia una reconversión productiva y laboral fuera de los márgenes de la extracción ilimitada de recursos naturales limitados. Para ello es necesario que los movimientos socioambientales construyan alianzas con el movimiento sindical desde una perspectiva clasista común, se hagan parte de las huelgas y lucha en general. Por qué no son luchas distintas, son distintas expresiones de las formas en las que el capital destruye la naturaleza y a todos los seres vivos. Es en ese quehacer colectivo donde se irá fraguando, no un apoyo a la continuidad de los proyectos, sino más bien, tácticas de presión y disputa frente al carácter lucrativo y precarizador de los proyectos extractivos. Es solo un paso para una estrategia que desmonte dichas formas de organizar el metabolismo social y ambiental. No existirá ningún tipo de trabajo en un planeta muerto.
- Reconfiguración de los servicios de evaluación y fiscalización ambiental. Actualmente, la institucionalidad ambiental, lejos de proveer herramientas que permitan denunciar, fiscalizar, penalizar y prohibir proyectos que atenten contra los ecosistemas,apuntan a satisfacer y maximizar las inversiones y las ganancias del empresariado, acelerando el proceso de aprobación de proyectos, y atentando contra la soberanía de las comunidades y localidades afectadas sin importar los impactos sociales y ambientales. Funciona como una maquinaria institucional de aprobación de proyectos y la transforma en un simple “Check list”. Frente a eso, nuestras propuestas concretas son: i) Mayor rigurosidad en las fases iniciales de evaluación y aprobación de proyectos, especialmente en lo que se refiere a la Declaración Estudio Ambiental y a las líneas de base; ii) Crear mecanismos vinculantes de participación y control democrático de las comunidades afectadas por la intervención extractivista en los procesos de toma de decisión y en las resoluciones de los servicios de evaluación y fiscalización ambiental del Estado; iii) garantizar la voz de los no propietarios, la interlocución tiene que dejar de estar limitada a los propietarios de tierras, derechos de aguas y medios de producción; iv) Exclusión total de estos entes públicos de aquellas personas (naturales o jurídicas) con conflictos de interés; v) Creación de figuras penales que tipifiquen delitos ambientales perpetrados por empresas nacionales, transnacionales o el Estado, y que a su vez, tengan un carácter vinculante y realmente proporcional en materia de sanciones para aquellas empresas que incumplan la normativa ambiental.
- Derogación del TPP-11 y reevaluación de todos los TLC. Es imposible desmontar la maquinaria que destruye ecosistemas y territorios si no se desarticulan los tratados político-económicos que han permitido su construcción. Por tanto: i) exigir la derogación del TPP-11 que busca profundizar el vínculo de la economía nacional, bajo las necesidades de los capitalistas, con el resto del mundo. Es contraria, además, a una articulación de los pueblos. Por otro lado, si queremos enfrentar la grave crisis ambiental, en el marco del itinerario definido por el Acuerdo del 15N para una nueva Constitución, habría que reconocer una traba, la cual radica en la imposibilidad de reevaluar los Tratados de Libre Comercio (TLC). Creemos que una asamblea constituyente, verdaderamente soberana y democrática, debiese posibilitar la reevaluación de estos tratados que, como sabemos, moldean la forma en la cual se organiza la economía y la extracción de grandes cantidades de recursos naturales para el mercado mundial.
- No+AFP. Sistema de reparto como alternativa democrática y ecológica para el pueblo trabajador. El modelo de previsión en Chile, caracterizado por la capitalización individual y por el manejo de millonarios fondos por parte de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) –entes privados- se constituye como una de las herramientas estructurales que dinamiza y profundiza el problema ambiental en Chile. Son los fondos de los millones de trabajadoras y trabajadores los que, sin ninguna consulta ni regulación, han oxigenado parte del despliegue y desarrollo de los diversos proyectos de carácter extractivista que destruyen a los territorios y ecosistemas que en ellos habitan. Por tanto, si queremos avanzar en desmontar la maquinaria capitalista y rentista, es fundamental transformar el actual sistema de pensiones y proponer, como movimientos socioambientales, un nuevo sistema de seguridad social que sea de reparto, solidario y tripartito (con aportes del trabajador, el empleador, y el Estado). Bajo esta reivindicación, no solo mejoramos las pensiones de las y los trabajadores, hasta ahora pensiones de miseria, sino que también, robustecemos la capacidad de gestionar dichos fondos y reorientarlos a las necesidades sociales y ambientales.
