Campesinos que buscan la restitución de sus predios denuncian que testaferros de los ‘paras’ presionan para que finqueros no les den trabajo, ni nadie les compre en las tiendas que poseen algunos de ellos en zonas rurales.
«Nadie nos da trabajo en el corregimiento», afirma con preocupación un reclamante de tierras oriundo del Urabá antioqueño. «A esa situación nos llevaron los testaferros de los paramilitares que hoy están apoderados de nuestras tierras, utilizan su poder con los finqueros para que no nos dejen jornalear. Algunos se han tenido que desplazar a otros municipios porque aquí se estaban muriendo de hambre».
«¿Usted no tiene que escribir mi nombre, cierto?», pregunta el labriego. «Si me promete que no lo pone, le cuento lo que está pasando». Hecho el acuerdo, el hombre se detiene un momento a organizar las ideas. Sus palabras surgen lentas, cautelosas. «Es que el riesgo es mucho», explica.
Apesadumbrado, este reclamante de una propiedad familiar de 20 hectáreas cuenta su historia, que es la misma de por lo menos 22 personas más, todos vecinos suyos, en la que sobresale la tragedia no sólo de haber sucumbido al miedo, que los llevó a vender presionados y a muy bajo precio sus parcelas, sino la de haberse embarcado en tratar de recuperar el predio y asumir las consecuencias, las mismas que hoy los mantienen en riesgo y al borde del aislamiento, lo que les está limitando la posibilidad de trabajar en su corregimiento y obligándolos a desplazarse.
Huyen del terror
Todo comenzó en julio de 1996 luego de una serie de asesinatos perpetrados por paramilitares del Frente Arlex Hurtado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y apoyados por un desmovilizado de la guerrilla de las Farc, quien comenzó a señalar campesinos que, supuestamente, les habían prestado colaboración a los insurgentes. «Además, llegaron diciendo que todas esas tierras tenían que ser de ellos», agrega el labriego.
Al frente de esas operaciones estuvieron Raúl Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’, quien reconoció en enero del año pasado que la tierra era «un botín de guerra», y Elkin Castañeda Naranjo, alias ‘Hermógenes Maza’, ex paramilitares que ya reconocieron su responsabilidad en esos crímenes ante fiscales de Justicia y Paz.
Esa incursión generó zozobra entre la comunidad y los campesinos abandonaron el corregimiento, dejando atrás sus casas y sus tierras, adjudicadas por el Incora a finales de la década de ochenta. Muchos fueron a parar a Medellín. «¿Sabe dónde nos manteníamos? En el Parque Berrío. Ahí nos encontrábamos los desplazados de Urabá, aguantando hambre. A nosotros nos tocó muy duro», cuenta el hombre. Y justo allí, en pleno de centro de la capital antioqueña, llegaban los comisionistas de Urabá a buscar los desplazados para comprar sus tierras.
«Esos testaferros nos llenaron de miedo. Ellos también sabían que nos podían encontrar en el Parque Berrío. Al que encontraban y tenía tierras le decían que no volviera más a Urabá, que no podía, y que lo mejor era vender y de una ofrecían plata», narra el reclamante. «Y uno por aquí sin trabajo, aguantando hambre, y encima atemorizado con esos hombres, qué más hacía uno, aceptar. Nos sentimos obligados a vender, y a muy bajo precio».
Este reclamante reconoce que, en su caso, vendió el predio por 4 millones de pesos, «pero no porque nosotros queríamos, sino porque ellos nos mantenían llamando y buscando, diciéndonos que no fuéramos más a Urabá. Nos presionaron a punta de mentiras. Es que esos tipos eran testaferros de los ‘paramilitares’, algunos de ellos hasta hicieron parte del grupo».
Regresan a reclamar
Pasados más de diez años de su tragedia y con la entrada en vigencia de normas que permitían la reclamación de tierras en casos demostrados de despojo por parte de grupos paramilitares, las víctimas de Urabá se organizaron y comenzaron su lucha por la restitución de predios rurales.
