Cerca de 600 campesinos que retornaron a sus tierras en la Hacienda Las Pavas, ubicada al sur de Bolívar, denuncian que han sido víctimas de múltiples amenazas por parte de grupos paramilitares, que el Gobierno de Juan Manuel Santos llama ahora eufemísticamente «bandas criminales». Uno de los líderes de esta comunidad, Elut Alvear, exigió protección […]
Cerca de 600 campesinos que retornaron a sus tierras en la Hacienda Las Pavas, ubicada al sur de Bolívar, denuncian que han sido víctimas de múltiples amenazas por parte de grupos paramilitares, que el Gobierno de Juan Manuel Santos llama ahora eufemísticamente «bandas criminales».
Uno de los líderes de esta comunidad, Elut Alvear, exigió protección debido a que ha recibido constantes amenazas, según las cuales, lo involucrarían con algún delito para que no pueda beneficiarse con la restitución de tierras: «Me han advertido que si yo llego al terreno me capturan por invasión de tierra», precisó.
Juan Felipe García, abogado de la clínica jurídica sobre derecho y territorio de la Universidad Javeriana, quien acompaña este proceso, explicó que «el Gobierno les ha propuesto a los desplazados que acepten un ofrecimiento de las sociedades que actualmente tienen la posesión sobre estas tierras y reciban en comodato varias hectáreas, mientras se termina el proceso de clarificación de predios y se resuelve la titularidad de las áreas en conflicto, pero las comunidades se niegan a esto».
El predio conocido como ‘Las Pavas’, está siendo recuperado por 123 familias, quienes tomaron la decisión de retornar a sus parcelas, tras ocho años de desplazamiento forzado por el terror paramilitar.
Las comunidades desplazadas de la Hacienda Las Pavas en el Sur de Bolívar mediante un derecho de petición reclaman al Gobierno que le restituya sus tierras.
El escrito fue presentado ante el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y al Director del Incoder, Juan Manuel Ospina, con el fin de que se revoque el acto que negó la extinción de dominio del terreno al que regresaron el 4 de abril después de tres desplazamientos forzados.
La abogada Zorayda Hernández, que representa a las 123 familias que durante muchos años permanecieron en el lugar, advierte que las tierras pertenecían al tío de Pablo Escobar y luego fueron vendidas a empresas palmeras, después de que los paramilitares desplazaran violentamente a las familias campesinas que cultivaban las tierras que quedaron en abandono tras la muerte de su propietario, Pablo Escobar Gaviria Vélez, a la sazón primo del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
«Es una carta que la comunidad le pone a jugar al Gobierno para que tomen una decisión definitiva y otorgue el derecho a las comunidades adjudicando el derecho a sus tierras», anotó
La comunidad que regresó hace dos semanas a la hacienda ya ha empezado a producir en 20 hectáreas.
«Es claro Doctores Restrepo y Ospina, que en el año 2006 se hizo una inspección a la hacienda Las Pavas, en donde inequívocamente concluyó que los titulares inscritos habían abandonado toda actividad económica, persistiendo sólo la actividad económica de los integrantes de 123 familias», señala la jurista.
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1456748
http://www.rcnradio.com/noticias/17-04-11/l-deres-campesinos-de-la-hacienda-las-pavas-denuncian-amenazas-de-muerte
El milagro de regresar a sus tierras
Por María Libertad Márquez y Diego Hernández Guzmán / Fte: Periodismo Humano
Fueron cerca de 80 labradores, la avanzada de la Asociación Campesina de Buenos Aires, ASOCAB, los que el pasado 4 de abril de 2011, a las 5 de la mañana, iniciaron la marcha para recuperar la hacienda Las Pavas, en la calurosa y atormentada región sur del departamento de Bolívar, en el centro de Colombia.
Además de la piel curtida por el sol, las manos callosas por haber vivido siempre de la tierra, y una sonrisa fácil que sobrevive a pesar de los constantes ataques de terratenientes, políticos y grupos armados -legales e ilegales-, estos hombres y mujeres tienen algo más en común: en sólo seis años, han sido desplazados tres veces por la violencia.
La Pavas, con 1.200 hectáreas, hoy día propiedad de Aportes Tequendama y CI San Isidro, es solamente una muestra de la contra reforma agraria de facto, ejecutada durante los últimos 25 años por paramilitares y narcotraficantes, que les significó apropiarse de aproximadamente 6 millones de hectáreas de la mejores tierras del país. Como suele suceder con buena parte de los proyectos productivos impulsados por la extrema derecha en el campo colombiano, la hacienda fue sembrada con palma africana para la producción aceite destinado a los mercados internacionales.