- Pedagogía ecosocialista. Necesitamos disputar y construir un sentido común con elementos concretos que argumenten: 1) la innegable crisis ambiental a nivel mundial. Una crisis que tiene culpables históricamente constatables: el capitalismo. Por ende, introducir la noción de la “necesidad y urgencia del cambio”: evitar la profundización de la crisis climática y civilizatoria. Lo anterior tiene relación con debatir y criticar una de las formas mediante las cuales sectores de la izquierda evaden el problema ambiental: creer que las propias contradicciones del capitalismo se encaminarán, mecánicamente, hacia un momento en el cual ya no habrá más formas para apoderarse de la naturaleza y el ser humano, generando un momento de ruptura natural o apocalíptica. Esas lecturas desmovilizan, y desconocen la capacidad histórico-tecnológica del capitalismo para afrontar las crisis y su reestructuración, siempre a costa de la clase trabajadora. En términos concretos, no hay límites. El capitalismo puede destruir la naturaleza y el ser humano hasta el infinito. Por lo mismo, tampoco hay límites en la degradación de la clase trabajadora. Por tanto, ante la crisis necesitamos organizarnos y dotarnos de una perspectiva. 2) Exponer posibilidades y propuestas alternativas. Ante un escenario de desesperación, necesitamos mostrar un camino. Esto implica una acción pedagógica sobre la posibilidad de otra forma de vivir. Hay que llegar a la iglesia, a los colegios, a las juntas de vecinos. Aquí es cuando la dualidad eco socialismo o barbarie cobra sentido literal. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Qué necesidades? Profundizar el discurso y los contenidos para que no puedan ser cooptados por sectores dominantes ni ser parte de una salida a la crisis por arriba. El miedo, la crisis y la inseguridad sobre el futuro, puede traer consigo el fortalecimiento de salidas de carácter reaccionario o fascistas, una tendencia preocupante a nivel global. De esta manera, el despliegue de una pedagogía ecosocialista contiene un componente estratégico: ¿Cómo enfrentar el proceso de expropiación en el marco de la existencia de clases sociales que no permitirán destrabar sus núcleos de acumulación? Para ello no basta tener claridades programáticas. La pedagogía ecosocialista no es un ejercicio meramente de educación o construcción de una conciencia ambiental. Es más bien el punto de partida para abrir paso a la conformación de un actor colectivo que haga suyas dichas reivindicaciones dotándolas de una perspectiva anticapitalista.
Palabras al cierre
Finalmente queremos expresar que lo presentado en este artículo intentó abstraerse lo menos posible de la realidad. Presenta síntesis de pasos a seguir, pero al mismo tiempo el desafío de preguntarnos ¿Cómo podemos ir concretando dichos pasos? ¿Qué tipo de organización necesitamos para afrontar el camino? ¿con quiénes caminar? Lo que nos posiciona, por tanto, en el campo de las discusiones tácticas y estratégicas. Podemos imaginar un mundo ideal, pero a la larga, la efectividad de un cambio radica en calibrar nuestras fuerzas reales y nuestro marco histórico de posibilidades. No se trata de saltar al futuro sin tener en cuenta la cuestión del poder, se trata de avanzar preguntándonos siempre dónde se encuentra, quiénes lo ejercen, para así construirlo en un proceso de disputa y no de imaginación autocomplaciente.
Alejandro Carrasco y Javier Zúñiga, Organización Contratiempos (Chile)