Una vez iniciado el proceso de juzgamiento de Hasbún Mendoza y Castañeda Naranjo, en aplicación de la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, los campesinos afectados por las compras bajo presión solicitaron la cancelación de los títulos de propiedad obtenidos fraudulentamente y que les devolvieran sus tierras. En total, están exigiendo la devolución de por lo menos 500 hectáreas.
«Es que ellos, los testaferros, pensaban que no íbamos a hacer nada, pero cuando menos pensaron ya estaban denunciados ante la Fiscalía», cuenta el campesino. Y fue así como iniciaron sus luchas por la restitución de sus parcelas, pero a la par, también comenzaron sus nuevas tragedias. La primera de ellas fue casi que inmediata. El líder de los reclamantes, Benigno Gil Valencia, fue asesinado por sicarios el 22 de noviembre de 2008, en Chigorodó, localidad del Urabá antioqueño.
«Lo que no sabe la Fiscalía», relata el labriego en voz baja, «es que los testaferros que hoy tienen las fincas de nosotros pusieron de a dos y tres millones de pesos para que mataran a Benigno. ¿Sabe cuánto costó esa ‘vuelta’? Costo 40 millones de pesos. Eso le pagaron al sicario. Esas son cosas que se tienen que investigar».
El reclamante también denuncia que los «testaferros de los paramilitares» se reunieron con integrantes de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidas como ‘Los Urabeños’. «Los testaferros los buscaron para que les ayudaran a ellos y atentaran contra nosotros, los reclamantes de tierras, porque, según dijeron, les íbamos a quitar tierras que ellos habían comprado legalmente; sin embargo, tal parece que los de ese grupo les dijeron que ellos no iban a meterse en esos problemas. La cosa está ahí, muy tensa».
Sin trabajo y aislados
Pero a los temores a ser asesinados o desaparecidos se le ha sumado otra circunstancia que los tiene afectados: el aislamiento laboral y social. «Ahora que el caso nuestro está en los tribunales de Justicia y Paz nos quieren joder dejándonos sin trabajo», cuenta el reclamante.
Y es que según relata, los finqueros que tienen las tierras que los labriegos reclaman comenzaron desde hace un buen tiempo una campaña de desprestigio y obstaculización laboral en fincas vecinas para que no les den trabajo.
«Ya en ninguna finca nos reciben a nosotros por ser reclamantes. Los administradores están enterados de esos y no nos dan jornales», confirma el campesino entrevistado. «Esos testaferros han hecho reuniones con ellos y los presionan para que no nos den trabajo».
El campesino referencia por lo menos seis nombres de supuestos testaferros que se apropiaron de sus predios al parecer bajo presión, se trata de cinco hombres y una mujer, tres de los cuales serían muy cercanos a alias ‘Hermógenes Maza’, un ex paramilitar que, según versión del labriego, «aún causa miedo en la región». VerdadAbierta.com se abstiene de dar los nombres para no afectar las investigaciones que, actualmente, están en curso.
La situación ha llegado a tal punto, según este campesino, que uno de los reclamantes tiene un pequeño negocio de comida y gaseosa, «y algunos administradores de las fincas que son nuestras dieron orden a sus trabajadores que al que que vieran comprando ahí lo echaban. Deben comprar en los propios negocios de ellos o en los de sus amigos».
Por todas estas razones, algunos de los reclamantes tuvieron que abandonar nuevamente el corregimiento y buscar trabajo en otros lugares. «Aquí se estaban muriendo de hambre», afirma el labriego. «Los que nos quedamos padecemos la falta de trabajo y nos tenemos que rebuscar la comida de manera independiente. Es que nos quieren aislar, que nos aburramos, nos vayamos y desistamos de nuestras reclamaciones. Pero no desistiremos y los que quedamos no nos vamos a ir», advierte el campesino y deja todo en manos de la justicia.
(El nombre del reclamante entrevistado fue omitido, así como el del corregimiento y el municipio, por razones de seguridad)