A causa de la insuficiente implementación de los Acuerdos de Paz y la falta de inversión social por parte del Gobierno, la consolidación de una paz con justicia social es distante. Múltiples hechos de violencia se han presentado en los últimos días. El pasado fin de semana el líder campesino Miguel Pérez, miembro de ASOCBAC […]
A causa de la insuficiente implementación de los Acuerdos de Paz y la falta de inversión social por parte del Gobierno, la consolidación de una paz con justicia social es distante. Múltiples hechos de violencia se han presentado en los últimos días. El pasado fin de semana el líder campesino Miguel Pérez, miembro de ASOCBAC (Asociación Campesina del Bajo Cauca), fue asesinado en el municipio de Tarazá, Antioquia.
Comunidades campesinas en todo el país denuncian el incumplimiento del Gobierno de lo acordado luego de los paros agrarios de años anteriores y los acuerdos de La Habana, en materia de sustitución de cultivos y Reforma Rural Integral. Denuncian que en muchos casos sus plantas han sido arrancadas, sin que el Gobierno llegue con lo prometido, la inversión social, motivos por los cuales muchos campesinos han quedado sin sustento para sus familias.
Según las cifras de la Defensoría del Pueblo, desde enero del 2016 hasta julio del presente año se presentaron 186 asesinatos contra líderes sociales, cifra que se ha incrementado en los últimos meses. David Flórez, vocero de Marcha Patriótica afirmó que son más los homicidios contra dirigentes de las comunidades, que el Gobierno insiste en pasar por hechos aislados.
El caso más reciente es el de Miguel Pérez, campesino que lideraba el proceso de sustitución gradual y voluntaria de cultivos de uso ilícito en la región del bajo cauca, era miembro de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) y el movimiento político y social Marcha Patriótica.
La Coccam manifestó, no sólo su apoyo a esta jornada, también su participación en ella. Denunciarán las arbitrariedades y abusos que se han tenido contra sus miembros que han impulsado la sustitución gradual y concertada de cultivos de uso ilícito. A esto se suma la permanente estigmatización contra esta organización, tratándolos de productores y comerciantes de narcóticos y no como campesinos cultivadores que exigen respuestas e inversión social para acabar con estos cultivos.
Como dijo un campesino «mientras los parlamentarios piensan en sus nuevas campañas electorales el pueblo exige la implantación de medidas para poder vivir en paz». Siendo que la paz es más que la firma de los acuerdos, sino la materialización de los mismos, que deben eliminar las causas de los conflictos anteriores.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22242