Todos y todo que no obedecen las decisiones del gobierno en el sentido de acabar con los cultivos de hojas de coca, tendrán que ahora pagar las consecuencias. Irán a la cárcel y sus tierras serán confiscadas. Esta es una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico y al financiamiento de los grupos insurgentes. […]
Todos y todo que no obedecen las decisiones del gobierno en el sentido de acabar con los cultivos de hojas de coca, tendrán que ahora pagar las consecuencias. Irán a la cárcel y sus tierras serán confiscadas.
Esta es una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico y al financiamiento de los grupos insurgentes. Es la opinión del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
En un consejo de seguridad realizado el lunes en el municipio de El Carmen de Chucurí, zona histórica de la insurgencia del ELN en el departamento de Santander, el presidente colombiano expresó la advertencia a todos los campesinos, no importa por cual razón, están cultivando hojas de coca, por que serán objetivos por una arremetida estatal sin precedentes si no dejan a cultivar la hoja verde.
El Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Estupefacientes en coordinación con la Fiscalía General de la Nación serán los organismos estatales en su ofensiva contra los cultivos de hoja de coca en Colombia.
«Nosotros no solamente nos podemos quedar en la fumigación, en la erradicación, porque fumigamos en una parte y se reproduce en otra. Vamos a tener que avanzar con medidas más drásticas», decía Uribe que mencionó que ese tema está en la legislación penal colombiana, pero que ha faltado voluntad política para desarrollarlo.
El Jefe de Estado dejó en claro que la medida se aplicará a todos los predios, sin importar el número de hectáreas con cultivos ilícitos, porque -explicó-, aunque estas se han reducido «bastante, tenemos que acabarlo totalmente».
Las fumigaciones, según las estadísticas, no es el método para acabar con los cultivos en un campo donde 70-80 por ciento de sus habitantes viven en la pobreza o en miseria. Cuando los aviones de DynCorp (USA) llegan y fumigan los cultivos, el campesino no tiene mucha alternativa sino tumbar más monte y seguir cultivando la hoja de coca más allá. Fumigar una hectárea de hoja de coca significa que el campesino tumba cuatro (4) hectáreas de coca más adentro del monte, me comentaba un campesino. Se ha fumigado más de 400.000 hectáreas pero todavía quedan más o menos 110.000, casi lo mismo cuando comenzó las fumigaciones a través el Plan Colombia, hace cuatro años.
Por eso el problema es social y económico, no de represión, sostiene Pedro Soto**, un analista de la concentración de propiedad de tierras en Colombia.
Campesino es acusado de «colaborar con el terrorismo»
«Son formas de legalizar el despojo de tierras. Varias leyes han sido aprobadas durante el gobierno de Uribe en ese sentido, por ejemplo la 791, que acorta el tiempo para la prescripción de las propiedades dejadas».
«La extinción de dominio es otra que admite esa utilización sindicando al campesino de tener cultivos ilegales o colaborar con el terrorismo. Una tercera es la norma de la ley del Plan de Desarrollo que autoriza darle a «cualquier productor» las tierras «abandonadas» por los beneficiarios del Incora (Instituto Nacional Colombiano de la Reforma Agraria).
De hecho, las fumigaciones son también una forma de desplazamiento forzado», comenta nuestra fuente, que por razón de seguridad no publicamos su nombre.
La reforma agraria de Uribe no afecta al narcotráfico
Pero el gobierno entiende que no puede a ofrecer a los campesinos solo látigos. Por eso declaró anteayer martes el ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, que la meta del Gobierno Nacional es aplicar la Ley de Extinción de Dominio, durante los dos años que restan de la administración Uribe, a por lo menos 150 mil hectáreas de tierras de propiedad de narcotraficantes o testaferros, según SNE1).
«La Ley de Extinción de Dominio adquiere un carácter fundamental en esta tarea de la lucha contra la producción ilícita. La Ley de Extinción de Dominio, que tenía mucho enredo burocrático, fue reformada por el Congreso de la República a finales del año 2002. Apenas la estamos estrenando. Nos hemos puesto la meta, al final de cuatrienio del Presidente Uribe, de haber afectado por lo menos 150 mil hectáreas por la vía de la extinción de dominio» , reveló el Ministro de Agricultura al intervenir en el seminario «La política de desarrollo alternativo y su modelo institucional», que organiza la Consejería Presidencial para la Acción Social.
Pero Pedro Soto tiene otra opinión:
Tierra a «soldados campesinos» y a ‘paras’
«La anterior ley de Extinción de dominio, Ley 333, decía que prioritariamente se dedicaría a reforma agraria las fincas donde se extinguiera el dominio por enriquecimiento ilícito. La nueva ley de Uribe, ley 733, derogó esto y dice que se dedican a seguridad».
«Por lo mismo el director de Estupefacientes ha propuesto que se entreguen a soldados campesinos y el ex gobernador de Córdoba, López, propuso que se le den a los paramilitares que firmen la paz».
«Las tierras que se han entregado son muy poquitas y a las que se ha extinguido el dominio son también pocas. La «gran» meta de 150 mil hectáreas es ridícula si se tiene en cuenta que los narcos tienen por lo menos 4 millones hectáreas. Solamente la familia Ochoa tiene un (1) millón hectáreas. Los casos de entrega son más bien propagandísticos y en un caso las tierras se entregaron a familias que trabajaban para los narcos y en otros en trámite serán alcaldes controlados por paras o narcos los que redistribuirán las tierras. En todo caso el criterio de la nueva ley no es reforma agraria sino «seguridad».
«Muy distinto es quitarle las tierras a los narcotraficantes (Latifundios) que quitarles tierras a los campesinos que por pobreza siembran coca o amapola en pequeñas parcelas».
1) http://www.presidencia.gov.co/sne/2004/septiembre/07/03072004.htm
Dick Emanuelsson es corresponsal en América Latina del semanario de la central obrera sueca, LO-Tidningen.
** Por razones de seguridad no publicamos el nombre de «Pedro Soto» que es otro.