Vale la pena señalar que tanto Aportes Tequendama como CI San Isidro, están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación, por uno de los casos de presunta corrupción más sonados durante los 8 años de gobierno del Presidente Álvaro Uribe, el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Según ha trascendido, el Ministro de Agricultura del momento, Andrés Felipe Arias, conocido como «Uribito», repartió un poco más de 31 millones de euros, entre terratenientes, familias pudientes y hasta reinas, la mayor parte donantes de la campaña de reelección de Uribe, de un programa destinado a «promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo (…)».
Pocas horas antes del retorno a sus tierras, el 3 de abril, sólo interrumpidos por el sonido de los insectos del trópico que le cantan a la noche, líderes de ASOCAB se reunieron con acompañantes nacionales e internacionales, representantes de las organizaciones minero-campesinas de la región y los coordinadores de la combativa Guardia Indígena del norte del Cauca, para ultimar detalles del plan de acción. Era crucial determinar la hora cero de la movilización que abriría las puertas del futuro a aproximadamente 123 familias desarraigas por la codicia.
Todo comenzó durante la madrugada, en un camino largo y suave, donde la luz cómplice del amanecer iluminaba el recorrido que une al caserío de Buenos Aires con las Pavas. A medida que la procesión avanzaba, la tensión aumentaba en silencio, y alimentaba los temores colectivos frente a una eventual reacción violenta de los policías apostados en la mayoral de la hacienda.
Ante la mirada atónita de uniformados y jornaleros, luego de pasar el límite de la hacienda, los campesinos se pusieron a colgar sus hamacas de colores, prendieron el fogón comunitario y elevaron la bandera del retorno a la tierra prometida. Como único argumento, cargaban la certeza de ser los verdaderos propietarios de la tierra, junto a las semillas de yuca, zapallo y plátano que hoy día echan raíces anunciando una vida con dignidad.
Las Pavas, los desplazamientos, los retornos
La hacienda Las Pavas fue propiedad de la familia del sanguinario narcotraficante Pablo Escobar, jefe máximo del llamado Cartel de Medellín quien, con sus huestes de sicarios, azotara la geografía colombiana durante los años 80 y comienzos de los 90, mediante secuestros, la explosión de poderosos coches bomba y crímenes selectivos, entre ellos, tres candidatos a la presidencia de la República. Gracias su ilimitada fortuna, llego a ser congresista y no pocos funcionarios públicos, y oficiales tanto de la policía como del ejército, hicieron parte de su nómina criminal.
Tras su muerte, cuando intentaba huir por el techo de una casa en Medellín, en 1993, la hacienda quedó baldía. Entonces fue ocupada por la comunidad campesina de ASOCAB, hasta el 2003, cuando grupos paramilitares obligaron, mediante la fuerza de las armas, al desplazamiento de los campesinos hacia el caserío de Buenos Aires, municipio de El Peñón, zona sur del departamento de Bolívar.
Luego, en el año 2005, la comunidad emprendió su primer retorno y se instaló en el territorio para explotarlo con sembradíos de cacao, roble y plátano. Un año más tarde, la Asociación solicitó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, la titulación de los terrenos baldíos, que por cierto, fueron considerados aptos para este trámite legal.
Sin embargo, ese mismo año, se presentó en la hacienda Jesús Emilio Escobar Fernández, para negociar las tierras con quienes la trabajaban. Los campesinos no pudieron pagar la altísima suma que el familiar del narcotraficante exigía y, poco después, civiles armados quemaron los cultivos y atropellaron a la comunidad para forzarla a desplazarse de nuevo.
Así las cosas y con la comunidad fuera de los predios de Las Pavas, durante el año 2007, Escobar Fernández vendió la hacienda a las empresas Aportes San Isidro y CI Tequendama, que, inmediatamente, iniciaron la siembra de palma africana.
A finales del 2008, la hacienda quedó nuevamente improductiva, como consecuencia de la creciente del Magdalena, el más largo y caudaloso de los ríos colombianos. Entonces, con la terquedad de quienes valoran a la tierra como la vida misma, porque al fin y al cabo la madre tierra es su vida, los campesinos decidieron retornar a su tierra prometida, por segunda vez. Y por segunda vez, el 15 de enero de 2009, construyeron sus casas de maderas y las rodearon de cultivos de pan coger, como única protección, así como lo han hecho por generaciones.
Pero sólo 6 meses después, el 14 de julio, la comunidad fue nuevamente desalojada. Esta vez, los golpes e improperios, fueron apoyados por los bolillos y las granadas de gas de escuadrones antidisturbios de la Policía Nacional, ESMAD, y sujetos encapuchadas. Por tercera vez fueron obligados a dejar sus predios, bajo la presión de la fuerza arbitraria y las columnas de humo de los incendios elevándose hacia cielo, donde se disolvían los sueños cosechados bajo la sombra de sus ranchos y el trabajo invertido en los cultivos que alimentaron a sus hijos.
Sin embargo y a pesar de las amenazas y de los peligros que se ciernen sobre sus cabezas, el pasado lunes 4 de abril iniciaron el tercer retorno, animados por el natural derecho a esos predios y la protección que la ley tiene prevista para estos casos, tal como lo expresara Don Efraín, historiador de la comunidad: «Aquí estamos, donde retornamos, porque tenemos entendido que es lógico, que es legal; porque de Las Pavas fuimos desplazados y la ley dice que los desplazados deben retornar a las tierras de donde fueron expulsados».
Lo que está en juego
El caso de la comunidad de ASOCAB, es un ejemplo que refleja la situación que padecen los más de 4 millones de desplazados internos que sobreviven en Colombia. Del final de esta larga historia de sufrimiento campesino, dependerán la credibilidad y factibilidad de la política de restitución de tierras a víctimas de la violencia, por el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.
La comunidad ha sido desplazada tres veces en seis años por los principales factores de violencia que cuestionan la misma existencia de la democracia en Colombia: el narcotráfico, el paramilitarismo y el propio Estado acompañado de civiles armados que ocultaban su identidad bajo capuchas… El proceso jurídico de adjudicación de baldíos iniciado por la comunidad ante el INCODER, hace 5 años, aún no tiene una respuesta efectiva por parte de la autoridades.
Para la mayoría de colombianos, es claro que el desplazamiento forzado de esta comunidad de labriegos, ha significado la vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, la alimentación y la vida digna. Por otra parte, han sido gravemente lesionados sus tejidos culturales y su relación ancestral con el territorio. Además, las tierras utilizadas para el cultivo de palma africana son incompatibles con cualquier otra producción agraria, incluida la siembra de alimentos.
La zona donde está ubicada Las Pavas, es rica en agua y en biodiversidad, pero está siendo utilizada por empresarios de aceite de palma, a quienes nada importa el perverso efecto ambiental sobra la tierra, producto de los muros de contención que construyen para cambiar el rumbo de ríos y caños. Nada dicen ni nada sobre el efecto de los agentes contaminantes utilizados en la siembra de palma y la producción del aceite.
Tras el último retorno, esta comunidad ha dejando planteado tres escenarios posibles que el gobierno colombiano deberá resolver con prontitud: la adjudicación definitiva de las tierras a sus legítimos dueños, lo cual marcaría un éxito en la política agraria del gubernamental; un nuevo desplazamiento violento, aunque es poco probable en virtud del amplio acompañamiento y el alto perfil nacional e internacional conseguidos por el proceso; finalmente, la oferta de adjudicación de terrenos baldíos distintos a Las Pavas, con lo que la comunidad sufriría un cuarto y definitivo desarraigo, y la política agraria mostraría tener un límite objetivo en los intereses económicos de los dueños de la tierra despojada.
En estos momentos, con la natural tensión que significa recuperar su tierra en un entorno hostil, la comunidad está a la espera de una respuesta definitiva por parte del Estado. Entre tanto, hombres y mujeres campesinos, los verdaderos propietarios de la hacienda, construyen sus casas por tercera vez y, sin la ayuda de maquinaria industrial, hacen los surcos para plantar las nuevas semillas que han traído de todo los rincones del país, cuando la diáspora producida por los intolerantes, los convirtió en una cifra más de la triste historia del desplazamiento forzado en Colombia.
El retorno a la finca de las Pavas, Sur de Bolivar
(Comunicado de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN)
El día 4 de abril de 2011, a eso de las 8 de la mañana, más de 400 campesinos, entre comuneros y comuneras del corregimiento de Buenos Aires, municipio de El Peñón en el Sur de Bolívar, retornaron a la finca Las Pavas.
La guardia indígena del norte del Cauca, acompañó a estos campesinos en el camino de regreso a sus tierras, de las que habían sido desalojados, en la última ocasión, el 14 de julio del año 2009, por grupos paramilitares. Anteriormente, ya en 3 ocasiones, la gente del corregimiento de Buenos Aires intentó regresar a la finca Las Pavas, cuando creían que era el retorno definitivo volvieron a ser desterrados, una de esas veces, por el ESMAD.
En este acompañamiento también participaron organizaciones sociales como la Federación Agro-minera del Sur de Bolívar, la asociación de campesinos ASOCAP, la Asociación de Cabildos del Norte – ACIN, FEDEAGROMISBOL, el Equipo Cristiano de Acción por la Paz – ECAP y Medios de Comunicación como Noticias Uno, el Tejido de comunicación de la ACIN, Fundación Chasquis, entre otros.
La Asociación de Campesinos ASOCAP, propuso crear una mesa de interlocuciones con el Ministerio de Cultura para presentar las peticiones que realizaron los campesinos. Entre otras, está la adjudicación de la hacienda Las Pavas:
1. Se convoca de manera inmediata a la mesa de interlocución del Sur de Bolívar a fin de dar continuidad al proceso de interlocución iniciado del año 2005, dando viabilidad a los temas propuestos desde la comunidad, donde una de las garantías del proceso es la adjudicación de la finca Las Pavas, que nos pertenece, con el fin de garantizar el retorno.
2. Que se nos restituya, también, la finca de La Peñaloza y la adjudicación de los restantes predios baldíos que conforma la hacienda Las Pavas, de donde fuimos desplazados y despojados ilegalmente.
3. Que se establezcan mecanismos eficaces y concertados con la comunidad retornada que integren garantías humanitarias y de seguridad. Como parte de este mecanismo, debe incluirse el acompañamiento a la comunidad retornada por parte de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación, el programa de Acción Social, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura.
4. Se de cumplimiento inmediato a las órdenes impartidas en la sentencia T025 y sus respectivos autos en los cuales tutelan los derechos de la población en condición de desplazamiento.
5. Se solicita a la policía abstenerse de adelantar acciones tendientes a dificultar, entorpecer o interrumpir nuestro retorno a estos predios y que se tomen las medidas necesarias para prevenir posibles acciones de los actores armados ilegales.
6. Que se inicien, por parte de la fiscalía, las investigaciones pertinentes de los hechos que dieron lugar a los desplazamientos forzados.
7. Que se adelanten, por parte de la procuraduría de la nación y demás entes de control, las investigaciones pertinentes que permitan establecer las responsabilidades disciplinarias por las actuaciones de funcionarios del INCODER, del inspector de policía de el Peñón, del Juez promiscuo de Monpox, del comandante de policía de Bolívar y funcionarios de la procuraduría y del Ministerio de Agricultura, que han intervenido en nuestro desplazamiento, despojo y en el conflicto de tierras con las empresas palmeras C. I. Tequendama y aportes San Isidro. De igual forma, que se investiguen las irregularidades presentadas en la fiscalía 39 local de San Martín de Loba.
8. Que se proteja el Plan de Vida de la ASOCAP, de igual manera los sitios hídricos, ambientales y naturales que se encuentran en el territorio.
Por otra parte, la religión no fue un obstáculo para esta actividad, la iglesia babélica y la católica, unidos por la misma causa, también se sumaron al acompañamiento del retorno hacia la Hacienda las Pavas, diciendo: «aquí no interesan las creencias religiosas, lo importante es la tierra, porque un campesino sin tierra, no es campesino».
Es sumamente preocupante la devastación que, por parte de la empresa palmera situada en esta finca, ha sufrido el bosque nativo, la fauna, la flora y los sitios hídricos que existen en este territorio. Este predio mide aproximadamente 3.000 hectáreas. Anteriormente rodeada de bosques nativos con todas sus riquezas naturales, hoy, gran parte de esta finca está sembrada de palma aceitera, unas 1.000 hectáreas están en siembra y producción de palma y 10.000 matas en almacigo para nuevas siembras. Por otro lado, la explotación de mano de obra barata es impresionante en estas empresas, con un pago de $100 por mata limpia y un sueldo de $15.000 día grabado (modalidad de pago donde el trabajador recibe el pago sin cubrir alimentación), sin derecho a prestaciones ni servicio de salud.
Los consejeros de la Cxhab Wala Kiwe – ACIN y los compañeros de la Guardia Indígena del norte del Cauca, viajaron 24 horas por tierra, cruzando el río Magdalena, para motivar e invitar, a la comunidad de Buenos Aires y a las otras organizaciones acompañantes, a la resistencia por la pervivencia y por el respeto al territorio.
Es poco el número de personas que conforman esta comunidad campesina, sin embargo han demostrado su gran fuerza en esta largo esfuerzo por volver a su territorio. Ellos llaman a la solidaridad de organizaciones sociales y medios de comunicación para que esta realidad se conozca y se respalde su lucha por cumplir con las garantías de su retorno y que sea, de verdad, un proceso de reparación integral.
Tejido de Comunicación ACIN